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lunes, 31 de marzo de 2008

Urge una nueva política para la niñez

Mario Luis Fuentes
Lunes 31 de marzo de 2008

México fue uno de los principales países promotores, junto con Egipto, de la realización de la Cumbre Mundial de la Infancia de 1989, gracias a la cual se logró la construcción de la Convención de los Derechos del Niño. Esta ha sido la Convención de más rápida aprobación y también de más rápida adhesión en la historia de las Naciones Unidas, por la mayoría de sus estados parte.

La Convención marcó un hito en materia de derechos de los niños, al romper con el paradigma dominante y pasar, de la llamada doctrina tutelar (en la que los niños son considerados sujetos dependientes totales de sus padres), a la doctrina de los derechos plenos, esto es, el reconocimiento de que los niños y las niñas son sujetos portadores plenos de derechos y, en consecuencia, de la responsabilidad de los estados, las sociedades y las familias, de proteger en todo momento el interés superior de la infancia.

Al ratificar la Convención, el Estado mexicano asumió un conjunto de responsabilidades que, de manera resumida, puede decirse que consisten en poner a los niños siempre primero; empero, debe señalarse que no se puede argumentar que, para el Estado, los niños son primero y, simultáneamente, dejar atrás a las políticas y el presupuesto.

A partir del año 2001, el gobierno federal decidió que la agenda de la niñez sería atendida por una nueva instancia, denominada Consejo Nacional para la Atención de la Niñez y la Adolescencia (COIA), cuya responsabilidad de coordinación recaería en la recientemente creada Comisión Nacional de Desarrollo Social. A la renuncia de ésta, se nombró una presidencia honoraria y el COIA, que bien a bien no había iniciado sus tareas, quedó a la deriva y con él la agenda de la infancia en nuestro país.

En esta administración no se conoce ningún informe oficial que dé cuenta de los avances y los retos que están pendientes en función del PAFI 2002-2010; ni tampoco se ha planteado su revisión, sobre todo ante la evidencia de que son las niñas y los niños de nuestro país quienes viven en mayor proporción y con mayor agudeza la pobreza y la desigualdad.

Es preocupante que en México no haya la posibilidad de conocer cuánto gasto estamos destinando para el cumplimiento de los derechos de los niños, sobre todo porque a un año y medio de esta administración no se ha dado a conocer cuáles son los lineamientos de la política para la infancia y la adolescencia.

Es inaceptable, en esa lógica, que en el apartado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se hayan cometido errores graves en la definición de acciones y estrategias, que llegan incluso a citar erróneamente el nombre de la Convención de los Derechos del Niño.
Es inaceptable también la pobreza de propuestas en las estrategias definidas para la atención de la niñez y la adolescencia y sorprende sobre todo la omisión de la mayoría de las recomendaciones del alto comisionado de los Derechos Humanos, que ya eran conocidas por el gobierno mexicano al momento de redactar el Plan.

El Informe del secretario general de la ONU sobre violencia contra los niños nos alerta de las proporciones de este fenómeno en nuestro país, pero sobre todo acerca de la enorme “tolerancia social” ante esta violencia, la cual se refleja en carencia de recursos, deficiencias graves en el acceso a oportunidades de salud, alimentación y educación y, en los casos más extremos, en la trata de seres humanos, la explotación sexual comercial e incluso el asesinato; fenómenos todos que nos sitúan como un país que, aun con los avances, continúa siendo altamente inapropiado para los niños.

Es inaceptable que una niña o un niño indígenas tengan tres veces menos probabilidades de ver cumplidos sus derechos, que una niña o un niño del Distrito Federal o Nuevo León; es inaceptable que en los municipios indígenas más pobres las niñas y los niños tengan una expectativa de vida que no rebasa los 55 años; es inaceptable que las niñas y los niños indígenas y los de las zonas rurales más pobres tengan hasta cinco veces más probabilidades de morir antes de los cinco años, que los niños y las niñas de las zonas urbanas con más alto desarrollo humano.

Es deseable que la próxima celebración del Día del Niño rebase con mucho los desayunos y los eventos para la fotografía oficial y se convierta en un punto de inflexión en lo relativo a construir una estrategia de alcances nacionales que permita resarcir los rezagos y el grado de incumplimiento de los derechos de nuestras niñas y nuestros niños.

