Un mundo de corrupción

Excélsior, 26 de enero de 2015

El título de este texto pretende ser, más que una alegoría, una descripción. Los datos presentados por Transparencia Internacional (TI) a través del Índice de Percepción sobre la Corrupción, así como de su análisis sobre lavado de dinero durante 2014, muestran que la corrupción es un problema endémico en todo el planeta.

Entre todos los países, el nuestro se encuentra en la mitad en que mayor corrupción es percibida, tanto por la ciudadanía como por otros actores económicos y políticos. En el ranking de TI, México ocupa el lugar 103 entre 175 países. Y entre los 28 que son medidos a través de la categoría de “pagadores de sobornos”, ocupamos el lugar 26: el tercero peor en esa lista.

Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América, se encuentra en el lugar 17, en la misma lista; mientras que entre los 28 en que se midió el pago de sobornos, ocupa el lugar 10 de los 28 medidos.

España se encuentra en el lugar 37 en la lista; Francia en el lugar 26; Italia en el lugar 69; Rusia en el 136; en contraste Suecia se ubica en el 4º sitio; Noruega en el 5º; mientras que Finlandia en el 3º.

Es de llamar la atención que en el Índice citado se publican datos relativos al Producto Interno per cápita, pero también la Tasa de Mortalidad infantil. En ese indicador tenemos una tasa 7 veces superior a la registrada en Noruega y Suecia; tres veces mayor que las de Francia, Italia y España; lo cual es muestra no sólo de un sistema político y económico mucho más corrupto, sino también mucho más ineficiente y generador de desigualdad social.

Sobre estos temas, se dice constantemente que el problema se encuentra en la crisis ética de nuestras sociedades, y en las que la deshonestidad es la norma como criterio de gobierno y ejercicio de la política; empero, se deja de lado el análisis profundo de otras cuestiones, también éticas, como los valores que subyacen a las decisiones y estilos de vida que hemos asumido de manera globalizada.

Por ejemplo, poco se ha presentado de manera seria respecto de la codicia como el principal sentimiento humano detrás del modelo económico y de desarrollo vigentes. Poco importa si se destruye el medio ambiente, si se lastima a los demás o se les margina a las peores condiciones de vida, mientras que “Yo”, como criterio de organización social, pueda consumir sin límites y acumular riqueza al infinito.

Dicho de manera estricta, se puede ser un codicioso transparente; y se podría tener modelos de gobierno transparentes pero también concentradores de la riqueza y generadores de desigualdad; no habría contradicción lógica en ello, aunque sí ética.

Lo que deberíamos estar discutiendo en ese sentido es cómo generar un punto de quiebre ético, que nos lleve al mismo tiempo a un quiebre en la forma en cómo se toman las decisiones económicas y políticas en nuestra sociedad.

La generación de sociedades profundamente democráticas pasa por eso: por la edificación de criterios civilizados de convivencia, sustentados en el consumo responsable, en el rescate ecológico del planeta y, sobre todo, en una nueva e infinita responsabilidad ética con los demás. Y todo esto implica, sin regateo en el adjetivo, un nuevo modelo político para la solidaridad.

Investigador del PEUD-UNAM

Twitter: @Ml_fuentes

Discursos lejanos

Excélsior, 19 de enero de 2015

Hoy el país vive en un momento de enorme preocupación. Hay una percepción de que las cosas están mal, y que pueden empeorar todavía más en los próximos meses. Por alguna razón, la esperanza de un mañana mejor se rompió y en su lugar tenemos una percepción de malestar y de pesimismo frente a todo. 

En ese contexto ha iniciado una nueva campaña de propaganda política que, en lugar de reconocer tales circunstancias, está orientada a la denostación y los mensajes frívolos que no tienen más propósito que posicionar imágenes vacuas de personajes de los que poco o nada sabemos.

Los consultores en comunicación siguen apostando por los mensajes que apelan a lo emotivo y diseñan campañas y estrategias sustentadas fundamentalmente en la denostación y el desprestigio de los otros, abonando con ello al clima de polarización y desencanto nacional. Ni hablar de las propuestas legislativas o de las plataformas de gobierno que se ofrecen en las entidades en que se renovarán las titularidades de los Ejecutivos estatales.

Estamos ante la fractura de la capacidad de construir propuestas que le permitan a la ciudadanía comprender el momento de complejidad y urgencia por el que atravesamos, llegando al absurdo de partidos que sostienen que no están integrados por políticos, como si el ejercicio de la política fuese sinónimo exclusivo de transa, corrupción e ineficacia.

