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lunes, 29 de junio de 2009

Una política social fragmentada

Lunes 29 de junio de 2009

Hay quienes sostienen que el problema de la pobreza y la desigualdad en México puede resolverse con una mejor gerencia social de la profundización de las llamadas “reformas económicas estructurales” e, incluso, por medio de lo que ya tenemos mediante el mejoramiento de las reglas y los procesos de operación de los programas sociales.

Mi percepción, y la de muchos otros, parte de una idea distinta: el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad dependen de la visión que se tiene tanto de lo que es el Estado como de lo que es el poder político; en ese sentido, es válido sostener que la visión imperante hoy en el mundo, y en nuestro país, asume que la pobreza es una cuestión carencial (de ingresos, insuficiencia de servicios, falta de capacidades), y no un elemento constitutivo de un modelo de desarrollo diseñado para que unos ganen mucho y las mayorías pierdan casi todo.

Desde una perspectiva como la que impera es consecuente diseñar estrategias de combate a la pobreza, caracterizadas por esquemas de transferencias de ingresos, algunas condicionadas, otras asignadas universalmente, a fin de que los individuos puedan incorporarse racionalmente al consumo en el ámbito de un mercado considerado infalible, neutro, eficaz y racional.

Siguiendo esa lógica, es natural que el gobierno, desde hace dos administraciones, haya apostado por un esquema de prestación de servicios sociales a los que se pretendió descentralizar en un modelo que puede caracterizarse en los términos que ha utilizado recientemente Rolando Cordera: de un “federalismo salvaje”.

Esta forma de concebir lo social ha derivado en una desarticulación de la política nacional de combate a la pobreza y, quizá, de manera no deseada, pero que ha generado también un juego, no sólo de libres fuerzas del mercado en la oferta de programas sociales, sino de impulsos e intereses políticos de todos los signos y colores que han visto en los programas sociales el mejor instrumento para fortalecer sus bases de apoyo social (electoral, si se quiere), así como mecanismos de legitimación política y ciudadano.

Como resultado de todo lo anterior, se ha perdido de vista el problema de fondo: reducir la pobreza y la desigualdad constituyen metas de un Estado social que se fija a sí mismo la responsabilidad de garantizar los derechos reservados a la sociedad que explícita o implícitamente están contenidos en su Constitución Política y, en la medida de lo posible, busca ampliar progresivamente ese marco de garantías que reconoce y otorga a sus ciudadanos.

Visto así, lo que México requiere no son procesos de mejora continua y reingeniería de programas y reglas de operación, como si se tratara de hacer más eficiente la producción de papas fritas.
Por el contrario, lo que se necesita es refundar el pacto social que nos da sentido como nación, bajo al menos tres ejes:

1) Garantizar universalmente los derechos sociales.
2) Promover la cohesión social.
3) Reformar las disposiciones jurídicas y las estructuras institucionales que permiten la reproducción de la desigualdad en la sociedad.

Reconstruir el pacto social no es entonces una tarea para técnicos capaces de diseñar las más avanzadas fórmulas econométricas que nos muestren que la tendencia hacia lo que se ha llamado en otro lado el “horror económico”, no varía en el tiempo.

Lo necesario hoy es un gran acuerdo político nacional en el que se asuma que no hay tarea más importante para el Estado que garantizar el bienestar y la calidad de vida para todas las personas.
En ese sentido, es preciso sostener que si ya tenemos suficiente evidencia de que el modelo de país asumido en los 30 años recientes nos ha llevado a crisis recurrentes y a la catástrofe social que implica que en 15 años no hayamos logrado reducir significativamente la pobreza, entonces lo que se hace urgente no es revisar los programas implícitos en ese modelo de país sino construir otro que nos sitúe lo más rápido posible en condiciones de garantizar equidad para todos los mexicanos.
El combate a la pobreza depende de la visión que se tiene tanto de lo que es el Estado como de lo que es el poder político.

martes, 23 de junio de 2009

Trata de Personas: Corrupción e Impunidad











Por un México Social

22 de junio de 2009

“México requiere una reforma social”; así se inicia el documento que signamos 57 académicos del Seminario Universitario de la Cuestión Social de la UNAM, un espacio que en los últimos cinco años ha impulsado un debate permanente con funcionarios, legisladores y expertos, sobre cómo trazar una ruta para la reforma social del Estado. Lo que se busca es generar un diálogo permanente y sistemático y público, para impulsar consensos sobre la necesidad de una profunda reforma dirigida a construir equidad.