Por ello, habrá que cuestionar si la nueva política social que el presidente Calderón ha instruido que construya la Sedesol, avanzará en la inclusión de estas agendas, y habría que preguntar si esta nueva política se encaminará hacia un nuevo diseño institucional que permita atender integralmente los dilemas de la complejidad social que hoy nos abruma.

lunes, 24 de marzo de 2008

Lo social y los tiempos políticos

Mario Luis Fuentes
Lunes 24 de marzo de 2008


Vigilar, evaluar y cuando es necesario reformar y crear nuevos ordenamientos jurídicos son varias de las responsabilidades fundamentales del Estado y, como tales, tienen que asumirse con suma seriedad. Nada debe haber más importante para el Congreso y, por ello, es indispensable que podamos avanzar como país en la superación del rezago legislativo que se ha mantenido durante varios años.

A pesar de que en esta Legislatura se ha logrado aprobar reformas sustantivas, no se ha conseguido mantener la racionalidad del diálogo político con el fin de asumir la discusión de muchas de las agendas no abordadas, en medio de las disputas y las discusiones políticas de coyuntura.

Así pues, el rezago legislativo que tenemos es mayúsculo. No sólo en cuanto al número de iniciativas presentadas y que no han sido dictaminadas, sino sobre todo en temas sobre los que no se ha legislado de manera suficiente, más que nada en materia de derechos humanos y de la ampliación de las garantías económicas, sociales, culturales y ambientales que se encuentran en distintas recomendaciones, acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha ratificado ante la comunidad internacional.

A lo anterior hay que agregar los estrechos márgenes de maniobra que el Ejecutivo se ha autoimpuesto en la determinación de las agendas prioritarias para el país y que, al menos por lo que puede percibirse públicamente, se reducen al combate al crimen organizado, a lograr la reforma energética y, sólo marginalmente, al crecimiento económico y el combate a la pobreza.

Esto ha derivado en la ausencia de interlocutores institucionales para que los distintos grupos sociales, organizados o no, puedan entablar discusiones que, en la lógica del diálogo y el acercamiento de las diferencias, permitan generar soluciones a los ingentes problemas que enfrentan día a día. Así el caso de los productores agrícolas o de los indígenas, por citar sólo dos ejemplos.

Hoy más que nunca, aprovechar el tiempo para la construcción de acuerdos políticos en el Congreso es sumamente valioso, en aras de poder incorporar temas de enorme urgencia para nuestro país: porque justo dentro de un año, seguramente estaremos atrapados una vez más en la disputa electoral, la que, es de esperarse, sea de más virulencia, en el afán de conseguir la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.

Estamos próximos, además, a que venza el plazo para que la Comisión Especial para la Reforma del Estado entregue sus resultados y habrá que esperar que tanto el Ejecutivo como los partidos asuman en su dimensión los límites y los alcances de las iniciativas que deberán presentarse como resultado de estos trabajos.

Lo que todo esto evidencia es la urgente necesidad de renovar las capacidades con que contamos para generar acuerdos políticos que nos lleven a una adecuada y suficiente incorporación de las agendas de lo social en el trabajo legislativo. Se trata, pues, de construir paquetes consensuados, que recuperen temas fundamentales, que bien pueden contribuir a generar mejores condiciones de diálogo parlamentario en otros asuntos.
En esa lógica, es indispensable que, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, tengan la capacidad de separar el debate político de la discusión técnico-racional en torno a asuntos que nos reclaman, a todos, acciones y medidas urgentes. La pobreza, la desigualdad y la frustración de millones de proyectos de vida no pueden esperar a que se resuelva el tema de la mayoría en el Congreso en 2009. Para ello falta mucho y los datos sociales existentes dan cuenta de la desesperación y la frustración de muchos jóvenes, para quienes es necesario construir las oportunidades y la posibilidad de un futuro de vida digno.

Ahora que se llegó a la mitad del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 2008 se está muy a tiempo para plantear una ruta crítica en la lógica mencionada. Los acuerdos que puedan construirse hoy, deben ser la base para que la disputa electoral que se avecina no genere más polarización, mayor encono y más división nacional. Y, sin duda alguna, avanzar a través de nuevos consensos en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos puede abonar a la certidumbre y a la estabilidad política requerida en nuestro país.

martes, 18 de marzo de 2008

lunes, 17 de marzo de 2008

La ética pública

Mario Luis Fuentes
Lunes 17 de marzo de 2008

Negar que la política debe estar regida por la ética constituye, en términos lógicos, una contrictio in adjecto; esto es así, porque alejada de la ética la política se convierte en irracionalidad, en tiranía de uno o de varios sobre las mayorías y, sobre todo, abre la puerta a las tentaciones de la violencia, el autoritarismo y de los amantes de la guerra y la injusticia.

