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lunes, 28 de abril de 2008

Se requiere más Estado

Mario Luis Fuentes
Lunes 28 de abril de 2008

Nuestro país enfrenta severos problemas relacionados todos con la cuestión social. La pobreza se está reduciendo aún muy lentamente; la marginación continúa afectando a millones de personas que carecen todavía de servicios sociales básicos, y la desigualdad ha crecido de manera constante en las últimas décadas.

Esta desigualdad se sitúa en un contexto internacional en el que el cambio climático, la pobreza planetaria y el desempleo masivo —en una modalidad desconocida hasta hace 20 años, que es la del desempleo prolongado o permanente—, obliga a repensar qué tareas le hemos asignado al mercado y cuáles al Estado en la regulación y protección de las relaciones sociales.

Así pues, hoy nos enfrentamos a viejos y nuevos riesgos sociales ante los cuales, aun desde la noción de la seguridad social en el siglo XX, carecemos de respuestas definitivas: la inseguridad pública a nivel nacional, y ahora también internacional bajo la figura del terrorismo y el crimen organizado; la violencia y la fragmentación en el interior de las familias; las migraciones motivadas por la pobreza y la desigualdad; las adicciones; la orfandad, así como la vulnerabilidad extrema de la indigencia, son algunas de las nuevas manifestaciones de los riesgos que enfrentan nuestras sociedades.

Estos riesgos, más otros de alcance planetario asociados a la noción de las catástrofes, nos sitúan ante el reto de debatir sobre qué bases reconstruir al Estado social y asumir que debemos encontrar soluciones que garanticen la protección de las personas, desde una perspectiva de atención individual, combinadas con esquemas solidarios que permitan garantizar a todos seguridad ante los nuevos dilemas y riesgos del siglo XXI.
Un debate así implica asumir posiciones: frente a lógicas de un mercado cada vez más excluyente y favorable a la construcción de megamonopolios, se requiere mucho más Estado para establecer criterios mínimos de equidad y justicia distributiva.

Ante una distorsión cada vez más perversa en la provisión privada de bienes y servicios en la salud, se requiere más Estado, a fin de establecer las previsiones necesarias en la construcción de infraestructura y la disponibilidad de servicios y medicamentos de calidad ante lo que no es prioridad de los privados. Dada la tragedia silenciosa que constituye la crisis educativa de nuestro país, se requiere mucho más Estado para impulsar una reforma de alcances mayores con el fin de que, sin renunciar a las humanidades, podamos transitar rápidamente hacia la sociedad del conocimiento.

La crisis financiera y económica global que hoy se vive nos ha mostrado la fragilidad de la estabilidad global, lo que, sumado a la crisis planetaria de los precios de los alimentos y la crisis energética global, nos debe llevar a asumir que es necesario preguntarnos cómo fortalecer a las instituciones estatales y, simultáneamente, garantizar que no se inhibirán la inversión y la creación de empleos, en un contexto de justicia y equidad.

Hoy contamos con evidencia suficiente para sostener que el funcionamiento económico, en su modelo actual, ha generado severas distorsiones y terribles inequidades. Por ello es necesario insistir en la necesidad de abordar la cuestión de cómo fortalecer a un Estado que pueda regular y corregir las desviaciones del mercado y, al mismo tiempo —aunque parezca paradójico—, estimular su funcionamiento para lograr procesos de crecimiento y desarrollo económico sostenido.

Un debate de esta naturaleza es de una complejidad mayor y requiere la voluntad y la capacidad política de todos para abordarlo, pues en el fondo lo que está a discusión es cómo lograr un sistema institucional que tenga como base y referente la construcción de una nueva noción de solidaridad social, basada en una sólida noción de ciudadanía social.

El pacto social se encuentra severamente amenazado y pareciera que al día de hoy hemos perdido referentes que nos permitan avanzar hacia la reducción acelerada de la exclusión social.

En síntesis, pensar lo social en el siglo XXI, requiere de inicio fijar reglas claras para la construcción de un nuevo diálogo político, dirigido a la construcción de consensos y afianzar la arquitectura institucional necesaria para sustentar una nación social con las capacidades suficientes para garantizar equidad y una vida digna para todos.

Chihuahua: el reto de erradicar la violencia.