El llamado que hace el manifiesto está dirigido al Congreso, al gobierno y a los principales actores políticos del país, para construir un mecanismo permanente y sistemático de diálogo que nos lleve a una serie de reformas constitucionales, legales e institucionales, para generar un México eminentemente social.

Lo mínimo aceptable es el cumplimiento de garantías individuales: educación universal, laica y gratuita, en lo cual tenemos la posibilidad de que en los próximos cinco años podamos ampliarla al bachillerato con una cobertura universal. Sólo esta acción nos reposicionaría en el ranking de competitividad y daría acceso a mejores condiciones para el desarrollo y el combate a la pobreza.

En salud, implicaría modificar el esquema de división en distintos sistemas, y crear uno universal de coberturas ampliadas con acceso a medicinas gratis o muy baratas.

En alimentación, urge la reforma constitucional en seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Hace dos legislaturas se aprobó por unanimidad una minuta en la Cámara de Senadores, misma que fue enviada a la de Diputados, en donde el PAN y los grupos reaccionarios del PRI la congelaron. Valdría la pena rescatarla a fin de modificar los artículos 27 y 4º constitucionales, lo cual sentaría mejores bases para un desarrollo humano y social integrales. La premisa que sustenta esta idea es simple: garantizar a todos, en todo momento, los alimentos inocuos y nutritivos necesarios para la vida y la salud.

El combate a la pobreza requiere un urgente replanteamiento. El programa Oportunidades no alcanza ya para romper los ciclos generacionales de miseria ni para prevenir o mitigar fenómenos de alta complejidad, como la violencia doméstica, las adicciones y otros más graves, como la explotación sexual de menores, problemáticas ante las que poco tenemos para actuar con la celeridad requerida.

La desigualdad es el telón de fondo. Por ello se requiere el replanteamiento de la política fiscal, a fin de darle un cariz verdaderamente redistributivo y que logre además establecer cargas justas a una amplia base de contribuyentes en función de los beneficios y de las tareas sociales desempeñadas.

Lo anterior muestra además la urgente necesidad de modificar la estructura del gobierno. El diseño de una administración pública sectorial respondió a una lógica del poder del siglo XX y de un régimen no abierto y corporativo. Hoy, la consolidación de nuestra democracia pasa por una reforma que asigne claramente responsabilidades y capacidades de planeación, coordinación y ejecución de presupuestos y programas, con criterios dirigidos a reestructurar el mundo del trabajo, dinamizar la economía y distribuir de manera justa la riqueza social.

Como puede verse, la construcción de un diálogo político en serio es indispensable con miras a crear un modelo para una reforma social del Estado. No se trata de modificar programas y reglas de operación o de impulsar modelos gerenciales o estrategias de refuncionalización y reingeniería institucional. Lo que urge es un diálogo de altura entre los principales actores políticos: los Poderes de la Unión, gobiernos estatales y congresos locales, a fin de consensuar, desde el pluralismo, una visión compartida de una nación justa e incluyente.

Hanna Arendt advertía, desde hace tiempo, que en nuestras sociedades hemos cambiado el trabajo por el laborar, troceándolo en minúsculas partículas que han llevado a la fractura de lo humano.

Esta no puede ser la divisa corriente de México. Por ello, el llamado de la UNAM es importante y urgente que los políticos no hagan oídos sordos. En un diálogo de este calibre va la posibilidad de pasar de un país de injusticia, a uno deliberadamente construido para la inclusión.

Si quiere conocer el documento, puede acceder a la siguiente liga: http://www.cuestionsocial.unam.mx/documentos/ponencias/mexsocial/manifiesto.pdf

martes, 16 de junio de 2009

Accidentes en niños: muertes evitables



¿Qué nación queremos?


