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lunes, 30 de junio de 2008

Premio Unicef México

Mario Luis Fuentes
Lunes 30 de junio de 2008

La desigualdad tiene distintas dimensiones. Puede expresarse en niveles de ingreso, necesidades básicas insatisfechas en regiones o en formas de exclusión social que pueden conducir a la discriminación o, de violencia, que lastiman y vulneran derechos.

Estas desigualdades son al mismo tiempo niveles de complejidad muy difíciles de comprender. Pero indicadores y cifras nos permiten aproximarnos a esas realidades y nos abren “ventanas de interpretación” para procesar y tratar de incidir en la reducción de las desigualdades y las injusticias que éstas constituyen.

Una de las dimensiones más profundas de estas desigualdades se halla en la pobreza, la marginación y el incumplimiento de los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes en México. Sí, son los menores de 18 años quienes en mayor medida viven en circunstancias de vulnerabilidad social y padecen lo más crudo de las condiciones de pobreza y marginación que aquí se viven.

Según datos del Programa Nacional de Salud, por citar un caso, las probabilidades que una mujer indígena adolescente tiene de morir durante o por un parto son mucho más altas que las de una de zonas urbanas. Y niñas y niños indígenas tienen en promedio hasta tres veces más probabilidades de morir antes de los cinco años que quienes nacen en el DF o Nuevo León. De acuerdo con un reciente estudio de Thais, A. C., cerca de 3.3 millones de niñas y de niños mexicanos trabajan. Y, según la SEP, aún hay alrededor de 1.3 millones de niñas y niños de seis a 14 años que no asisten a la escuela.

Incluso con estos datos, es muy poco lo que sabemos de las circunstancias en que viven niñas, niños y adolescentes aquí. De hecho, una de las conclusiones más duras del Informe Alternativo sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hecho en 2005 por el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, es que carecemos de información suficiente para realizar un análisis completo del grado de cumplimiento de los derechos de los niños en México.

Por ello, es de destacar el esfuerzo conjunto de la Oficina de Unicef-México, encabezada por la doctora Susana Sottoli, y del Consejo Consultivo de Unicef-México, al lanzar como una nueva iniciativa el Premio Unicef-México 2008, para reconocer a las mejores investigaciones hechas sobre derechos de la niñez, así como a las mejores prácticas de organizaciones de la sociedad para construir modelos de atención o nuevas metodologías que protejan derechos de niñas, niños y adolescentes.

Además, el Premio Unicef-México busca incentivar la generación de más y mejor conocimiento, así como promover que más organizaciones de la sociedad asuman la agenda de la niñez como parte central de sus actividades.

Otro aspecto de importante es que, como parte del Programa-país que tiene la Oficina de Unicef-México, se busca, igualmente, posicionar, en la proporción y medida que le corresponde, a la agenda de los derechos de los niños en el marco de las prioridades nacionales.

En el fondo, lo que el Premio busca es darle una mayor visibilidad a los temas relacionados con el cumplimiento de esos derechos y lograr que cada vez más autoridades, cada vez más gobiernos, en todos sus órdenes, asuman que la prioridad fundamental que debemos tener como sociedad es colocar a las niñas y los niños al centro de todas las decisiones públicas privadas y no permitirnos más que las desigualdades que persisten ancladas en nuestra realidad social sigan afectando fundamentalmente a niñas, niños y mujeres.

Hay quien ha argumentado, con razón, que no se puede sostener que se busca “poner a los niños primero” y dejar los presupuestos atrás. Sin embargo, a ello procedería agregar que no se trata sólo de presupuestos y dinero, sino de políticas integrales, de transformación de prioridades y valores, para asumir que no hay nada más importante como la protección de la niñez, que se requieren la adecuación y el perfeccionamiento del marco jurídico social vigente y urge la transformación del entramado institucional, con el fin de incorporar una visión integral para el cumplimiento de sus derechos.

México requiere, entonces, mucho más inteligencia social, mucho más saberes que aporten conocimientos para mejorar nuestras capacidades de protección de la infancia y de construcción de políticas y programas y, sobre todo, se necesita una radical transformación cultural para convocar a todas y todos a construir un México apropiado para los niños.

En esa tarea, estoy convencido de que el Premio Unicef-México 2008 abonará, en su dimensión, en la tarea de construir una sociedad protectora de sus niños, completamente consciente, pero también congruente en actitudes, de que no hay nada más importante para el presente y el futuro de un país que cuidar de nuestros niños. Enhorabuena.

