Mario Luis Fuentes

Seguridad pública, ciudadanía y desarrollo (1/2)

2011-04-14T09:11:00.000-07:00

Seguridad pública, ciudadanía y desarrollo (2/2)

2011-04-14T09:09:00.000-07:00

Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI (1/2)

2011-04-14T09:07:00.001-07:00

Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI (2/2)

2011-04-14T09:04:00.000-07:00

México frente a la crisis (1/2)

2011-04-14T09:02:00.000-07:00

México frente a la crisis (2/2)

2011-04-14T08:57:00.000-07:00

La cuestión social: superación de la pobreza y política social a 7 años de Copenhague (1/2)

2011-04-14T08:55:00.000-07:00

La cuestión social: superación de la pobreza y política social a 7 años de Copenhague (2/2)

2011-04-14T08:53:00.000-07:00

Filantropía y acción solidaria en la historia de México (1/5)

2011-04-14T08:47:00.001-07:00

Filantropía y acción solidaria en la historia de México (2/5)

2011-04-14T08:44:00.000-07:00

Filantropía y acción solidaria en la historia de México (3/5)

2011-04-14T08:42:00.001-07:00

Filantropía y acción solidaria en la historia de México (4/5)

2011-04-14T08:39:00.001-07:00

Filantropía y acción solidaria en la historia de México (5/5)

2011-04-14T08:33:00.000-07:00

El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México (1/3)

2011-04-14T08:29:00.001-07:00

El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México (2/3)

2011-04-14T08:26:00.000-07:00

El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México (3/3)

2011-04-14T08:21:00.001-07:00

El mundo del trabajo y la exclusión social (1/2)

2011-04-14T08:18:00.001-07:00

El mundo del trabajo y la exclusión social (2/2)

2011-04-14T08:14:00.000-07:00

Cosecha de palabras (2004-2009)

2011-04-07T09:48:00.000-07:00

La Cuestión Social

2011-01-17T08:45:00.000-08:00

Busca la publicación semanal del periódico Excelsior, la cual es comentada todos los martes en el espacio "México Social" en el programa de radio "Imagen Informativa" en 90.5 FM.

Violencia y cohesión social

2009-12-22T11:20:00.000-08:00

Mario Luis Fuentes
Lunes 21 de diciembre de 2009

Hay en todo el país una violencia creciente. Lo que debemos tener en claro es que se trata, no sólo de la generada por el crimen organizado, sino de la que se ha instalado en prácticamente todos los espacios de la vida social.

No hay una ciudad o localidad del país en la que los episodios de violencia no sean recurrentes; así lo evidencian los registros administrativos y estadísticos disponibles: robo a transeúnte, homicidios, suicidios, muertes por accidente; delitos sexuales, etcétera.

Al lado de ello habría que pensar, parafraseando a Michael Foucault, en la existencia de una microfísica de la violencia: esto es, de actos violentos que, por su aparente “normalidad”, pasan desapercibidos y se han instalado como parte del paisaje social cotidiano de nuestras sociedades.
Las agresiones verbales hacia las mujeres, de algún modo “normalizadas” en la figura del piropo, son una muestra de la prevalencia del estereotipo del cuerpo de las mujeres, como simple objeto de deseo y de posesión, con lo que se reproduce diariamente una serie de ejercicios de microviolencia, que no por ello dejan de constituir un acto de maltrato.

La violencia ejercida contra las niñas y los niños, en muchos casos cometida por omisión de cuidados o sanciones crueles, son otras de las facetas de la violencia cotidiana. Como ejemplo baste citar los casos de niñas y niños que son encadenados o encerrados mientras los padres salen a trabajar o bien de niñas y niños que son víctimas del castigo corporal como una de las formas extendidas de supuesta educación.

La exclusión social de los millones de jóvenes de entre los 15 y los 29 años y no han tenido la oportunidad de trabajar o de recibir educación de calidad, es otra de las formas cotidianas de violencia que forman parte de una extraña “normalidad social”, en la que pareciera que no queda otra salida sino la resignación o la incorporación a nuevas formas de identidad y agrupación que pasan, en algunos casos, a las filas de la ilegalidad.

Así, el caso de los jóvenes que incendiaron automóviles en la Ciudad de México es una clara muestra del desbordamiento de la violencia que se ejerce en todos lados, todos los días, en un peligroso juego de “unos contra otros”.

Esta microfísica de la violencia cotidiana pareciera ir de la mano con la otra violencia, ésta, sádica, que se expresa en acciones como las fotografías tomadas a un capo de la droga muerto, en las que se cubre su cuerpo con billetes ensangrentados. Lo peor en este caso es que fue la autoridad la que construyó la escena, tomó las fotografías y las filtró a los medios de comunicación.
En un escenario así, la pregunta clave es cómo poder generar cohesión social. Porque, si a esta microfísica de la violencia se añaden los datos de la pobreza y el rezago social, lo que se tiene es un escenario desolador ante el cual el paisaje institucional se ve, no sólo árido, sino desbordado en sus capacidades de reacción e intervención.

Debemos comprender que el estallido social ya está aquí; dio inicio con la ruptura del orden constitucional. Con la constante violación e incumplimiento de las garantías individuales; la pertinaz corrupción y la presencia descontrolada de grupos del crimen organizado que atentan, cada vez de manera más abierta y desafiante, contra la sociedad y, sobre todo, contra las instituciones.

Debemos comprender que el estallido social ya está aquí; dio inicio con la ruptura del orden constitucional.

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Migración y Remesas

2009-12-22T11:14:00.000-08:00

Linchamiento y revuelta

2009-12-14T08:13:00.000-08:00

14-Dic-2009

El más reciente, ocurrido el jueves, culminó precisamente con varias patrullas destruidas e incluso se le prendió fuego a una.
El 6 de diciembre de 2008 se registró la muerte, a manos de la policía, de un joven griego que participaba en una manifestación estudiantil en su país. Esta acción detonó una movilización violenta de estudiantes que duró varias semanas de disturbios y enfrentamientos entre jóvenes y la policía.
Este escenario, en el que el uso excesivo de la fuerza policial detona una crisis social, no es ajeno a la realidad de nuestro país, y su posibilidad latente debería alertarnos, no para incrementar la capacidad de reacción de las fuerzas públicas, sino con el fin de revertir las condiciones que pueden dar pie a una acción como la que se ha visto en países europeos en los últimos dos años.
En la última semana ha habido tres intentos de linchamiento de presuntos delincuentes, que terminan con fuertes agresiones en contra de las policías. El más reciente, ocurrido el jueves, culminó con varias patrullas destruidas e incluso se le prendió fuego a una de ellas.
Lo sintomático de los intentos de linchamiento es que muestran el nivel de malestar social. No se puede justificar que la población se haga justicia por su propia mano, pero también es cierto que los fenómenos de violencia social responden a todo, menos a la lógica jurídica y del orden público.
Así, lo que me parece que no se ha acabado de comprender a cabalidad es que detrás del intento de linchamiento en contra de los presuntos delincuentes, se trata de un tremendo rechazo a la autoridad. Habla de una profunda desconfianza de la población pero, sobre todo, de un agravio mayor que implica asumir que es la autoridad la que ha provocado los niveles de delincuencia, ya sea por omisión o, peor todavía, por complicidad.
No es menor que una turba intente asesinar a golpes a un integrante de la policía. Se supone que, en una sociedad democrática, formar parte de cualquier corporación policiaca es sinónimo de confianza ciudadana.
En México ocurre al revés. Roy Campos presentó en 2008 una encuesta en la que muestra que, entre 14 instituciones evaluadas, la policía se sitúa en el peor lugar, el 12, con una calificación de 5.9 en una escala de 10, en el índice de la confianza ciudadana.
Se ha dicho que en México es posible un estallido social y que una revuelta es probable en la medida en que se agudicen los indicadores de rezago de la sociedad y de fractura de la cohesión social.
Ante ello, es preciso destacar que los datos sobre la pobreza en México, que fueron dados a conocer por el Coneval el jueves 10 de diciembre, deberían constituir un signo de alerta porque, aun sin recoger el severo impacto que la crisis económica tuvo en el bienestar de los mexicanos en 2009, son una evidencia mayor de que las cosas no están funcionando bien.
No es con discursos como se van a solucionar nuestros problemas. Se requiere reconocer que la calidad de los servicios sociales es muy mala; que hay rezagos inaceptables en cobertura; que la economía no es capaz de generar empleos, y que la política económica no está diseñada para la redistribución justa del ingreso.
Ante esta realidad, el desgaste de las autoridades resulta evidente. Por ello se puede afirmar que, en los intentos de linchamiento que hemos visto, la revuelta ya comenzó. Lo urgente es evitar que se desborde y la mejor manera de hacerlo consiste en generar justicia e inclusión social.
No es con discursos como se van a solucionar nuestros problemas. El desgaste de la autoridad es evidente.
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La pobreza y los drechos humanos

2009-12-08T08:51:00.000-08:00

Lunes, 07 de diciembre 2009

Tan importante es la garantía de la libertad de expresión como el cumplimiento del derecho a la educación.
Vivir en la pobreza implica ser víctima de la violación de diferentes derechos humanos. En efecto, carecer de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, vestido y transporte, por citar sólo algunas dimensiones, implica el incumplimiento de los derechos humanos.
Por esta razón, resulta cuestionable la actual tendencia a medir y, con base en cálculos matemáticos, sostener que hay tres tipos de pobreza, a saber, de acuerdo con las mediciones del Coneval, pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio.
Desde mi punto de vista, la segmentación de la pobreza con base en criterios basados en niveles carenciales es contraria a una noción comprensiva de los derechos humanos porque, en sentido estricto, ninguno de los derechos podría superponerse o ser considerado con un mayor rango de importancia que los demás.
Lo anterior implica reconocer una relación de interdependencia de los derechos humanos: es decir, tan importante resulta la garantía de la libertad de expresión como el cumplimiento del derecho a la educación, a la salud o a la vivienda digna, porque el incumplimiento de uno de ellos alteraría el cumplimiento o la afectación al cumplimiento de los demás.
Tengo la impresión de que la medición de la pobreza, basada estrictamente en la estimación de ingresos insuficientes para adquirir cierto nivel de satisfactores, responde a una visión, del poder y de la política, desde la cual las personas somos percibidas como fragmentadas o, peor aún, hemos sido reducidas a la tan temida unidimensionalidad advertida por Marcuse en la década de los 60.
Considerar que se es “relativamente menos pobre” cuando se sitúa a una persona en pobreza patrimonial, frente a una en pobreza de capacidades, constituye un grave error conceptual, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues implica de inmediato asumir que la garantía de la educación, la salud y la alimentación es más relevante que la garantía de una vivienda decorosa, de un trabajo digno o de un medio ambiente sano.
Un debate que parta de estas consideraciones y profundice en el mandato que la ley le da al Coneval en materia de evaluación de la política social y en medición de la pobreza, es indispensable porque el impacto que esto tendría en el diseño de las políticas y programas para el desarrollo social sería mayor.
No es lo mismo construir un programa que impacte sobre todo en los indicadores considerados como estratégicos en la medición de la pobreza cuando ésta se considera como insuficiencia de
ingresos, que diseñar uno que exigiría una política pública anclada en la noción del cumplimiento universal, transversal y simultáneo de los derechos humanos.
Asumir una definición de la pobreza, orientada en función del grado de incumplimiento de los derechos humanos, permitiría incluso transitar hacia lo que muchos hemos exigido desde hace años: de un modelo de gobierno reducido a la gerencia de programas y a la mínima regulación de los sectores estratégicos para el Estado, a un modelo de gobierno que busca garantizar los derechos humanos y para lo cual diseña instituciones fuertes capaces de orientar y establecer la rectoría estatal en sectores clave para el desarrollo.
El Día Internacional de los Derechos Humanos, cada 10 de diciembre, debería ser un motivo de convocatoria para reabrir el debate académico y político sobre cómo entender la pobreza, porque de ello depende, en buena medida, la capacidad de transformar a las instituciones con la finalidad de garantizar inclusión, equidad y justicia social.

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Una convocatoria limitada

2009-11-30T08:12:00.000-08:00

Lunes, 30 de noviembre 2009

El discurso oficial sobre la pobreza parece asumir que, una vez nombrándola, ésta va a ser exorcizada.
La propuesta de combate a la pobreza presentada esta semana por el gobierno federal sorprendió a todos, por una visión en que redujo lo social y porque está sustentada en un diagnóstico cuestionable, antes que en un acuerdo político previo de largo alcance.
El discurso oficial sobre la pobreza parece asumir que, una vez nombrándola, ésta va a ser exorcizada; es decir, por reconocer que hoy tenemos casi cinco millones más de pobres alimentarios que en 2006, el problema está ya resuelto y se trata únicamente de seguir por donde vamos.
Una convocatoria a superar la pobreza que no incluye una reforma al sistema educativo nacional, a fin de garantizar, no sólo la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes, sino que garantice su calidad y oportunidad, constituye un despropósito que, sobre todo, ofende a un país agraviado por las desigualdades. En esa lógica, una propuesta social que no tenga como meta, con fechas precisas, elevar nuestro promedio educativo nacional a 15 años de escolaridad, no es viable.
Llamar a superar la pobreza sin reconocer que los bienes y servicios públicos no son de la calidad necesaria, sobre todo en materia de infraestructura y equipamiento de las unidades básicas de salud, constituye un llamado vacío.
Convocar a una propuesta social, sin reconocer la existencia de lo que Rolando Cordera llama un “federalismo salvaje”, caracterizado por la falta de coordinación y de complementariedad entre ordenes de gobierno, es errático.
Una política social que no incorpora nuevas estrategias y políticas para enfrentar los dilemas de la subjetividad, de la salud mental, de la acelerada transformación de las estructuras familiares y de los hogares, constituye una visión incompleta.
Una visión de lo social incapaz de generar integralidad entre la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria, es una visión incapaz de construir una nueva generación de instituciones sociales para enfrentar los problemas de nuestro tiempo.
Decirnos, en resumen, que la pobreza y la desigualdad serán superadas únicamente con los programas que opera y coordina la Sedesol, parece más un evento estrictamente mediático que una propuesta para articular el esfuerzo de toda la nación con el objetivo de abatir los dos rezagos que mayor vergüenza deberían causarnos a 100 años de la Revolución y 200 de la Independencia.
Urge construir un nuevo diálogo nacional público, pero esto es imposible cuando desde la Presidencia se pronuncian soliloquios disfrazados de convocatorias públicas. Ante un anuncio de esta magnitud, vale preguntarse: ¿por qué si el Coneval ha anunciado que entre el 8 y el 15 de diciembre se darán a conocer las nuevas mediciones multidimensionales de la pobreza, no se decidió convocar, con esas nuevas evidencias, a un diálogo franco sobre cómo construir nuevas alternativas para la justicia social?
Pensar que solamente con programas de asistencia social, bajo el esquema de las transferencias condicionadas, bastará para superar los rezagos estructurales, es sinónimo de un salto al vacío.
Antes de asumir que hay verdades incuestionables en lo social y paradigmas inamovibles deberíamos transitar hacia una reflexión compartida en la que se parta de la realidad de que hay distintas posturas en lo social y ninguna puede ser relegada si se quiere construir de verdad un país incluyente.
Una política económica así necesita, sin embargo, nuevas reglas de diálogo; nuevas estructuras y métodos para generar acuerdos; nuevas capacidades con miras al acuerdo político a favor de las mayorías y, sobre todo, una actitud ética que hoy parece ausente en los principales espacios de decisión del país.
Es urgente construir un nuevo diálogo nacional público.
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Difíciles días para la República

2009-11-09T08:49:00.000-08:00

Lunes, 09 de noviembre, 2009

Podemos seguir construyendo “megaproyectos” tales como autopistas, grandes presas, puentes, edificios, pero con ello la pobreza y la desigualdad apenas si se verán reducidas marginalmente.

La discusión que se ha dado en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 ha puesto en evidencia una vez más la polarización existente, no sólo entre los distintos partidos políticos, sino en su interior.