15 de junio de 2009

La tragedia de Hermosillo nos deja muchas lecciones. Quizá la más importante es que esta horrible experiencia debe hacernos preguntar qué estamos haciendo en lo social y cuáles son los criterios con los que estamos decidiendo lo que corresponde hacer a cada uno.

Ello implica una visión del poder y, por supuesto, una noción con respecto al Estado, el gobierno y el mercado. En esa medida, saber qué funciones, atribuciones y alcances se le da a cada una de esas esferas.

Resumiendo, habría dos maneras de entenderlo: la primera, desde la que el Estado se concibe como una estructura política con funciones circunscritas a la administración de la justicia y la seguridad pública, a la regulación de variables macroeconómicas y a la gestión gerencial del gobierno para administrar “programas públicos mínimos”, con la idea de que el Estado es un promotor de la economía y el mercado un gran regulador de la vida social.

Desde la segunda visión, insistiendo en que se trata de una reducción, el Estado se entiende como la gran estructura jurídica fundamental, que tiene como responsabilidad construir esferas de justicia, delimitadas por posiciones éticas relacionadas con la idea de que las personas deben ser asumidas como fines en sí mismas y no medios para alcanzar cualquier otro tipo de fines.

En este caso, el Estado es garante de derechos; en la primera visión se entiende que resulta un simple proveedor o administrador de bienes y servicios.

Desde la posición que asume que el mercado es el principal regulador de la vida social, los criterios según los cuales se deciden los ámbitos de intervención del Estado son los de rentabilidad, ganancia y eficiencia de la administración pública. Así, los servicios sociales se miden por inversión, rentabilidad, ahorro y resultados.

Por el contrario, cuando se asume que el Estado es el principal responsable de garantizar los derechos sociales, los criterios de funcionamiento institucional están relacionados con la garantía de la dignidad, independientemente de su costo.

Visto así, sin duda alguna los recursos estatales pueden usarse con transparencia y racionalidad. No es cierto que asumir un Estado garante de derechos implique despilfarro, desorden fiscal, deuda pública, bajo crecimiento o inflación. Eso ya lo tenemos, sin un modelo de bienestar. Un Estado garante de derechos convoca a la sociedad a construir pactos sociales, como una reforma fiscal para ampliar la base gravable y distribuir de manera justa los costos del bienestar.

Para poner en contexto la tragedia de Hermosillo es importante destacar que el tema de la subrogación de los servicios del IMSS corresponde a la primera visión: como es más barato y no se pagan prestaciones sociales a más trabajadores, se evita incluso engrosar el peso del Estado; y como los privados tienen más capacidades que el sector público, entonces hay que pagarles con los recursos del erario para que, con base en criterios de rentabilidad económica, se cuide a los niños.

Lo que está en el fondo es qué tipo de Estado requerimos para decidir qué tipo de nación estamos dispuestos a construir. Lo que se necesita, creo, es un nuevo pacto social basado en un consenso político que permita ir hacia un Estado social de derecho, en el que las personas sean vistas como portadoras de dignidad y atribuciones.

Necesitamos un Estado que asegure la universalidad de nuestros derechos, independientemente de la condición laboral; y también en donde esa condición no sea determinante de la calidad de los servicios; es decir, no es aceptable que haya de distinta calidad para los pobres, los menos pobres y las clases más favorecidas.

Necesitamos asumir que hacen falta cuando menos tres grandes reformas: la ecológica, para garantizar la viabilidad de la vida; la económica y fiscal, con el fin de generar los empleos dignos requeridos y orientar el crecimiento hacia la equidad y, la social, con el propósito de reorientar los criterios de distribución de los beneficios sociales para la ampliación constante del bienestar.

Esto nos daría la oportunidad de aspirar a una nación incluyente y no a una en la que el ahorro de unos cuantos pesos nos sigue costando la vida y la felicidad de millones.

viernes, 12 de junio de 2009

Entrevista a Mario Luis Fuentes Imagen Informativa por Jorge Fernández Menéndez

Entrevista a Mario Luis Fuentes en Imagen Informativa por Jorge Fernández Menéndez en Imagen Informativa 90.5 FM

Junio 11, 2009

http://www.imagen.com.mx/audio/2200/

martes, 9 de junio de 2009

lunes, 8 de junio de 2009

La atrocidad del trabajo infantil

Lunes 8 de junio de 2009

EI 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, a fin de hacer un llamado a la comunidad internacional para acabar con esta figura aberrante del mundo económico contemporáneo.