Crisis del agua: la amenaza se agrava.


lunes, 23 de junio de 2008

Migraciones y tráficos del siglo XXI

Mario Luis Fuentes
Lunes 23 de junio de 2008

México vive desde hace 15 años, de acuerdo con el análisis demográfico del Consejo Nacional de Población (Conapo), una nueva era de migraciones que es compartida por toda la región de América Latina y el Caribe. En efecto, de acuerdo con distintas estimaciones, América Latina es la región del mundo con mayor intensidad migratoria en todo el planeta y convierte a nuestra frontera con Estados Unidos, en la “zona de cruce” con mayor intensidad en todo el globo terráqueo.

Aun con ello, debe considerarse que Europa constituye la segunda región receptora de migrantes, provenientes sobre todo de África, Asia y, en menor medida, de América Latina. En ese sentido, vale la pena destacar que, la semana recién concluida, Europa tomó una decisión colectiva para endurecer sus políticas migratorias e imponer mayores medidas restrictivas para el ingreso, la permanencia y el tránsito de migrantes en situación irregular.

Hace sólo seis años, en Durban, Sudáfrica, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia. En ella, una de las resoluciones más importantes fue hacer un llamado conjunto a las naciones que han tenido prácticas imperialistas o colonialistas en el pasado, cuyos efectos se expresan aún hoy, en la pobreza, la desigualdad, la exclusión y, por supuesto, en la migración generada por necesidades económicas. En esta Conferencia, las naciones desarrolladas aceptaron ofrecer una disculpa y literalmente “pedir perdón” a los países pobres y se comprometieron a llevar a cabo acciones que, de algún modo, ayuden a resarcir el daño, el dolor y la pobreza generada en los países que fueron colonizados.

En evidencia, la decisión europea de asumir una política restrictiva común frente a la migración constituye un elemento más de los síntomas globales de la carencia de liderazgo moral y de inteligencia social para procesar los complejos fenómenos que se están recrudeciendo y se recrudecerán aún más a causa de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y las condiciones de conectividad global hoy existentes.

En esa lógica, la decisión europea en torno a su nueva política migratoria constituye un retroceso frente a las resoluciones adoptadas en Durban y pueden transformarse en elementos de aliento a actitudes racistas, de exclusión y, desde luego, de discriminación en contra de quienes, en la inmensa mayoría de los casos, emigran por razones económicas y, cada vez más, para reunirse o reencontrarse con sus familiares.

La migración tiene, sin embargo, correlatos oscuros que deben ser comprendidos y tiene que buscarse su erradicación inmediata: el tráfico de indocumentados es hoy una práctica cruel, pero palidece ante la perversidad de crímenes como el tráfico de armas dirigido hacia países en los que hay prácticas genocidas o bien la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o de explotación sexual comercial.

Lo grave de estas nuevas formas de configuración de los tráficos en el siglo XXI, nos advierte Benjamin Mayer, es que al parecer son formas constitutivas propias de la globalización; no son su antítesis, sino su síntoma. No atentan en contra de ella, sino que incluso en algunos sectores económicos y políticos la dinamizan y la fortalecen.

Ante esta advertencia, debemos ser cautos. ¿Qué pasa si Mayer tiene razón? ¿Y qué habría que hacer si, en la lógica de organización social, política y económica actual de la globalidad, no tenemos manera de erradicar estas formas de violencia extrema que se expresan en las nuevas dimensiones de los tráficos contemporáneos?

Las medidas restrictivas jamás han frenado los flujos migratorios; por el contrario, sí han incrementado patologías violentas, como la xenofobia y el racismo porque, a final de cuentas, en palabras de un migrante anónimo detenido en la frontera con Estados Unidos, “si se construyen muros de dos metros, la gente siempre conseguirá escaleras de tres”.

Con base en lo anterior, la nueva era de las migraciones debe entenderse también a la luz de la comprensión de que existe una nueva era en las dinámicas y las configuraciones de los tráficos del siglo XXI. Negarse a verlos, constituye una invitación al rechazo de los diferentes; a legitimar en cierta medida las actitudes intolerantes y el repudio a quienes son concebidos como “amenazas” a la seguridad y la estabilidad laboral de la población de los países receptores de migrantes.

Si el consenso en Durban se basa en el reconocimiento de que los países pobres lo son en buena medida por la expoliación que sufrieron de parte de los países desarrollados, sería momento de reconocer que las actuales “amenazas” que se perciben en Europa, Estados Unidos y otras naciones receptoras de migrantes, serían entonces sólo el resultado lógico de actos destructivos realizados por ellos en el pasado, y que parecieran revertírseles de una manera mucho más sublimada a como Frankenstein se reveló en contra de su creador: y esto es así, porque la migración es un fenómeno de humanos y es en esa dimensión en la que debe comprenderse.

