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lunes, 25 de febrero de 2008

La trata de personas en México

Mario Luis Fuentes
Lunes 25 de febrero de 2008

Entre el 13 y el 15 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Viena el Foro Global contra la Trata de Personas. Convocado por organismos como la OIT, el UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, permitió generar un conjunto de observaciones y propuestas en torno a este crimen que, de acuerdo con la declaración inicial del director general de la OIT, aun cuando es un tema que genera indignación en todo el mundo, preocupa que continúe siendo un delito con una rápida expansión, no sólo en el número de víctimas, sino sobre todo en cuanto a su presencia y crecimiento en distintos países.
Uno de los temas que más llaman la atención es el análisis ofrecido en el taller sobre el perfil de los traficantes, en el cual se destaca que, aun cuando las víctimas de la trata de personas asumen el valor de denunciar a los tratantes y éstos llegan a ser capturados por las policías, el número de personas sentenciadas a causa de este crimen sigue siendo muy bajo.

En esa lógica, el Foro Mundial hace un llamado, a las autoridades judiciales de todos los países, para capacitar a los jueces y a todo el sistema de procuración e impartición de justicia con el fin de reducir la impunidad existente en torno a la trata de personas, pues, en el fondo, el hecho de que haya tan pocas sentencias en contra de los tratantes, constituye un “mensaje” a los criminales de que la trata, además de ser un crimen de altas ganancias, también resulta de bajo riesgo en el caso de quien lo perpetra, a pesar de las profundas y terribles implicaciones para sus víctimas.

Este punto es de destacarse, pues evidencia que en un país no basta contar con una ley. Ésta requiere presupuesto asignado con montos y criterios de aplicación eficientes, que permitan una adecuada y rápida implementación; también, de las adecuaciones institucionales y la capacitación suficiente de los responsables de su observancia con el fin de que tengan los elementos para garantizar lo plasmado en la ley y, en un tema de las implicaciones para los derechos humanos y las dimensiones de tragedia que tiene para las víctimas de la trata, se requiere la sensibilización y capacitación de los juzgadores. Todo esto ha comenzado en nuestro país, pero aún son insuficientes los esfuerzos para combatir este crimen, el cual se ha convertido, desde hace ya varios años, en un país de origen, destino y tránsito de víctimas de la trata.

Otra de las conclusiones relevantes del Foro es la reflexión en torno a que, no obstante haberse logrado un rápido posicionamiento mundial del tema en medios de comunicación y conseguirse que muchas ONG y personas se involucren en su estudio, se sabe muy poco sobre el perfil de los tratantes, las motivaciones y formas de actuar de quienes solicitan sus servicios y los procedimientos y modelos de atención para rehabilitar a las víctimas y reintegrarlas a sus ambientes cotidianos, con el mayor grado de protección posible.

Por ello CEIDAS ha insistido constantemente en la necesidad de involucrar a más investigadores y académicos en el tema. De ahí la decisión de haber editado hace poco las Memorias del Primer Coloquio Universitario sobre Trata de Personas, hecho en coordinación con el Seminario Universitario de la Cuestión Social y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por ello también, la próxima edición de las Memorias del Seminario Internacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, realizado con el decidido apoyo del Cámara alta, y en el cual se vertieron múltiples aportaciones para generar precisamente un mayor conocimiento en torno a las implicaciones de este crimen.
Uno de los esfuerzos que deberán realizarse en México se centra en dos puntos de alta prioridad: 1) asignar la mayor cantidad de recursos posibles y darle de inmediato capacidades de operación y de articulación efectiva a la Comisión Intersecretarial para Combatir la Trata de Personas, que la ley manda y, 2), avanzar rápidamente en la capacitación de policías, ministerios públicos y jueces, para la identificación de posibles víctimas y ofrecerles un trato digno y humanitario, protección efectiva y posibilidades de plena reintegración social.