A pesar del pragmatismo de muchos políticos de la Grecia antigua, ninguno se atrevió, al menos públicamente, a negar el valor y la importancia de la ética en tanto eje de articulación de la política. Así, Solón o Pericles, y desde el ámbito de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles, nunca cejaron en su empeño de exigir a los gobernantes asumir que la política constituye el ejercicio de la mayor de las virtudes en la comunidad política.

En nuestra modernidad, siempre envuelta en tensiones y contradicciones, la ética ha tratado de ser expulsada distintas veces del ejercicio de la política, en aras de justificar un pragmatismo que hace un énfasis estricto en la eficacia y en la búsqueda del poder a toda costa y prácticamente a cualquier costo.

Empero, asumirlo así constituye dejar de hacer política. La política en su esencia es el ejercicio de un diálogo permanente, de un duelo entre inteligencias en el que la conciencia derrotada nunca lo es definitivamente, porque en el diálogo lo que impera es la tolerancia y el respeto mutuo y, porque en donde no hay reconocimiento explícito de la igualdad, el ejercicio de la comunicación es simplemente imposible.
Para los pensadores clásicos, una discusión en torno a si la ética forma parte sustancial de la política hubiese resultado absurda. Esto era así, porque para ellos resultaba evidente que, más allá de la ley, los hombres de Estado debían sujetarse a las más estrictas normas de actuación, disciplina y prudencia, a fin de evitar en todo momento cualquier crítica, fundada o infundada, en el ejercicio del poder.

Plutarco, filósofo nacido en el primer siglo de nuestra era, se pregunta en una de sus obras, pensando en el hombre de Estado: ¿Cómo puede un político vengarse de sus enemigos? La respuesta en nuestro contexto podría resultar quizás ingenua, de no ser tan poderosa y aleccionadora: “Siendo tú mismo bueno y honrado”. Y agrega Plutarco: “Por eso, el que ve que su enemigo es un rival de su vida y su fama, pone más atención en sí mismo, examina con cuidado sus acciones y ordena su vida”.

Hoy que vivimos en medio de un país dividido, en el que el encono político es la nota de todos los días y en el que las discusiones fundamentales del país se están relegando en aras de la descalificación, es momento de exigir a los políticos la consigna de Plutarco.

El hombre de Estado no puede ser valorado con base en la ética cotidiana, nos dice Tolstoi, pero, por ello mismo, es exigible para quien toma decisiones públicas ir mucho más allá de lo que la ley le marca y retraerse de cualquier acción que pueda llevarlo a la sospecha y a la pérdida de la confianza, la cual es la base de cualquier negociación o posibilidad de diálogo en torno a las decisiones fundamentales que requiere nuestro país.

México está atrapado en el lenguaje leguleyo en el que cualquier resquicio es aprovechado para limpiar expedientes o justificar acciones de suyo y a todas vistas inmorales. Un país, cualquiera que éste sea, requiere liderazgo ético y moral de sus políticos. Por ello, cuando esto no ocurre, la falta de respeto a la ley, la impunidad, la violencia y la corrupción pueden fácilmente arraigarse en el tejido social, con consecuencias funestas para todos.

No es posible que nuestra clase política esté atrapada en escándalos recurrentes: si es legal o no lo que hacen es lo de menos. Lo importante es que hoy no hay una clase política que pueda responder éticamente ante la ciudadanía, porque hoy las élites están atrapadas en medio de intereses que, por su dimensión, bien pueden ser calificados de siniestros.

México necesita un liderazgo que pueda generar certidumbre y confianza en la población; empero, un liderazgo así no puede nacer en un contexto de poder en el que desde hace varios años se han antepuesto los intereses del dinero, a los de la ética y al interés general de la población.

Hoy es momento de construir una forma distinta de hacer política; de asumir que es la ética la columna vertebral de la actuación del hombre de Estado, y que la desigualdad, el encono y la división que privan en nuestro país, sólo serán superados cuando los políticos estén tan lejos del escándalo que les sea posible pensar en serio sobre un proyecto de país de alcances mayores.

martes, 11 de marzo de 2008

lunes, 10 de marzo de 2008

Hay que estar muy atentos

Mario Luis Fuentes
Lunes 10 de marzo de 2008

Las multitudes arrastran a otras multitudes, afirma Elías Canetti en su célebre texto de Masa y poder. Estos arrastres pueden ser de diversos tipos y magnitudes y, cuando están vinculados a cuestiones de política, pueden llevar fácilmente a la revuelta.

