Proteger al empleo

Excélsior, 2 de febrero de 2015

El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, construido trimestralmente por el Coneval, muestra que entre los años 2005 y 2014, el valor real de los ingresos laborales, deflactados respecto de los precios de la canasta alimentaria, ha caído en al menos 25%.

De acuerdo con los datos de la Secretaría del Trabajo, el salario promedio diario de las y los cotizantes al IMSS se ha incrementado, entre 2009 y 2014, en únicamente 17.8%, al haber pasado de 231.63 pesos promedio en el primer año de referencia, a 282.09 en diciembre de 2014. Esto implica un crecimiento promedio de 10 pesos totales cada año.

Asimismo, en los últimos tres años, no se ha logrado reducir el porcentaje de trabajadores eventuales respecto del total de trabajadores asegurados; en efecto, entre los años 2012 y 2014, los trabajadores eventuales han representado 14% del total de las y los cotizantes a la seguridad social.

El INEGI informa que al cierre del tercer trimestre de 2014, 27.17% de la población ocupada se encuentra en el sector informal, lo cual implica una cifra de alrededor de 14 millones de personas; mientras que 58.09% se encuentra en condiciones de informalidad laboral.

Todos estos datos permiten sostener que si algo es urgente frente a las acciones que se están emprendiendo para fortalecer a la macroeconomía, ante la caída de los precios del petróleo, es proteger al empleo; de hecho, el Gobierno Federal debería asumir la lógica que se ha impulsado en otras latitudes: es un error desaprovechar los momentos de crisis para impulsar medidas audaces con el fin de generar cambios estructurales.

Desde esta perspectiva, si hay un tema que debería asumirse a plenitud es el relativo a la reestructuración de los sistemas de protección del ingreso de las familias, y sobre todo, modificar las políticas dirigidas a promover la creación de empleos, tomando como eje de articulación de todas la acciones públicas, la categoría del empleo digno.

De acuerdo con el Coneval, si hay un factor que ha impedido que tengamos avances sustantivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, éste es el relacionado con la fractura en el mundo del empleo: no hay forma de reducir significativamente ni el número ni el porcentaje de personas en condiciones de pobreza, si antes no se crean empleos que ofrezcan trabajos remuneradores y que den acceso a seguridad social.

Se necesita, con la misma relevancia, elevar de inmediato el salario mínimo general, pero también los salarios mínimos profesionales, con el propósito de avanzar gradual, pero aceleradamente, hacia la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y cumplir con el precepto constitucional en la materia.

El otro asunto prioritario es iniciar, desde ya, la reforma pendiente al sistema de salud, en lo relativo a la construcción de un sistema de cobertura universal, gratuito y con la capacidad de incrementar la calidad de los servicios de manera progresiva.

Reducir la desigualdad, por su parte, exige del rediseño de los mecanismos de distribución de la riqueza, lo cual implica acciones de cambio político, económico e institucional de gran calado, pues, en el fondo, alterar las relaciones de desigualdad supone modificar las relaciones de poder; asunto imposible si no existe la voluntad y la generosidad política para construir el país incluyente y equitativo que merecemos ser.

*Investigador del PUED-UNAM

@ML_fuentes

Un mundo de corrupción

Excélsior, 26 de enero de 2015

El título de este texto pretende ser, más que una alegoría, una descripción. Los datos presentados por Transparencia Internacional (TI) a través del Índice de Percepción sobre la Corrupción, así como de su análisis sobre lavado de dinero durante 2014, muestran que la corrupción es un problema endémico en todo el planeta.

Entre todos los países, el nuestro se encuentra en la mitad en que mayor corrupción es percibida, tanto por la ciudadanía como por otros actores económicos y políticos. En el ranking de TI, México ocupa el lugar 103 entre 175 países. Y entre los 28 que son medidos a través de la categoría de “pagadores de sobornos”, ocupamos el lugar 26: el tercero peor en esa lista.

Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América, se encuentra en el lugar 17, en la misma lista; mientras que entre los 28 en que se midió el pago de sobornos, ocupa el lugar 10 de los 28 medidos.

España se encuentra en el lugar 37 en la lista; Francia en el lugar 26; Italia en el lugar 69; Rusia en el 136; en contraste Suecia se ubica en el 4º sitio; Noruega en el 5º; mientras que Finlandia en el 3º.

Es de llamar la atención que en el Índice citado se publican datos relativos al Producto Interno per cápita, pero también la Tasa de Mortalidad infantil. En ese indicador tenemos una tasa 7 veces superior a la registrada en Noruega y Suecia; tres veces mayor que las de Francia, Italia y España; lo cual es muestra no sólo de un sistema político y económico mucho más corrupto, sino también mucho más ineficiente y generador de desigualdad social.

Sobre estos temas, se dice constantemente que el problema se encuentra en la crisis ética de nuestras sociedades, y en las que la deshonestidad es la norma como criterio de gobierno y ejercicio de la política; empero, se deja de lado el análisis profundo de otras cuestiones, también éticas, como los valores que subyacen a las decisiones y estilos de vida que hemos asumido de manera globalizada.

Por ejemplo, poco se ha presentado de manera seria respecto de la codicia como el principal sentimiento humano detrás del modelo económico y de desarrollo vigentes. Poco importa si se destruye el medio ambiente, si se lastima a los demás o se les margina a las peores condiciones de vida, mientras que “Yo”, como criterio de organización social, pueda consumir sin límites y acumular riqueza al infinito.

Dicho de manera estricta, se puede ser un codicioso transparente; y se podría tener modelos de gobierno transparentes pero también concentradores de la riqueza y generadores de desigualdad; no habría contradicción lógica en ello, aunque sí ética.

Lo que deberíamos estar discutiendo en ese sentido es cómo generar un punto de quiebre ético, que nos lleve al mismo tiempo a un quiebre en la forma en cómo se toman las decisiones económicas y políticas en nuestra sociedad.

La generación de sociedades profundamente democráticas pasa por eso: por la edificación de criterios civilizados de convivencia, sustentados en el consumo responsable, en el rescate ecológico del planeta y, sobre todo, en una nueva e infinita responsabilidad ética con los demás. Y todo esto implica, sin regateo en el adjetivo, un nuevo modelo político para la solidaridad.

Investigador del PEUD-UNAM

Twitter: @Ml_fuentes

Discursos lejanos

Excélsior, 19 de enero de 2015

Hoy el país vive en un momento de enorme preocupación. Hay una percepción de que las cosas están mal, y que pueden empeorar todavía más en los próximos meses. Por alguna razón, la esperanza de un mañana mejor se rompió y en su lugar tenemos una percepción de malestar y de pesimismo frente a todo. 

En ese contexto ha iniciado una nueva campaña de propaganda política que, en lugar de reconocer tales circunstancias, está orientada a la denostación y los mensajes frívolos que no tienen más propósito que posicionar imágenes vacuas de personajes de los que poco o nada sabemos.

Los consultores en comunicación siguen apostando por los mensajes que apelan a lo emotivo y diseñan campañas y estrategias sustentadas fundamentalmente en la denostación y el desprestigio de los otros, abonando con ello al clima de polarización y desencanto nacional. Ni hablar de las propuestas legislativas o de las plataformas de gobierno que se ofrecen en las entidades en que se renovarán las titularidades de los Ejecutivos estatales.

Estamos ante la fractura de la capacidad de construir propuestas que le permitan a la ciudadanía comprender el momento de complejidad y urgencia por el que atravesamos, llegando al absurdo de partidos que sostienen que no están integrados por políticos, como si el ejercicio de la política fuese sinónimo exclusivo de transa, corrupción e ineficacia.

En este contexto, el Gobierno de la República y los gobiernos estatales se encuentran ante el reto de construir campañas de comunicación social y de lo social verdaderamente democráticas y democratizadoras de la vida pública. Desde esta perspectiva, urge una revisión profunda del tono y contenido del discurso de la propaganda gubernamental, para transitar a una lógica de mensaje que promueva los mejores valores democráticos, así como la idea de que el país sí puede transformarse.

Debe comprenderse que la difusión de los logros de gobierno no se traduce automática ni necesariamente en respaldo ciudadano; y que en sentido estricto, de lo que se trata es de utilizar los recursos públicos para generar capacidades ciudadanas para el ejercicio de los derechos humanos y el acceso efectivo a la oferta pública de bienes y servicios sociales.

Sin duda es necesaria la imagen de un gobierno activo, pero lograrla será muy difícil si los mensajes propagandísticos están centrados sólo en el anuncio de obras construidas o por construirse. Por el contrario, la imagen de un gobierno eficaz, en todos los órdenes y niveles, exige una renovada capacidad de comunicar para acercar a la ciudadanía información útil sobre cómo vivir mejor, a través de campañas dirigidas a la promoción de hábitos deseables de vida, así como para la convivencia civilizada y solidaria.

El esfuerzo debe orientarse a recobrar la capacidad de que la gente pueda imaginarse un país más justo, más equitativo e incluyente y ello exige una lógica comunicativa distinta, y la cual, no es exagerado decirlo en ese tono, permita recobrar la ilusión de un país de bienestar y leyes.