Se ha hecho evidente también la fractura que divide al gabinete presidencial en cuanto a visión económica y social, y un extravío en torno a qué país queremos hoy y qué país habremos de tener en el futuro.

En este contexto, la discusión sobre el PEF ha sido reducida, en la mayoría de los casos, a una cuestión de disputa de intereses de grupo, antes que una reflexión mesurada sobre cuáles han de ser las prioridades nacionales.

No se ha comprendido que esta crisis es de tal magnitud, al tratar de la suma de otras (la ecológica, la del empleo, la de las migraciones y, con ella, la de las identidades), que no se podrá simplemente asumir que regresamos al lugar previo a que estallara la “turbulencia financiera.

Reconocer esta cuestión implica saber que se necesita otro modo de concebir al desarrollo; por lo que no puede pretenderse simplemente que se trata de hacer más con lo que tenemos, como tampoco puede creerse que mejorando lo que se venía haciendo será suficiente.

Lo social no es “una cosa” que se ajusta de acuerdo con variables económicas. Esto es, cuando una familia pierde su patrimonio; cuando alguno de sus miembros sufre una enfermedad crónica o una discapacidad o cuando conoce el mundo de la carencia absoluta, no es dándoles más ingreso como se puede resarcir el daño o se van a “equilibrar” las agendas de la subjetividad que se han visto afectadas o recrudecidas en estos momentos.

Hace falta mucha inteligencia social para comprender que la inversión en infraestructura no bastará para lograr que nuestro país crezca con el objetivo de reducir sostenida y significativamente la pobreza. Es más, debería comprenderse que la inversión no puede seguir con las tendencias y los ritmos con los que se venía haciendo para detonar la infraestructura social.

Empero, comprender estas cuestiones implica asumir que de lo que se trata es de reinventar al gobierno para que sea capaz de promover crecimiento económico con el fin central de garantizar equidad y, con ello, modificar las prioridades de la inversión pública.

Podemos seguir construyendo “megaproyectos” tales como autopistas, grandes presas, puentes, edificios, pero con ello la pobreza y la desigualdad apenas si se verán reducidas marginalmente.

En cambio, podemos apostar por un desarrollo a la inversa: invertir primero en la gente y garantizarle los derechos que la Constitución nos otorga a todos. Es decir, se trata de garantizar primero los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

La disyuntiva es simple: podemos invertir para intentar abatir el analfabetismo; reducir a cero los pisos de tierra en las viviendas; dotar a todos los mexicanos de agua y drenaje y lograr que al menos 90% de la población de 15 años termine la secundaria en el próximo lustro y con ello dar un salto enorme hacia una sociedad del conocimiento y el bienestar, o seguir invirtiendo para beneficiar a los grupos económicos y políticos que acaparan la mayor parte de la riqueza nacional. Es cuestión, no de perspectivas, sino de posiciones éticas.

Se trata de garantizar primero los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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Mortalidad En El País: Cifras Que Pueden Evitarse

2009-11-05T09:10:00.000-08:00

La cultura y la cohesión social

2009-11-05T09:09:00.000-08:00

Lunes, 02 de noviembre de 2009

El año 2010 es uno simbólico, no sólo por la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, sino porque llegamos a estas fechas en medio de la destrucción del mundo del empleo, así como por una magnitud inimaginada de pobreza, exclusión y marginación social.
Los pueblos ejercen su vocación con base en su historia vivida y pensada; empero, no hay posibilidad de que esta vocación pueda realizarse cuando el proyecto compartido está fracturado.
Resulta preocupante que las celebraciones de la Independencia y la Revolución se estén reduciendo a festejos de traspatio y a la construcción de obras que constituyen verdaderos homenajes a la desigualdad, todos, por lo demás, “bautizados” ligeramente como “obras bicentenario”.
Era difícil prever que una celebración tan importante estaría marcada por una crisis sin precedentes. Pero lo sorprendente no es esto, sino la incapacidad de estar preparados ante un escenario tal, en el que la crispación se encuentra a flor de piel; en donde no hay posibilidad de diálogo y en donde hay una evidente ruptura entre quienes más tienen y los desposeídos.
Hemos dejado de hacernos preguntas fundamentales; una de ellas consiste en cuestionarnos ¿cómo ha sido posible que, en pleno siglo XXI, en nuestro país haya 20 millones de personas con hambre? ¿Cómo es posible que, en medio de la civilización, la injusticia persista?
En donde hay hambre hay siempre descontento. En un contexto polarizado es difícil promover la riqueza espiritual de los pueblos. Como antítesis, se busca que la poesía sea silenciada; se pretende el sometimiento de la filosofía.
Cuando los recursos son escasos, no hay nada peor que vivir el hambre biológica, agudizada por la anemia espiritual. Y nada habla más fuerte sobre la miseria de la política que su renuncia a la educación y a la cultura.
Invertir en ciencia y tecnología es fundamental para transitar hacia lo que se ha denominado las sociedades del conocimiento. Sin embargo, una ciencia sin asideros en las creaciones del espíritu, es una ciencia mutilada y carente de significado social verdadero.
Se ha dado por medir el bienestar social en términos de carencia de recursos; empero, vale la pena preguntar en nuestro contexto, ¿por qué no medirla por el número de bibliotecas públicas, teatros y museos; de poesía y de libros publicados?
Una cultura para la cohesión social es posible; sin embargo, para construirla se requiere transformar la visión y el sentido aspiracional desde el que se toman decisiones.
Esta crisis, que no es sólo económica, debería obligarnos a repensar cómo hacer que lo humano tenga un sentido más profundo; cómo lograr construir gobiernos que tengan como objetivo edificar estructuras de cohesión, cimentadas en una profunda educación para la diferencia, la complejidad y el diálogo honesto.

Por esto es importante que, en estos tiempos aciagos, la clase dirigente se dé cuenta de que destinar la mayor cantidad de recursos posible a la educación y a la cultura es urgente; que no se trata ni de un lujo ni de una inversión; que es una cuestión relacionada con la construcción del presente y la posibilidad de un futuro digno para todos.
Cuando los recursos son escasos, no hay nada peor que vivir el hambre biológica, agudizada por la anemia espiritual.
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Presupuesto 2010: El Desafío de los Rezagos

2009-10-27T11:04:00.003-07:00

Una agenda nacional secuestrada

2009-10-26T09:46:00.000-07:00

Lunes, 26 de octubre 2009

México pierde tiempo valioso en mezquinas discusiones; lo peor es que nada pasa por el Congreso que no lo influencie el Presupuesto.

Cien Años de Soledad es una novela maravillosa en todos sentidos, pero hay uno que vale la pena destacar en estos tiempos aciagos para nuestra República.

En esta novela, un pueblo entero pierde la memoria y, con ella, la capacidad de significar a las cosas. El extraño mal que azota a Macondo no es otro sino el olvido generalizado. Pareciera que México está afectado por ello. No sólo extraviamos nuestra memoria, sino que hemos perdido la capacidad de nombrar a las cosas en su plenitud de significados.

Al hambre le llamamos “pobreza alimentaria”; al desistimiento a la vida lo encasillamos en “estadísticas sobre el suicidio”; a la vida en medio de la mugre, la falta de agua y drenaje le llamamos “marginación”. Hemos convertido a la tragedia en meros datos, y con ello hemos pretendido exorcizar la profunda fractura humana que todo ello significa.

Un país con la mitad de su población en pobreza es inviable. Si se le quiere llamar “Estado fallido” o utilizar otro concepto es lo de menos. Lo que está en juego es la capacidad de reconstruir espiritualmente a la nación y reconstituir valores en la aspiración de ser un pueblo solidario y justo.

El Congreso, que debiera ser una tribuna que hiciera honor a su vocación parlamentaria, se ha convertido en un teatro en donde las funciones cotidianas se desarrollan mediante monólogos que han impedido abrir la agenda de los problemas que es esencial resolver para evitar que la muerte, el hambre y la enfermedad sigan asolando a los más pobres.

Si el dilema ético que más puede confrontar a un país es el hambre masiva, no puede comprenderse que año con año la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación se desarrolle con base en un intenso cabildeo de los intereses representados en el Congreso, mediante la cual la magnitud de los retos nacionales se simplifica, de manera ramplona, en una cuestión de puntos porcentuales.

Este es un problema mayúsculo: no es posible que la ética y la proyección moral de una idea sólida de país se subsuma a un debate entre técnicos de la economía. Es más, una disputa de sumas y restas no puede ser calificada en sentido estricto como debate o diálogo.

El poeta Hölderlin dice bellamente: “Desde que somos un diálogo y podemos oír unos de otros”. Esto es lo que se extravió; renunciamos a ser un diálogo y extraviamos la posibilidad de enriquecer espiritualmente a nuestro pueblo y ahora lo hemos sometido al hambre y la frustración más ingente.

México pierde todos los años tiempo valioso en estas mezquinas discusiones, y lo peor es que nada pasa por el Congreso que no esté influido por el debate sobre el Presupuesto.

Lo que queda claro es que, en la renuncia a seguir siendo diálogo, se ha olvidado la necesidad de construir los espacios y los mecanismos para garantizar que todas las agendas, en particular las más relevantes, tendrán cabida en la justa dimensión que les corresponde, en el debate sobre las cuestiones fundamentales del país.

Nuestra agenda nacional está secuestrada. Nada de lo que se ha dicho del Presupuesto cobra sentido ante severas crisis que nos amenazan día con día: el desempleo, el cambio climático, el hambre, las muertes evitables. Ante todo ello, más nos valdría hacer un alto en el camino y recobrar el sendero que nos lleve a intentar, nuevamente, el ser un diálogo y podamos, en verdad, oír unos de otros.

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Lucha Contra El Cáncer: Muertes Que Deben Evitarse

2009-10-21T10:50:00.000-07:00

Sociedad polarizada

2009-10-21T10:46:00.000-07:00

Lunes, 19 de Octubre 2009

Ninguna sociedad puede avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad si no cuenta con elementos mínimos que la cohesionen. Para ello es fundamental el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios básicos, pero son igual de relevantes los elementos sociales, culturales, lingüísticos y antropológicos que le permiten identificarse con valores y principios compartidos.

A ninguna cultura ni a ningún país le han bastado los motivos económicos para lanzarse a alguna empresa de gran magnitud. En ese sentido, la construcción de la idea de un “nosotros” es tan importante como la garantía del acceso a servicios básicos, el mejoramiento de los niveles salariales y el manejo adecuado de la macroeconomía.

El problema es que la cohesión social, entendida como el reconocimiento común de valores y principios, así como de visiones distintas que pueden coincidir para cimentar a un país que hace de sus diferencias su mayor riqueza, no es posible si hay violencia generalizada, miedo, encono y desigualdad.

Aun cuando no existen instrumentos para comprender a cabalidad procesos tan complicados como la envidia o el resentimiento social, puede percibirse en nuestro país un clima de encono; una tendencia al revanchismo en todos los sectores y niveles sociales y una clara división, desde la percepción que tienen las personas de sí mismas, entre ricos y pobres.

El reciente caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro es ejemplo de este clima de polarización social. Más allá de las razones técnicas que se han esgrimido desde el gobierno federal, lo evidente es que hay un clima mediático de linchamiento en contra de todo lo que puedan significar disenso y diferencia.

De otra parte, las consignas y los argumentos que se expresan desde la movilización social tienen que ver con posiciones muchas veces irracionales, que reducen a la realidad a una lucha entre despojados y explotadores, con niveles de violencia y agresividad que pueden llegar a salirse de control en cualquier momento.

El clima de violencia que se vivió en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, en el que se vio a jóvenes furiosos enfrentando a la policía y destruyendo lo que se les ocurría que representa al imperialismo, la burguesía, el poder infame y a todas las posibles formas de explotación social, es otra muestra del encono y del clima de confrontación en que vivimos.

Desde mi perspectiva, no se trata de tomar partido a favor de una u otra posición; en todo caso, lo importante sería reconocer que en el fondo está una abismal desigualdad que ha impedido tender puentes para el diálogo y la conciliación nacionales.

Es imposible generar proyectos sociales de gran envergadura en un país en el que, según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2008, en ese año, 11% de la población nacional fue víctima de algún delito; en el que hay 20 millones de personas con hambre; en el que la desigualdad en los ingresos se agudizó en los dos últimos años; y en el que siguen existiendo personas que no tienen acceso a la educación, a la salud y a las condiciones mínimas para insertarse a un puesto de trabajo digno.

México no puede seguir con el extravío de proyecto en el que se encuentra y no es posible que sigamos avanzando sin rumbo y sin la audacia de pensar, como una cuestión aspiracional, en dónde queremos estar en los próximos 50 años.

Los ideales de libertad y justicia social, que inspiraron a la Independencia y al movimiento revolucionario de 1910, no pueden ser tomados sólo como meros referentes del pasado; recuperarlos en un sentido profundo permitiría, quizá, empezar a generar acuerdos elementales que permitan reconciliarnos y construir un país incluyente, si comenzamos por saldar la deuda con los más necesitados.

Debemos reconocer que la celebración del Bicentenario y del Centenario se ha reducido a una feria de construcciones de monumentos a la desigualdad y que hemos perdido tiempo valioso, ante el cual podemos aún construir los acuerdos con miras a resolver los dilemas de la pobreza y la exclusión social, que incluso hace 100 años hubiese sido difícil imaginarlos.
México no puede seguir con el extravío de proyecto en el que se encuentra.

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Inseguridad Alimentaria: Cifras Del Hambre En El País

2009-10-13T09:42:00.000-07:00

El uso político de lo social

2009-10-12T11:33:00.001-07:00

México ha retrocedido 15 lugares en la escala mundial en dos décadas, pues en la medición de 1990 aparecía en el sitio 38 y, en la de 2009, en el 53.
En medio de la profunda crisis que padecemos, el gobierno federal decidió festejar el hecho de que, según su interpretación, México avanzó un lugar en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2009.
Como en casi todos los temas, la Presidencia llegó una vez más tarde con su declaración, lo cual, sumado a la manipulación de los datos y las conclusiones que de ella extrae, convierten en un despropósito su intento de hacer ver que el país iba bien, pero lamentablemente la crisis se nos atravesó.
La percepción oficial es equivocada, por lo que el Presidente debería llamar a cuentas a quien le convenció de que lo hecho fue lo adecuado, porque lo hizo mentir y lo llevó a la utilización, incluso de la ONU, para fortalecer una estrategia mediática que busca a toda costa negar lo que, todos los días y por todos lados, millones de mexicanas y mexicanos padecen: hambre, desigualdad, exclusión, enfermedad y muertes evitables.
Los asesores del mandatario sabían perfectamente que los datos con que se construyó el Informe sobre el Desarrollo Humano 2009 corresponden a 2007, cuando aún la crisis económica no había estallado, y en evidencia, el país, aun cuando raquíticamente, tenía una cierta dinámica de crecimiento económico.
Saben perfectamente también que los índices del desarrollo humano, por los cambios en la metodología, los indicadores y la incorporación de más países a la lista de medición, hacen que sea incomparable año con año y, en consecuencia, se vuelve imposible metodológicamente establecer patrones de progreso entre cada uno de los índices.
De hecho, según el Informe sobre el Desarrollo Humano 2008, “es posible que no se puedan comparar las estadísticas presentadas en distintas ediciones del Informe. Por este motivo, la Oficina encargada del Informe sobre el Desarrollo Humano recomienda decididamente abstenerse de realizar análisis de tendencias basándose en datos procedentes de distintas ediciones del Informe. Tampoco se pueden comparar los valores y posiciones en distintas ediciones del IDH”.
De no ser así, lo que podría afirmarse es que México ha retrocedido 15 lugares en la escala mundial en dos décadas; pues en la medición de 1990 aparecía en el sitio 38 y, en la de 2009, en el 53. Y si se analiza con cuidado la serie de Informes sobre el Desarrollo Humano, debido a la incorporación de variables, habría no sólo retrocesos en la posición relativa del país, sino en el valor del índice, pues en 1995 el registrado era de .842, mientras que, en el año 2000, el indicador resultó de .793, mientras que en 2009 fue de .854. Esto implicaría que apenas llegamos una vez más al valor del índice de 1992, pues es la línea base de información que se usó para construir el Informe de 1995.
Es evidente que la Presidencia intentó usar a la ONU como autoridad irrebatible de su estrategia mediática y sostener que, a pesar de los 2.8 millones de desempleados que reporta el INEGI y los 19.2 millones de personas con hambre que contabilizó el Coneval en 2008, todo va bien, y que sólo es cuestión de esperar 30 años más para que, ahí sí, ceteris paribus, logremos abatir la pobreza extrema en México.
Lo éticamente inadmisible de este uso político de la información es que se desvirtúe un instrumento que permite valorar ciertos avances en la generación del bienestar y que, con base en ello, pretenda engañarse al país, apelando al uso efectista del anuncio presidencial en todos los medios de comunicación.