Guanajuato: inversión sin desarrollo integral.


lunes, 16 de junio de 2008

El marco jurídico de lo social

Mario Luis Fuentes
Lunes 16 de junio de 2008

Estamos a menos de 120 días de que comience formalmente el año electoral de 2009 y, hoy como nunca, los tiempos políticos son vitales en la definición de estrategias y rutas de acción tanto para el gobierno federal como para los de los estados y los municipales.

En ese contexto, se ha planteado en los últimos meses la necesidad de llevar a cabo reformas a la Ley General de Desarrollo Social, a fin de lograr la imparcialidad de los gobiernos en los procesos electorales, así como evitar el uso político de los recursos destinados a la generación del desarrollo social y el combate a la pobreza.

A pesar de que estas reformas son importantes, el contexto social nacional e internacional debe obligarnos a concebir a las políticas sociales como ejes estratégicos en la construcción del gobierno, y no sólo acciones secundarias o residuales de las políticas económicas.

Una concepción así, con respecto a la política social, requiere sin embargo un conjunto de reformas que puedan establecer en el marco jurídico criterios claros que permitan la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población y que, en esa lógica, establezcan mecanismos para construir un sentido compartido de acción en todo el país.

Debe insistirse en que la reforma a la Ley General de Desarrollo Social debería articularse con un conjunto de reformas a otros ordenamientos jurídicos tales como la Ley General de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Asistencia Social, entre otros, con la finalidad de articular un sólido marco jurídico que no sólo asigne más responsabilidades, sino dote a las instituciones de capacidades y recursos para cumplir con sus mandatos.

Reducir la reforma del marco jurídico social a un asunto de rendición de cuentas y a evitar el uso político de los recursos asignados al desarrollo significa secuestrar a lo social y convertirlo en rehén de disputas de coyuntura que en otras ocasiones nos ha llevado al absurdo de una semiparálisis en la operación de los principales programas de combate a la pobreza.

Es claro que la crisis de los precios de los energéticos, que ha generado una escalada en los costos de los combustibles, la energía eléctrica y otros factores determinantes de la producción y la satisfacción de necesidades básicas, combinada con el acelerado proceso inflacionario en los precios de los alimentos, el cual se prevé que se mantenga constante al menos hasta 2015, debe llevarnos a una profunda reflexión sobre uno de los temas urgentes que hemos postergado y hoy es inaplazable enfrentarlo en México: la profunda desigualdad que nos ha convertido en un país a todas luces injusto.

En ese sentido, la reforma jurídica que debe plantearse para lo social debe estar cimentada en objetivos de largo plazo, que nos permitan pensar en un país equitativo y en el cual todos podamos ver cumplidos nuestros derechos.

De poco nos servirá contar con más recursos, ya sean provenientes de los impuestos o de la renta petrolera, si no poseemos al mismo tiempo reglas del juego claras en la determinación sobre cómo distribuir de manera justa la riqueza social, lo cual implica una reforma que tenga como alcance final una profunda transformación de las instituciones, con el fin de garantizar justicia social y desarrollo humano.

Hoy, cualquier reforma del marco jurídico de lo social debe partir del reconocimiento de que es necesario garantizar un piso básico de derechos universales que, al mismo tiempo, logre reducir, si no es que eliminar, la enorme dispersión, desarticulación y divergencia entre distintas leyes federales, con marcos jurídicos que en los estados han hecho aún más compleja la operación y el funcionamiento de los programas y de las instituciones.

Para lograr lo anterior es necesario pensar de manera distinta a como lo hemos hecho en los últimos 30 años, en los cuales no hemos sido capaces de trastocar las dinámicas de exclusión y concentración excesiva del ingreso en unas cuantas manos, lo cual ha sido posible debido a un funcionamiento regresivo de las instituciones, pero también por la estructura de un entramado jurídico sin la articulación necesaria para garantizar la integralidad de las políticas pero, sobre todo, regular la vida social de tal forma que no haya unos cuantos ganadores frente a millones de excluidos del bienestar, como nos sucede ahora.