La credibilidad de los partidos políticos se encuentra por los suelos y en nada ayudan campañas electorales en las que predomina la lógica del slogan, pero no de una nueva cultura democrática y de una convicción generalizada de que lo deseable es vivir con base en la paz, la solidaridad y la equidad para todos.

@ML_fuentes

Las prioridades de 2015

Excélsior, 12 de enero de 2015

¿Cuál es la lógica, el método o la racionalidad con base en las cuáles se determinan las prioridades públicas en México? La pregunta es pertinente, sobre todo cuando inicia un nuevo año fiscal, como es el caso cada mes de enero en nuestro país. En nuestro sistema democrático, la discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas se ha centrado en garantizar acceso a la información pública y la auditoría del ejercicio presupuestal; sin embargo, esto no es suficiente a la luz de los intereses creados y la dinámica de corrupción que se ha instalado en, prácticamente, todos los órdenes de gobierno.

Lo anterior porque puede darse el caso de que, en un escenario ideal, los gobiernos podrían rendir cuentas y ejercer los recursos de manera eficiente, aun con ello, el juego democrático no estaría garantizado, porque desde la ciudadanía no tendríamos claro cuáles son los mecanismos desde los cuales se definieron las prioridades de inversión, de cobertura de los programas, de ampliación de la

infraestructura, y un largo etcétera.

Por ejemplo, ahora que hay una nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos el derecho de saber cuáles son los principios y criterios desde los cuales se definirán las acciones para atender lo urgente (la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el país); así como lo estructural, que no debería consistir en otra cosa sino en garantizar que la justicia se convierta en uno de los bienes sociales realmente garantizados para toda la población.

Por otro lado, sabemos relativamente lo suficiente de los presupuestos con que cuentan los estados y los municipios; pero poco sabemos de sus planes de desarrollo y si, de verdad, éstos sirven para guiar la acción y las inversiones públicas; una vez más, pensando en lo local, desconocemos casi todo respecto del sistema de determinación de las prioridades, sobre todo ante un escenario de posible recorte presupuestal en este 2015.

¿Cuáles son las prioridades legislativas de este año, en medio del complejo proceso electoral que está en marcha? Sabemos que las bancadas se reúnen antes de iniciar el periodo ordinario de sesiones, y determinan sus agendas; pero una vez más ¿cómo las procesan a su interior? ¿Es con base en acuerdos y compromisos de grupo y empresariales, o de verdad hay un ejercicio crítico entre parlamentarios en aras de defender el interés nacional?

De continuar la caída de los precios del petróleo y entrar en un periodo de turbulencia, será urgente replantear la estrategia de cobertura universal de salud, generación de empleos y garantía de ingresos mínimos a los más pobres. Por todo ello, el combate a la corrupción que tanto se ha exigido pasa por la revisión de los sistemas y esquemas de toma de decisiones, porque es lo que está en la base de las componendas y el desvío de los recursos públicos.

Debemos comprender que si hay moches y mordidas, se debe a que las prioridades públicas siguen definiéndose con criterios alejados de toda norma y sentido ético. Y eso es lo que urge poner en la base del nuevo sistema anticorrupción: mecanismos de control sobre la determinación de las prioridades y las acciones que deben ponerse en marcha para el bienestar y la plena garantía de los derechos humanos.

Twitter: @ML_fuentes

Convocar a la crítica

Excélsior, 22 de diciembre de 2014

Ninguna democracia puede asumirse como tal si la crítica frente al poder se encuentra ausente o limitada. Lo que es más, sólo puede asumirse como plenamente democrático un régimen desde el cual las propias autoridades del Estado son las principales promotoras de la crítica pública.

El debate público es fundamental en el juego democrático por dos razones: la primera es porque sin un diálogo abierto no podría hablarse en verdad de un régimen de libertades; la segunda, porque con base en el debate de las cuestiones públicas se reducen los márgenes de error en el sistema de decisiones institucionales.

Un gobierno que en el marco de un régimen democrático no escucha a la disidencia, que no alienta a los medios de comunicación para que promuevan un diálogo respetuoso y que funjan como espacios para mostrar las múltiples diferencias que existen en la sociedad, es un gobierno que multiplica las probabilidades de equivocarse.

Lo mismo ocurre cuando se decide, desde los espacios del poder, que sólo se escuchará a los “leales”, a quienes simpatizan con la visión de quien toma las decisiones, o a los grupos que comparten el discurso y las tesis de gobierno de quienes son responsables de la conducción de un país.

Octavio Paz lo expresaba de manera excepcional: “Hay una manera muy simple de verificar si es realmente democrático un país o no lo es: son democráticas aquellas naciones en donde todavía, cualesquiera que sean las injusticias y los abusos, los hombres pueden reunirse con libertad y expresar sin miedo su reprobación y su asco”.

En nuestros atribulados días, lo que urge es asumirnos como fervientes defensores de la democracia, en el sentido aquí dicho: como ciudadanos capaces de decir y de plantear ante las estructuras burocráticas y políticas, los errores percibidos y los que pueden provocarse de asumir rutas equivocadas.

De ahí la importancia de que, desde la Presidencia de la República, pasando por los gobiernos estatales, y hasta la última de las presidencias municipales, puedan reconstruirse los puentes y puntos de encuentro con quienes piensan distinto y hasta radicalmente distinto.

Se percibe en diferentes círculos que hay un desdén por lo que académicos, investigadores o intelectuales tienen que decir respecto del rumbo que tiene el país; esto no es sano para la democracia, porque si hay una práctica fructífera y útil para quienes gobiernan, es precisamente el acercamiento e intercambio de ideas con las mejores y más agudas inteligencias del país.

El ejercicio del poder en democracia no puede concebirse sino como un ejercicio dialogante; lo que es más, es posible decir que un sistema de instituciones democráticas debería ser imaginado como una cadena de palabras que se mueven, fluyen y se recrean en espiral, en un ir y venir de la ciudadanía al conjunto de estructuras desde las cuales se ejerce el poder.

Decía el propio Octavio Paz que “la historia es el lugar de prueba”; por la historia las personas podemos comunicarnos con las otras personas y ser entonces el hermano de sus semejantes desemejantes. De eso es de lo que se trata la democracia, la libertad y el juego del lenguaje que estamos obligados a construir entre todos; porque de otro modo, lo que se impone es la intolerancia, que siempre es la puerta de entrada de las vocaciones autoritarias.

Twitter: @ML_fuentes

Recomenzar con lo que tenemos

Excélsior, 15 de diciembre de 2015

¿Qué significa la idea, compartida en todos los círculos políticos y académicos, relativa a que vivimos en una crisis de institucionalidad? Clarificar la cuestión es mayor, porque a pesar de que pareciera que todos hablamos de lo mismo, en el fondo hay profundas diferencias.

La cuestión inicial es la elemental clarificación de qué se entiende precisamente por el concepto de “instituciones”. Hay quienes las definen como el conjunto de dependencias públicas que forman parte de cualquiera de los tres Poderes del Estado, incluidos los órganos constitucionales.

Desde esta perspectiva, las soluciones que se ofrecen tienen que ver con procesos de gerencia pública; de reingeniería de las estructuras de las administraciones públicas, así como de los mecanismos de control y rendición de cuentas en todos los espacios incluidos en la concepción citada.

Por el contrario, hay otra posición desde la cual se piensa a las instituciones, dicho en términos coloquiales, como sinónimo de “las reglas del juego”; de tal forma que serían tan relevantes las dependencias del sector público, como el marco jurídico e incluso las estructuras de carácter eminentemente social como las familias.

Desde esta visión, las soluciones planteadas son de mucha mayor complejidad, pues implican alterar la lógica y los objetivos desde los cuales se plantean cuestiones fundamentales como qué le corresponde hacer al Estado, qué al mercado, qué a la sociedad civil, etc. En esta visión, la cuestión de fondo se encuentra en subvertir las relaciones de poder, en las tres esferas más relevantes de las que se puede hablar.

En lo económico, se trataría de romper con los circuitos que reproducen intergeneracionalmente la desigualdad; en el ámbito político se necesita romper con el monopolio de los cargos de representación que ejercen los partidos políticos; y en el ámbito de lo social se requiere reconstruir relaciones para la paz y la solidaridad.

Desde ambas perspectivas puede sostenerse que las instituciones están en crisis; empero, hacerlo desde la segunda posibilita abrir rutas para un nuevo curso de desarrollo que posibilite crecer para la equidad y asumir a plenitud para todas las instituciones del Estado y garantizar las distintas esferas de justicia que hoy están fracturadas.

Es un hecho que algo anda muy mal en el país, pero también debe reconocerse que, a pesar de todo, hay una cierta “normalidad funcional” del aparato público: se recoge la basura en las ciudades, los sistemas de agua potable funcionan en niveles elementales, hay energía eléctrica en casi todo el país, tenemos carreteras y puertos en funcionamiento, la mayoría de las escuelas abre, los hospitales, aún en sus limitadas capacidades, atienden a la mayoría de la población, es decir, sí hay una sólida e importante base desde dónde recomenzar.