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Desarrollo Humano: El Espejismo

2009-10-08T10:21:00.000-07:00

Sin rumbo

2009-10-05T09:45:00.000-07:00

Lunes, 5 de octubre 2009

La pobreza de hoy tiende al salvajismo. Se trata de la indolencia ante quien vive el hambre como realidad cotidiana; y frente a quienes mueren de enfermedades curables.

Por todos es sabido que la política social no alcanza para abatir por sí misma ni a la pobreza ni mucho menos a la desigualdad. Si no se comprende que la política económica es en el fondo política social, entonces los problemas y los rezagos estructurales que venimos arrastrando casi ancestralmente se mantendrán, en ocasiones atenuados, en ocasiones matizados, sin embargo nunca resueltos.

A menos de un año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución se ha olvidado el anhelo de quienes construyeron estas gestas libertarias: moderar la opulencia en los ideales de Morelos; construir justicia social y democracia, en los ideales de la Revolución Mexicana.

La pobreza de hoy tiende al salvajismo. Se trata de la indolencia ante quien vive el hambre como realidad cotidiana; y frente a quienes mueren de enfermedades curables. Hay en esa lógica una categoría olvidada: la de la exclusión social; que implica expulsar a las personas de los sistemas institucionales para la garantía de los derechos humanos.

Los programas sociales con que contamos constituyen en el mejor de los casos un sistema de emergencia que sigue atendiendo a los damnificados del desastre económico que vivimos, desde que extraviamos, hace más de 15 años, la capacidad de generar empleos.

De este modo, la tecnocracia gobernante, pública y privada, convirtió en permanente lo que debía tener un carácter estrictamente temporal: asistir a los pobres con recursos para la subsistencia. El corolario de este esquema nunca se realizó: construir un modelo económico con la capacidad suficiente de absorber e incluir al mundo del trabajo digno a los millones de jóvenes que año con año engrosan las filas de la población económicamente activa.

Por ello, pretender revertir la pobreza sin generar un modelo de crecimiento para la equidad constituye un despropósito mayor, porque implica evadir la discusión sobre cómo generar empleos dignos y centrarla exclusivamente en cómo paliar los efectos de un esquema de desarrollo económico diseñado para la desigualdad.

Mientras el desempleo siga siendo la constante de la economía, la informalidad crezca y persistan modalidades aberrantes del mundo laboral, tales como el trabajo infantil o la desigualdad estructural entre los ingresos que perciben hombres y mujeres, la pobreza seguirá siendo la única realidad cotidiana posible para millones de mexicanos.

Las cifras de la ENOE 2009 son contundentes. Al segundo trimestre de este año, el número de personas desocupadas fue de 2.3 millones, y al cierre de septiembre la cifra se estima en 2.8 millones. La precarización del empleo continúa: la cantidad de personas que perciben menos de un salario mínimo creció, del segundo trimestre de 2008 al segundo trimestre de 2009, de 5.28 a 5.62 millones. Por si fuera poco, también se redujo el número de personas ocupadas con acceso a servicios de salud, pues en el periodo señalado la cifra pasó de 15.8 a 15.4 millones.

El problema es la política económica de este país, que ha renunciado a construir equidad desde la economía política, es decir, desde criterios justos de distribución de la riqueza, por ejemplo, mediante la generación de empleos dignos y la universalización gratuita de la educación y la seguridad social, lo cual implicaría no sólo una reforma fiscal, sino alterar las lógicas de concentración del ingreso que mantienen la profunda desigualdad que hay en México.

Al segundo trimestre de este año, el número de personas desocupadas fue de 2.3 millones.

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Migración y pobreza: Las heridas en el campo

2009-09-29T08:55:00.000-07:00

La pobreza y los impuestos

2009-09-28T09:13:00.000-07:00

Lunes, 28 de septiembre 2009

Las diferencias que persisten en la calidad de los servicios que prestan los distintos sistemas se explican en buena medida por la carencia de empleos que brinden seguridad social.
Una marejada de propaganda gubernamental se nos ha venido encima, junto con toda una estrategia construida desde la Presidencia de la República, para promover la aprobación del nuevo impuesto con el que pretende gravarse con 2% a alimentos y medicinas.

Lo peor de esta estrategia no se encuentra solamente en el recurso simplista al chantaje, sino sobre todo en el maniqueísmo que implica sostener que quien no apoya el nuevo impuesto le está dando automáticamente la espalda a los más pobres.

Los argumentos son endebles y parten de supuestos profundamente controvertibles. El primero de ellos, por ser el más falso, consiste en asumir que la pobreza es nueva; que de pronto se le apareció a esta administración como producto de la crisis económica y que será mediante los instrumentos de siempre como podremos resolverla.

Nada más falaz. La pobreza ya estaba instalada y arraigada en todo el país; y si bien se habían logrado algunos avances en la recuperación de los tremendos efectos negativos que nos dejó la crisis de 1995, lo cierto es que las condiciones estructurales que generan la desigualdad, y la pobreza como su corolario, no se han modificado en sus fundamentos.

A mediados de 2008 teníamos niveles similares a los de 1993 y, en términos reales, de los 15 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral, diez millones lo hicieron al informal. Las cifras del INEGI dadas a conocer hace poco no hacen sino agravar el cuadro: 2.8 millones de desempleados al segundo trimestre de 2009, más el aderezo que implica el anuncio del sector empresarial, en el que se da cuenta que al final del año habrá al menos un millón de despidos.

La ingente pobreza que se vive tiene en su base la fractura del mundo del empleo. Por ello la falacia del gobierno es mayor: no importa en realidad cuántos impuestos se les ocurran, mientras no haya una ampliación de la base gravable de este país.

Empero, la ampliación no puede consistir únicamente en cobrarle más a quien ya contribuye; cobrarle “algo” a quienes no pagan impuestos, y dejar intacta a la estructura financiera especulativa, y como colmo, no reformar el modelo de desarrollo económico para lograr la generación de empleos dignos.

Las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y las diferencias en la calidad de los servicios que prestan los distintos sistemas, se explican por la carencia de empleos que brinden seguridad social.

Las desigualdades en la calidad de la educación tienen también poderosos vínculos con el desempleo: el INEE muestra que el rendimiento escolar y la permanencia en las escuelas están directamente vinculados al capital cultural familiar (grado de escolaridad de los padres, disponibilidad de libros, y asistencia a actividades recreativas de calidad). Esto implica que la ausencia de empleos dignos que brinden prestaciones sociales, como el acceso a teatros y bibliotecas, además de la precariedad del ingreso, generan resultados negativos en el ámbito de la educación, factor clave para el desarrollo social, democrático y económico del país.

Se equivoca la autoridad si de verdad asume que es cobrando ese 2% como va a resolver el problema de la pobreza. Lo requerido es construir nuevas estructuras de crecimiento basadas en la generación de empleos dignos y recuperar a la educación y la salud pública como sistemas de alta calidad para la integración social.

La ampliación no puede consistir únicamente en cobrarle más a quien ya contribuye.
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Violencia en pareja: problema que crece

2009-09-23T08:54:00.000-07:00

¿Qué entendemos por pobreza?

2009-09-21T08:40:00.000-07:00

Lunes, 21 de septiembre 2009

Las respuestas simples a este cuestionamiento pueden saltar de inmediato: se mide para determinar áreas de atención prioritaria.

La discusión sobre el paquete fiscal 2010, y en particular acerca del nuevo impuesto eufemísticamente llamado “contribución para el combate a la pobreza”, a través del cual pretende gravarse con 2% a los alimentos y las medicinas, está marcado por una trampa originaria que poco se ha hecho notar.

La trampa consiste en asumir que hay un consenso en torno a qué se entiende por pobreza y sobre los mecanismos más eficaces para combatirla y erradicarla. La visión dominante responde a una lógica de pensamiento lineal que concibe a la pobreza sólo como carencia de ingreso.

Y aquí se encuentra el primer problema. Una cosa es asumir que el indicador más importante con que se cuenta, debido a las insuficientes estadísticas sociales, es el del ingreso, y otra muy distinta asumir que la pobreza es sinónimo de recursos monetarios nulos o precarios. Así, desde esta perspectiva, resulta congruente plantear que es transfiriendo dinero a los pobres como se va a solucionar el problema.

Ocurrió, pues, que de pronto se dio por sentado que no era necesario llevar a cabo un debate a profundidad sobre qué es la pobreza y, con base en ello, determinar los instrumentos a través de los cuales puede estimársele o medírsele.

Esta cuestión lleva a la segunda trampa, y ésta consiste precisamente en que, si bien el Coneval ha avanzado aceleradamente en la construcción de indicadores, por otra parte no se ha generado un debate de fondo sobre una pregunta fundamental: ¿medir, para qué? Esto sin descontar que la Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la pobreza debe ser multidimensional. De llevarse a cabo un ejercicio así, se abriría la posibilidad de comenzar a romper el reduccionismo que implica el sólo ponderar el ingreso monetario.

Las respuestas simples a este cuestionamiento pueden saltar de inmediato se mide: para determinar áreas de atención prioritaria, conocer cuántas personas son susceptibles de convertirse en beneficiarios de los programas gubernamentales, así como determinar los montos presupuestales necesarios con el fin de atenderlos.

El problema aquí es que, como los criterios de medición se determinaron, una vez más, sobre el supuesto de que la pobreza es sinónimo de carencia de ingresos, se ha formado un círculo vicioso en el que, por no habernos hecho a tiempo las preguntas fundamentales, hemos estado en los últimos 20 años dando tumbos en el diseño de programas efectivos de combate a la pobreza.

La discusión que falta, entonces, sí tiene una vertiente conceptual y académica, pero es sobre todo un debate político de fondo que se ha rehuido, porque está claro que el sustrato de la pobreza que hoy vivimos porque la existencia de más de 50 millones de pobres resulta un problema de todos es la desigualdad y el incumplimiento de los derechos humanos, los cuales son producto de un régimen de privilegios y canonjías para quienes detentan el poder y, sobre todo, los poderes fácticos que operan en el país.

Debatir a fondo el tema de la pobreza implica afectar intereses. Y en buena medida es a ello que se puede atribuir la renuencia a generar un debate político que tenga como finalidad construir un país cimentado en la justicia.

La realidad inocultable de hoy es que hay 20 millones de personas con hambre, con quienes debemos ser solidarios urgentemente, por lo que imponerles un costo adicional de 2% a los alimentos y las medicinas, que ya de por sí hoy son caros, constituye un extravío que no se debe de permitir.

La realidad inocultable de hoy es que hay 20 millones de personas con hambre.

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Jóvenes en riesgo: muertes por violencia

2009-09-17T08:47:00.000-07:00

El olvido de lo social

2009-09-14T08:57:00.001-07:00

14-Sep-2009

La crisis económica ha abierto uno de los peores escenarios para el país. Se había advertido de la irracional dependencia de los ingresos petroleros, cuyo efímero auge en la primera mitad de la década generó recursos excedentes, dilapidados no sólo a través de un gasto orientado mayoritariamente a la obtención de dividendos políticos, sino con muy pocas capacidades para generar un crecimiento sostenido de la economía.
Hay un olvido de la economía política y, con ello, un tremendo olvido de lo social. México continúa debatiéndose, así, entre dilemas absurdos que se traducen en discursos y actitudes políticas que no atinan a encontrar, menos aún a construir, propuestas de largo plazo que logren romper la tendencia hacia una crisis perpetua en la que nos hemos insertado desde hace ya más de 15 años.
El boquete fiscal tardíamente reconocido por las autoridades hacendarias ha querido cerrarse a través de la apertura de otro, más grave quizá, debido a las consecuencias derivadas que podrá causar a las clases más desprotegidas, para las cuales el incremento de 2% en medicinas y alimentos será un duro golpe a las ya de por sí precarias condiciones en las que viven. El argumento hacendario tiene un doble filón que resulta en ambas aristas falso: en primer lugar, no es cierto que los pobres no resentirán el incremento en el costo de los productos básicos.Toda la evidencia disponible muestra que las personas de más bajos ingresos son quienes gastan mayores porcentajes de sus recursos en alimentos y medicinas. En segundo lugar, la idea de que el dinero que se obtenga mediante este impuesto se dirigirá al combate a la pobreza por la vía del Programa Oportunidades, es una falacia mayor, porque está documentado que no llega a casi un millón de familias en extrema pobreza.
Por otro lado, la apuesta de continuar con la misma estrategia de combate a la pobreza que hemos seguido en los últimos 20 años encierra igualmente un doble problema: el primero, el menor, consiste en seguir poniendo, como afirmaba Marx, a la carreta delante de los bueyes y pretender que ésta siga avanzando; no puede combatirse efectivamente la pobreza sin combatir de la mano la desigualdad, y cobrar impuestos a los pobres por las raquíticas cantidades de alimento y medicamentos que consumen es simplemente un despropósito, pues puede incluso contribuir a incrementar los océanos de desigualdad que los separan de quienes más tienen. El segundo problema consiste en continuar asumiendo literalmente como dogma la teología neoliberal y tecnocrática, a través de la que se asume que la pobreza puede superarse por medio de la generación de capacidades de consumo, sin comprender que la cuestión social es mucho más compleja que un asunto de pesos y centavos y hay dilemas como el suicidio, la violencia contra mujeres y niños, las adicciones, el embarazo adolescente y crímenes extremos, que no pueden simplemente combatirse repartiendo limosnas hoy secularizadas en la asistencia social a través de Oportunidades a los excluidos.
El Buró del Censo de los Estados Unidos de América publicó la semana pasada las cifras sobre la pobreza y la desigualdad en aquel país entre 2006 y 2008. Es cierto que el impacto de la crisis ya se reflejó en el número de pobres, de los cuales un importante porcentaje se registró entre la población hispana. Lo interesante del caso es que la desigualdad no aumentó, como sí lo hizo en México, lo que muestra, una vez más, que estamos abordando de manera equivocada el problema. De acuerdo con los datos de que disponemos, en México es altamente probable que la desigualdad siga incrementándose en los próximos meses, de la mano de los casi 55 millones de pobres que, se espera, tengamos al final de este año.
Estos datos deben servir para repensar el modelo económico desde una perspectiva de economía política, para que no sólo se piense en preservar los intereses de los enclaves económicos privilegiados, sino en la complejidad de lo social, incorporando un claro sentido ético en torno a cómo generamos y distribuimos la riqueza en México. Nuestro país necesita urgentemente recomponer el rumbo: otear nuevos horizontes desde una visión de la política y la economía apegada a la ética y a principios elementales de justicia.
El México de la injusticia económica debe entenderse en clave de injusticia social. Sólo así lograremos revertir la perniciosa desigualdad y la pobreza que día con día generan más oprobio y desesperanza.
No es cierto que los pobres no resentirán el incremento en el costo de los productos básicos.

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Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México

2009-09-07T18:40:00.000-07:00

CEIDAS - CNDH

Presentación del Primer Diagnóstico Nacional sobre Trata de Personas

2009-09-07T18:38:00.000-07:00

Mario Luis Fuentes
Lunes 7 de septiembre de 2009

El mal persiste en nuestras sociedades; no como categoría moral, sino como expresión de la perversidad humana. El mal radical se expresa en fenómenos extremos como el de la trata de personas.