Sobre el tema hay dos posturas predominantes: la “abolicionista” desde la cual se llama a erradicar todas las formas de trabajo infantil, en particular aquellas que han sido denominadas por la OIT como las “peores formas de explotación infantil”— y la que reconoce que el trabajo infantil, cuando se realiza en condiciones de seguridad, es tolerable en la medida en que pueda contribuir a su formación en los valores de esfuerzo y disciplina.

Sin afán de polemizar, estoy convencido de que en una sociedad en la que los derechos a la vida, la educación, la salud y la alimentación se cumplen a cabalidad, no habría ninguna necesidad de que los niños tuvieran que incorporarse a ninguna actividad laboral a fin de aprender el valor del trabajo. Eso puede enseñarse a través de la disciplina y las prácticas de cooperación en el hogar.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el módulo de trabajo infantil, más de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en México, debido a que en sus hogares no hay ingresos para llevar una vida digna, o porque vieron suspendido su derecho a la educación o cualquier otro de sus derechos fundamentales.

Hay también una cantidad inaudita de niñas y niños utilizados y abusados en prácticas aberrantes como explotación sexual, trata de personas, matrimonios forzados, adopciones ilegales, trabajo nocturno y múltiples ocupaciones que los sitúan en graves condiciones de vulnerabilidad, como trabajo en jornales agrícolas, minería, recolección de basura, alfarería y artesanales —casi todas de bajos ingresos— en las que las y los menores se ven involucrados por carencias familiares y la ausencia de infraestructura social básica que los proteja mientras sus padres trabajan.

La migración es otro de los fenómenos asociados al trabajo infantil. Alrededor de 800 mil infantes viajan anualmente en movimientos migratorios estacionales siguiendo las rutas de cultivos y cosechas por el centro, occidente y norte del país, desprotegidos y excluidos de las políticas públicas. Así ocurre por ejemplo con el programa Oportunidades, en el cual no se ha tenido la capacidad de incorporar a las niñas y niños trabajadores jornaleros agrícolas. Lo lamentable de todo esto es que a pesar de las recomendaciones reiteradas de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras instancias especializadas, no contamos con información, ni suficiente ni confiable, en torno a cuántos menores viven el infierno de la explotación.

Debe reconocerse que, ante la crisis, lo más probable es que la deserción escolar crezca, los hogares se vean obligados a incorporar a más perceptores de ingreso al mercado laboral, incluidos niñas y niños, y por la presión del trabajo, los menores que laboren lo harán en condiciones de vulnerabilidad, realidad aterradora e intolerable.

El problema de fondo no consiste en sólo diseñar nuevos programas para construir guarderías en los campos agrícolas, o garantizar niveles de supervivencia a las niñas y niños que viven o trabajan en situación de calle. Se trata de dar un vuelco a la noción del desarrollo sobre la que se ha fincado la acción del gobierno en los últimos 30 años, y de dar el paso de una vez por todas hacia un modelo de crecimiento diseñado para garantizar equidad social.

Esta administración no cuenta con una política de protección y garantía a los derechos de la niñez; tampoco la tienen las entidades de la República. Así, en las condiciones de pobreza, desigualdad y marginación en que vivimos, puede decirse que México sigue siendo un lugar inapropiado para los niños; y esa es una lacerante realidad que no podemos mantener.

Por ello, no se trata de decir sólo que en los niños está nuestro futuro. Más nos valdría reconocer que aunque no fuese así, protegerlos constituye un imperativo ético a todas luces irrenunciable.

No se trata de decir sólo que en los pequeños está nuestro futuro. Más nos valdría reconocer que protegerlos constituye un imperativo ético.

martes, 2 de junio de 2009

Michoacán: el narco y la miseria


Campañas vacías

1 de junio de 2009

Una democracia sin un diálogo político fructífero es una calamidad. También, una democracia en la que por falta de ese diálogo, las y los ciudadanos creen en su mayoría que no viven en un régimen democrático y menos de 10% dice tener “mucha confianza” en las instituciones que con mayor credibilidad pública debieran contar: legisladores, jueces y policías.