Octavio Paz diferenciaba a la revuelta de la revolución, estableciendo que la primera no tiene como efecto la transformación radical de las sociedades. La revuelta cumple la función de la denuncia, de la manifestación del descontento, es síntoma de un malestar social mayor ante circunstancias generalmente de injusticia, intolerancia, represión, desigualdad y, desde luego, pobreza.

La revuelta también es ocasional y termina con la represión o bien con una especie de “disolución espontánea”. No es fruto de una propuesta ideológica o de la pretensión de llegar al poder (como sí ocurre en las revoluciones). La revuelta no tiene programa de acción, sus vaivenes están marcados antes bien por el ritmo de la vorágine, el descontento y el afán de destruir todo aquello que oprime o que parece hacerlo.

Las revueltas son por ello mucho más violentas que otros movimientos sociales, en tanto que no hay racionalidad organizativa del movimiento, no hay líderes visibles, sino aquellos que en el “momento de la masa” asumen su conducción. No hay disciplina, por el contrario, existen el desfogue, la explosión masiva de odios, frustraciones y descontentos acumulados a través de años de exclusión social y privación de derechos humanos fundamentales.

No hay tiempos para las revueltas, es decir, no son predecibles, no son programadas y, por lo tanto, pueden aparecer en el momento menos pensado o esperado. Por ello, cuando una sociedad ha generado los “caldos de cultivo” necesarios para que las condiciones de una revuelta aparezcan, debe tenerse mucho cuidado y debe estarse muy atento a cómo se está procesando el conflicto social y cuáles son las medidas de política que los gobiernos asumen para evitar las tragedias que generalmente vienen asociadas a este tipo de movilizaciones.

Ya hemos visto que no es necesario que haya extrema pobreza para que esto ocurra. En la ciudad de Los Ángeles, uno de los enclaves económicos más poderosos del mundo, vimos cómo en 1984 la discriminación y el racismo fueron los detonantes de una movilización y unos disturbios sin precedentes en la historia estadunidense contemporánea. París fue el reciente escenario de episodios de violencia, igualmente provocados por la exclusión, la desesperación y la frustración de miles de jóvenes excluidos del bienestar y del cumplimiento de sus derechos.

Los datos que tenemos en México deben situarnos en un estado de alerta y atención mayor. Miles, millones de jóvenes, están hoy en las calles sin estudiar y sin trabajar, excluidos de un sistema educativo que no sólo carece de las capacidades para absorber a todos, sino que además continúa siendo de muy mala calidad. En los últimos años hemos padecido un déficit de empleo cuya fuga de escape más efectiva se ha encontrado en el drama de la migración, documentada e indocumentada, que nos ha llevado a la recomposición de las dinámicas sociales y familiares cuyas consecuencias aún estamos lejos de conocer.

La presencia del narcotráfico y el crimen organizado ha llevado a una estrategia de alta intervención militar en las calles, que puede estar generando más miedo que certidumbre en la población, en particular de los jóvenes, los niños y los adultos mayores, quienes son y han sido siempre los grupos más desprotegidos y vulnerables en nuestro país.

Una sociedad con cientos de miles de jóvenes condenados a literalmente no hacer nada, es una sociedad en la que la revuelta es siempre una posibilidad y, sobre todo, un riesgo que no puede ni debe buscar prevenirse y evitarse con más presencia policiaca, sino con más escuelas, más universidades públicas, más creación de empleo y, por supuesto, muchas más y mejores oportunidades para la realización efectiva de los derechos humanos y sociales.

No sabemos qué está pasando en los “sustratos” de la sociedad y mucho menos en los espacios que viven y están construyendo en el día a día nuestros jóvenes. Hoy es tiempo de estar atentos y mucho más, de comenzar a actuar para que nuestros panoramas sean mucho más alentadores y esperanzadores.

México no puede tener como principal oferta un futuro ennegrecido para sus jóvenes, y mucho menos podemos decir que simplemente no hay nada que hacer. Por el contrario, es momento de actuar y transformar esta realidad que, sin duda alguna, a nadie beneficia.