El mal del que se habla aquí tiene una expresión dura en la realidad cotidiana que vivimos. Se trata de la capacidad de cientos de personas que actúan al amparo de la corrupción, la complicidad silenciosa de autoridades de todos los órdenes, la tolerancia social hacia nuevas y cada vez más cruentas formas de violencia.

La trata de personas es una de las expresiones más sofisticadas de estas nuevas formas del crimen. Sus mecanismos operativos van desde métodos como el enamoramiento o las falsas promesas, hasta la utilización de herramientas basadas en tecnologías como la del internet.

Puede sostenerse que la trata de personas es uno de los crímenes, no sólo más invisibles, sino de mayor infamia, porque implica la fractura de prácticamente todos los derechos humanos de quienes son sus víctimas.

Ante un crimen de esta magnitud, las Organizaciones de la Sociedad Civil, como CEIDAS, hemos asumido el liderazgo social y esta causa, para evitar que este crimen continúe.

Por ello, se ha construido el Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México que hoy presentamos la CNDH y CEIDAS, el cual pretende dar mayor visibilidad al tema y contribuir a situarlo como una agenda prioritaria en México.

Debe decirse que este Primer Diagnóstico Nacional es un instrumento que busca evidenciar los vacíos de información existentes y los rezagos estructurales que muestran la necesidad de hacer mucho más y más rápido en materia de prevención y erradicación de la trata de personas en México.

Lo que se busca es contribuir a detonar más acciones tanto de política pública, como en el ámbito jurídico, a fin de fortalecer el marco de protección de los derechos humanos en México.

En ese sentido, este Primer Diagnóstico Nacional pretende ser una plataforma de información que le permita a los Gobiernos estatales, organizaciones de la sociedad civil, al Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, los académicos y al público interesado, contar con mayores elementos sobre lo que se está haciendo en el país; y sobre todo, de lo que falta por hacer para proteger con mayor eficacia los derechos humanos, en especial de los grupos de población en mayores condiciones y circunstancias de vulnerabilidad.

El Diagnostico sostiene que las víctimas de la trata de personas provienen mayoritariamente de entornos de vulnerabilidad, lo que implica no sólo la fragilidad individual y familiar, sino también de la incapacidad de las instituciones para construir entornos protectores y de seguridad para proteger a quienes viven en mayor medida la posibilidad de sufrir daños, tanto en su persona, como en su salud mental.

El analfabetismo; la baja escolaridad; entornos de violencia, adicciones o abuso; la vida en las calles; el hambre; o hasta la inexistencia o deficiencia de los marcos jurídicos, son todos elementos que incrementan la posibilidad de que las personas se conviertan en víctimas de la trata de personas.

A fin de documentar las acciones en los gobiernos, CEIDAS, con el apoyo del Congreso, solicitó información relativa a la trata de personas, a los 32 gobiernos de las entidades federativas.

Con base en las respuestas que se obtuvieron, pudo documentarse que en el ámbito de las políticas públicas, el Gobierno federal y los Gobiernos estatales cuentan con programas con bajas capacidades para prevenir y combatir la trata de personas.

En materia de persecución del delito, al cierre de la edición del Informe no se había dictado ninguna sentencia condenatoria al amparo de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y sólo se habían iniciado 24 averiguaciones previas en el Ministerio Público Federal.

En el ámbito de la protección la mayoría de las acciones que se han llevado a cabo han sido iniciativa, mayoritariamente, de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en cuanto al refugio a las víctimas se refiere; asimismo, no se han presentado hasta el momento protocolos o procedimientos para la plena reintegración social de las víctimas, lo que limita la posibilidad de replicar modelos de atención a nivel nacional.

En este tema es importante destacar que aún con la reforma constitucional en materia judicial que se aprobó recientemente, no se ha construido un programa adecuado de protección a testigos en materia de persecución de la trata de personas.

Asimismo, se encuentran las paradojas de los gobiernos: que le asignan nuevas responsabilidades a las instituciones, sin dotarlas de los instrumentos y recursos para cumplirlas. Como caso paradigmático están los DIF estatales, a los que se les han asignado nuevas tareas para atender a víctimas del delito, sin dotarlos de personal, recursos y en ocasiones, incluso de las facultades jurídicas para intervenir adecuadamente.

En materia de prevención, se tiene registro sólo de campañas aisladas por parte del Gobierno Federal, y una vez más, organismos autónomos como la CNDH, o bien organizaciones de la sociedad civil, han sido quienes han propuesto en mayor medida, mecanismos de comunicación e información para alertar a la población sobre este pernicioso crimen.

El Diagnóstico muestra una enorme falta de coordinación interinstitucional; que no hay una política de concertación y coordinación entre la Federación, entidades y municipios, ni presupuestos asignados por ninguna autoridad para el cumplimiento de las responsabilidades que marca la Ley.

Los contenidos del Diagnóstico muestran por otra parte, que la trata de personas con fines de explotación laboral aún es muy poco visible en el país, y que poco se ha hecho para involucrar al sector privado en la prevención del delito, en la defensa de los derechos humanos y en desincentivar la explotación laboral.

A pesar del esfuerzo y de los avances jurídicos que se han impulsado desde el Congreso, la implementación de la Ley ha sido muy lenta. Por ello es importante destacar el liderazgo que el Senado de la República ha asumido en este tema, dando un seguimiento constante al tema; vigilando el grado de observancia de la Ley; así como promoviendo la difusión de la información disponible sobre la trata de personas, ya bien a través del Canal del Congreso, o incluso mediante la discusión y aprobación de relevantes Puntos de Acuerdo en la materia.

Con base en esta información, CEIDAS sostiene que el Gobierno mexicano ha fallado en la protección de los más vulnerables ante este crimen.

Los rezagos son evidentes, el reglamento de la Ley fue emitido sólo después de 4 Puntos de Acuerdo emitidos por ambas Cámaras del Congreso, y por la presión ejercida por numerosas organizaciones de la sociedad civil; la Comisión Intersecretarial que marca la Ley fue instalada apenas el pasado 20 de julio, más de 18 meses después de que fue promulgada la Ley; el Programa Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas, no se ha elaborado y la Fiscalía especializada para perseguir este delito no tiene titular.

Por su parte, en las entidades de la República se ha logrado avanzar muy poco en la creación de marcos jurídicos integrales para prevenir y sancionar este crimen, así como para proteger a sus víctimas. Sólo se tiene registro de 21 entidades que han modificado sus códigos penales para tipificar el delito de la trata de personas, de acuerdo al Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

México está atrapado en un doble problema con respecto a la trata de problemas: no se ha logrado combatir adecuadamente a las redes de delincuentes, debido a la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades para perseguir e investigar los grupos criminales que operan en nuestro país y que, de acuerdo con las estimaciones más conservadoras, victimizan a más de 20 mil personas cada año.

En segundo lugar, no se han construido acciones para frenar la demanda, a la vista de las autoridades, bares, loncherías, estéticas, spas, table dance se promueve la explotación sexual sumada a la que se realiza vía internet y las páginas de los periódicos.

La venta de niñas y niños es una realidad lacerante; su explotación sexual es un acto aberrante que no puede ser tolerado; hay evidencia de que muchas playas mexicanas son escenario de turismo sexual, donde niños y niñas son consumidos ; los matrimonios forzados siguen realizándose en muchas comunidades; el trabajo infantil y la servidumbre domestica sigue siendo un fenómeno que se tolera y que provoca graves condiciones de vulnerabilidad para quienes se ven obligados a realizarlo; todo ello a la vista de todos nosotros.

No podemos seguir siendo un país que ante los fenómenos más crueles esquiva la mirada; y que no termina por asumir la construcción de un país de justicia en donde los derechos humanos son protegidos con toda la fuerza de las instituciones.

México no puede ser un país en el que los abusos son aceptados socialmente como parte de la vida y de nuestros escenarios cotidianos; y mucho menos un país en el que la corrupción y la búsqueda ilegal de ganancias se convierten en prácticas delictivas toleradas, por complicidad y omisión autoridades de todos los órdenes y niveles.

En síntesis:

El diagnostico que hoy presentamos la CNDH y CEIDAS hace énfasis en responder a la necesidad de:

Reconocer que como producto de la crisis económica y social por la que atravesamos, los fenómenos que generan vulnerabilidad se están recrudeciendo. Así, el crecimiento en la deserción escolar y el ausentismo escolar, en los niveles de pobreza, en los índices delictivos y de violencia, y en otros ámbitos sociales, pueden llevar a más personas a convertirse en víctimas de la explotación sexual, laboral o incluso a que más personas estén dispuestas a la venta de órganos o tejidos, a fin de obtener ingresos para la satisfacción de sus necesidades básicas.

De la urgencia de impulsar un intenso proceso de mejora al marco jurídico para la prevención y sanción de la trata de personas, así como promover la armonización nacional de los Códigos penales y de los mecanismos de restitución del daño, rehabilitación psicológica y plena reintegración social de las víctimas;

La necesidad de construir un marco de políticas públicas nacionales, estatales y municipales, que en un proceso de coordinación y concertación, se conviertan en un eje fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México, así como en la prevención del delito.
Y, la urgencia de colocar a la agenda de los derechos humanos al centro de todas las políticas públicas. En ese sentido es preciso insistir en que los derechos humanos de millones de mexicanos se ve amenazada por la pobreza, la desigualdad, la destrucción del empleo, la discriminación, la violencia, y la debilidad de nuestras instituciones de protección social.

La Confusión

2009-09-07T08:28:00.000-07:00

Lunes, 07 de septiembre 2009

Muchas voces hablando sobre el mismo tema no siempre clarifican las situaciones. Por el contrario, la saturación de mensajes puede llevarnos a la generación de distorsiones; cuando esto ocurre en política, antes que los acuerdos, lo que puede surgir es un mar de confusión que poco ayuda a la generación de las bases que urgen para reconstruir el pacto nacional.
Lo que el Informe de Gobierno originó fue un alud de declaraciones de los dirigentes y de los actores políticos más relevantes, la mayoría de ellas dirigidas a dar la bienvenida al mensaje presidencial y a las diez propuestas planteadas para impulsar las “reformas estructurales” que requiere el país.
Más allá de que el triunfalismo presidencial fue matizado en el discurso, lo cierto es que durante los días previos al Tercer Informe de Gobierno fuimos sorprendidos con una intensa campaña mediática que buscó a toda costa mostrar a un régimen preocupado por el ingreso y la seguridad de las familias.
Esta actitud del gobierno, de tratar de minimizar la magnitud de la crisis económica y social por la que atravesamos, es el primer elemento que genera un “ruido mayor” en la comunicación y en el diálogo público nacional. No se puede, por una parte, tratar de obtener rentabilidad política con la publicidad gubernamental y, por otra, ofrecer una nueva manera de construir negociaciones sobre puntos que no están en lo absoluto claros.
Lanzar una iniciativa con diez temas a través de los cuales se pretende iniciar la reconstrucción del país parece más un acto de campaña que un proceso acabado de operación política. En ese sentido, los gobiernos del PAN, en todos los niveles, llaman la atención por su reiterada actitud de creer que, con mencionar las cosas, éstas van a ocurrir o a desarrollarse de manera automática.
La voluntad política se traduce en esencia en intensos procesos de diálogo inteligente, en el que las partes generan acuerdos y consensos en torno a proyectos comunes, que nos pueden dar cohesión e identidad nacional.
El problema es que, a tres años de la actual administración, no queda claro cuál es el proyecto que se está impulsando. A este tipo de críticas se ha dado el argumento retórico de que “el proyecto es México”, sin detenerse a llenar de contenido a esta idea ni tampoco a darle nuevos significados a conceptos como la unidad y la conciliación nacional.
Es cierto, por otro lado, que el proyecto nacional está en nuestra Constitución Política. El asunto de fondo es que no hemos logrado que los gobiernos asuman que su responsabilidad fundamental es cumplir con las garantías que están ahí plasmadas, y que en todo caso la discusión que debe darse es cómo lograr que los gobiernos sean verdaderos garantes del orden constitucional y no sólo prestadores de servicios y administradores de los intereses creados por los poderes fácticos.
Octavio Paz, vale la pena repetirlo una y otra vez, nos advertía que México se encuentra en el riesgo de ver suplantadas sus instituciones por intereses ajenos al Estado. En ese sentido, el riesgo consiste en que haya una verdadera usurpación, no sólo de funciones y atribuciones, sino de la capacidad de orientar al Estado hacia la generación del bienestar colectivo.
Ahí es donde se encuentra la mayor confusión en estos momentos difíciles para la República. Ante la vaguedad de la propuesta gubernamental, los actores políticos responden con una retórica semejante, sin conocer siquiera los planteamientos específicos para llevar a cabo la instrumentación de los diez puntos presentados por el Presidente (y eso asumiendo que efectivamente son los diez temas que deberíamos asumir como prioritarios) y sin definir además un método específico para el debate sobre cómo construir un verdadero proyecto de integración nacional.
¿Por qué no transformar el primer punto de los diez planteados por el Presidente en una lucha contra la desigualdad, antes que contra la pobreza? ¿Por qué no plantear una reestructuración económica, diseñada para crecer con equidad y poniendo al centro la categoría del trabajo digno?
Debemos tener claridad de que, en la medida en que pase más tiempo sin definir el método de discusión nacional, sin clarificar los objetivos en el corto y el mediano plazos y sin reconocer que es urgente modificar el modelo de desarrollo del país, la confusión seguirá incrementándose y limitará con ello la posibilidad de construir los acuerdos que requerimos con urgencia para verdaderamente generar justicia social.
¿Por qué no plantear una reestructuración económica?

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Gilberto Rincón Gallardo

2009-08-31T09:43:00.001-07:00

31-Ago-2009

El pasado viernes se cumplió un año desde la desaparición de Gilberto Rincón Gallardo. No tengo la menor duda al afirmar que México es un mejor país gracias a su trabajo político, a sus ideas, pero sobre todo, a su actitud ejemplar de luchar incansablemente por que el respeto a los derechos humanos, la inclusión social, la discriminación y el rechazo a la diferencia, se convirtieran en los criterios y objetivos fundamentales en el diseño del gobierno. Gilberto asumía plenamente la complejidad social de nuestro país. Su personalidad siempre estuvo caracterizada por una convicción socialdemócrata desde la cual promovió intensos debates nacionales, mostrando que es a partir del acercamiento de las diferencias donde podemos construir una nación incluyente y generosa.
Promovió y mostró que la vía del diálogo es la opción democrática por excelencia, y que es a través del entendimiento y de la construcción de consensos como México puede avanzar, aún en las circunstancias más adversas. El actuar político de Gilberto estuvo orientado a la defensa de las minorías y a su derecho a manifestarse y a tener presencia en el escenario nacional. Un asunto de la mayor relevancia, pues dotar de voz a quienes hasta ahora en muchos ámbitos carecen de la posibilidad de expresar sus diferencias, constituye uno de los actos de mayor importancia para construir inclusión y cohesión social en México.
Debe decirse que Gilberto fue el principal motor que impulsó la reforma constitucional del artículo primero de la Carta Magna, a fin de incorporar explícitamente en ella el derecho universal a la no discriminación; de ello derivó la creación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación, así como la creación del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), organismo que presidió hasta su muerte.
Su aportación a la defensa de las personas con discapacidad es igualmente inmensa. La creación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2005, fue resultado de muchas de las aportaciones que él hiciera, en alianza y solidaridad con el movimiento nacional de personas con discapacidad.
Estas luchas no fueron casuales. Sabía que la más grande deuda de nuestro país se encuentra en el sufrimiento de los excluidos; en el silencio de los sin voz; en la exclusión de los diferentes y en el rezago histórico que aqueja a los indígenas, las personas con discapacidad y otros grupos que sufren el racismo, la discriminación y otras formas de intolerancia.
Gilberto es uno de los ejemplos más poderosos en la historia reciente de nuestro país en torno a lo que puede llamarse la imaginación política. En ese sentido, nos mostró cómo la derrota del pensamiento puede revertirse y cómo los mejores ideales de la modernidad pueden y deben rescatarse desde una profunda visión y sensibilidad social. La obra de este hombre no puede asumirse como completa, no por lo que no logró hacer debido a su muerte, sino por la inmensa responsabilidad que tenemos, quienes fuimos favorecidos con el privilegio de su cercanía y amistad, de seguir luchando por el fortalecimiento de las instituciones y la generación de capacidades para garantizar adecuadamente los derechos humanos en México.
No hay mejor homenaje a la tarea de un gran hombre, que la de asumirlo como un personaje ejemplar, es decir, un hombre digno de ser imitado en su integridad, en su coherencia y en su estatura moral, pues es lo que nos permitiría, a final de cuentas, honrar adecuadamente la memoria de Gilberto, quien jamás vaciló en entregar todo su tiempo, energía y capacidades al servicio de México. La coherencia, la integridad y la capacidad de ser consistente a lo largo de su vida, es lo que le dio a Gilberto la capacidad de hacer política al más alto nivel, así como transitar, en medio de inmensos ejercicios de tolerancia con los demás, y esas características son las que hoy están ausentes en el escenario político nacional.
Alguna vez Gilberto escribió que no hay tarea más importante para los mexicanos que la de velar por las libertades, la dignidad y los derechos humanos. En ese sentido, proteger a las instituciones es sin duda una actividad de la mayor magnitud. Por ello, ante su ausencia, permitir retrocesos en aquello por lo que Gilberto comprometió su bienestar, sus energías y hasta su salud, constituiría un despropósito, no sólo con el amigo que siempre fue, sino sobre todo, con el hombre de ideales que vivió una intensa pasión y vocación por México.
No hay mejor homenaje a la tarea de un gran hombre, que la de asumirlo como un personaje ejemplar.