En cualquier caso, la única manera de que el Estado mexicano recobre la credibilidad perdida, se encuentra en la construcción de un nuevo Estado de bienestar, en el que el empleo, la salud, la educación y la seguridad sean las divisas cotidianas en las que la población puede realizar sus proyectos personales y familiares de vida.

Las opciones están ahí, pero asumir cualquiera de ellas requiere el replanteamiento de los objetivos y prioridades, en primer lugar, del Gobierno de la República; asumir este liderazgo le permitiría al Ejecutivo sentar las bases para un nuevo México Social con justicia y dignidad para todos.

Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_fuentes

Sobre las cuestiones fundamentales

Excélsior, 8 de diciembre de 2014

Al sistema institucional mexicano le urge, sobre todas las cosas, recuperar credibilidad y legitimidad: los escándalos de corrupción, la persistencia de la pobreza y la desigualdad, la violencia y la incompetencia de los gobiernos, en todos los órdenes y niveles, ha llevado a una severa crisis de confianza que mina la capacidad de las instituciones para convocar a la acción y contar con el respaldo para tomar las medidas que se necesitan para reencauzar al país.

Pensando en el gobierno de la República, la presente administración apostó por una compleja agenda de pactos para el impulso de diversas reformas: política, educativa, laboral y energética, entre las más relevantes. Sin duda todas ellas eran, con las respectivas reservas, necesarias para el país.

A pesar de ello, no resultaron agendas cohesionadoras de la sociedad: no provocaron que la población se volcara para dar respaldo al gobierno en su esquema de toma de decisiones; antes bien, por su contenido y alcance, el efecto fue polarizador en la opinión pública.

Desde esta perspectiva, y al no materializarse rápidamente en condiciones de bienestar y seguridad, las reformas han quedado muy atrás en el imaginario colectivo como sinónimo de avance o posibilidad de progreso.

Lo anterior puede dimensionarse de mejor manera, si consideramos que si algo nos reveló la barbarie de Ayotzinapa es la profunda crisis del Estado de derecho: ausencia de justicia por todas partes, en medio de una severa crisis de estatalidad expresada en gobiernos que, simplemente, no pueden cumplir con los mandatos de la Constitución y las leyes.

En una democracia es insustituible contar con el respaldo ciudadano para el ejercicio del gobierno; de ahí la imperiosa necesidad de contar con capacidades de adaptación, cambio de rumbo y corrección en el ejercicio del poder.

Se trata de tener la capacidad de comprender y aceptar cuando la realidad muestra que no se está “conectando” con la población en los temas fundamentales; y más todavía, cuando la ruta de un gobierno va en sentido opuesto a las aspiraciones y demandas más sentidas de la población.

La capacidad de reacción en un escenario así se enfrenta al reto de encontrar rápidamente las agendas capaces de abrir espacios para nuevos márgenes de gobernabilidad y legitimidad. ¿Cómo entrar en esas agendas?; ¿cómo lograr que la población crea una vez más en los gobiernos, tanto a nivel federal, como estatal y municipal? ¿Cómo responder a la urgencia del ejercicio de las coyunturas en el día a día, sobre todo ante la evidencia de que la población ya no está dispuesta a esperar más para acceder a la justicia y al bienestar?

La ruta no puede ser otra que identificar y asumir como agenda de gobierno las cuestiones fundamentales: empleo y vivienda digna, alimentación sana y suficiente, salud de calidad y posibilidades de convivencia solidaria con los demás.

Hacerlo así implica romper con la lógica y estilo que se han desarrollado hasta ahora en el gobierno; redefinir prioridades y modificar el andamiaje institucional, porque lo urgente es diseñar un nuevo curso de desarrollo para un nuevo Estado de bienestar.

Tomar esa ruta requiere de audacia, pero sobre todo de vocación de país y estatura de Estado, pues en sentido estricto implicaría modificar las estructuras vigentes de la desigualdad, corrupción e impunidad que nos laceran todos los días.

Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_fuentes

Intervención del Mtro. Mario Luis Fuentes en la Promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Licenciado Enrique Peña Nieto

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Sra. Angélica Rivera de Peña

Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF

Distinguidas y distinguidos integrantes del presídium

Señoras y señores legisladores

En México, la pobreza, la discriminación, la vulnerabilidad, pero sobre todo la desigualdad, tienen rostro de niñez. A pesar de los avances documentados, las estadísticas oficiales nos muestran que las brechas, en todos los ámbitos relativos a la infancia, lejos de reducirse, se han profundizado.

Por ejemplo: una niña o niño que nace en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tiene hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años, que aquellos que nacen en Nuevo León o el Distrito Federal. Y de acuerdo con las estadísticas del INEGI, cada año se registran alrededor de 7 mil defunciones evitables de niñas y niños, durante su primer año de vida; es decir, muertes que nunca debieron ocurrir.

Las condiciones en que viven las niñas, niños y adolescentes, en su gran mayoría, tienen una dimensión dramática: de acuerdo con el CONEVAL, mientras que entre la población mayor de 18 años el porcentaje de personas en pobreza es del 41%, entre las niñas y los niños, el porcentaje es de 54%.

Por ello, debe reconocerse, que la primera Iniciativa con carácter de Iniciativa Preferente, enviada por el Ejecutivo al Congreso, haya sido dirigida a la ampliación del marco que protege los derechos de la niñez. Iniciativa que permitió mostrar, recoger e incluir, demandas históricas de las organizaciones de la sociedad civil, tales como Ririki, la Alianza por la Niñez, la Red por los derechos de la infancia; organismos internacionales como UNICEF, así como expertas y expertos de distintas instituciones de educación superior.

Hay que subrayar por otra parte, que la nueva Ley General de los derechos de las niñas y los niños, obliga a recuperar, la centralidad de la agenda de los derechos de las niñas y los niños; así como a dimensionar los retos que tenemos todos, sociedad y gobierno, en su adecuada y urgente implementación.

Por otro lado, es de hacerse notar el hecho de que esta Ley se promulga justo en el momento en que las proyecciones económicas, nos anuncian que el crecimiento del país está aún lejos de todo su potencial. Desde esta perspectiva, su promulgación es sustantiva, porque es precisamente cuando los recursos son limitados, y cuando la incertidumbre crece, que el Estado debe volcarse a favor de los más vulnerables, que no son otros sino las niñas, niños y adolescentes.

No debemos olvidar, que este año se cumple el 25 Aniversario de la vigencia de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños; sobre todo, porque el Estado mexicano fue uno de sus promotores ante la Organización de las Naciones Unidas.

Hoy el Estado mexicano actúa en congruencia al emitir esta Ley; la cual, muestra que sólo a través del diálogo amplio, plural y mesurado, que da tiempo para que todas y todos se expresen, pueden construirse los acuerdos que el país requiere. Debemos subrayar el hecho, de que el Congreso de la Unión haya desarrollado un método adecuado, para procesar las múltiples y diversas visiones que existen en la materia, y que se haya logrado cumplir con el objetivo de tener un nuevo ordenamiento, para la garantía de los derechos de la infancia, antes de concluir el año.

Una vez promulgada esta Ley, continúa un reto múltiple: en primer lugar, construir el nuevo diseño institucional que se necesita para su concreción en políticas públicas. Hay que construir los sistemas y subsistemas que están considerados; hay que dotar de recursos a las instancias responsables de su aplicación; y sobre todo, debe generarse un gran impulso político, a fin de que en todos los niveles y órdenes del gobierno, se asuma como un instrumento jurídico central, para el diseño de las políticas públicas y los programas sociales.

En segundo lugar, hay que fortalecer los mecanismos de diálogo a fin de articular a la República, en torno al objetivo común de lograr que ninguna niña o niño se quede atrás; y en esa lógica, el trabajo de articulación, coordinación y cooperación con los Estados y los Municipios, es central. En ese tenor, es esencial potenciar las capacidades de fomento y promoción del trabajo, que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, no sólo en la atención directa de niñas y niños vulnerados en sus derechos, sino también en el diseño, acompañamiento y evaluación de las políticas públicas, que deben generarse en todo el país.

En tercer lugar, deberán fortalecerse todos los mecanismos de protección de la infancia, a fin de garantizar el oportuno y expedito acceso a la justicia a todas las niñas, niños y adolescentes, a fin de salvaguardar y proteger integralmente todos sus derechos.

Desde esta perspectiva, la plena y universal garantía de los derechos de las niñas y los niños, representa uno de nuestros mayores imperativos categóricos; un mandato ineludible que tenemos como mexicanos, porque el no hacerlo profundiza el dolor y la angustia, que todos los días enfrentan millones de familias. Y también, porque postergar las acciones en éste ámbito, compromete nuestro futuro, y perpetúa las injustas condiciones en que hoy se debaten, las familias mexicanas en la sobrevivencia del día a día.