De adultas sufren discriminación.




lunes, 3 de marzo de 2008

La violencia contra las mujeres

Mario Luis Fuentes
Lunes 03 de marzo de 2008

La inequidad de género es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la garantía de la justicia social de cualquier sociedad. Hay muchas formas en las que la inequidad de género se manifiesta: la desigualdad en las oportunidades de acceso a bienes y servicios sociales; la subordinación en el interior de las familias; la desigualdad en el ingreso y en la distribución de los bienes y el patrimonio de las familias, entre otras más.

Sin embargo, la desigualdad y la inequidad entre los géneros pueden ser aún peores, cuando adoptan la forma de la violencia y, en muchos casos, violencia extrema que puede llegar a la violación sexual e incluso al asesinato o el intento de homicidio.

Estas afirmaciones resultarían exageradas de no ser por las estadísticas que hoy se conocen en nuestro país y que sin duda no alcanzan a reflejar la magnitud y la dimensión del problema de la violencia contra las mujeres y, en particular, contra las niñas y las adolescentes, quienes viven en contextos de constante agresión y maltrato por parte, en la mayoría de los casos, de miembros de su respectiva familia o de personas cercanas a ellas.

Frente a lo anterior, la campaña que dio inicio el pasado 25 de febrero, con el llamado del secretario general de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres, debería tener un significado mayor en el caso de nuestro país, más aún si se hace caso a los resultados, sólo por citar uno, de la más reciente Encuesta Nacional de la Dinámica en los Hogares (Endireh).

De acuerdo con el secretario general de la ONU, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia: agresiones físicas y golpes, violación sexual o asesinato, entre otros crímenes y delitos. En México los datos son todavía peores que los presentados como promedio mundial: la Endireh nos muestra que, al menos seis de cada diez mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida (el doble del promedio mundial) y México vive cada vez más casos en los que los derechos y la dignidad de miles de niñas y adolescentes se ven pisoteados por redes de tratantes y proxenetas que actúan con altos niveles de impunidad a lo largo y ancho del país.

Como cada año, se celebrará en México y en el resto del mundo el Día Internacional de las Mujeres el próximo sábado 8 de marzo. Así que debería hacerse eco del llamado del secretario general de la ONU y establecer metas precisas que, de acuerdo con su declaración del pasado 25 de febrero, deberán ser revisadas en 2010, ante la urgencia y la dimensión del reto que se enfrenta a fin de tener evaluaciones, en el corto plazo, que permitan poner fin a la violencia ejercida en todo el mundo en contra de las mujeres.

Sin duda, una de las grandes aportaciones de la Cumbre de Pekín estuvo en señalar que el problema de la inequidad de género compete tanto a hombres como a mujeres y que, en ese reconocimiento, los estados deberían desarrollar acciones para involucrar a cada vez más hombres en cursos, talleres de sensibilización y acciones afirmativas, con el fin de dar marcha atrás al machismo y otros atavismos culturales que frenan la construcción de una sociedad equitativa y justa.

En su llamado a combatir la violencia contra las mujeres, el secretario general retoma esta idea y enfatiza que es, sobre todo, a las autoridades de los estados, a quienes compete construir políticas de alcances mayores que contribuyan a terminar con la discriminación, la exclusión social y la violencia que sufren las mujeres, en especial la que tiene como origen precisamente la discriminación de género.

En esta tarea es indispensable también la participación de los medios de comunicación y de la iniciativa privada: los primeros, generando una oferta cultural y del entretenimiento que permita eliminar estereotipos, avance hacia la eliminación de la figura de la mujer como objeto sexual y promueva eficazmente los valores de la tolerancia, la solidaridad, el respeto y el reconocimiento de las diferencias. Los segundos tienen la responsabilidad de avanzar hacia esquemas de contratación que no discriminen por género, reconozcan plenamente los derechos laborales de las mujeres y contribuyan a eliminar los obstáculos que impiden la participación de ellas en cargos directivos y de alta dirección en las empresas.

En esta tarea, los partidos políticos tienen aún enormes saldos, pues los porcentajes de participación política y de acceso de las mujeres a cargos de elección popular continúan siendo simplemente inaceptables.

Una sociedad libre de violencia contra las mujeres es posible; empero, los esfuerzos realizados hasta ahora resultan a todas luces insuficientes y es necesario que las autoridades del Estado contribuyan para generar las condiciones institucionales y programáticas con el fin de avanzar hacia una sociedad plenamente convivencial y sin violencia en contra de las mujeres.