La renta petrolera y lo social

Mario Luis Fuentes
Lunes 21 de abril de 2008

En estos días, debatir lo político debería ser sinónimo de debatir en torno a la cuestión social de nuestro país. Nunca en la historia de las ideas se ha dado un debate sobre la organización del Estado y sus instituciones, sin tener como referente y eje de la discusión el para qué de un modelo de organización política o forma de gobierno.

La Ilustración francesa tuvo en Rousseau al teórico del “contrato social” y la organización democrática del Estado, pero también a un precursor del pensamiento social que no concebía al Estado liberal sin las capacidades suficientes para generar equidad social. Lo mismo puede encontrarse en los pensadores ingleses de los siglos XVII y XVIII pues, desde Locke, pasando por Leibniz y Hume, concibieron siempre al Estado liberal como uno garante de la seguridad social y la protección de los derechos sociales de los ciudadanos.

Los liberales del 57 en nuestro país abordaron en los debates del Congreso Constituyente las cuestiones relativas a la pobreza y la indigencia, en particular las desigualdades que ya comenzaban a ser evidentes entre las distintas regiones, mismas que en buena medida dieron origen al Movimiento Armado de 1910 y que fueron piedra angular en la redacción de la Carta Magna en 1917.

Evocar estas raíces del pensamiento social cobra sentido en la presente discusión sobre la reforma petrolera, porque lo que se encuentra en el fondo es un debate sobre qué nación queremos construir y qué tipo de instituciones se requieren para darle cauce al desarrollo de ese modelo de nación.

Por ello, la discusión, sobre el tema de la reforma a Pemex y en general a la industria de los hidrocarburos en nuestro país, requiere un diálogo profundo, que nos lleve a asumir, de una vez por todas, el debate que se ha obviado en la definición básica de qué modelo de nación se está proponiendo.

Se argumentó que las diferencias ideológicas entre los partidos políticos se habían difuminado en el siglo XXI; empero, hoy más que nunca es evidente que la discusión ideológica permanece y, de hecho, es lo que ha determinado la ausencia de un diálogo con reglas claras que permita asumir la “la lógica del mejor argumento”, lo cual exigiría, de todas las partes, la voluntad para llevar el debate al establecimiento de conceptos fundamentales que hoy se dan por descontados pero que, al asumirlos, se impide el contraste de las ideas y los matices.

Es cierto que sin más recursos difícilmente podrá superarse la pobreza; empero, la pregunta obligada es si el modelo que se está planteando para Pemex será el mismo que se asumirá para todo el sector de provisión de bienes y servicios sociales. Esto es, si el planteamiento de fondo no consiste en generar más infraestructura para que sea el mercado privado el que asuma la conducción de la prestación de servicios de salud, educación, vivienda y otros sectores vitales en la garantía de los derechos sociales de las y los mexicanos.

Como puede verse, los alcances de la discusión deberían extenderse a la definición de qué le compete al Estado y qué al mercado y, en esa lógica, la cuestión estaría determinada por el debate postergado con respecto a si avanzaremos hacia un sólido Estado social de derecho, en el que todas y todos tengamos garantías mínimas para la realización de los derechos sociales o si continuaremos con un modelo tendente a la privatización de todo y a la contracción del Estado a su mínima expresión.

La única ventaja en este debate es que ya conocemos los resultados de ambos modelos: un Estado de bienestar que, sin racionalidad presupuestaria e institucional, puede devenir en populismo o crisis financieras, o bien, optar por un Estado mínimo que da paso a un capitalismo rapaz que ha generado niveles de desigualdad global y nacionales quizá nunca antes vistos en la historia reciente de la humanidad.

A mi juicio, la balanza debería orientarse hacia la reconstrucción de un Estado de bienestar que cuente con las capacidades de restablecer instituciones solidarias, adecuadas a una nueva condición planetaria marcada por la globalización, la integración económica y financiera de las regiones, y problemas planetarios compartidos, como el cambio climático, el crimen organizado transnacional, la pobreza y la desigualdad.

México no puede simplemente seguir planteándose qué hacer con los excedentes de los precios internacionales del petróleo; lo que debe comprenderse es, entonces, que al discutir sobre Pemex y la renta petrolera, en muchos sentidos lo que se está debatiendo es qué tipo de nación estamos dispuestos a construir y si seremos capaces de hacerlo.

lunes, 14 de abril de 2008

La inseguridad alimentaria

Mario Luis Fuentes
Excélsior
Lunes 14 de abril de 2008

Uno de los temas globales de mayor dimensión es el del hambre. A pesar de su relevancia, es una categoría que poco se ha discutido en México, en sus implicaciones éticas, económicas y sociales. El hambre es una condición atroz en que viven millones de personas tanto en nuestro país como en el resto de América Latina y en el Caribe, y es preciso erradicarla.