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Regreso a clases: Derecho que no es paa todos

2009-08-26T10:43:00.000-07:00

El regreso a clases y la exclusión social

2009-08-24T08:47:00.000-07:00

Lunes, 24 de Agosto 2009

Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), en 2007 había en México 29 millones 203 mil 394 personas entre los cinco y los 17 años. De éstos, 14 millones 763 mil 18 son hombres y 14 millones 467 mil 376 mujeres. El dato es relevante, porque es este segmento de la población el que constituye el grueso de la matrícula escolar. En efecto, el sistema educativo nacional tiene una cobertura de más de 32 millones, cuya inmensa mayoría se ubica en el grupo de edad señalado.

De acuerdo con lo que establece el texto constitucional, todas las niñas y los niños deberían estar en la escuela. Esto implicaría una cobertura universal hasta el bachillerato, lo cual se encuentra muy lejos de ser una realidad en nuestro país. Así, de los 29.2 millones de menores de 18 años que había en 2007, hay un registro alarmante de 3.07 millones que no asistían a la escuela, la inmensa mayoría, por razones económicas.

Desagregados por grupos de edad, es preocupante que, entre quienes tenían de cinco a nueve años, se registró un total de 236 mil 504 niñas y niños que no acudían a la escuela, cuando se supone que en México no sólo la gratuidad de la educación, sino la existencia de programas como Oportunidades, deberían garantizar que no hubiera una sola niña o niño excluido del sistema. En el grupo de edad de los 10 a los 13 años, la cifra es de más de 315 mil sin la oportunidad de ver cumplido su derecho a la educación.

Debe destacarse, además, que para la población de 14 a 17 años aún hay rezagos abismales: 110 mil 584 adolescentes en este segmento no cuentan con ningún grado de instrucción; 520 mil 258 no habían concluido la primaria; mientras que más de 3.5 millones tenía secundaria incompleta, lo cual evidencia no sólo una enorme tasa de no absorción de la secundaria a la preparatoria, sino también altos niveles de reprobación, repetición de grados y extraedad escolar grave en las secundarias. Lo anterior implica que, en 2007, teníamos a más de 630 mil personas entre 14 y 17 años sin concluir la primaria; dato aterrador, porque implica que estas niñas y estos niños seguramente estarán condenados, en su mayoría, a tener severos problemas de inclusión laboral, aprendizaje profesional y, desde luego, altas probabilidades de reproducir los círculos intergeneracionales de la pobreza.

Estos datos deben, sin embargo, tomarse con mucha cautela, pues si los registros de incremento en los niveles de pobreza y en la agudización del hambre en todo el país comenzaron a darse desde 2007, entonces la deserción escolar, la reprobación y la no absorción de egresados de primaria y secundaria pudo haberse incrementado también de manera significativa. Debe dejarse en claro que la pobreza de capacidades creció al pasar de 4.2 a 5.3 millones de hogares, lo cual implica no contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud y educación, aun destinando todo el ingreso del hogar a esos ámbitos. Si esto es así, entre comer y curar una enfermedad o asistir a la escuela, la decisión en los hogares generalmente apunta a las primeras dos opciones, por lo que no es descabellado pensar que, al no haber un crecimiento en las coberturas de los programas de combate a la pobreza, combinada con una reducción al presupuesto educativo, más niñas y niños abandonarán las escuelas y, peor todavía, hasta podrían engrosar las filas de la monstruosa figura del trabajo infantil. La ENOE del segundo trimestre de 2009 nos dice que hay más de 2.36 millones de personas desocupadas, así como 9.96 millones de autoempleados, es decir, viviendo en la precariedad laboral, pero sobre todo salarial, sin prestaciones económicas, en la informalidad y hasta en la ilegalidad.

En este contexto, la educación sigue siendo un espacio que puede permitirnos recuperar el sentido de nación, de garantizar en primer lugar la inclusión de todos al sistema educativo, en un esquema de gratuidad, desde el preescolar hasta el bachillerato.

No podemos permitir que las generaciones de jóvenes que podrían tener un promisorio futuro, se estén convirtiendo en hordas de desempleados pues, según los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud, cada vez son más los adolescentes que ni estudian ni trabajan, lo cual puede generar poderosos “caldos de cultivo” para la violencia, la frustración y la desesperanza.

Octavio Paz decía que tenemos derecho a todo, excepto a renunciar a construir una sociedad para la felicidad. Empero, lograrlo requiere que al menos tengamos acceso a un piso básico de derechos, entre los que se encuentra sin duda una educación de calidad.

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Auguran aumento en nivel de pobreza

2009-08-20T08:19:00.000-07:00

(Entrevista realizada por el periódico Excélsior, 19 de agosto de 2009)

Una reducción del gasto público para hacer frente a la crisis económica generará en los próximos meses cuatro millones de nuevos pobres, lo que acarreará problemas sociales, advirtió Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
En conversación con Martín Espinosa para Grupo Imagen, Fuentes destacó que los actuales programas de asistencia son insuficientes, y no dan cobertura a todos los necesitados, pero sería un error eliminarlos, toda vez que aquellos que subsisten con esta ayuda quedarían desprotegidos: “La medida no es recortar los programas que ya se tienen, sino ampliar el apoyo”. En diciembre de 2008, 19 millones de mexicanos padecían hambre. A esta cifra hay que sumarle los nuevos cuatro millones de ciudadanos que ingresaron a la pobreza extrema en los primeros meses de 2009. Las amas de casa y los jóvenes son los más afectados, puntualizó el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Asimismo destacó que la falta de inversión en infraestructura educativa y hospitalaria deja fuera a miles de familias de las zonas de mayor marginación en el país.
“De 20 mil hospitales que existen en el país muchos tienen más de 20 años de operación y requieren grandes montos para su mantenimiento. En el sector educativo, sólo seis de cada diez jóvenes accede a la prepa”, enfatizó, al tiempo que agregó que el lento crecimiento económico del país coloca a las poblaciones indígenas en situación de emergencia, lo que se convierte en caldo de cultivo para conflictos sociales.
“En Chiapas sólo tres de cada diez niños nace en un hospital, lo que revela las afectaciones por la falta de inversión federal.”
Agregó que en el país hay siete millones de jóvenes entre 12 y 21 años que ni estudian ni trabajan: “Están fuera del espacio público, y si se recorta el gasto a educación y programas sociales tendremos un país cada vez más injusto”.
El también ex director del DIF afirmó que si el aumento que han registrado los servicios públicos no se acompaña con medidas de equidad, la población colapsará.
Mario Luis Fuentes aseguró que el recorte de plazas en el sector burocrático se sumará al desmoronamiento de la clase media, por lo que es urgente un nuevo pacto “sin sacrificar el precario gasto social y articular los programas que ya están”.Con datos de Roberto José Pacheco
El gobierno debe fortalecer los programas sociales, de acuerdo con el CEIDAS
Mario Luis Fuentes aseguró que el recorte de plazas en el sector burocrático se sumará al desmoronamiento de la clase media, por lo que es urgente un nuevo pacto “sin sacrificar el precario gasto social y articular los programas que ya están”.

Con datos de Roberto José Pacheco.

Crisis Económica: Los daños en materia social

2009-08-19T09:01:00.000-07:00

Proteger la infraestructura social

2009-08-19T08:59:00.000-07:00

Lunes, 17 de Agosto 2009

El secretario de Hacienda anunció ayer que una buena partede los ingresos nacionales están “destruidos de manera permanente”. Estanoticia es de lo más preocupante porque se da en medio de la mayor crisis delempleo en la historia de nuestro país: 2.4 millones de desempleados, una caídade 10.5% del PIB y un escandaloso incremento en el número de pobresalimentarios cuya cifra, al cierre de 2008, llegó a 19.2 millones.

Ante esta situación, se ha propuesto un recorte de más de300 mil millones de pesos, lo que impactará a la inversión que se teníaproyectada, no sólo para ampliar coberturas en servicios básicos, sino con elfin de mantener en operación, con estándares de calidad aceptables, la hoyexistente.

Para 2010, el panorama es mucho peor: una caída adicionalde 500 mil millones de pesos en los ingresos del Estado, lo que limitará aúnmás la posibilidad de proteger la inversión en esferas básicas de la justicia:acceso al agua potable, a servicios adecuados de saneamiento, así como aservicios de cultura, educación, deporte y recreación, igualmente importantescuando se habla de cumplimiento de los derechos sociales.

El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) hademostrado que uno de los factores determinantes de la desigualdad educativa ysocial es la variable del bajo capital cultural familiar de los estudiantes enel país. Ello porque los indicadores de menor rendimiento, mayor reprobación ydeserción escolar se presentan en el grupo de alumnos cuyos jefes de familiatienen más bajos promedios de escolaridad, menor acceso a bienes y serviciosculturales y menos desarrollo de actividades de recreación de calidad.

A su vez, el PNUD muestra cómo limitar los derechos que hoyafectan radicalmente las posibilidades de un adecuado desarrollo futuro de lasgeneraciones más jóvenes, pues cada año adicional de escolaridad, que se gana ose pierde, puede representar la diferencia entre vivir permanentemente en lapobreza o acceder a mejores niveles de bienestar.
Por ello es alarmante la caída en los ingresos de losmunicipios y su inminente colapso financiero. Porque esto traerá comoconsecuencia que más unidades deportivas, casas de la cultura, bibliotecaspúblicas, teatros y centros de convivencia comunitaria se deteriorenrápidamente si no hay un adecuado proceso de acompañamiento y reorientación delgasto público con miras a la protección de los derechos sociales.

Privilegiar la inversión en obras suntuarias y seguirbeneficiando a constructores codiciosos que, al amparo de la corrupción y elamiguismo en los gobiernos locales, se han hecho prácticamente de pequeñosmonopolios para construir obra pública, constituirá un retroceso en nuestrascapacidades con miras a reconstruir una nación justa.

Hoy es el momento de avanzar hacia una verdadera reformadel Estado, que incluya una reforma fiscal diseñada con criterios de justiciapara los pobres, antes que con base en sólo las frívolas fórmulas queúnicamente ven variables macroeconómicas pero, por los resultados de losúltimos 30 años, han mostrado su rotunda inviabilidad.

La urgente reforma del Estado debe plantear nuevos esquemasde recaudación y privilegiar mecanismos de distribución justa de los recursos afin de proteger la infraestructura de esferas de justicia irrenunciables parala autoridad estatal: salud, educación y alimentación. Debemos asumir lourgente de universalizar la cobertura en salud, construir más hospitales,formar a más personal y mejorar el equipamiento; que necesitamos ampliar lacobertura gratuita de la educación hasta al menos el bachillerato, y lo urgentede que estamos obligados a garantizar la seguridad alimentaria y el derecho ala alimentación.

Estas esferas de justicia exigen proteger lainfraestructura social instalada, mejorarla sustantivamente para proteger a losmás vulnerables y detonar su ampliación como un mecanismo adicional degeneración de empleo en las localidades más pobres. Esto permitiría detonarmercados locales desde un enfoque en el que la participación social desplace alclientelismo o a las lógicas perversas que se han generado mediante lamonetarización de las relaciones sociales, así como de los vínculos entre lasociedad y el gobierno.

Proteger la infraestructura social, en medio del colapso delas finanzas públicas, constituye no sólo un acto moral, sino una de las rutasno exploradas aún por el régimen, para generar procesos de reactivacióneconómica, a base de privilegiar la inversión en las personas.

El reto del Estado consiste en mantener el control de laeconomía, de las variables más importantes, como la inflación, ysimultáneamente garantizar la justicia social para con ello evitar que máspobres y marginados sigan enfrentándose día con día al dilema de lasupervivencia.
Es alarmante la caída en los ingresos de los municipios ysu inminente colapso financiero.

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La crisis del agua: Recurso a la baja

2009-08-11T10:33:00.000-07:00

La miseria no ha sido abatida.

2009-08-10T08:52:00.000-07:00

Lunes. 10 de Agosto 2009

El tema de los derechos humanos ha sido abordado y comprendido de una manera aún limitada en México. Sin duda, contar con un organismo del Estado responsable de velar por ello es un avance sin precedentes en el país.

Pero aún hay numerosos problemas para fortalecer la institucionalidad de la CNDH, así como ampliar la discusión sobre el papel que tiene en la vigilancia y la exigencia de cumplimiento de los derechos humanos.

México sigue siendo un país en el que nuestras libertades se encuentran relativamente restringidas, por la incapacidad material de satisfacer necesidades elementales de la población. En efecto, cuando hay hambre, enfermedad, marginación y desigualdad, exclusión y discriminación, es un hecho que las personas encuentran severas limitaciones para ejercer su libertad. Nadie puede decidir sobre su vida, plantear proyectos de mediano y largo plazos, si a su realidad y a su entorno los caracterizan la incertidumbre y la carencia de casi todo.

Sin el cumplimiento pleno de los derechos sociales (pensando, por ejemplo, en los que están contenidos en la Ley General de Desarrollo Social), no hay garantías suficientes para ejercer otro tipo de derechos, como el de expresión, el de creencia o al trabajo digno.

Ninguna democracia puede fortalecerse si no hay condiciones para el desarrollo humano al alcance de todos y es preciso revisar las agendas que han sido abandonadas y dejadas de lado por la mayoría de las dependencias públicas y nos han llevado a la pérdida de rumbo y a la ineficacia de políticas de Estado y de programas públicos.

Hoy carecemos de mecanismos efectivos para garantizar que sean cumplidos a cabalidad, por citar sólo algunos temas, los derechos de los niños, adultos mayores y personas con discapacidad; deben retomarse agendas como el cumplimiento de derechos de las mujeres relacionados con la violencia y la salud sexual y reproductiva; las acciones acerca de los derechos de los jóvenes son insuficientes; y los indígenas siguen siendo altamente discriminados y excluidos del bienestar, lo mismo que la gente de distintas preferencias sexuales. Hay atentados graves a la libertad de expresión y constantes denuncias de limitaciones a la de cultos y creencias.

Por otro lado, hay agendas de nueva generación para las cuales carecemos de mecanismos, ya no se diga de exigibilidad ante autoridades, sino para darles visibilidad y exigir su incorporación a las decisiones públicas. Derechos relacionados con el acceso a la cultura, la defensa de la lengua y la identidad, están aún lejos de ser asumidos plenamente tanto en nuestro marco jurídico como en el institucional.