Debemos ser capaces de volver a una visión desde la cual una crítica de la economía política sea posible y, en función de ella, pueda iniciarse un proceso de diálogo ampliado para construir un marco jurídico a la inclusión, que restituya pactos fundamentales pero, sobre todo, que nos dé la posibilidad de construir un nuevo horizonte para el futuro de nuestro país.

lunes, 9 de junio de 2008

La trata de personas en México

Mario Luis Fuentes
Lunes 09 de junio de 2008

Desde 2000, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene como mandato de su Congreso realizar un informe global sobre la trata de seres humanos. Este informe clasifica en cuatro categorías a los países que evalúa. En 2007, México se encontraba en la “Lista 2 de Observación” y este año está en la “Lista 2”, lo cual significa, desde la perspectiva del gobierno de EU, que hemos mejorado relativamente en algunos aspectos de la lucha contra la trata de personas.

La razón fundamental por la que se situó a México en esa nueva posición se debe fundamentalmente a la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2007.

No obstante lo anterior, el Informe sostiene una vez más que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para prevenir y combatir este crimen, así como proteger a sus víctimas. Además, que hay una política inadecuada en la sanción judicial de la trata de seres humanos y que faltan recursos para la investigación y capacitación en todo el sistema; destaca el Informe que aún hay muy pocas visas humanitarias para proteger a las víctimas de la trata y no existen esquemas institucionales eficaces para detectar a probables víctimas en las estaciones migratorias.

Asimismo, más allá de estas valoraciones es de destacarse el hecho de que el Informe de este año pone el énfasis en uno de los temas clave en el combate a la trata, al asumir el asunto desde la perspectiva del consumo y sostener que, mientras no se combata con eficacia la demanda existente por parte de los tratantes, la lucha contra este crimen va a seguir resultando insuficiente.

En esa lógica, debe considerarse que, por el grado de sofisticación de este crimen, son precisamente las personas de ingresos medios y altos quienes tienen acceso a los servicios de los tratantes, tanto en el ámbito de la explotación laboral forzosa como en el de la explotación sexual comercial. Convertir a una persona en víctima de trata no es sencillo: se requieren procesos complejos para llegar a la comisión de crímenes como la falsificación de documentos, el secuestro, el robo de identidad, la corrupción policiaca y de autoridades aduanales y de migración, complicidad y corrupción de autoridades locales que autorizan el funcionamiento de establecimientos “disfrazados” en los que se cometen muchos de los delitos relacionados con la explotación sexual comercial, corrupción y omisión de autoridades en la supervisión laboral y protección de los derechos humanos y laborales, en particular de los trabajadores migrantes y en situación irregular.

En esa lógica, una de las vertientes más importantes para trabajar en nuestro país debe centrarse en las tareas de prevención. Hay que dar espacio a más campañas de comunicación que alerten a la población sobre los riesgos de convertirse en víctimas de la trata y que simultáneamente estén dirigidas a la construcción de una cultura para la paz, capaz de reconocer a las diferencias y que permita erradicar simultáneamente estigmas en contra de mujeres, niñas y niños. Al respecto hay que destacar que, de acuerdo con el documento Por una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso, de la OIT, en el mundo hay al menos 2.3 millones de víctimas de la trata de personas, 250 mil de ellas en América Latina. Quizá lo más aterrador de estas cifras es que, de acuerdo con el mismo organismo, más de 90% son mujeres, niñas y niños.

Se requiere generar también mayor información y conocimiento en torno a estos temas. Por ello es importante que la Jornada Mundial en contra del Trabajo Infantil, que dirige una de sus vertientes precisamente acerca de las peores formas de explotación infantil, sea tomada con seriedad por todas las autoridades relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la niñez y pueda servir como referencia para construir de nuevas rutas de prevención y sanción de este crimen, así como con miras a la adecuada protección de las víctimas.

Finalmente debe hacerse énfasis en que el reto primordial para solucionar éste y otros problemas sociales se encuentra en la reducción de la pobreza y la desigualdad: la OIT estima que la mayoría de las víctimas de la trata son mayormente vulnerables por sus condiciones socioeconómicas, las cuales las convierten en personas cuyos entornos de protección se fracturan y pierden capacidades para protegerse o prevenir el caer en estas redes criminales.
Nunca será suficiente volver una y otra vez sobre temas de la agenda social que son de la mayor urgencia y, ante los cuales, aun con los avances que se han logrado, resulta imperativo actuar con mayor contundencia, más rapidez, pero, sobre todo, con mucho mayor sentido de lo humano y, en consecuencia, de nuestros vínculos sociales más elementales.

lunes, 2 de junio de 2008

Pensar la violencia

Mario Luis Fuentes
Lunes 02 de junio de 2008

La violencia ha sido uno de los principales temas en la historia del pensamiento político moderno. En efecto, en sus orígenes, el pensamiento de la modernidad en torno a la figura del Estado parte del reconocimiento básico de que la constitución del poder estatal tiene como finalidad regular el conflicto entre los ciudadanos. Así, por ejemplo, la propuesta de Maquiavelo puede leerse en el fondo como una teoría del poder basado en el uso “racional” de la violencia y su control. Y Hobbes fundamenta la existencia del Estado a partir del reconocimiento de que los ciudadanos son violentos y es preciso regular su actuación.