Por todo esto, este acto debería ser leído, por todas y todos, como un momento relevante para reflexionar, para hacer un alto y preguntarnos otra vez, con honestidad y prudencia, qué clase de país queremos para nuestras hijas e hijos; para nuestros nietos y para las generaciones futuras.

Lo anterior, nos exige potenciar y encauzar el malestar, -el cual debe aprovecharse para transformarnos en un país apropiado para la infancia. Hacerlo así, requiere de audacia en el pensar y decisión en el actuar; para destinar, como lo manda nuestra Constitución, hasta el máximo de los recursos de que disponemos para lograr ser el México indeclinablemente comprometido con la niñez, que podemos, pero que sobre todo, debemos ser.

Señor Presidente: en medio del complejo y difícil momento por el que atraviesa nuestro país, la creación de una Ley como ésta abre rutas para recuperar la esperanza, en que México puede plantearse grandes objetivos, que pueden acercarnos y reconciliarnos.

Debemos considerar, todas y todos, que si hay una agenda que puede cohesionarnos y darnos un motivo compartido de vocación común, ésta gira en torno a los derechos humanos de todas nuestras niñas, niños y adolescentes.

Su liderazgo en esta materia resulta fundamental, para enviar a la Nación un mensaje renovado, de que con base en el esfuerzo colectivo, pueden lograrse los consensos para transformar a México, en torno a lo más sensible y relevante que tenemos, y que no se encuentra en otra parte, sino en la plena garantía de los derechos de la niñez.

Que así sea.

Muchas gracias.

Pensar al Estado

Excélsior, 3 de noviembre de 2014

¿Cuáles son los alcances que tiene el decir que en México hay una severa debilidad institucional en algunas franjas y tramos del gobierno, en sus distintos órdenes y niveles? ¿Qué significa el hecho de que haya territorios en los cuales el Estado no tiene el control de la seguridad ni el monopolio exclusivo y legítimo del ejercicio de la violencia? Más elemental aún: ¿qué entendemos por el Estado contemporáneo y, con ello, cuáles son sus alcances y responsabilidades ineludibles?

En medio de la urgencia nacional que vivimos, el nivel de los frentes abiertos y la profundidad de las heridas sociales y personales que se han generado, lo que se impone es la necesidad de la mesura en la reflexión y, simultáneamente, de la premura de la acción.

Estamos muy lejos de los problemas que enfrentó la nación en el siglo XX; y ahora, la simultaneidad de las múltiples crisis que nos amenazan, exigen de una renovada inteligencia de quienes son las y los responsables del diseño y operación del gobierno en todas las aristas imaginables.

Lo que no puede ocurrir es, entonces, quedar atrapados en la lógica de la solución y superación de las coyunturas; y desde esta perspectiva se abre la exigencia de convocar a una reflexión colectiva, sustentada en todo momento en una clave democrática, pero más aún, animada por una generosidad política que no ha sido vista en las últimas décadas.

En estos momentos, lo que más se necesita es comprender la magnitud de lo que Miguel García-Baró ha denominado como la “experiencia social del dolor”; idea en la que el del dolor tiene, sin duda alguna, la acepción de ser una experiencia siempre injustificable.

Estamos atrapados, retomando al mismo autor, entre la perspectiva de las personas que experimentan la furia de la destrucción, y la de quienes se ven perdidos a la mitad de un relativo éxito.

Por ello, el pensamiento crítico está obligado a poner en tensión la forma en cómo estamos pensando y procesando la realidad. Y lo que no se ha visto, al menos todavía no en los discursos públicos, es una interpretación distinta frente al carácter inédito de los problemas que con mayor dureza nos han lastimado como sociedad.

Por ello es exigible que desde el poder se tenga la capacidad de incorporar en su racionalidad categorías propias de tradiciones de pensar que nos convocan a asumir que la solidaridad, la paz y hasta la bondad, son rutas exigibles a quienes han hecho de la vocación pública un ejercicio profesional.

Phrónesis es una categoría utilizada por varios griegos antiguos —entre ellos Aristóteles— para referirse ya bien a la virtud del pensamiento moral o, en un sentido relativamente similar, a la práctica deliberada y virtuosa de la prudencia como guía y ruta privilegiada del actuar, en la vida, pero también en el dominio de lo público.

Tantos muertos, tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta violencia, tanta desesperación, enojo y frustración social exigen precisamente eso: prudencia, mesura, reflexión profunda sobre qué y cómo llevarlo a cabo; porque sólo desde un ejercicio de pensamiento renovadamente humano, lograremos generar explicaciones comprensivas que nos ayuden a salir al paso ante los ingentes problemas que nos aquejan, pero que sobre todo nos sitúen en una ruta de paz y bienestar como destinos posibles y permanentes en el futuro.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_fuentes

Pactos por la igualdad

Excélsior, 6 de octubre de 2014

A la desigualdad, al igual que a otros conceptos, hay que adjetivarla. Esto es necesario porque en el mar de confusiones en que vivimos, pareciera que el uso de los conceptos es neutro y que al hablar de la pobreza, de la discriminación o de la desigualdad, entre otras categorías, estamos diciendo lo mismo.

Adjetivar implica no sólo definir cualidades de lo nombrado, sino que en ello se explicita la posición de quien escribe o habla. En consecuencia, decir “oprobiosa desigualdad” o “inaceptable desigualdad”, no es lo mismo que “desigualdad” a secas. La precisión es mayor cuando se vive en un país como el nuestro en el que los bienes más preciados sólo son asequibles para quienes tienen más poder.

Desde esta perspectiva, debe asumirse que el pacto social está fracturado; es decir, resultaría absurdo pensar que hoy tenemos un pacto en el cual el acuerdo consiste en que, al nacer pobre, el único destino visible sea mantenerse pobre; y que al nacer rico, la perspectiva probable es que se llegue a ser más rico.

Frente a ello, debe destacarse la trilogía de textos construidos por la CEPAL a partir de 2012, y en los cuales pone al centro de la discusión a las múltiples desigualdades que padecemos en América Latina, entre las cuales destacan dos: la desigualdad en el acceso a la garantía plena de los derechos sociales; y la desigualdad en el acceso a la justicia.

Lo primero se evidencia en nuestro país en múltiples dimensiones; por ejemplo: entre las personas indígenas 73 de cada 100 son pobres; entre la población no indígena la proporción es de 43 de cada 100.

La tasa de mortalidad infantil entre las niñas y niños en las localidades indígenas más pobres puede ser de hasta 35 defunciones por cada mil nacidos vivos; en Monterrey la tasa estimada es de hasta ocho por cada mil en las zonas más ricas.Vivir en el ámbito rural implica que en 55% de los casos se vive en vulnerabilidad por carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda; en los ámbitos urbanos el indicador es de diez por ciento.

En síntesis, lo oprobioso e inaceptable de nuestra desigualdad se expresa en el dato relativo a que únicamente 18% de la población tiene acceso a lo que el Coneval considera como “niveles adecuados de bienestar”.En el ámbito del acceso a la justicia la cuestión se resume en la dura realidad de habernos convertido, desde hace ya varios años, en un territorio de víctimas. Y, frente a ello, una campante impunidad que encuentra su peor expresión y fractura en el sistema penitenciario.

La desigualdad no beneficia a nadie; ni siquiera a los más ricos; por ello es urgente que desde las élites pueda reconocerse que crecer para la equidad y distribuir de manera justa la riqueza son las únicas rutas transitables para una vida civilizada y compartida por todos. Los datos no dejan lugar a dudas: es urgente construir pactos por la igualdad; y ello requiere de más democracia, de más Estado y esto, a su vez, exige de una incesante práctica política en civilidad de quienes hoy gobiernan, legislan e imparten justicia; porque, de no hacerlo, estaremos conduciendo al país hacia un desfiladero del cual, en el largo plazo, será muy difícil escapar.

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Generosidad para transformar

Excélsior, 8/09/2014

El desperdicio simbólico y político que atestiguamos en 2010, con motivo de los centenarios de la Revolución Mexicana y de la Independencia debe servirnos de lección para planear cómo podemos honrar en 2017 a quienes, de manera extraordinaria lograron construir la que sigue considerándose como la primera Constitución social del siglo XX.

De acuerdo con el doctor Valadés, nuestra Carta Magna ha tenido más de 600 reformas desde su promulgación; y a pesar de que la gran mayoría han tenido, en la opinión del experto, utilidad y pertinencia, se han hecho muy mal, lo cual es causa y origen de una enorme desconfianza política respecto de la voluntad o no de cumplir con el mandato constitucional por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir al Estado.

Desde la perspectiva de muchos, tal y como se encuentra al día de hoy, la Constitución nos ha llevado a una severa paradoja: sin duda hay enormes avances y conquistas irrenunciables en materia de derechos humanos, democracia y justicia; sin embargo, el Estado se encuentra atrapado en una estructura orgánica y funcional que le impide cumplir con lo que la Constitución establece como mandato.

Estamos, pues, ante un déficit de estatalidad que no puede continuar por más tiempo; de tal forma que lo urgente hoy es diálogo y más diálogo político en civilidad y cordura, con el propósito de construir los acuerdos necesarios para impulsar un reordenamiento de la Constitución, y tener así un festejo digno del momento histórico que nos toca honrar.