México no podrá ser un país plenamente justo si persisten crímenes como la trata. La protección de los derechos humanos y la irrenunciable defensa de la libertad y la dignidad humana requieren la intervención decidida de autoridades, la sociedad civil y los legisladores. Además, nuevos mecanismos de coordinación e incluso de participación social, pero, sobre todo, una real voluntad para erradicar este crimen que hoy sigue siendo forma contemporánea de la esclavitud, en nuestro país y el resto del mundo.

lunes, 18 de febrero de 2008

El Día Internacional de la Justicia Social

Mario Luis Fuentes
Lunes 18 de febrero de 2008

En una resolución del pasado 30 de noviembre, la Asamblea General de la ONU estableció, mediante un acuerdo que aprobaron por unanimidad 190 países, la proclamación, a partir de este 2008, cada 20 de febrero, del Día Internacional de la Justicia Social.

En esta resolución, la Asamblea General hace un llamado a todos los estados a llevar a cabo acciones de promoción y a rescatar las metas y propuestas planteadas en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, realizada en 1995 en la ciudad de Copenhague.

De acuerdo con el texto presentado por esa Asamblea General, México fue uno de los países que participaron en la redacción de la resolución final y, como un acto de congruencia, es de esperar que haya un firme pronunciamiento, así como el establecimiento de metas que permitan acreditar en los hechos el cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos ante la comunidad internacional.

Es importante destacar en este contexto la reciente visita de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, quien no sólo hizo observaciones de la mayor importancia en materia de derechos humanos, sino que además insistió en el hecho de que la desigualdad y la pobreza impiden el pleno cumplimiento de los derechos de las personas y urge avanzar en una rápida reducción de la pobreza en nuestro país.

Simultáneamente, la alta comisionada hizo un llamado a adecuar los contenidos de nuestra Constitución y de nuestras demás leyes, con los acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha signado y, en consecuencia, a generar las acciones institucionales requeridas para dar cumplimiento pleno a los derechos sociales de las personas, en particular de quienes en mayor medida viven en circunstancias de vulnerabilidad.

Una jornada de promoción de acciones a nivel nacional requeriría preparativos previos y un intenso trabajo de diálogo y de acuerdo político que permitiera generar una estrategia nacional para el cumplimiento de las metas establecidas hace cerca de 13 años en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, y ante las cuales, tanto México como el resto del mundo, aún se encuentran lejos de alcanzarlas.

De hecho, resulta paradójico que en 2008 apenas hayamos logrado superar los niveles de pobreza que teníamos hace 15 años, en 1993, lo que evidencia que, aun con los avances, tenemos mucho camino por recorrer y, por lo tanto, es necesario insistir en que la velocidad a la que estamos reduciendo la pobreza y la desigualdad debe incrementarse en aras de conseguir verdaderamente la justicia social.

Julián Marías nos dice, en su clásico texto sobre la justicia social, que para entender este concepto es imprescindible distinguir entre las carencias y la privación. Las primeras tienen que ver con aquello que no se puede poseer en una sociedad; la privación, al contrario, tiene que ver con un acto de negación, de incumplimiento de un derecho. Por ello, lo social no puede ser identificado exclusivamente con lo económico, pues esto último se refiere a los recursos disponibles. En ese sentido, Marías argumenta: “Imaginemos que se ponga a disposición de un pueblo de analfabetos la mejor biblioteca que jamás haya existido”. ¿De qué sirven los recursos si las personas no pueden utilizarlos?

En ese mismo sentido, Waltzer sostiene en su texto Esferas de la justicia: la privación de los bienes y satisfactores básicos es la manera como se presentan diversas formas de dominación en nuestras sociedades: por ello, la desigualdad no puede ser entendida sino como injusticia social.

Debido a ello, también debemos asumir que la justicia social no puede ser alcanzada sólo mediante los instrumentos del mercado o sólo generando ingresos para los más pobres. Se trata de un conjunto de arreglos sociales sobre cómo se distribuyen las tareas y los beneficios, por una parte, y sobre cómo se generan las capacidades para que las personas puedan exigir y realizar sus derechos.
El Día Internacional de la Justicia Social no puede ser pasado por alto y debe exigir de todas las autoridades y órdenes de gobierno una reflexión mayor, para avanzar hacia construir una nueva generación de pactos y arreglos sociales que nos permitan implementar un sistema de protección efectivamente justo y diseñado deliberadamente con el fin de alcanzar de manera plena la equidad y la justicia social.

martes, 12 de febrero de 2008

lunes, 11 de febrero de 2008

La radio y lo social

Mario Luis Fuentes
Lunes 11 de febrero de 2008

Las sociedades contemporáneas cuentan con distintos instrumentos para fortalecer sus identidades, reconocer sus diferencias y defenderlas, generar nuevas formas de educar y de formar capacidades cívicas y ciudadanas y llegar a auditorios masivos y difundir información de utilidad pública.