Todo ello lo enmarca una realidad en la que no hemos logrado abatir pobreza y desigualdad. Y si éstas limitan el cumplimiento de otros derechos, deberían ser materia de una revisión al amparo de la defensa de los derechos humanos, porque éstos pueden violarlos también por omisión las autoridades responsables de garantizarlos.

Pensar en dotar de nuevas capacidades a la CNDH para que transite a un modelo avanzado de defensa de los derechos humanos, ampliando sus facultades para revisar, no sólo actos sino omisiones de la autoridad, es un reto mayor, porque implicaría asumir que se trata de un organismo que, si bien no emite recomendaciones de cumplimiento obligatorio, sí puede orientar a la acción pública hacia generar soluciones estructurales que impiden de facto el cumplimiento de las garantías y los derechos que nos otorgan nuestra Constitución y sus leyes.

La defensa de los derechos humanos no puede estar sólo circunscrita a la defensa de lo que se ha conocido tradicionalmente como “libertades civiles”. El reto consiste en avanzar hacia el fortalecimiento de una de las instituciones del Estado de mayor relevancia porque, dado su carácter autónomo, puede ofrecer, mediante la defensa de los derechos sociales, mecanismos innovadores de solidaridad social, reconciliación y unidad nacional.

No puede creerse que los derechos humanos se cumplen en un país que se ahoga en la desigualdad y la pobreza. La pervivencia de la democracia, del Estado de derecho y de un régimen de libertades depende en buena medida de nuestra capacidad de proteger y garantizar a todos el universal e integral cumplimiento de los derechos humanos.

México sigue siendo un país en el que nuestras libertades se encuentran relativamente restringidas, por la incapacidad de satisfacer necesidades de la población.

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"Advierten mayor riesgo en familias con violencia"

2009-08-07T08:48:00.000-07:00

Entrevista realizada por el diario Excélsior al Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá:

Verónica Mondragón

El entorno violento en las escuelas y en la familia orillan a los menores a enrolarse en el crimen organizado, mientras crece la cultura de la admiración a la violencia, advirtió Mario Luis Fuentes, director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).

“Las razones por las que un niño se ve atrapado en conflicto con la ley tienen que ver con su situación escolar. El abandono escolar es el elemento primordial que vuelve vulnerable a un niño.”

Está el entorno familiar y muchos espacios son de violencia, de abusos. Esto puede generar que ellos sean atrapados en ese tipo de acciones ilícitas. También tiene que ver con las condiciones reales de ingreso y vulnerabilidad en los hogares”, dijo el especialista en temas sociales.

Fuentes señaló que el tejido social está impregnado de vulnerabilidad y de desigualdad. Esto se conjuga con un sistema de justicia que trata a los menores como si fueran adultos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Seguridad Pública (SSP), actualmente hay 14 mil 213 menores de 18 años en los centros de tratamiento para menores.

“Esos jóvenes pueden ser sujetos a un sistema especial de justicia y no ser juzgados como adultos”, aseguró.

Fuentes rechazó que se apliquen sanciones penales para los menores, quienes recibirán al menos una sentencia de diez años de cárcel cuando cometan delitos graves como homicidio, robo o secuestro, que son los más comunes.

“En la construcción de acciones reales para la integración, el encarcelamiento debe ser la última alternativa, deben proponerse acciones que permitan reconstruir la red social”, reiteró el experto, quien además preside el Observatorio Ciudadano de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familias y miembro del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Primero, recalcó, hay que reconocer que los entornos familiares y escolares están sujetos a la erosión por sus capacidades de pobreza y desigualdad.

Esto surge en un contexto de incremento de la pobreza extrema. En los últimos tres años, más de cinco millones de mexicanos no tuvieron los ingresos para adquirir los productos de la canasta básica.

Lo cual se conjuga con un sistema escolar deficiente “Muchos no tienen un sistema pedagógico que pueda reconocer que estos niños al ser expulsados caerán a acciones delictivas”, recalcó.

En el aspecto sicológico, la adolescencia es una edad compleja durante la formación del ser humano, aseguró el sicólogo César Flores.

“A esa edad no hay mucho control de impulsos o medida de las consecuencias. El joven no ha desarrollado la conciencia de que sus actos tienen repercusiones, por la etapa de su vida no están cristalizadas sus creencias”, señaló.

Además, coincidió en que la ruptura en el tejido social provoca que los menores no encuentren en sus familias la protección que “les permita enfrentar lo que ven”.

Incluso actualmente hay una sobrevaloración de los contextos de violencia, que son vistos como atractivos círculos de poder.

“Hay conductas de que el crimen organizado se pondera como algo positivo para los jóvenes que ven en la conducta ilícita símbolos de poder, vía la música, vía juegos digitales. Es una generación en que la violencia como elemento de ruptura que genera situaciones de jerarquía”, dijo Mario Luis Fuentes.

Notas relacionadas:

- El crimen se nutre de más minisicarios
- Avistan narcocultura que carcome infancia

México ante la crisis

2009-08-05T12:03:00.000-07:00

CONFIGURACIONES

(No. 30, Enero-abril, 2009)

Revista de la Fundación Pereyra y del Instituto de Estudios para Transición Democrática (IETD)

Con la participación de Mario Luis Fuentes

Pobreza y marginación: El rosto indígena

2009-08-04T11:21:00.000-07:00

La epidemia que no se ha ido

2009-08-03T10:55:00.000-07:00

Lunes, 3 de agosto 2009

México está en túnel de desgracias que se han sucedido desde septiembre de 2008. Primero, el estallido de la crisis económica ante la cual, las autoridades hacendarias, un mes sí y el otro también, nos han dicho que ya tocó fondo y se ven “alentadores signos de recuperación”.

Ese mismo mes, las dos granadas en plena celebración de la Independencia Nacional, en Morelia, marcaron el inicio de una ola de violencia mucho más sanguinaria de los grupos del crimen organizado.

La epidemia de influenza paralizó a medio país y, con ello, a la de ya por sí maltrecha economía, lo cual agudizó la estrepitosa caída del Producto Interno Bruto, al golper severamente a los principales sectores productivos, los que mayores empleos generan.

Para colmo de males, las nuevas cifras sobre la pobreza nos regresan a la terrible realidad de la otra pandemia: la desigualdad crónica que persiste y cifras que nos revelan, al mismo tiempo, que de golpe volvimos a los perniciosos niveles de la década pasada.

Este crudo escenario nos debe llevar a la consideración urgente de que, el rebrote de la pandemia de influenza, esperado para el otoño, es decir, dentro de dos meses, puede dar un nuevo revés a los más que precarios “signos de recuperación económica” y afectar de una manera mucho más grave a quienes menos tienen.

Lo que está ocurriendo en Chiapas y en general en el sursureste mexicano es sintomático de que, cuando la pandemia llega a las regiones menos favorecidas, la respuesta de las autoridades de los diversos niveles se reduce y pone al margen de la existencia a cientos de miles que poco o nada tienen.

En contraste, en España, por ejemplo, la aparición de la pandemia llevó a un debate sobre si las 15 millones de dosis disponibles de los antivirales que han mostrado eficacia en este padecimiento bastarían para atender a su población, lo que llevó al gobierno de ese país a adquirir un nuevo stock y llegar a 25 millones de dosis.

En otros países, la tendencia es la misma; empero, en el nuestro, las reacciones no van en el mismo sentido. Al menos por la información disponible, el número de dosis disponibles para atender a pacientes infectados por el virus A H1N1 no se ha incrementado de los dos millones inicialmente anunciados por la Secretaría de Salud, aun cuando nuestra población es casi tres veces mayor que la española.

En su Comunicado de Prensa del 16 de julio, la Organización Mundial de la Salud declara: “La pandemia de gripe de 2009 se ha propagado por todo el mundo a una velocidad sin precedentes. En las pandemias anteriores los virus gripales necesitaron más de seis meses para extenderse tanto como lo ha hecho el nuevo virus H1N1 en menos de seis semanas”.

Con esa velocidad de propagación, no es descabellado pensar que su capacidad de mutación sea similar, por lo que en los próximos meses podríamos estar enfrentando, no sólo una pandemia de mayores proporciones, sino una causada por un virus más agresivo. Esto se confirma con el Boletín del 8 de julio de la OMS: “Las autoridades sanitarias de Dinamarca, Japón y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China, han informado a la OMS de la detección de virus H1N1 que, según las pruebas de laboratorio, son resistentes al antivírico oseltamivir (conocido como Tamiflu)”.

Así, el conteo de casos confirmados por la OMS llegó ya el 6 de julio a 94 mil 512, con 429 muertes totales. De esos casos confirmados, diez mil 262 son pacientes mexicanos, es decir, poco más de diez por ciento.

No obstante ello, las medidas preventivas diseñadas se han relajado. Ya no hay, por ejemplo, los despachadores de gel para el aseo de manos en espacios de reunión masiva de personas; pero, sobre todo, se abandonaron las intensas campañas para generar hábitos deseables entre la población, lo cual implica un riesgo mayor ante la evidencia de que el virus de la influenza, como se dice popularmente, llegó para quedarse.

La desigualdad crónica persiste y los números revelan que de golpe volvimos a los perniciosos niveles de la década pasada.

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Política Social: La urgencia de un cambio

2009-07-28T09:19:00.000-07:00

Pensar el Coneval

2009-07-28T09:08:00.000-07:00

Lunes 27 de julio de 2009

La Ley General de Desarrollo Social, de 2004, ha significado importantes avances en protección de los derechos sociales. Por ejemplo, es el único dique con el que contamos para evitar que ocurra lo que en medio de otras crisis ha sido la fórmula favorita de los gobiernos: el recorte a los programas sociales, así como drásticas reducciones de presupuesto en áreas y sectores clave para la garantía de los derechos sociales.

En efecto, su artículo 18 establece que los montos presupuestales destinados al desarrollo social no podrán sufrir cambios, excepto en los casos que así lo determine la Cámara baja al aprobar el Presupuesto de Egresos, por lo que la mayor responsabilidad de los miembros de la nueva Legislatura, que empezará en septiembre, será salvaguardar al menos los mismos niveles de inversión social, en 2010, que los asignados en 2009.

Otro aporte está en su capítulo VI, titulado: De la definición y medición de la pobreza. En éste, le otorga al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social la facultad de establecer lineamientos y criterios para medir, identificar y definir a la pobreza.

Ese mismo establece que tales lineamientos y criterios son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social y que el Coneval deberá utilizar los datos generados por el INEGI. En esa lógica, la autonomía de gestión otorgada recientemente por el Congreso a este organismo resulta importante para garantizar la certeza, la cientificidad y la solidez técnica en la generación de datos, así como en su procesamiento y cálculo, de instancias como el Coneval.

De esta forma, lo que debe destacarse son los avances que ha tenido éste. Es un asunto mayor que, por primera vez, contemos con mediciones frecuentes que permiten evaluar a corto y mediano plazos el impacto de las políticas sociales en el bienestar y el cumplimiento de los derechos sociales de las personas.

En efecto, a partir de su creación, el Coneval generó los Mapas de la Pobreza, con base en la información del Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005; diseñó y construyó el Primer Índice de Rezago Social, actualizó los datos sobre pobreza con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, 2006 y, hace poco, con base en la misma Encuesta, la de 2008, nos ha informado las escalofriantes cifras de pobreza, medida por ingresos. En ese sentido, el Coneval ha iniciado también un proceso de evaluación de programas sociales sujetos a reglas de operación, cuyo informe lo divulgó en 2008.

Debe reconocerse que, en un contexto de recursos limitados, pero con base en el enorme talento de sus investigadores académicos, el Coneval se ha situado rápidamente como un órgano que, sin tener las atribuciones jurídicas suficientes, funciona casi como del Estado, más que como un organismo del gobierno federal.
Entonces, lo deseable es que la próxima Legislatura dé el paso en dos sentidos elementales para fortalecerlo. Uno, convertir al Coneval en un organismo del Estado que, más allá de la autonomía técnica y de gestión, permita fortalecer los procedimientos institucionales de control democrático del gobierno.

El otro, dotarlo de facultades para emitir recomendaciones de política pública que, sin invadir la facultad exclusiva que le da la Constitución al Ejecutivo para conducir el desarrollo y la planeación nacionales, permitan evitar desperdicio de recursos, dispersión de acciones, descoordinación de niveles y órganos de gobierno, así como garantizar la pertinencia de programas y recursos.

Sin duda, de esas evaluaciones, pueden derivarse recomendaciones vinculantes, con plazos y metas específicos, en mejoramiento, corrección o cambio de las políticas cuyo objetivo es generar el desarrollo social.

Esquemas similares deberán buscarse en las entidades, para contar con organismos con la capacidad y la dimensión ética suficientes y, así, evaluar y elaborar recomendaciones a las políticas estatales, y no generar organismos que se conviertan en espacios que busquen legitimar la acción gubernamental local.

En todo caso, urge avanzar en fortalecer nuestro entramado institucional para lo social y potenciar experiencias que, como la del Coneval, han mostrado hasta ahora ser eficaces.

Urge avanzar en fortalecer nuestro entramado institucional para lo social y potenciar experiencias que han mostrado hasta ahora ser eficaces.

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Demografía y Pobreza: los desafíos hacia 2050

2009-07-28T09:01:00.000-07:00

La disyuntiva del Presidente

2009-07-20T10:32:00.000-07:00

Lunes, 20 de julio 2009

La recomposición en el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados y en los gobiernos estatales ha situado a la Presidencia de la República en un dilema mayor.

La estrategia asumida de cara al proceso de 2009 mostró que apostar todo por tener la mayoría en el Congreso, para imponer una sola visión de país y una sola concepción sobre cómo generar desarrollo social y crecimiento sostenido, constituye un enorme riesgo que va en detrimento de las instituciones y de su capacidad de funcionamiento.

Los tiempos de la política se han modificado radicalmente y la disputa por el Congreso estuvo siempre marcada por los signos de la sucesión que habrá en 2012, proceso que se dará entre liderazgos regionales con una alta capacidad de movilización de personas y recursos, y poderes centrales en disputa por mantener los privilegios que han logrado, no sólo retener, sino acrecentarlos en las últimas décadas.

Si se tratara sólo de una disputa por el control de los cargos de la administración del Estado, se podría hablar de un proceso relativamente normal dentro de un esquema democrático. Empero, lo que está en juego es mucho más que eso: se trata de una profunda falta de acuerdos sobre el país que debe construirse y acerca de las rutas que deben transitarse para recomponer lo hoy a todas luces fracturado: el tejido social.

Los datos dados a conocer el fin de semana por el Coneval dan la pauta para reorientar la discusión. Estamos una vez más en los mismos niveles de pobreza que teníamos en términos porcentuales en 2004, con la novedad de que, como hoy somos más mexicanos, en números absolutos la cifra se incrementó sustantivamente, para llegar en 2008 a más de 50.6 millones de pobres, dato que hoy es a todas luces menor a lo que la realidad de la recesión y la caída esperada del PIB para finales de este año nos permiten proyectar.

Lo peor de estas cifras se encuentra en el hecho de que también la desigualdad creció; en que los pobres de ayer son más pobres hoy, y en la realidad de que los ricos de siempre hoy concentran mucho más el ingreso de un país que ha vivido una atroz y constante sangría económica y financiera desde la década de los 80.

Desde entonces hemos padecido una gran crisis en cada una de estas décadas, acompañada de sus respectivos desastres naturales y sociales que han terminado por mostrar la enorme vulnerabilidad y tragedia que aqueja y lastima a los más pobres. El terremoto de 1985; las explosiones de San Juanico y el huracán Gilberto; Aguas Blancas, Acteal y el huracán Paulina; el huracán Stan y hoy la tragedia de Hermosillo, no son sino parte de esta trama espeluznante de desigualdad y exclusión, que ha surgido como corolario de un modelo que considera a lo social como un elemento residual y que se resolvería simplemente gracias a la mecánica del libre mercado.