El riesgo, se ha insistido en numerosas ocasiones, se encuentra en la posibilidad de que desde el ámbito de la política, la economía y la sociedad civil, se decida continuar actuando con base en la mezquindad o en la negativa permanente a dialogar y conciliar intereses y visiones contrapuestas. 

Nuestro país requiere un nuevo pacto social; y esto es mucho más que una frase. Se trata de reconfigurar los vectores del poder que han llevado a niveles de acumulación y desigualdad sin precedentes, lo cual tiene a más de 50 millones de personas en condiciones de pobreza, de los cuales 21.2 millones son niñas, niños y adolescentes.

Necesitamos crecer económicamente, pero con base en estructuras que permitan la distribución de la riqueza y garantizar equidad. Necesitamos crear muchos más empleos, pero que den seguridad social y acceso a un salario digno; necesitamos fortalecer la democracia, pero también las estructuras institucionales que garanticen la pluralidad, no sólo en el Congreso, sino también en el gobierno y sus dependencias.

Todo lo anterior no va a darse por generación espontánea. Exige una visión de Estado y un sentido histórico y de patria de un calado superior, desde la cual pueda convocarse a la reconciliación, apelando en todo momento a la generosidad como uno de los valores olvidados de la política, sobre todo cuando en democracia México necesita, urgentemente, de lo mejor de su ciudadanía. Ya no hay espacio para la frivolidad, el sectarismo o la mezquindad. Sin duda alguna estamos ante la hora de la igualdad. Optar por ello o no, depende exclusivamente de nosotros.

*Investigador del PUED-UNAM

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El país que nos hace falta

Excélsior, 1/09/14

Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento…
La tristeza que tuvo tu valiente alegría…

Tomado de Alma Ausente,
Federico García Lorca
Recordando a mi hijo, Mario Luis Fuentes Batanero.

México está, de algún modo, abandonado a su suerte. Los vacíos personales se han ido acumulando y en el nivel macro, pareciera que se han traducido en grandes vacíos en lo cívico, en lo social, en lo político y en lo económico.

Es difícil pensar en un país generoso, cuando son muy pocos quienes acceden al bienestar y tienen oportunidades de trazar un proyecto de vida y, sobre todo, en un lugar donde millones se consumen cotidianamente en la angustia que implica el decidir cuál de los hijos habrá de comer menos.

Estamos urgidos de más mujeres y hombres con vocación de patria. De ciudadanos capaces de asumir la parte que les corresponde hacer; pero sobre todo, de echarse a cuestas la responsabilidad con los otros; de optar por la práctica solidaria que implica la vocación, es decir, el llamado del servicio público en el sentido más estricto del término.

Por eso duele más allá de las entrañas cuando perdemos a alguien así. Porque más allá del amor y las filias personales, se encuentra también el reconocimiento de las capacidades, a la voluntad y el arrojo de asumir el reto de transformar; de crear conciencia cívica a través de la práctica diaria y disciplinada del pensar y el hacer en aras del bienestar público.

No es fácil, nunca lo ha sido, encontrar almas nobles, en el sentido que los griegos antiguos le daban a esa categoría. Ni siquiera entre los espartanos florecieron más de dos: Aquiles y Leónidas. Por ello a nosotros —los modernos— nos convoca Hölderlin, a tener el arrojo de construir un mundo en el que reine sólo lo espiritual; es decir, la consciencia más profunda de la vocación y la voluntad de llegar a ser lo que se es. Pocos, sin embargo, aspiran y tienen la voluntad de intentarlo.

A diferencia de lo que podría pensarse, una vocación así está muy lejos de ser únicamente una cuestión personal. Hay que generar el contexto, cultural y político, para que en el momento en que se presente ante nosotros un espíritu potente, pueda germinar y florecer en aras de una extraña, pero siempre presente aspiración superhumana: la confianza en que podemos ser mejores.

Las pérdidas de los otros son siempre absolutas; por eso todo lo que pueda decirse más vale sintetizarlo y guardarlo en silencio. Pero lo que no debemos callarnos es la memoria de lo que nos queda patente: una estela de luz proyectada más allá de lo que alcanzamos a ver y que, como lo hacen las supernovas, al estallar no fenecen: se proyectan miles de millones de años hacia un futuro inexistente, pero que en su discurrir crean.

Los que estamos vivos tenemos la responsabilidad, a secas, de continuar viviendo. Pero no podemos hacerlo así nada más; como si nada pasara o nos hubiese pasado. No podemos ignorar la memoria de los nuestros y, en congruencia, no podemos abandonar la tarea de construir no a un país, sino a ciudadanos capaces de heredar uno más digno a quienes vienen y han de venir detrás.

*Investigador del PUED-UNAM

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El racismo sigue ahí

Excélsior, 25/08/2014

Millones de personas viven y padecen la discriminación, la segregación y la violencia, con base en un absurdo prejuicio arraigado en la mentalidad de muchos, con respecto a que hay personas quienes, por distintas razones, asumen una superioridad biológica o moral respecto de los demás.

Cuando se piensa en este tema, suele aludirse de inmediato a la figura de Hitler y las monstruosidades de la Alemania nazi; sin embargo, no debe perderse de vista que, en sentido estricto, no hay “racismos peores que otros”; quizá los haya más salvajes, perversos, violentos, pero en esencia, toda mentalidad racista resulta odiosa por igual.

Lo ocurrido en días recientes en la localidad de Ferguson, Missouri, revela el hartazgo de una comunidad que ha sido agraviada por siglos, y que no está dispuesta a tolerar más abusos cometidos al amparo de la autoridad policial, los cuales tienen todo el tufo del odio racial y el desprecio a quien es diferente. 

El sur de Estados Unidos de América tiene una historia oprobiosa relativa al racismo. Debe recordarse que fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando una guerra civil cruenta fue lo que decidió la abolición de la esclavitud, y que hasta la década de los 60 en el siglo XX, pudieron concretarse en aquel país las modificaciones legales que garantizaron, al menos en la ley, la igualdad para todas y todos.

En nuestro país, la memoria del racismo también es ancestral; sólo hasta el año de 1993 reconocimos en nuestra Carta Magna nuestro carácter de nación pluricultural y pluriétnica; y hasta el año 2000 pudo concretarse, con basen intensos esfuerzos, la redacción —aún incompleta para muchos— que hoy tenemos en el artículo 2º constitucional en materia de pueblos y culturas indígenas.

Una mentalidad racista está acompañada regularmente por otras formas de discriminación e intolerancia; el clasismo característico en nuestras sociedades urbanas es sólo un ejemplo que se expresa sobre todo cuando una persona utiliza el término de “indio” para referirse a otra con desprecio por su condición de pobreza, ignorancia, color de piel o simplemente con propósitos de denostación.

La humanidad que nos caracteriza a todas y todos se abandona en cada ocasión que alguien asume superioridad, por su origen o posición, respecto de los demás. Se trata de una de las patologías ancestrales que debemos erradicar, porque las tentaciones autoritarias, con base en este tipo de prejuicios, siempre está ahí.

Frente a las declaraciones de Ann Coulter, una columnista estadunidense que pide bombardear a nuestro país para solucionar el problema de la migración, lo sorprendente no es sólo el tono y contenido de sus disparates, sino que tenga eco y difusión en los medios de comunicación más relevantes del otro lado de la frontera. Le permiten hablar así —quizá la alientan— porque hay miles de personas que quieren escuchar este tipo de discurso racista, de odio y xenofobia.

Ante ello no basta con decir sólo que se trata de personas ignorantes; este tipo de manifestaciones hay que tomarlas muy en serio porque lo que se encuentra en juego es nada menos que la dignidad humana. A nadie debe serle tolerado hablar o actuar desde el racismo, porque si permitimos que se siembre el odio, corremos el riesgo de que los autoritarios hagan lo que siempre han buscado hacer: sobajar, humillar y someter a los otros.

*Investigador del PUED-UNAM

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La persistente corrupción

Excélsior, 18/08/2014

Seguimos teniendo un país dividido y confrontado. Los saldos de una oprobiosa desigualdad que se ha mantenido y profundizado, sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, nos ubican hoy como un país en el que las identidades están cada vez más desgastadas, mientras que un malestar generalizado se percibe en prácticamente todos los espacios de la vida social.

En este contexto, si hay una percepción uniforme en el país, ésta es la relativa a que en todos los órdenes y niveles del gobierno hay una persistente corrupción que constituye un lastre para el desarrollo. Se trata de una sangría que no sólo nos cuesta miles y miles de millones de pesos, sino que además está minando el desarrollo institucional.

Al respecto es pertinente destacar que en los últimos diez años se han generado nuevos ordenamientos jurídicos que han abonado en materia de transparencia y rendición de cuentas, y derivado de ello, han surgido y se han fortalecido instituciones para potenciar las capacidades del Estado para el control del gobierno y promover el ejercicio honesto del gobierno.