Uno de los más poderosos y efectivos instrumentos comunicacionales e informativos es la radio. Hay ejemplos históricos sobre cómo ha sido un elemento de cohesión y generador de confianza y unidad frente a problemas de gran envergadura: así, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos de los países aliados utilizaron a la radio para difundir mensajes de esperanza y también informar de la recuperación de espacios seguros destinados a las personas; o bien la difusión masiva de la llegada del hombre a la Luna y su mensaje para la humanidad, el cual fue conocido en la mayoría de los casos a través de la radio.

La aparición de la televisión y otros medios electrónicos no ha restado ni eficacia ni presencia a la radio y, por ello, es preciso que hoy las empresas radiofónicas puedan contribuir a construir mayores capacidades ciudadanas para la cohesión social, la solidaridad, la cooperación y, sobre todo, la construcción de un diálogo nacional que, en las circunstancias de pobreza y desigualdad que vivimos, es urgente para mejorar nuestras condiciones de vida.

La formación de verdaderas escuelas y formas de hacer radio en México ha derivado diversas veces en la formación de redes ciudadanas que permiten resolver o aligerar algunos de los problemas de nuestra vida cotidiana. Así, el surgimiento de nuevos grupos radiofónicos y la consolidación de otros es importante en aras de generar más pluralidad y una mayor apertura de oportunidades de información de calidad y con facilidades para todas las personas.

La reciente creación de Grupo Imagen, por ejemplo, ha abierto el abanico de posibilidades en el espectro radiofónico y, la decisión de apoyar proyectos como el “México social”, de todos los martes en el espacio de Pedro Ferriz de Con en el 90.5 del FM, ha generado una nueva oportunidad para debatir en torno a la que es quizá la mayor agenda pendiente que tenemos en nuestro país: la de la pobreza, la desigualdad y el desgaste y la fractura que estos problemas constituyen para lo social en México.

En efecto, la apertura mostrada por Grupo Imagen con el fin de tratar y de posicionar éste y otros temas, por ejemplo, las agendas de la migración y crímenes y fenómenos tan graves como la trata de personas, nos habla de un México en el que la radio aún tiene mucho que aportar y sigue siendo el principal espacio de debate y de posicionamiento de agendas y temas sociales de principal relevancia para nuestro país.

Destaca también, en esa lógica, el esfuerzo anunciado esta semana, mediante el cual se creará la Fundación ACIR, cuyos propósitos básicos son contribuir, a base de un esfuerzo radiofónico sin precedentes, al fortalecimiento de la educación y de los valores nacionales, el apoyo a proyectos sustentables de la sociedad civil, así como el rescate del patrimonio histórico y cultural de México.

La radio, al igual que otros medios masivos de comunicación, es un espacio que puede y debe fortalecer sus capacidades para encontrar coincidencias y oportunidades con miras a la unidad nacional, para cumplir con la función pedagógica que le marca la ley y continuar defendiendo la libertad de expresión, la consolidación del pluralismo y, sin duda, la generación de una sociedad cada vez más democrática y abierta.

Debemos asumir que sólo en un régimen de plena democracia es como podremos reducir la desigualdad y la pobreza. Que en esa lógica la ciudadanía requiere mayores y mejores espacios para dialogar en civilidad y tolerancia y que, sobre todo, urge fortalecer efectivamente nuestra identidad nacional, nuestros valores democráticos y nuestra historia, para poder generar una mejor perspectiva de futuro y, en todo ello, la radio juega un papel imprescindible que debe alentarse y debe ser defendido en todo momento.

martes, 5 de febrero de 2008

lunes, 4 de febrero de 2008

Los ajustes que vienen

Mario Luis Fuentes Lunes 4 de febrero de 2008

Por definición, toda contracción en las expectativas de crecimiento implica un riesgo de reducción de las expectativas de ingresos públicos; si esto es así, el Presupuesto de Egresos requiere ajustes inmediatos, si no se quiere alterar el equilibrio fiscal de las finanzas públicas.