La disyuntiva que hoy tiene el presidente Calderón consiste en lo siguiente: seguir apostando al juego político del día a día marcado por las encuestas de popularidad y, en ese sentido, continuar con un gabinete dedicado a administrar la tragedia, o bien apostar por construir las bases para un pacto social de gran envergadura, que trastoque en sus fundamentos al modelo que cada vez más nos acerca al precipicio social. Esto implica reconstruir a su gabinete y convocar a las mejores mentes, a las personalidades con mayor estatura ética del país, para que, en un diálogo respetuoso, pueda generarse un nuevo pacto social que tenga como premisa crecer para la equidad.

En todo caso, no será aceptable, ni ética ni políticamente, que ante el desastre que hoy tenemos enfrente, el gobierno sugiera, como ya lo ha hecho la Sedesol, que continuará administrándonos la misma “medicina”, que va a seguir con los programas que hasta hoy ha gerenciado y que éstos permitirán salir rápidamente de la crisis.

Ante la evidencia y la dureza de los datos, lo cierto es que las estrategias, las políticas y los programas que hoy operan están desbordados, no lograrán abatir la pobreza en el corto plazo y, de seguir por donde vamos, en diez años nos volverán a decir que la crisis vino de afuera y, con ello, tratar de justificar la incompetencia que se ha tenido al no generar un modelo de crecimiento basado en el trabajo digno y en la noción elemental de garantizar justicia social.

Los pobres de ayer son más pobres el día de hoy y, los ricos de siempre, hoy concentran mucho más el ingreso.

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México: alto riesgo ante desastres naturales

2009-07-14T10:02:00.001-07:00

No hay tiempo

2009-07-13T16:51:00.000-07:00

Lunes 13 de julio de 2009

Los vínculos sociales y las capacidades para protegerlos se resquebrajan por doquier, mientras el crimen organizado siembra el terror amenazando, extorsionando y hasta secuestrando y asesinando a ciudadanos a los que, ante la incapacidad de las autoridades para brindar seguridad, no les ha quedado otro camino que la organización y la lucha colectiva con el fin de intentar resistir.
Pasada la insoportable marea electoral, nos queda una crisis de representatividad mayúscula y poco se ha visto de operación política efectiva con el objetivo de reconstruir a la nación.
Un día después de la elección en Estados Unidos, el pasado noviembre de 2008, el primer evento público de Barack Obama consistió en cenar con su oponente y enviar un claro mensaje de conciliación y unidad nacional. Nada así ha ocurrido en nuestro país.
El hecho de que el voto nulo haya llegado casi a 6% y que, de acuerdo con la encuesta que realizó Federico Reyes Heroles, en la que se muestra que más de 60% de quienes votaron por algún candidato dijeron sentirse poco representados por quienes emitieron su sufragio, es una clara muestra de la enorme deuda que tienen los políticos con la sociedad mexicana.
Hasta ahora sabemos muy poco de las agendas legislativas. Sabemos, por ejemplo, que el PRI y el PRD se han manifestado en contra de gravar con el IVA a los alimentos y las medicinas; pero no sabemos qué es lo que sí van a impulsar. El problema de todo esto es que las plataformas de los partidos dicen poco o nada de propuestas serias y que puedan concretarse en el corto plazo; además, no se ha convocado a un diálogo de largo aliento para reconstruir el pacto nacional, que es lo urgente.
Lo esperable era que pasada la jornada electoral, de inmediato se plantearan las propuestas sobre la mesa de discusión. Por el contrario, parece que habrá que dar tiempo a que se defina quiénes serán los coordinadores parlamentarios; luego, quiénes van a presidir las comisiones legislativas más relevantes y, sólo después, se comenzará a trabajar en el planteamiento de reformas que, a la luz del debate sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, pospondrán probablemente la discusión hasta el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
El Ejecutivo tiene hoy un problema real. Mientras todo el proceso mencionado se desarrolla, ¿con quién acordarán los secretarios? ¿Con quiénes debatirán o con quiénes comenzarán el debate sobre prioridades programáticas y presupuestales? ¿Quiénes serán los operadores de la Presidencia cuando la Secretaría de Gobernación, ante el caso de la guardería ABC de Sonora, perdió toda autoridad moral para fungir como interlocutor confiable?
Ante lo anterior, los partidos siguen atrapados: el PAN en una disputa interna sin precedentes, marcada por la renuncia de su dirigente nacional; el PRD, sumido en una crisis marcada por una estrepitosa caída en sus niveles de votación; el PRI, en una operación silenciosa de acuerdos internos; y los poderes fácticos frotándose las manos, sabedores de que contarán con sus bancadas para buscar mantener sus privilegios.
Los márgenes están acotados. La crisis arroja cada día a cientos, quizás a miles de trabajadores, a la calle; cientos de jóvenes deberán interrumpir su formación en las escuelas durante el próximo ciclo escolar; los programas sociales van a estar cada vez más desbordados y rebasados ante la magnitud del desastre económico de una caída de casi 10% del PIB; y la inseguridad y la violencia parece que crecen sin cortapisas ni límites de ningún tipo. La FAO nos advierte que los precios de alimentos y medicinas seguirán creciendo los próximos meses, mientras la desesperanza y la frustración de quienes han visto diluido su precario patrimonio —en medio de una lenta y dolorosa caída en las garras de la pobreza— crecen en la medida en que sus expectativas presentes y futuras se esfuman.
Académicos, organizaciones de la sociedad civil, expertos y diversas personalidades han convocado por distintos medios a impulsar reformas para lograr que México crezca con equidad, ante lo cual el silencio de los políticos resulta al menos sospechoso, pues pareciera que su intención es continuar reproduciendo las lógicas del poder que han prevalecido en los últimos 30 años. Esta realidad nos evidencia que no hay tiempo y que se agotaron las rendijas de la futilidad. Es urgente una profunda reforma social del Estado. Es urgente pensar en cómo generar puentes y nuevas ventanas de comprensión y acuerdo entre las diferencias, a fin de iniciar, no en 2010, sino ya, la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Los márgenes están acotados. La crisis arroja cada día a cientos, quizás a miles de trabajadores, a la calle.

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Entrevista a Mario Luis Fuentes por Carmen Aristegui

2009-07-08T08:57:00.000-07:00

8 de julio de 2008

Entrevista a Mario Luis Fuentes por Carmen Aristegui respecto a la tragedia en Hermosillo Sonora y la comparecencia de Daniel Karam, actual director del IMSS.
Medio: MVS Noticias, 102.5 FM

Escuche la entrevista dando clic en:
http://www.noticiasmvs.com/ver_noticia.cfm?id=6028

MVS Noticias.

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Entrevista a Mario Luis Fuentes por Javier Solorzano

2009-07-08T08:54:00.001-07:00

8 de julio de 2009

Entrevista a Maestro Mario Luis Fuentes por Javier Solórzano respecto al sistema de salud en México y el incendio en la guardería ABC.
Radio Trece 1290 AM

Escúche la entrevista haciendo clic en:
http://javiersolorzano.radiotrece.com.mx/2009/07/08/entrevista-con-mario-luis-fuentes/

Guarderías: un balance

2009-07-08T08:44:00.000-07:00

¿Cómo construir un federalismo social?

2009-07-06T13:37:00.001-07:00

6 de julio de 2009

El proceso de descentralización que se inició en la década de los 90 quedó trunco. Se inició con un conjunto de instrumentos de distribución de recursos públicos hacia las entidades y los municipios, pero no se logró generar un adecuado proceso de transferencia de facultades y capacidades jurídico-administrativas para fortalecer a los gobiernos locales.

Nuestro federalismo está no sólo incompleto sino que ha llevado a una perversa competencia política que ha originado la desarticulación de políticas y acciones en distintos ámbitos.

Uno de ellos es el relativo al desarrollo económico. Optamos por una política de abandono y dejamos de lado acciones urgentes, como el fomento a la empresa desde una lógica de desarrollo sustentable y basada en el progreso científico y tecnológico. Una política así implicaría impulsar de la mano una profunda reforma educativa que, en las áreas dedicadas a la generación del conocimiento científico, recibiera un mayor impulso programático y presupuestario, reformara planes y programas de estudio y se vinculara al mundo del empleo con base en la categoría del trabajo digno.

Abandonamos igualmente una noción integrada del desarrollo regional. La evidencia de las desigualdades que tenemos y el crecimiento de problemas regionalizados debería llevarnos a una nueva política de coordinación y acciones conjuntas para lo social.

La realidad de que en el norte y el centro del país los jóvenes mueren a destiempo como resultado de accidentes de tránsito, homicidios y suicidios, y que en el sur la mayoría de los fallecimientos en este segmento de edad están relacionadas con ámbitos de pobreza, desnutrición y mala salud, es una muestra irrefutable de la urgencia que tenemos de generar programas regionalizados.

En ese sentido, la política social ha logrado raquíticos resultados: tenemos prácticamente los mismos —quizás hoy más agudizados— niveles de pobreza que en los momentos anteriores a la crisis de 1995. Y esto sin duda alguna es el resultado de considerar que la política económica y el fomento al libre mercado iban a generar por sí mismos bienestar.

Hoy sabemos que no es así; que tenemos una política social fragmentada y un federalismo absurdo en el que, a pesar de la existencia de algunos mecanismos de distribución de los recursos federales a través del Ramo 33, el gobierno de la República sigue ejerciendo más de 70% del presupuesto social en el país.

Quizá nunca antes como ahora los gobiernos municipales están verdaderamente solos, abandonados por los gobiernos estatales y el federal. ¿Cómo enfrentar en un municipio de menos de 10 mil habitantes a un enclave del crimen organizado, cuando a los presidentes municipales se les trata sin respeto y sin consideraciones de ningún tipo desde las antesalas de las secretarías de gobierno y las gubernaturas de los estados?

¿Cómo garantizar la efectividad de una política social en la que, en programas como Oportunidades, el único papel que juegan los alcaldes es el de firmar cédulas y formatos intrascendentes y, si acaso, revisar someramente padrones e integración de grupos de promotores?

La seguridad pública y las estrategias adoptadas en la presente administración para intervenir en contra del crimen organizado, consideran muy poco a las autoridades locales, y éstas, paralelamente, carecen del personal, la formación, los recursos tácticos, el armamento y, por supuesto, de la inteligencia requerida para prevenir y actuar de manera coordinada con los demás órdenes de gobierno.
La reforma social del Estado que distintos académicos hemos comenzado a impulsar recientemente, tiene como uno de sus mayores retos detonar un proceso que nos lleve de lo que Rolando Cordera ha llamado el federalismo salvaje que hoy tenemos hacia un federalismo eminentemente social.

Un federalismo así le restituiría al municipio la relevancia política y administrativa con la que fue concebido en el Constituyente del 17. Exigiría construir un proceso de profesionalización de las administraciones municipales; demandaría modelos compartidos para el crecimiento con equidad y desde el que las ciudades pilares de lo que hoy es nuestro país asuman una lógica de desarrollo basado en la protección del patrimonio ecológico, histórico y cultural de nuestros pueblos y regiones y, en evidencia, la protección de los derechos humanos.

La diversidad que nos caracteriza, la pluralidad cultural en la que tenemos el privilegio de crecer y aprender y la megadiversidad ecológica que nos distingue en todo el mundo, deben ser los nuevos cimientos sobre los que podemos construir, en medio de toda esta complejidad, un federalismo verdaderamente republicano en la distribución justa de las tareas y las responsabilidades públicas.

Menores Infractores: rostro olvidado de la justicia

2009-06-30T13:46:00.000-07:00

Una política social fragmentada

2009-06-29T10:31:00.000-07:00

Lunes 29 de junio de 2009

Hay quienes sostienen que el problema de la pobreza y la desigualdad en México puede resolverse con una mejor gerencia social de la profundización de las llamadas “reformas económicas estructurales” e, incluso, por medio de lo que ya tenemos mediante el mejoramiento de las reglas y los procesos de operación de los programas sociales.

Mi percepción, y la de muchos otros, parte de una idea distinta: el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad dependen de la visión que se tiene tanto de lo que es el Estado como de lo que es el poder político; en ese sentido, es válido sostener que la visión imperante hoy en el mundo, y en nuestro país, asume que la pobreza es una cuestión carencial (de ingresos, insuficiencia de servicios, falta de capacidades), y no un elemento constitutivo de un modelo de desarrollo diseñado para que unos ganen mucho y las mayorías pierdan casi todo.

Desde una perspectiva como la que impera es consecuente diseñar estrategias de combate a la pobreza, caracterizadas por esquemas de transferencias de ingresos, algunas condicionadas, otras asignadas universalmente, a fin de que los individuos puedan incorporarse racionalmente al consumo en el ámbito de un mercado considerado infalible, neutro, eficaz y racional.

Siguiendo esa lógica, es natural que el gobierno, desde hace dos administraciones, haya apostado por un esquema de prestación de servicios sociales a los que se pretendió descentralizar en un modelo que puede caracterizarse en los términos que ha utilizado recientemente Rolando Cordera: de un “federalismo salvaje”.

Esta forma de concebir lo social ha derivado en una desarticulación de la política nacional de combate a la pobreza y, quizá, de manera no deseada, pero que ha generado también un juego, no sólo de libres fuerzas del mercado en la oferta de programas sociales, sino de impulsos e intereses políticos de todos los signos y colores que han visto en los programas sociales el mejor instrumento para fortalecer sus bases de apoyo social (electoral, si se quiere), así como mecanismos de legitimación política y ciudadano.

Como resultado de todo lo anterior, se ha perdido de vista el problema de fondo: reducir la pobreza y la desigualdad constituyen metas de un Estado social que se fija a sí mismo la responsabilidad de garantizar los derechos reservados a la sociedad que explícita o implícitamente están contenidos en su Constitución Política y, en la medida de lo posible, busca ampliar progresivamente ese marco de garantías que reconoce y otorga a sus ciudadanos.

Visto así, lo que México requiere no son procesos de mejora continua y reingeniería de programas y reglas de operación, como si se tratara de hacer más eficiente la producción de papas fritas.
Por el contrario, lo que se necesita es refundar el pacto social que nos da sentido como nación, bajo al menos tres ejes:

1) Garantizar universalmente los derechos sociales.
2) Promover la cohesión social.
3) Reformar las disposiciones jurídicas y las estructuras institucionales que permiten la reproducción de la desigualdad en la sociedad.

Reconstruir el pacto social no es entonces una tarea para técnicos capaces de diseñar las más avanzadas fórmulas econométricas que nos muestren que la tendencia hacia lo que se ha llamado en otro lado el “horror económico”, no varía en el tiempo.

Lo necesario hoy es un gran acuerdo político nacional en el que se asuma que no hay tarea más importante para el Estado que garantizar el bienestar y la calidad de vida para todas las personas.
En ese sentido, es preciso sostener que si ya tenemos suficiente evidencia de que el modelo de país asumido en los 30 años recientes nos ha llevado a crisis recurrentes y a la catástrofe social que implica que en 15 años no hayamos logrado reducir significativamente la pobreza, entonces lo que se hace urgente no es revisar los programas implícitos en ese modelo de país sino construir otro que nos sitúe lo más rápido posible en condiciones de garantizar equidad para todos los mexicanos.
El combate a la pobreza depende de la visión que se tiene tanto de lo que es el Estado como de lo que es el poder político.

Trata de Personas: Corrupción e Impunidad

2009-06-23T16:21:00.001-07:00

Por un México Social

2009-06-23T16:17:00.000-07:00

22 de junio de 2009

“México requiere una reforma social”; así se inicia el documento que signamos 57 académicos del Seminario Universitario de la Cuestión Social de la UNAM, un espacio que en los últimos cinco años ha impulsado un debate permanente con funcionarios, legisladores y expertos, sobre cómo trazar una ruta para la reforma social del Estado. Lo que se busca es generar un diálogo permanente y sistemático y público, para impulsar consensos sobre la necesidad de una profunda reforma dirigida a construir equidad.

El llamado que hace el manifiesto está dirigido al Congreso, al gobierno y a los principales actores políticos del país, para construir un mecanismo permanente y sistemático de diálogo que nos lleve a una serie de reformas constitucionales, legales e institucionales, para generar un México eminentemente social.