La pobreza no ha menguado en los últimos 15 años y lo más que se ha logrado es reducirla por periodos muy cortos, para regresar, en una especie de marea social trágica, a lo que pretendíamos haber superado con políticas que hoy evidencian estar desbordadas y sin capacidad para afrontar las dimensiones de la crisis que amenaza con hacer trizas las frágiles estructuras de bienestar del país.

La desigualdad sigue siendo el mayor de los males sociales; los niveles de ingreso siguen polarizándose entre las clases que más tienen y los grupos más desfavorecidos. La banca social ha desaparecido; el agio y la usura hacen presa de los muy necesitados y las brechas entre las regiones urbanas y las rurales y, sobre todo, ante las comunidades indígenas, se ensanchan cada vez más.

El campo mexicano es un desastre. Los efectos del cambio climático, expresado en sequías y lluvias torrenciales principalmente, las primeras en el norte y el centro del país y las segundas en el sursureste, han hecho manifiesta la vulnerabilidad del país en materia de seguridad alimentaria y capacidad de producción agrícola.

Ante ello, los programas Procampo, Alianza para el Campo, Aserca y otros están diseñados fundamentalmente desde una perspectiva de asistencia social que ya no alcanza para detonar procesos de reconversión que permitan además contribuir a superar la pobreza alimentaria rural, que afectaba en 2006 a más de nueve millones y que, ante la crisis de insumos que se vive desde 2007, habrá que esperar los nuevos cálculos para saber la magnitud en la que seguramente ya se ha acrecentado.

Los escenarios de violencia generalizada, el crecimiento de crímenes como la trata de personas, los feminicidios, la pornografía infantil a través de internet, los delitos sexuales y la violencia contra niños y mujeres, son sin duda síntomas graves de la descomposición social que sirve como telón de fondo a la crisis de la democracia.

Crisis. Esa es la palabra que debemos comenzar a atrevernos a pronunciar cuando hablamos de democracia. La tremenda desconfianza con respecto al resultado electoral de 2006; la destitución de los consejeros del IFE, incluido su presidente; y el actual escenario de abstencionismo que según algunas encuestas puede rozar 70%, no pueden ser catalogados sino así: una crisis democrática a sólo 12 años del primer proceso electoral que arbitró un órgano de Estado ciudadanizado.

Frente a ello, no hay propuestas que puedan ser catalogadas como serias en este proceso electoral. Incluso en las entidades en las que se elegirá a gobernadores, las plataformas de campaña son huecas; sin capacidad de procesar la complejidad y sin la posibilidad de generar alternativas para un desarrollo social y humano sostenido.

¿Cuál es la agenda legislativa de los partidos con mayor presencia territorial y electoral? Si es lo que hay en sus documentos básicos, el país está en problemas. Si es lo que vemos en comerciales propagandísticos y panfletos en los medios, el escenario se vuelve terrorífico.

Esperar de la clase política una renovación interna es ilusorio. Por eso urge construir mayores capacidades ciudadanas de ejercicio y exigencia de derechos; nuevos liderazgos para que, desde la ciudadanía, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, puedan emerger nuevos liderazgos capaces de transformar o, al menos, de intentar cambiar las estructuras de corrupción, incapacidad y parálisis institucional que nos tienen atrapados.

Se ha dicho que modificar la ley para permitir el voto a ciudadanos sin partido no debe hacerse porque puede infiltrarse el narcotráfico. Con los niveles de corrupción actuales, este argumento es ridículo e insostenible.

Nuestra democracia se encuentra en crisis y es momento de llamar a la imaginación, al compromiso, a la vocación de servicio público y a un profundo sentido de patria, para tratar de salvar lo que aún tenemos y reconstruir en lo inmediato capacidades para la inclusión social.

La desigualdad sigue siendo el mayor de los males sociales; los niveles de ingreso siguen polarizándose entre las clases que más tienen y los grupos más desfavorecidos.