A pesar de esta realidad, la corrupción sigue ahí. Los escándalos se suceden uno a otro: videos, grabaciones de voz y filtraciones de todo tipo de documentos, relativos a funcionarias y funcionarios en todo el territorio nacional, en los que se hace evidente lo que todas y todos sabemos: los moches, las mordidas, y en general el desvío de recursos para todos los fines y propósitos, siguen siendo la realidad cotidiana en todo el país.

En el análisis de este tema, casi siempre se pone el énfasis en las pérdidas económicas que la corrupción provoca al erario; sin embargo, debemos ser capaces de señalar y comprender que el Estado mexicano estará imposibilitado para dar pleno cumplimiento al mandato constitucional y de sus leyes, de continuar campeando la cultura de la “transa” que hoy predomina como “cultura política”. Debemos recuperar, con urgencia, el ejercicio profesional de la política, entendido como un espacio de pedagogía cívica.

La cuestión es simple: un Estado de bienestar y para la equidad no puede germinar en un país en el que las instituciones públicas están secuestradas por grupos de interés que las manipulan y utilizan para beneficiar a unos cuantos, en detrimento de la mayoría. Es evidente que cada vez es más apremiante concretar la reforma en materia de combate a la corrupción.

Luego de las reformas que se han aprobado es crucial para el gobierno federal garantizar toda la transparencia posible y evitar que las reformas, cuestionadas por amplios sectores, se vean mermadas en su legitimidad, sobre todo ante un escenario de las nuevas y “apetitosas” licitaciones que vendrán, como han sido ya calificadas por algunos funcionarios.

Erradicar la corrupción podría, según algunos expertos, permitirnos crecer adicionalmente un punto porcentual del PIB cada año. Eso sin duda es importante, pero, sobre todo, avanzar en ese sentido nos permitiría recobrar la confianza en las instituciones; abriría nuevas rutas para el entendimiento y la reconciliación en muchos espacios, y más aún, nos situaría como un país en el que la honestidad es asumida como un valor culturalmente extendido, y en el que el repudio social a la corrupción la convierta en una práctica rechazada y condenada severamente por la mayoría.

*Investigador del PUED-UNAM

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Fortalecer la prevención

Excélsior, 11/08/2014

Entre los años 2003 y 2012 han fallecido, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad general del INEGI, un total de 37 mil 524 personas por enfermedades infecciosas intestinales.

El verano es la época del año en que se presenta el mayor número de casos de enfermedades infecciosas intestinales. En efecto, de acuerdo con los Anuarios de Morbilidad y el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, cada año enferman más de cinco millones de personas por la causa señalada.

A esas cifras deben sumarse los más de 1.5 millones de casos de úlceras y gastritis que se presentan también anualmente; los más de 350 mil casos que año tras año se registran por amebiasis intestinal; así como los 130 mil casos anuales que se reportan por paratifoideas y otras salmonelosis.

Las cifras son gigantescas: se trata de prácticamente 7% de la población que todos los años adquiere infecciones que son altamente prevenibles. Se trata de casi 17 mil 500 casos al día, o bien, 729 casos por hora en todo el territorio nacional.

Las consecuencias que estos datos tienen en términos de mortalidad son de una magnitud alarmante: entre los años 2003 y 2012 han fallecido, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad general del INEGI, un total de 37 mil 524 personas por enfermedades infecciosas intestinales; un promedio de tres mil 742 casos anuales o bien, casi diez casos cada día.

En el mismo periodo han acaecido 41 mil 408 defunciones por infecciones bacterianas, es decir, 12 casos al día, así como mil 244 casos anuales de hepatitis viral, o bien, tres defunciones diarias por esa causa.

En el agregado se trata de prácticamente diez mil decesos anuales, porque la gente no se lava las manos con agua y jabón; porque los alimentos que ingirieron no estaban apropiadamente desinfectados; o porque al haber adquirido la infección, sobre todo cuando se trata de las niñas y niños más pequeños, no se tuvo acceso a un médico, a un centro de salud apropiado o, en los casos más extremos, porque no se tuvo acceso a una hidratación apropiada.

Es cierto que hace falta mejorar la infraestructura de servicios públicos para evitar estas infecciones: acceso universal al agua potable en todos los espacios públicos y privados; servicios de drenaje y saneamiento adecuados; recolección y disposición final de basura y desechos sólidos y orgánicos, etcétera.

Sin embargo, estos padecimientos también podrían evitarse en un alto porcentaje mediante la generación de hábitos saludables: no escupir en la calle o en espacios públicos; depositar la basura en lugares adecuados, etcétera. Estas son acciones que se basan en la promoción de una cultura para la higiene y el cuidado, así como para una mayor conciencia ecológica entre la población.

Ya tuvimos una experiencia positiva cuando apareció el virus de la influenza A H1N1, ante la cual se logró una intensa participación y responsabilidad de la población; esa experiencia debe recuperarse por parte de la Secretaría de Salud y de sus contrapartes en las entidades de la República, a fin de impulsar una profunda conciencia social y así evitar la innecesaria mortandad de la que estamos siendo testigos.

Debemos parar las miles de muertes que están ocurriendo y que no debieron ser; se trata de un mandato ético que no requiere de más recursos de los que ya disponemos; es una cuestión de imaginación, pero sobre todo, de voluntad para hacer lo necesario con el fin de evitar que la enfermedad y muertes evitables sigan quitándonos lo más preciado que tenemos.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_Fuentes

Los rostros del dolor

Excélsior, 04/08/2014

Las imágenes cotidianas de los medios de comunicación están llenas de violencia. No es que los medios las generen; por el contrario, dan cuenta del horror que nos rodea y son, en muchos casos, la única alternativa de denuncia ante el autoritarismo y el abuso de poder.

Es desolador observar los rostros descompuestos ante la muerte de niñas y niños en la Franja de Gaza; ante la enfermedad y la incertidumbre que está generando la crisis del ébola en África; y en nuestro propio entorno, los rostros de los familiares de las miles de víctimas que todos los días son vulneradas por la delincuencia en todas sus formas y niveles.

Frente a una realidad dura y hostil para la mayoría, el papel de los medios de comunicación es fundamental. De ahí que no debe pasarse por alto el tratamiento y la propia estructura de los noticiarios, pues en muchos casos no sólo no se está dando cuenta de manera apropiada de la complejidad, sino que, aun de manera involuntaria, se contribuye a trivializar o a normalizar la violencia.

Algo anda mal cuando en los noticiarios se puede pasar de las imágenes de masacres, asesinatos u otros crímenes, a la sección de deportes, a la sátira política o incluso a la frivolidad de los espectáculos. Frente a esta consideración, es válido hacer un llamado a ser cuidadosos con lo que proyectamos a la población, más aun en un país en el que todavía la mayoría utiliza la televisión como el principal medio de comunicación para acceder a información y entretenimiento.

Lo anterior tiene sentido, sobre todo si se considera que exorcizar la violencia y construir una cultura para la paz requiere sin duda alguna de medios de comunicación que cumplan a cabalidad con el mandato legal de ser medios de interés público; es decir, espacios que tienen la capacidad de diseñar y proyectar productos de calidad, desde los productos noticiosos hasta los dirigidos al entretenimiento.

La sorpresa generada en la década de los 90 en el siglo pasado, relativa a la capacidad de ver “en tiempo real” los bombardeos en la primera invasión estadunidense a Irak, se ha convertido en uso y costumbre en nuestros días, en los que la instantaneidad de internet permite ver todo tipo de sucesos en el mismo momento en que ocurren incluso sin la mediación de las “empresas tradicionales” de comunicación.

Esta capacidad tecnológica no ha ido acompañada, sin embargo, de una renovación cultural; sí tenemos acceso a mayor cantidad de datos e información, pero no somos definitivamente más sabios, ni gracias a tal acceso ni mucho menos en la interpretación y comprensión de lo que estamos observando todos los días en las pantallas tanto de las televisiones como de las computadoras.

No debemos perder la capacidad, no de sorpresa, como se dice regularmente, sino de conmovernos, de cimbrarnos ante el dolor ajeno; y como consecuencia de lo anterior, de no permanecer inmóviles o en el pasmo ante la barbarie y la violencia.

Comprender el grotesco espectáculo que estamos presenciando exige vislumbrar, como lo expresaba Octavio Paz, que lo propio del ojo no es precisamente ver, sino llorar; porque al entender esto, tenemos la posibilidad de estar abiertos a la solidaridad y sin ambages, al ejercicio de una ética de infinita responsabilidad con nuestros semejantes.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_Fuentes

Impulsar una reforma social

Excélsior, 28/07/2014

El gobierno federal ha logrado construir acuerdos políticos para impulsar las reformas que forman parte de su agenda estratégica. La lógica parece ser: impulsar cambios estructurales en el ámbito económico, bajo el supuesto de que éstos van a generar empleos y mayores capacidades para superar la pobreza y propiciar mayor bienestar.

Si algo es deseable desde esta perspectiva es que la Presidencia aproveche lo que podría asumirse como un “ánimo reformador” en el país, y avanzar hacia un conjunto de reformas estructurales en el ámbito de lo social, de cara a la primera mitad de la administración.