De acuerdo con la FAO, entre 1996 —año en que se realizó la Cumbre Mundial de la Alimentación— y 2003, América Latina avanzó por debajo de la media requerida para llegar a la reducción de la mitad de personas subnutridas en el año 2015.

Aun cuando nuestro país ha presentado algunos avances, la falta de crecimiento económico y el déficit permanente en la generación de empleos dignos han provocado que tengamos progresos sumamente lentos en la reducción de la pobreza y el hambre. En el período 2000-2003, la FAO muestra que porcentualmente teníamos más pobres y personas hambrientas que en 1993; y las proyecciones hacia 2015 muestran que las metas en materia de reducción del número de pobres y de personas hambrientas están en riesgo.

Lo mismo ocurre en el resto de América Latina, tema que debe preocuparnos en dos dimensiones. La primera, por motivos obvios, en el terreno de la ética: nadie puede ser indiferente o permanecer inmutable ante el hambre de un ser humano. La segunda, por cuestiones de política pública y capacidades de desarrollo, pues, ante las condiciones imperantes en la zona, la migración permanecerá creciente al menos hasta 2012, y sus efectos para México y el resto de América Latina todavía no pueden ser conocidos en toda su complejidad y en los dilemas que implica.

Aunado a la pobreza, debe considerarse que hay factores no ponderados que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las personas y de los países. Así está ocurriendo ahora, cuando los precios internacionales de los alimentos se han incrementado y cuyos efectos en las naciones pobres han sido inmediatos. En Haití y Egipto hay nuevos disturbios provocados por la escasez y se teme que los avances logrados en diez años se habrán perdido en unos cuantos meses de inflación y precios altos.

De acuerdo con el Banco Mundial, el costo de la producción de los alimentos se disparó en los últimos tres años 83%, con casos alarmantes como el del trigo, el cual en el mismo periodo incrementó sus costos 183%, y las previsiones existentes permiten afirmar que los precios se mantendrán crecientes en 2008 y 2009, con la advertencia extra del Banco Mundial de que no regresarán a los niveles de 2004, sino hasta aproximadamente en 2015.

Debe asumirse que hay un proceso de pérdida de productividad de numerosos países, incluido el nuestro, debido al cambio climático y, frente a ello, es evidente que los estados cuentan con limitadas capacidades de intervención para regular, o al menos atemperar, los efectos de mercados desiguales que, por si fuera poco, están comenzando a determinarse por una nueva dinámica de “países acaparadores” de productos básicos.

Esta realidad debe llevarnos a retomar la que ha sido una evidencia de siempre: la enorme fragilidad y vulnerabilidad del sector rural en México, el cual no sólo padece el abandono, la insuficiencia de los apoyos y los recursos para su mecanización o la precariedad de los subsidios que se le destinan, sino también el desmantelamiento de la mayoría de los mecanismos de apoyo a distribución, comercialización y abasto de las comunidades más pobres y aisladas del país, que son precisamente en donde más hambre existe y a donde aún ahora no llegan los principales programas sociales y de combate a la pobreza.

Queda claro que nuestro país carece de una estrategia integral de seguridad alimentaria, y es preciso abordarla a fin de desarrollar las capacidades para enfrentar los efectos del cambio climático y la pérdida de productividad de inmensas regiones, lo cual evidentemente, profundiza nuestra vulnerabilidad frente al incremento de los precios de los alimentos, además de los altísimos que tienen los energéticos, los cuales son indispensables para la producción agrícola.

Frente a todo lo anterior, es preciso insistir en que el problema del hambre no puede ignorarse u obviarse por las urgencias impuestas debido a la agenda de la coyuntura; la persistencia del hambre no puede justificarse de ningún modo en nuestras sociedades y erradicarla en el corto plazo es un compromiso ineludible para nuestro Estado.

lunes, 7 de abril de 2008

Comienza el calor

Mario Luis Fuentes
Lunes 7 de abril de 2008

En distintas obras, tanto en la literatura como el cine, el tema del calor es abordado desde la perspectiva de sus consecuencias y sus efectos en la vida comunitaria y social. Spike Lee relaciona el inicio de un verano infernal con la violencia, el caos y la ruptura de la cohesión social en el Bronx. Camus, en su clásica novela El extranjero, desata toda una trama a partir de un asesinato cometido simplemente “porque hacía calor”. Golding, en El señor de las moscas, crea atmósferas asociadas al clima en una alejada isla y, como éstos, hay un sinnúmero de ejemplos que pueden citarse.