Democracia: dudas y desconfianza


Cinismo


Lunes 25 de Mayo de 2009

Uno de los argumentos que con mayor fuerza se ha esgrimido frente a la recesión económica global es que hace falta reconstruir capacidades del Estado para atemperar las fallas estructurales del mercado en la distribución de recursos y la generación de condiciones que facilitan acumular la riqueza en unas cuantas manos.

La desigualdad producida por un mercado injusto y diseñado para que unos ganen y las inmensas mayorías pierdan, es un reto mayor para los economistas sí, pero, sobre todo, para los políticos.

Una crisis y un desajuste de los mercados internacionales como el actual obliga a generar procesos de imaginación y rediseño del gobierno, a fin de no sólo atemperar los efectos recesivos ya traducidos en una masa de más de dos millones de desempleados, sino impulsar una rápida recuperación creando sostenidamente empleos dignos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en México fuimos capaces de proponer lo que se llamó “un crecimiento a la mexicana”, que dio pie al “milagro mexicano”. La decisión de “crecer hacia adentro”, en buena medida nos dio la posibilidad de construir durante los cincuenta y hasta la primera mitad de los 70, la mayoría de las instituciones de seguridad social y de servicios sociales que hoy nos han permitido enfrentar problemas como el de la epidemia de influenza humana.

En ese sentido, importa considerar que la recuperación luego de la crisis de 1995 se logró en un contexto de crecimiento económico acelerado en Estados Unidos. No debe olvidarse que los ocho años del gobierno de Clinton constituyen el periodo de mayor crecimiento económico de ese país después de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy la economía estadunidense se encuentra en recesión y allá se diseñan nuevas estrategias para detonar el crecimiento, a base de medidas relacionadas con una visión de hacia dónde se quiere transitar como modelo de desarrollo en el siglo XXI.

Las más interesantes y promisorias se encuentran, por un lado, en la reforma a la seguridad social, por otro, en una profunda reforma al sistema educativo, de la mano de una poderosa inversión en ciencia y tecnología y, finalmente, una profunda reforma al sector energético, a fin de hacer frente al cambio climático y el calentamiento global.

Todas esas decisiones requieren una visión de país y una visión-mundo. Lo que exige al mismo tiempo una “sacudida” al sistema político como el que se vivió en EU con el triunfo de Barack Obama.

En México, por el contrario, estamos atrapados en medio de los cinismos de la clase política. Las entrevistas, acusaciones y vinculaciones de distintos políticos con el narcotráfico no son sino el resultado de la fractura ética de ese sector en su conjunto.

La corrupción tenía como característica ser relativamente invisible, porque así se garantizaba la impunidad de quienes la cometían. Hoy, sorprendentemente, se da a plena luz del día y ante los ojos de todos y no pasa nada, porque pareciera que hoy los códigos operantes, antes que de lealtad al país, son de complicidad y contubernio, lo cual implica, se insiste, grados mayores de cinismo.

La clase política está desbordada. No hay un liderazgo que se perciba como aglutinador de una nueva forma de pensar y sentir a México. La renovación generacional se confundió desde hace ya varias décadas con un mecanismo hereditario del poder y se convirtió en un proceso que patéticamente emula una rancia aristocracia con un mal disfraz democrático. Buscar el poder para cederlo con base en el nepotismo y el compadrazgo es cínico, porque cierra la posibilidad de que perfiles de honestidad y capacidad le sirvan al país y, con ello, tratar de reconstruir un poderoso sentido de nación.

Ante la magnitud de los retos que aquí se apuntan, la clase política se muestra en su tamaño y dimensión en una guerra electoral medida por anuncios publicitarios en donde, a pesar de lo que digan, está caracterizada por la mentira, el odio y el desprestigio del adversario. Las propuestas no existen y no pasamos de una vulgar retórica que busca hacernos creer que están comprometidos con el bien común.

Tal vez por eso un payaso puede tener un noticiario “serio” con un alto grado de audiencia pública: quizá porque es el espejo en el que nuestra clase política se mira.

La desigualdad producida por un mercado injusto es un reto mayor para los economistas sí, pero, sobre todo, para los políticos.