Un proceso de esta naturaleza podría darle un nuevo marco de legitimidad ante el cuestionamiento reiterado, en distintos sectores sociales, académicos y políticos, respecto de que las reformas impulsadas no tienen otro propósito sino beneficiar a quienes más tienen.

Sobre todo, el gobierno podría acreditar que su principal interés está de verdad del lado de la mayoría de la población; es decir, mostraría fehacientemente que hay una conciencia real de que las reformas económicas no van a propiciar por sí mismas la creación de empleos o la superación de la pobreza.

Lo anterior quiere decir que si bien transformar la realidad económica es una condición necesaria para reconstruir al mercado interno y recuperar la capacidad de crear empleos formales; no es una condición suficiente para el bienestar, por lo que es urgente avanzar hacia la reforma de lo social.

Quizá el primer paso que debe darse es la construcción de un sistema universal de salud, que permita homologar los estándares de calidad a los que puede aspirar la población en los servicios públicos, pero sobre todo, dar pleno cumplimiento del mandato constitucional de proteger a toda persona que así lo requiera.

Hace falta, además, cumplir con el “círculo de reformas” para fortalecer las capacidades estatales para la justicia social. Debe generarse la Ley orgánica del Coneval; y está en análisis un nuevo marco jurídico para la protección de los derechos de la niñez el cual, de aprobarse, obligaría a reformar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

Otro de los lastres para el desarrollo es la constante malversación de los recursos públicos, por lo que urge recuperar la propuesta del presidente Peña de crear una gran institución para el combate a la corrupción, lo cual permitiría fortalecer a las recientes reformas en materia de transparencia.

Hace falta construir un proceso de transformación del marco jurídico de lo social, pues en los últimos años se han generado nuevas responsabilidades, pero no necesariamente nuevas capacidades institucionales para cumplirlas; esto hace necesario revisar el entramado institucional para lo social y valorar si efectivamente la estructura por sectores, funcional al modelo de gobierno del siglo XX, sigue siendo pertinente ante la complejidad del siglo XXI.

Hace falta construir un verdadero sistema nacional de protección a las víctimas; así como perfeccionar las legislaciones para combatir flagelos específicos como la trata de seres humanos.

Es mucho lo que está pendiente; y si algo es importante reconocer es que, tal y como está ahora, el entramado institucional está provocando un importante déficit de estatalidad, pues no cuenta con los recursos y capacidades para cumplir con el mandato constitucional y legal, por lo que si habrá de impulsarse más reformas, éstas deben ser en el ámbito de los social.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_Fuentes

La niñez y la debilidad del Estado

Excélsior, 21/07/2014

En México operan decenas, quizá cientos de casas hogar similares al albergue La Gran Familia, recientemente intervenido judicialmente por la denuncia de presuntos delitos en contra de las niñas y niños que estaban bajo su resguardo.

Se trata de numerosos establecimientos que se organizan y administran, más con base en la voluntad individual y lo que se considera “educación tradicional”, que con base en protocolos apegados a lo que establecen las leyes y las normas oficiales en la materia.

Sin duda alguna, nada puede justificar que se cometan abusos u otras violaciones a los derechos de las niñas y los niños; por el contrario, lo exigible es que en los ámbitos privado y público siempre se ponga por delante el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.

Para una nación en la que se aspira a tener un estado de bienestar generalizado, no es válido argumentar que se pueden violar o incumplir varios derechos en aras de proteger otros; es decir, no es válido decir que se utiliza la violencia como método de educación, a cambio de dar un techo y relativa alimentación a niñas y niños desprotegidos o en situación de abandono.

En medio del debate que se ha generado sobre este tema, lo que debe comprenderse es que no vamos a resolver nuestros problemas estructurales a golpe de “chivos expiatorios”. Es decir, no se puede construir una sociedad para la paz cuando la única salida que tenemos para nuestros problemas es el uso de la fuerza judicial.

Si algo nos revela este caso es el profundo abandono del Estado respecto de la asistencia social. La ley establece que es el Estado quien debe ejercer la rectoría en esa materia, pero las instituciones responsables no cuentan con los instrumentos necesarios para ejercerla. Por ejemplo, aun cuando el Sistema DIF tiene facultades de supervisión respecto de las instituciones de asistencia social, no tiene facultades para orientar, corregir y, en su caso, sancionar a los establecimientos en los que se prestan servicios asistenciales.

La cuestión de fondo es: ¿Cuántas casas hogar y asilos para adultos mayores operan en circunstancias similares?, ¿cuántos centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones?, ¿cuántas casas hogar y centros de atención a niñas, niños y adultos con alguna discapacidad?

Nos vamos a engañar una vez más si asumimos que este tema se trata de una discusión en torno a la solvencia ética de Rosa del Carmen Verduzco; antes bien, lo que debería asumirse como una cuestión urgente es cómo darle una nueva vitalidad al sistema nacional de asistencia social, pública y privada, y cómo construir un sistema nacional de protección a la niñez.

En una sociedad llena de violencia, corremos el riesgo de convertir todos nuestros asuntos en un tema de persecución criminal, y ese no es definitivamente el camino para construir una cultura para la paz y la solidaridad.

Estamos ante el reto de fortalecer nuestras instituciones para cumplir con el mandato constitucional de garantizar plenamente el vasto catálogo de derechos humanos que hoy nos han sido reconocidos. Si fallamos en esa tarea, continuaremos viviendo en un déficit permanente de estatalidad; es decir, seguiremos atrapados en la absurda situación de tener un Estado que no es capaz de cumplir los mandatos que se da a sí mismo. 

*Investigador del PUED - UNAM

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¿Qué significa ser analfabeta?

Excélsior, 14/07/2014

Imaginemos por un momento no tener la capacidad ni de leer ni de escribir. Es un ejercicio sumamente difícil porque, explican los neurolingüistas, una vez que se aprende a leer y a escribir toda la estructura de nuestra mente se transforma; literalmente, ahora pensamos de manera distinta a quien no cuenta con esta capacidad. 

Leer y escribir nos permiten, sobre todas las cosas, tener la posibilidad de aprender más, pero también de manera progresiva y acumulativa. Potencia nuestra memoria, pero también nuestras capacidades de abstracción y generación de nuevo saber a partir de lo aprendido.

Leer y escribir permiten, además, mejorar nuestras capacidades sensitivas, en el sentido más amplio del término; pero además, aunque parezca sorprendente, la ciencia nos ha enseñado que también se incrementan nuestras capacidades para sentir; de ahí que haya quien afirma que después de leer poesía una persona no se vuelve a enamorar igual.

Desde hace años, el rector de la UNAM, el doctor José Narro, ha hecho énfasis en el llamado a erradicar el analfabetismo. Su argumento es incuestionable: no hay argumento ético ni técnico que permita justificar que en México haya millones de personas que no saben leer ni escribir.

De acuerdo con los datos oficiales, al cierre de 2013 habría 4.73 millones de personas mayores de 15 años en condición de analfabetismo; a ello debe agregarse que en total hay 31.78 millones de personas en el mismo rango de edad que se encuentran en condición de rezago educativo, es decir, no han concluido los estudios de secundaria.

Debe decirse que en esta administración se han tenido dos aciertos de la mayor relevancia: el primero, el haber reconocido que en México hay millones de personas que viven con hambre y que es urgente actuar al respecto; el segundo, el haber fijado como meta sexenal reducir a la mitad el número de personas analfabetas al finalizar el sexenio.

El esfuerzo que debe llevarse a cabo es mayor, pues implica diversas acciones: profesionalizar a las y los alfabetizadores, desarrollar nuevas currículas con base en criterios de pertinencia y orientados al desarrollo del aprendizaje en personas adultas. También será necesario generar alianzas interinstitucionales para que la tarea de la alfabetización motive a las personas a matricularse en primaria, y sobre todo, para vincular las labores pedagógicas con otros programas sociales.

Alfabetizar a más de 2.3 millones de personas en cinco años va a requerir una intensa movilización social, pero también capacidad de imaginación institucional porque no debe olvidarse que también hay, según los datos del censo de 2010, alrededor de 450 mil niñas y niños entre 8 y 14 años que no saben leer ni escribir. 

Para ellos hay que generar nuevas alternativas de escolarización y brindarles todo el apoyo institucional posible: becas, apoyo para la adquisición de útiles escolares y uniformes, apoyos alimentarios y su incorporación a los programas de desarrollo social, fundamentalmente Oportunidades y Seguro Popular. 

Abatir el hambre y la ignorancia formaba parte de los anhelos enarbolados por José María Morelos hace 200 años. La deuda histórica sigue ahí; el reto, por lo tanto, se encuentra en pasar a la acción, al acuerdo político con altura de miras, y al fortalecimiento de un Estado al que le urge ser transformado en un nuevo entramado jurídico e institucional para la justicia y el bienestar.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ml_fuentes

El ébola y las epidemias posibles

Excélsior, 07/07/2014

El ébola y las epidemias posibles El ébola es un virus que causa una fiebre hemorrágica severa que puede provocar la muerte, tanto de animales como de personas. Los primeros registros de su existencia provienen de la década de los 70, en el siglo pasado, y se tiene como punto de origen la República Democrática del Congo.