En ese sentido, la turbulencia económica y financiera que se está viviendo en Estados Unidos y que es, de acuerdo con George Soros, la más severa que se ha tenido desde cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, tendrá necesariamente efectos sobre nuestra economía y nuestras capacidades para enfrentar rezagos y retos mayores.

Uno de los temas que no se ha discutido con suficiencia es cómo la política social se adecuará ante esta turbulencia económica y cómo se va a lograr mantener los objetivos y las metas planteadas por la actual administración, en materia de desarrollo social y combate a la pobreza, cuando éstas se encuentran directamente relacionadas con el crecimiento económico, de acuerdo con lo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Según estos documentos, uno de los objetivos del desarrollo social consiste en reducir 30% el número de personas en pobreza alimentaria en nuestro país. Sin embargo, esto sólo podría lograrse en la medida en que nuestra economía lograra crecer al menos a un ritmo de 3.5% anual.

Pero México creció, según las estimaciones publicadas recientemente, apenas 3% en 2007, y las expectativas de crecimiento del Banco de México para 2008 fueron ajustadas con el fin de prever un crecimiento entre 2.5 y 2.8%, dato que coincide con las proyecciones hace poco presentadas por la Secretaría de Hacienda.

De esta forma, lo que debe venir son acciones determinantes para evitar reducir las metas sociales; lo que implica incluir una serie de medidas emergentes que permitan intensificar lo hasta ahora logrado a fin de conseguir las metas, de por sí mínimas, sostenidas públicamente por la Secretaría de Desarrollo Social.

En esa lógica, el Poder Legislativo deberá estar vigilante de que, ante un año electoral en el que se juega la mayoría en la Cámara de Diputados, se pretenda generar acciones de alta visibilidad y rentabilidad política, pero que en poco abonen a la protección y la generación de bienestar de los más pobres.
Estas cuestiones deben preocuparnos a todos y ratifican lo que muchos hemos venido sosteniendo desde hace ya varios años: es necesario replantear nuestra política social y, sobre todo, urge volver a plantear sus objetivos, a fin de conseguir orientarla hacia la disminución de la desigualdad y, desde luego, a la reducción inmediata de las condiciones de pobreza en que viven millones de mexicanos.

Debe insistirse, pues, en que es éticamente inaceptable que, ante las dificultades económicas, el gobierno intente reducir sus metas sociales o bien pretenda que con sólo mantener los presupuestos y los programas actuales se logrará revertir la inequidad, la pobreza y la marginación que siguen campeando en todo el territorio nacional.

Al respecto, debe considerarse que en este 2008 se llevará a cabo el levantamiento de una encuesta que va a intentar medir, por primera vez, de manera multivariable, la pobreza de nuestro país. Es de esperar que las dimensiones y la profundidad de lo que conocemos se agudice y tengamos datos mucho más cercanos a los niveles de profundidad y complejidad que implica la pobreza actual en nuestro país.

Continuar asumiendo que es nada más mediante la asistencia social como se logrará abatir la desigualdad, implica una pobreza conceptual mayor y eso es lo que transmina el actual Programa Sectorial de Desarrollo Social: confusiones sobre asuntos elementales que van, desde no diferenciar entre un objetivo, una meta y una estrategia, hasta dimensiones mayores, como asumir que el desarrollo social consiste en únicamente garantizar ingresos monetarios mínimos para los más pobres.

México requiere otra política social y, con miras a poder construirla, hace falta inicialmente la voluntad de generar un proceso político de alcances mayores, con el fin de revisar nuestros arreglos sociales y generar nuevas instituciones capaces de concretarlos. Y esto implica una dimensión también mayor en la concepción de aquello que se puede conseguir mediante la reforma del Estado.