Si se analizan con cuidado las ideas de éstos y otros autores, puede verse con claridad que en el fondo de sus propuestas lo que se encuentra son completas teorías e interpretaciones sobre la moral y el comportamiento social de las personas.

En todo caso, en todas las propuestas de los pensadores clásicos subyace la intención de no sólo atemperar y regular la violencia de las personas, sino de construir capacidades de intervención del Estado, para construir un orden social capaz de garantizar a todos niveles de bienestar e incluso felicidad a los integrantes de la comunidad política.

En esa lógica, sería prudente volver la mirada hacia el pensamiento complejo y tratar de construir, en nuestro contexto, nuevas capacidades para el Estado y sus instituciones con el fin de lograr, disminuir el conflicto, la violencia y el crimen, pero también para que esa configuración del Estado sea capaz de generar bienestar y calidad de vida a las personas.

En la lógica liberal de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, se construyeron poderosas visiones sobre cómo garantizar bienestar y seguridad simultáneos para los ciudadanos. Por un lado, se le asignaron al Estado tareas de defensa de la soberanía frente a otros países, así como la seguridad interna, y por otra parte, tareas tendientes a la promoción y la movilidad de los mercados.

Hoy nos encontramos en una peligrosa situación en la que la seguridad de las personas está realmente amenazada. Los altos niveles de violencia del crimen organizado y sus recientes amenazas, incluso a la sociedad civil, exigen de una intervención, no sólo judicial de las autoridades públicas, sino sobre todo en el ámbito social.

Por ello es inadmisible que aun ahora que los niveles de violencia han cobrado dimensiones inéditas, se siga considerando que la violencia no es un tema central para la política social. Por el contrario, debe entenderse que la presencia “masificada” de la violencia exige mayores niveles de cohesión y convivencia social.

Empero, lo anterior no puede construirse sólo con la intervención de las policías o de las Fuerzas Armadas. Se trata de que, de manera paralela, la política social se articule sobre dos ejes imprescindibles para nuestra mejorar nuestra realidad: la cohesión y convivencia sociales, y la plena integración de los que ahora permanecen excluidos del bienestar y la garantía de sus derechos.

El Informe del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños nos advierte acerca del hecho de que los altos niveles de violencia que persisten en contra de niños, niñas y mujeres, no serían posibles de no ser por una extensa “tolerancia social a la violencia”. Debemos comprender, ante esa afirmación, que no se trata de una frase grandilocuente, sino de una poderosa advertencia que bien podría marcar la ruta para nuevas intervenciones gubernamentales y en general de todas las estructuras de gobierno del Estado.

Al contrario de una visión como la anterior, el combate al crimen organizado se centra exclusivamente en contra del narcotráfico; pero hay otras amenazas igual de violentas y quizá más extremas, como la trata de seres humanos, que no se está combatiendo con la misma fuerza, aun cuando su presencia amenaza y fractura la convivencia, las capacidades de solidaridad y de convivencia entre las personas.

Frente a ello, la política social sigue circunscrita en el combate a la pobreza; la economía y su funcionamiento han sido reducidos a una limitada noción de “mercado” y dinámica monetaria; la prevención de riesgos sociales (adicciones, suicidio, accidentes, prevalencia del VIH, el cambio climático) se encuentra aún ausente de los objetivos y programas de las principales instituciones públicas. Y la noción de la seguridad pública ha sido igualmente circunscrita a una lucha cruenta entre las fuerzas del orden y algunos grupos de narcotraficantes.

Reconocer esta realidad debe llevarnos nuevamente al pensamiento ampliado; a no renunciar a los ejemplos de los clásicos, para comprender que la realidad social es mucho más compleja que lo que en ocasiones podemos procesar y que es necesario modificar y ampliar las capacidades del Estado y de la sociedad para enfrentar una nueva realidad de este siglo XXI, marcada por una violencia, que ahora sí puede calificarse como “generalizada” y frente a la cual es preciso intervenir con nuevas políticas sociales, nuevas políticas económicas y, desde luego, con la aplicación de toda la fuerza del Estado.