Al inicio de este mes de julio se han registrado ya casi 500 muertes en tres países africanos, en donde ha aparecido un nuevo brote de esta enfermedad, lo cual nos debe recordar que, a pesar de todo lo que se haga, la posibilidad de que seamos afectados por un brote epidémico está siempre latente.

La aparición del virus A H1N1, en el verano de 2009, nos enseñó lo lejos que estamos de tener la capacidad para hacer frente a una epidemia con capacidades letales a una escala masiva. De manera afortunada, este virus no resultó ser lo agresivo que parecía en un principio; sin embargo, su aparición nos reveló que no contamos con las vacunas ni medicamentos necesarios ni suficientes para hacer frente a una situación así.

A los nuevos virus, deben agregarse los que ya se encuentran entre nosotros y cuyo comportamiento y presencia se está modificando como resultado del cambio climático. El dengue, por ejemplo, es una enfermedad cuya presencia en el centro del país era impensable hace diez años; no obstante, ante el incremento de la temperatura promedio en el país, hoy están teniendo que tomarse medidas de prevención en los estados del Centro-Occidente; amén de los problemas que implica para las zonas calurosas y tropicales, más aún cuando son afectadas por fenómenos meteorológicos.

Las y los científicos de todo el mundo nos han alertado desde hace varios años acerca de que estamos en lo que consideran el umbral de posibilidad de una nueva epidemia global de proporciones mayores, muy probablemente por un nuevo virus de influenza o por la mutación de alguno de los ya existentes.

Frente a esta posibilidad, lo que debe considerarse es que son siempre las personas que viven en condiciones de pobreza quienes son afectadas con una severidad y profundidad mayores; de hecho, casi siempre los primeros enfermos y muertos aparecen entre ellos, no sólo por las condiciones que les rodean, sino porque carecen de acceso a servicios médicos y tratamiento adecuado.

Otra de las lecciones que nos dejó el brote de A H1N1 en 2009 es que en realidad no hay ningún virus lejano; es decir, debido a la interconexión planetaria, la velocidad de los transportes y los múltiples contactos que se dan entre personas que se mueven de un lado al otro del mundo, los virus y las bacterias han adquirido los medios de transporte más acelerados con que habían contado en la historia.

Los análisis de las y los expertos en salud pública y epidemiología nos dicen que la velocidad de propagación que tienen las enfermedades en nuestros días es inédita y, en ese sentido, los retos más importantes se encuentran en el desarrollo de capacidades de prevención y de hábitos saludables que permitan inhibir o al menos reducir la posibilidad de contagio.

Vivimos en una sociedad global, interconectada en todos los sentidos; y es en ese contexto en el que deben planearse y diseñarse todas nuestras políticas y acciones para el cuidado y atención de la salud.

*Investigador del PUED-UNAM

El drama de la niñez migrante

Excélsior, 30/06/2014

“Una crisis humanitaria”: en esta magnitud dimensiona el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, lo que está ocurriendo con las niñas y niños detenidos en la frontera con nuestro país, y quienes han viajado solos en busca —en la mayoría de los casos— de sus familias.

Se trata de miles de niñas y niños no acompañados que literalmente viven en condiciones de detención similares a quien está privado de su libertad por la comisión de un delito y, peor aún, viviendo la incertidumbre de no saber si lograrán reunirse o no con sus familiares.

Es difícil imaginar el nivel de miedo y angustia que viven las niñas y niños que viajan solos a lo largo del trayecto desde Centroamérica hasta la frontera norte de México, y más difícil saber qué es lo que sienten y temen cuando, después de tantas vicisitudes, son detenidos por las autoridades migratorias y encerrados en lo que literalmente funciona como prisiones.

El tema de la niñez migrante ha sido una de las agendas de los derechos humanos más descuidadas desde al menos hace 20 años, cuando se consolidó lo que se ha denominado como “la nueva era de la migración” entre nuestro país y el vecino del norte.

De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre 2011 y 2013, el número anual de niñas y niños que viajan desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos de América se ha duplicado y se espera que en 2014 se llegue al récord de 60 mil niñas y niños no acompañados cruzando la frontera.

Según el ACNUR, del total mencionado, en 2011 México “contribuyó” con 13 mil niñas y niños, mientras que para 2013, la cifra alcanzó más de 18 mil. Es decir, uno de cada cuatro niñas y niños que cruzan solos la frontera norte provienen de nuestro país. Cabe destacar que del total de niñas y niños mexicanos que han sido detenidos en la frontera, 30% declara que su intención de ir hacia Estados Unidos era escapar de un posible reclutamiento por parte de las bandas del narcotráfico.

A pesar de la urgencia que se tiene para garantizar los derechos de las niñas y niños que ya están en la frontera, no deben perderse de vista dos cuestiones estructurales: la primera es que el fenómeno migratorio es de alcances regionales y que sólo podrá tener salidas viables en la medida en que se actúe a ese nivel.

La segunda es que mientras no se reduzcan las condiciones de desigualdad, pobreza y violencia que privan de manera generalizada en nuestra región, será prácticamente imposible reducir la magnitud e intensidad de los flujos migratorios del sur hacia el norte.

Desde esta perspectiva, si algo evidencia este fenómeno dramático es la urgencia de construir un sistema integral de protección a la niñez, que ponga la atención en la garantía de derechos específicos, pero sobre todo en la generación de un sistema de bienestar social universalmente accesible a todas las niñas y los niños.  

Lo anterior, empero, pasa por un pacto político mayor que permita consolidar un modelo de desarrollo basado en la noción más amplia de protección y garantía de los derechos humanos; y ésa es la disputa que todavía tenemos que resolver.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_fuentes

La calidad de nuestra democracia

Excélsior, 23/06/2014

El Instituto Nacional Electoral presentó recientemente el Informe sobre la Calidad de la Democracia en México. El estudio tiene como base una encuesta con representatividad nacional y desagrega la información para cinco regiones del país, para las cuales ofrece información en torno a cinco dimensiones: 1) Estado de derecho y acceso a la justicia; 2) Vida política; 3) Sociedad civil; 4) Vida comunitaria; 5) Valores y 6) Acceso a bienes demandados por los ciudadanos.

La perspectiva del informe permite dimensionar que la democracia debe concebirse mucho más allá de los procesos electorales, es decir, la vida democrática exige una cultura que se expresa en múltiples dimensiones relativas a las capacidades de la sociedad para convivir en orden, en paz y con base en la legalidad.

Resulta preocupante, en ese sentido, que la ciudadanía en nuestro país continúa desconfiando profundamente de las instituciones, fundamentalmente en el ámbito judicial; de acuerdo con la encuesta, 63% de las personas que fueron víctimas de algún delito no hicieron nada al respecto por considerar que, de hacerlo, no tendrían ningún resultado; la segunda razón es que desconfían de la autoridad, mientras que 40% sostiene como tercera razón que ha tenido malas experiencias con la autoridad en el pasado.

Otro de los grandes obstáculos que se presentan para la consolidación de nuestra democracia es la discriminación: 76% de las personas declaran que han sido testigos de algún acto de discriminación por pertenencia a una clase social; 75% lo ha sido ante discriminaciones por apariencia física; 70%, por discriminación por el color de la piel, y un porcentaje similar la ha presenciado en contra de personas indígenas.

Destaca el hecho de que, en nuestro país, la participación política no electoral sigue siendo muy baja: únicamente 39% de la ciudadanía declara que habla de temas políticos con otras personas y sólo 11% ha participado en actividades partidistas.

Adicionalmente, debe destacarse que 80% de la ciudadanía no ha participado nunca en asociaciones de padres de familia; 84%, en organizaciones deportivas; 90% nunca ha participado en organizaciones vecinales, mientras que 96% jamás ha participado en alguna organización de defensa de los derechos humanos.

Los datos en todas las dimensiones son alarmantes, pero quizás uno de los más delicados es el relativo a que únicamente 53% de la ciudadanía considera que la democracia es preferible a otras formas de gobierno; mientras que un porcentaje similar piensa que la democracia es un sistema en el que muchos participan, pero en el que pocos ganan.

La pobreza, la violencia y una cultura de rechazo y agresión en contra de quienes piensan, viven y se muestran diferentes están erosionando aceleradamente nuestro sistema democrático; esto exige nada menos que una renovación ética en todas las instituciones del Estado, pero también la puesta en marcha de un nuevo proyecto de pedagogía ciudadana.

Con estos datos, si algo puede concluirse es que estamos ante el reto de comprender que construir ciudadanía implica construir un país equitativo en el que el acceso al bienestar, a la justicia y, en general, a la garantía plena de los derechos humanos sea una realidad cotidiana; continuar por donde vamos, tarde o temprano, abrirá la puerta a tentaciones autoritarias, y eso es una realidad que nadie puede desear para nuestro país.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_fuentes