Lo mínimo aceptable es el cumplimiento de garantías individuales: educación universal, laica y gratuita, en lo cual tenemos la posibilidad de que en los próximos cinco años podamos ampliarla al bachillerato con una cobertura universal. Sólo esta acción nos reposicionaría en el ranking de competitividad y daría acceso a mejores condiciones para el desarrollo y el combate a la pobreza.

En salud, implicaría modificar el esquema de división en distintos sistemas, y crear uno universal de coberturas ampliadas con acceso a medicinas gratis o muy baratas.

En alimentación, urge la reforma constitucional en seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Hace dos legislaturas se aprobó por unanimidad una minuta en la Cámara de Senadores, misma que fue enviada a la de Diputados, en donde el PAN y los grupos reaccionarios del PRI la congelaron. Valdría la pena rescatarla a fin de modificar los artículos 27 y 4º constitucionales, lo cual sentaría mejores bases para un desarrollo humano y social integrales. La premisa que sustenta esta idea es simple: garantizar a todos, en todo momento, los alimentos inocuos y nutritivos necesarios para la vida y la salud.

El combate a la pobreza requiere un urgente replanteamiento. El programa Oportunidades no alcanza ya para romper los ciclos generacionales de miseria ni para prevenir o mitigar fenómenos de alta complejidad, como la violencia doméstica, las adicciones y otros más graves, como la explotación sexual de menores, problemáticas ante las que poco tenemos para actuar con la celeridad requerida.

La desigualdad es el telón de fondo. Por ello se requiere el replanteamiento de la política fiscal, a fin de darle un cariz verdaderamente redistributivo y que logre además establecer cargas justas a una amplia base de contribuyentes en función de los beneficios y de las tareas sociales desempeñadas.

Lo anterior muestra además la urgente necesidad de modificar la estructura del gobierno. El diseño de una administración pública sectorial respondió a una lógica del poder del siglo XX y de un régimen no abierto y corporativo. Hoy, la consolidación de nuestra democracia pasa por una reforma que asigne claramente responsabilidades y capacidades de planeación, coordinación y ejecución de presupuestos y programas, con criterios dirigidos a reestructurar el mundo del trabajo, dinamizar la economía y distribuir de manera justa la riqueza social.

Como puede verse, la construcción de un diálogo político en serio es indispensable con miras a crear un modelo para una reforma social del Estado. No se trata de modificar programas y reglas de operación o de impulsar modelos gerenciales o estrategias de refuncionalización y reingeniería institucional. Lo que urge es un diálogo de altura entre los principales actores políticos: los Poderes de la Unión, gobiernos estatales y congresos locales, a fin de consensuar, desde el pluralismo, una visión compartida de una nación justa e incluyente.

Hanna Arendt advertía, desde hace tiempo, que en nuestras sociedades hemos cambiado el trabajo por el laborar, troceándolo en minúsculas partículas que han llevado a la fractura de lo humano.

Esta no puede ser la divisa corriente de México. Por ello, el llamado de la UNAM es importante y urgente que los políticos no hagan oídos sordos. En un diálogo de este calibre va la posibilidad de pasar de un país de injusticia, a uno deliberadamente construido para la inclusión.

Si quiere conocer el documento, puede acceder a la siguiente liga: http://www.cuestionsocial.unam.mx/documentos/ponencias/mexsocial/manifiesto.pdf

Accidentes en niños: muertes evitables

2009-06-16T15:57:00.001-07:00

¿Qué nación queremos?

2009-06-16T15:48:00.000-07:00

15 de junio de 2009

La tragedia de Hermosillo nos deja muchas lecciones. Quizá la más importante es que esta horrible experiencia debe hacernos preguntar qué estamos haciendo en lo social y cuáles son los criterios con los que estamos decidiendo lo que corresponde hacer a cada uno.

Ello implica una visión del poder y, por supuesto, una noción con respecto al Estado, el gobierno y el mercado. En esa medida, saber qué funciones, atribuciones y alcances se le da a cada una de esas esferas.

Resumiendo, habría dos maneras de entenderlo: la primera, desde la que el Estado se concibe como una estructura política con funciones circunscritas a la administración de la justicia y la seguridad pública, a la regulación de variables macroeconómicas y a la gestión gerencial del gobierno para administrar “programas públicos mínimos”, con la idea de que el Estado es un promotor de la economía y el mercado un gran regulador de la vida social.

Desde la segunda visión, insistiendo en que se trata de una reducción, el Estado se entiende como la gran estructura jurídica fundamental, que tiene como responsabilidad construir esferas de justicia, delimitadas por posiciones éticas relacionadas con la idea de que las personas deben ser asumidas como fines en sí mismas y no medios para alcanzar cualquier otro tipo de fines.

En este caso, el Estado es garante de derechos; en la primera visión se entiende que resulta un simple proveedor o administrador de bienes y servicios.

Desde la posición que asume que el mercado es el principal regulador de la vida social, los criterios según los cuales se deciden los ámbitos de intervención del Estado son los de rentabilidad, ganancia y eficiencia de la administración pública. Así, los servicios sociales se miden por inversión, rentabilidad, ahorro y resultados.

Por el contrario, cuando se asume que el Estado es el principal responsable de garantizar los derechos sociales, los criterios de funcionamiento institucional están relacionados con la garantía de la dignidad, independientemente de su costo.

Visto así, sin duda alguna los recursos estatales pueden usarse con transparencia y racionalidad. No es cierto que asumir un Estado garante de derechos implique despilfarro, desorden fiscal, deuda pública, bajo crecimiento o inflación. Eso ya lo tenemos, sin un modelo de bienestar. Un Estado garante de derechos convoca a la sociedad a construir pactos sociales, como una reforma fiscal para ampliar la base gravable y distribuir de manera justa los costos del bienestar.

Para poner en contexto la tragedia de Hermosillo es importante destacar que el tema de la subrogación de los servicios del IMSS corresponde a la primera visión: como es más barato y no se pagan prestaciones sociales a más trabajadores, se evita incluso engrosar el peso del Estado; y como los privados tienen más capacidades que el sector público, entonces hay que pagarles con los recursos del erario para que, con base en criterios de rentabilidad económica, se cuide a los niños.

Lo que está en el fondo es qué tipo de Estado requerimos para decidir qué tipo de nación estamos dispuestos a construir. Lo que se necesita, creo, es un nuevo pacto social basado en un consenso político que permita ir hacia un Estado social de derecho, en el que las personas sean vistas como portadoras de dignidad y atribuciones.

Necesitamos un Estado que asegure la universalidad de nuestros derechos, independientemente de la condición laboral; y también en donde esa condición no sea determinante de la calidad de los servicios; es decir, no es aceptable que haya de distinta calidad para los pobres, los menos pobres y las clases más favorecidas.

Necesitamos asumir que hacen falta cuando menos tres grandes reformas: la ecológica, para garantizar la viabilidad de la vida; la económica y fiscal, con el fin de generar los empleos dignos requeridos y orientar el crecimiento hacia la equidad y, la social, con el propósito de reorientar los criterios de distribución de los beneficios sociales para la ampliación constante del bienestar.

Esto nos daría la oportunidad de aspirar a una nación incluyente y no a una en la que el ahorro de unos cuantos pesos nos sigue costando la vida y la felicidad de millones.

Entrevista a Mario Luis Fuentes Imagen Informativa por Jorge Fernández Menéndez

2009-06-12T08:29:00.000-07:00

Entrevista a Mario Luis Fuentes en Imagen Informativa por Jorge Fernández Menéndez en Imagen Informativa 90.5 FM

Junio 11, 2009

http://www.imagen.com.mx/audio/2200/

Mesa de Análisis "Guarderías en México" en MVS Noticias con Carmen Aristegui

2009-06-11T09:35:00.001-07:00

MVS Noticias.

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Entrevista Mario Luis Fuentes en Programa Hoy por Hoy de W Radio

2009-06-11T09:07:00.000-07:00

Trabajo Infantil: abuso en riesgo de aumentar

2009-06-09T16:42:00.000-07:00

La atrocidad del trabajo infantil

2009-06-08T08:46:00.000-07:00

Lunes 8 de junio de 2009

EI 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, a fin de hacer un llamado a la comunidad internacional para acabar con esta figura aberrante del mundo económico contemporáneo.

Sobre el tema hay dos posturas predominantes: la “abolicionista” desde la cual se llama a erradicar todas las formas de trabajo infantil, en particular aquellas que han sido denominadas por la OIT como las “peores formas de explotación infantil”— y la que reconoce que el trabajo infantil, cuando se realiza en condiciones de seguridad, es tolerable en la medida en que pueda contribuir a su formación en los valores de esfuerzo y disciplina.

Sin afán de polemizar, estoy convencido de que en una sociedad en la que los derechos a la vida, la educación, la salud y la alimentación se cumplen a cabalidad, no habría ninguna necesidad de que los niños tuvieran que incorporarse a ninguna actividad laboral a fin de aprender el valor del trabajo. Eso puede enseñarse a través de la disciplina y las prácticas de cooperación en el hogar.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el módulo de trabajo infantil, más de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en México, debido a que en sus hogares no hay ingresos para llevar una vida digna, o porque vieron suspendido su derecho a la educación o cualquier otro de sus derechos fundamentales.

Hay también una cantidad inaudita de niñas y niños utilizados y abusados en prácticas aberrantes como explotación sexual, trata de personas, matrimonios forzados, adopciones ilegales, trabajo nocturno y múltiples ocupaciones que los sitúan en graves condiciones de vulnerabilidad, como trabajo en jornales agrícolas, minería, recolección de basura, alfarería y artesanales —casi todas de bajos ingresos— en las que las y los menores se ven involucrados por carencias familiares y la ausencia de infraestructura social básica que los proteja mientras sus padres trabajan.

La migración es otro de los fenómenos asociados al trabajo infantil. Alrededor de 800 mil infantes viajan anualmente en movimientos migratorios estacionales siguiendo las rutas de cultivos y cosechas por el centro, occidente y norte del país, desprotegidos y excluidos de las políticas públicas. Así ocurre por ejemplo con el programa Oportunidades, en el cual no se ha tenido la capacidad de incorporar a las niñas y niños trabajadores jornaleros agrícolas. Lo lamentable de todo esto es que a pesar de las recomendaciones reiteradas de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras instancias especializadas, no contamos con información, ni suficiente ni confiable, en torno a cuántos menores viven el infierno de la explotación.

Debe reconocerse que, ante la crisis, lo más probable es que la deserción escolar crezca, los hogares se vean obligados a incorporar a más perceptores de ingreso al mercado laboral, incluidos niñas y niños, y por la presión del trabajo, los menores que laboren lo harán en condiciones de vulnerabilidad, realidad aterradora e intolerable.

El problema de fondo no consiste en sólo diseñar nuevos programas para construir guarderías en los campos agrícolas, o garantizar niveles de supervivencia a las niñas y niños que viven o trabajan en situación de calle. Se trata de dar un vuelco a la noción del desarrollo sobre la que se ha fincado la acción del gobierno en los últimos 30 años, y de dar el paso de una vez por todas hacia un modelo de crecimiento diseñado para garantizar equidad social.

Esta administración no cuenta con una política de protección y garantía a los derechos de la niñez; tampoco la tienen las entidades de la República. Así, en las condiciones de pobreza, desigualdad y marginación en que vivimos, puede decirse que México sigue siendo un lugar inapropiado para los niños; y esa es una lacerante realidad que no podemos mantener.

Por ello, no se trata de decir sólo que en los niños está nuestro futuro. Más nos valdría reconocer que aunque no fuese así, protegerlos constituye un imperativo ético a todas luces irrenunciable.

No se trata de decir sólo que en los pequeños está nuestro futuro. Más nos valdría reconocer que protegerlos constituye un imperativo ético.

Michoacán: el narco y la miseria

2009-06-02T15:42:00.001-07:00

Campañas vacías

2009-06-02T15:40:00.000-07:00

1 de junio de 2009

Una democracia sin un diálogo político fructífero es una calamidad. También, una democracia en la que por falta de ese diálogo, las y los ciudadanos creen en su mayoría que no viven en un régimen democrático y menos de 10% dice tener “mucha confianza” en las instituciones que con mayor credibilidad pública debieran contar: legisladores, jueces y policías.

La pobreza no ha menguado en los últimos 15 años y lo más que se ha logrado es reducirla por periodos muy cortos, para regresar, en una especie de marea social trágica, a lo que pretendíamos haber superado con políticas que hoy evidencian estar desbordadas y sin capacidad para afrontar las dimensiones de la crisis que amenaza con hacer trizas las frágiles estructuras de bienestar del país.

La desigualdad sigue siendo el mayor de los males sociales; los niveles de ingreso siguen polarizándose entre las clases que más tienen y los grupos más desfavorecidos. La banca social ha desaparecido; el agio y la usura hacen presa de los muy necesitados y las brechas entre las regiones urbanas y las rurales y, sobre todo, ante las comunidades indígenas, se ensanchan cada vez más.

El campo mexicano es un desastre. Los efectos del cambio climático, expresado en sequías y lluvias torrenciales principalmente, las primeras en el norte y el centro del país y las segundas en el sursureste, han hecho manifiesta la vulnerabilidad del país en materia de seguridad alimentaria y capacidad de producción agrícola.

Ante ello, los programas Procampo, Alianza para el Campo, Aserca y otros están diseñados fundamentalmente desde una perspectiva de asistencia social que ya no alcanza para detonar procesos de reconversión que permitan además contribuir a superar la pobreza alimentaria rural, que afectaba en 2006 a más de nueve millones y que, ante la crisis de insumos que se vive desde 2007, habrá que esperar los nuevos cálculos para saber la magnitud en la que seguramente ya se ha acrecentado.

Los escenarios de violencia generalizada, el crecimiento de crímenes como la trata de personas, los feminicidios, la pornografía infantil a través de internet, los delitos sexuales y la violencia contra niños y mujeres, son sin duda síntomas graves de la descomposición social que sirve como telón de fondo a la crisis de la democracia.

Crisis. Esa es la palabra que debemos comenzar a atrevernos a pronunciar cuando hablamos de democracia. La tremenda desconfianza con respecto al resultado electoral de 2006; la destitución de los consejeros del IFE, incluido su presidente; y el actual escenario de abstencionismo que según algunas encuestas puede rozar 70%, no pueden ser catalogados sino así: una crisis democrática a sólo 12 años del primer proceso electoral que arbitró un órgano de Estado ciudadanizado.

Frente a ello, no hay propuestas que puedan ser catalogadas como serias en este proceso electoral. Incluso en las entidades en las que se elegirá a gobernadores, las plataformas de campaña son huecas; sin capacidad de procesar la complejidad y sin la posibilidad de generar alternativas para un desarrollo social y humano sostenido.

¿Cuál es la agenda legislativa de los partidos con mayor presencia territorial y electoral? Si es lo que hay en sus documentos básicos, el país está en problemas. Si es lo que vemos en comerciales propagandísticos y panfletos en los medios, el escenario se vuelve terrorífico.

Esperar de la clase política una renovación interna es ilusorio. Por eso urge construir mayores capacidades ciudadanas de ejercicio y exigencia de derechos; nuevos liderazgos para que, desde la ciudadanía, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, puedan emerger nuevos liderazgos capaces de transformar o, al menos, de intentar cambiar las estructuras de corrupción, incapacidad y parálisis institucional que nos tienen atrapados.

Se ha dicho que modificar la ley para permitir el voto a ciudadanos sin partido no debe hacerse porque puede infiltrarse el narcotráfico. Con los niveles de corrupción actuales, este argumento es ridículo e insostenible.

Nuestra democracia se encuentra en crisis y es momento de llamar a la imaginación, al compromiso, a la vocación de servicio público y a un profundo sentido de patria, para tratar de salvar lo que aún tenemos y reconstruir en lo inmediato capacidades para la inclusión social.

La desigualdad sigue siendo el mayor de los males sociales; los niveles de ingreso siguen polarizándose entre las clases que más tienen y los grupos más desfavorecidos.

Democracia: dudas y desconfianza

2009-06-02T15:37:00.000-07:00