Infraestructura escolar: los riesgos para la salud


La ausencia


18 de mayo de 2009

Ante el evidente crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que estamos viviendo en 2009, surge la pregunta: ¿en dónde está la propuesta del gobierno, a través de su Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para hacer frente al Tsunami social que ya tenemos encima y está generando nuevas tragedias familiares expresadas en la pérdida del empleo e incluso bienes patrimoniales tan importantes como las viviendas?

Sostener que sólo se mantendrá la operación de los programas sociales que viene aplicando la Sedesol es una incomprensión del contexto, la dimensión y la complejidad que implica que, en sólo 15 años, los mexicanos padeceremos dos severas crisis económicas, las cuales, a estas alturas, da lo mismo si “vinieron de afuera” o se originaron en el país, pues la consecuencia será la misma: más dolor y miseria para millones de mexicanos.

La fractura del mundo del trabajo no es una novedad. La fantasmagórica figura de la informalidad nos ha perseguido de manera creciente desde 1995 y hoy ha llegado a niveles insostenibles que han orillado al Estado a condiciones de flaqueza hacendaria, insuficiencia de recursos, y a un acelerado desgaste de la infraestructura y de las capacidades nacionales para generar bienestar social.

Por ello debe insistirse en que una nueva política social hay que centrarla en la categoría del trabajo y ser su objetivo construir un modelo de crecimiento incluyente y que promueva cumplir en pleno los derechos sociales.

Debido a ello, es pertinente destacar que el descrédito en que viven el gobierno y los partidos no es menor. Según la ENCUP, 2008, 49% de los mexicanos cree que “estamos más cerca de un gobierno que se impone” que de uno que consulta a la gente. Por su parte, 58% de la población se dice poco o nada satisfecha con la democracia, lo cual coincide con el bajo nivel de confianza en las instituciones, en particular los partidos, ante los cuales más de 70% de la población muestra poca o ninguna confianza.

Estos datos obligan a repensar las estrategias con las que cuenta el Estado para garantizar los derechos sociales, pues es manifiesto que, ante la pobreza y la desigualdad prevalecientes, hay un real malestar social, que no se va a revertir simplemente haciendo más de lo mismo.

Evidentemente, el Programa Oportunidades está desbordado en sus capacidades, no sólo para enfrentar la crisis, sino cumplir con el propósito esencial por el que fue creado: romper con los círculos intergeneracionales de la pobreza.

La gran ausencia cada vez más evidente es carecer de una propuesta renovada para el desarrollo social, la generación de empleo digno, el rescate del mundo rural e indígena, mitigar el impacto del cambio climático y reconstruir los sistemas nacionales de educación y de salud.

Una nueva política social no puede ser omisa de la compleja agenda del siglo XXI, que está marcada por la discriminación, la violencia en los hogares y en la calle, las adicciones, la migración, el rezago en infraestructura, el trabajo infantil, la pérdida de confianza y la ruptura del capital social.

Por ello, es inaceptable que, ante la posibilidad de que en este año rebasemos la escalofriante cifra de 50 millones de pobres, se perciba cada vez con más fuerza el rumor de que el titular de la Sedesol, como muchos de sus homólogos en las entidades, se encuentran ocupados, más en la reflexión y operación política y electoral que en la construcción de una nueva estrategia que permita detonar de una vez por todas procesos de inclusión, equidad y justicia social para los mexicanos.

Construir gobierno es una actividad propia de la política, para generar consensos y legitimidad. Lo grave para nuestro país es que pareciera que esa posibilidad está cancelada: se dialoga poco con quienes piensan diferente y menos aún con quienes asumen una franca oposición.

En una sociedad dividida, son el Estado y sus instituciones los responsables de propiciar la reconciliación, la unidad y el diálogo franco en aras de acercar las diferencias y de construir proyectos compartidos para la equidad y la dignidad.

Esta nueva crisis económica y social va a generar nuevos excluidos y es momento de dejar en claro, sin maniqueísmos, de qué lado se está. A mí me parece que lo ético es construir una nueva plataforma de justicia ante las víctimas; lo demás constituirá un grave despropósito.

Una nueva política no puede ser omisa de la compleja agenda del siglo XXI, que está marcada por la discriminación.