Se ha emitido la alerta de que este abril será el más caluroso en los últimos 10 años y, de mantenerse la tendencia actual, será el más de los últimos 100 años. En el sureste y el norte, los termómetros han marcado ya, en las zonas más extremas, temperaturas alrededor de los 40º C y se espera que en el verano se alcance la histórica registrada en Baja California: 56º en el día más caluroso del año.

El análisis del clima en lo social va más allá de las ya advertidas consecuencias funestas del cambio climático y el calentamiento global. Está relacionado no sólo con la pérdida de áreas boscosas o glaciares, sino con la vida rural cotidiana, en donde el daño a las cosechas y a la economía de autoconsumo puede poner al borde de la hambruna a varias localidades, sobre todo las más pequeñas, es decir, aquellas que tienen menos de 100 habitantes y suman más de 120 mil en todo el territorio nacional.

El calor que ya ha comenzado puede generar una temporada de estiaje severa, con las consecuentes afectaciones, no sólo a la agricultura, sino a la ganadería, la pesca y la acuicultura que incipientemente se desarrolla en esteros y presas, así como en la afectación de la salud, debido a la carencia de servicios sanitarios y de drenaje que hay en miles de localidades y ciudades pequeñas y medias en todo México.

Los incendios forestales están cerca de alcanzar más récords para el mes de abril en distintas entidades y sólo estamos en los primeros diez días del mes. Y no sólo esto, sino que, además del número de incendios, las áreas afectadas son muy extensas y amenazan con destruir una buena parte de nuestro patrimonio forestal.

En las ciudades, los daños por el calor no están relacionados sólo con la molestia que las altas temperaturas generan; a ello debe agregarse el hacinamiento en viviendas, parques y transporte público, además del impacto que una época así de calurosa tiene en la economía y en el gasto de los hogares.

En México, el consumo de agua embotellada es uno de los más altos a nivel mundial y esto se debe sobre todo a la ausencia de la calidad del agua que llega a través de las tuberías a las casas y que, por más que se argumente, no es agua que pueda consumirse directamente de las llaves. Tampoco tenemos “bebederos públicos”, como sí ocurre en otras grandes ciudades del mundo y carecemos de servicios sanitarios públicos suficientes para zonas metropolitanas como las de México, Guadalajara y Monterrey, en las que los tiempos promedio de traslado son de 30 minutos como mínimo.

Frente a estos problemas de la cotidianidad, no se han diseñado aún políticas ni programas suficientes. Es necesario que, al menos en todas las ciudades grandes y medias del país, haya puestos de hidratación gratuita en todas las plazas, parques y jardines públicos. Se requiere incrementar sustantivamente la calidad y la cantidad de espacios públicos de servicios sanitarios. Es urgente intensificar las acciones de prevención y contención de enfermedades como el dengue y el paludismo, que han comenzado a producir brotes incluso en pleno centro del país.

La cohesión social se construye con base en una política social para la inclusión y ésta sólo es posible cuando las poblaciones tienen garantías mínimas de contar con servicios sociales básicos, para enfrentar la cotidianidad de dilemas y problemas, que realmente son de una gravedad mayor y pueden poner en peligro la salud y la vida de las personas.
En Europa y en Estados Unidos ha habido en los años recientes temporadas de calor que han generado la muerte de cientos de personas, por el llamado efecto del “golpe de calor”. México no está exento de este riesgo, menos aún si consideramos las extensas regiones de desierto, semidesierto, selva y aun climas tropicales con que contamos.

Pensar en el calor y sus efectos en lo social es importante y se trata de una de las agendas que deberán considerarse en éste y en los meses que vienen, en aras de evitar que la irritación social, el malestar colectivo y los daños a la salud que genera comúnmente el calor, lastimen aún más el ya de por sí deteriorado tejido social de nuestro país.

martes, 1 de abril de 2008