En este contexto, el Gobierno de la República y los gobiernos estatales se encuentran ante el reto de construir campañas de comunicación social y de lo social verdaderamente democráticas y democratizadoras de la vida pública. Desde esta perspectiva, urge una revisión profunda del tono y contenido del discurso de la propaganda gubernamental, para transitar a una lógica de mensaje que promueva los mejores valores democráticos, así como la idea de que el país sí puede transformarse.

Debe comprenderse que la difusión de los logros de gobierno no se traduce automática ni necesariamente en respaldo ciudadano; y que en sentido estricto, de lo que se trata es de utilizar los recursos públicos para generar capacidades ciudadanas para el ejercicio de los derechos humanos y el acceso efectivo a la oferta pública de bienes y servicios sociales.

Sin duda es necesaria la imagen de un gobierno activo, pero lograrla será muy difícil si los mensajes propagandísticos están centrados sólo en el anuncio de obras construidas o por construirse. Por el contrario, la imagen de un gobierno eficaz, en todos los órdenes y niveles, exige una renovada capacidad de comunicar para acercar a la ciudadanía información útil sobre cómo vivir mejor, a través de campañas dirigidas a la promoción de hábitos deseables de vida, así como para la convivencia civilizada y solidaria.

El esfuerzo debe orientarse a recobrar la capacidad de que la gente pueda imaginarse un país más justo, más equitativo e incluyente y ello exige una lógica comunicativa distinta, y la cual, no es exagerado decirlo en ese tono, permita recobrar la ilusión de un país de bienestar y leyes.

La credibilidad de los partidos políticos se encuentra por los suelos y en nada ayudan campañas electorales en las que predomina la lógica del slogan, pero no de una nueva cultura democrática y de una convicción generalizada de que lo deseable es vivir con base en la paz, la solidaridad y la equidad para todos.

@ML_fuentes

Las prioridades de 2015

Excélsior, 12 de enero de 2015

¿Cuál es la lógica, el método o la racionalidad con base en las cuáles se determinan las prioridades públicas en México? La pregunta es pertinente, sobre todo cuando inicia un nuevo año fiscal, como es el caso cada mes de enero en nuestro país. En nuestro sistema democrático, la discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas se ha centrado en garantizar acceso a la información pública y la auditoría del ejercicio presupuestal; sin embargo, esto no es suficiente a la luz de los intereses creados y la dinámica de corrupción que se ha instalado en, prácticamente, todos los órdenes de gobierno.

Lo anterior porque puede darse el caso de que, en un escenario ideal, los gobiernos podrían rendir cuentas y ejercer los recursos de manera eficiente, aun con ello, el juego democrático no estaría garantizado, porque desde la ciudadanía no tendríamos claro cuáles son los mecanismos desde los cuales se definieron las prioridades de inversión, de cobertura de los programas, de ampliación de la

infraestructura, y un largo etcétera.

Por ejemplo, ahora que hay una nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos el derecho de saber cuáles son los principios y criterios desde los cuales se definirán las acciones para atender lo urgente (la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el país); así como lo estructural, que no debería consistir en otra cosa sino en garantizar que la justicia se convierta en uno de los bienes sociales realmente garantizados para toda la población.

Por otro lado, sabemos relativamente lo suficiente de los presupuestos con que cuentan los estados y los municipios; pero poco sabemos de sus planes de desarrollo y si, de verdad, éstos sirven para guiar la acción y las inversiones públicas; una vez más, pensando en lo local, desconocemos casi todo respecto del sistema de determinación de las prioridades, sobre todo ante un escenario de posible recorte presupuestal en este 2015.

¿Cuáles son las prioridades legislativas de este año, en medio del complejo proceso electoral que está en marcha? Sabemos que las bancadas se reúnen antes de iniciar el periodo ordinario de sesiones, y determinan sus agendas; pero una vez más ¿cómo las procesan a su interior? ¿Es con base en acuerdos y compromisos de grupo y empresariales, o de verdad hay un ejercicio crítico entre parlamentarios en aras de defender el interés nacional?

De continuar la caída de los precios del petróleo y entrar en un periodo de turbulencia, será urgente replantear la estrategia de cobertura universal de salud, generación de empleos y garantía de ingresos mínimos a los más pobres. Por todo ello, el combate a la corrupción que tanto se ha exigido pasa por la revisión de los sistemas y esquemas de toma de decisiones, porque es lo que está en la base de las componendas y el desvío de los recursos públicos.

Debemos comprender que si hay moches y mordidas, se debe a que las prioridades públicas siguen definiéndose con criterios alejados de toda norma y sentido ético. Y eso es lo que urge poner en la base del nuevo sistema anticorrupción: mecanismos de control sobre la determinación de las prioridades y las acciones que deben ponerse en marcha para el bienestar y la plena garantía de los derechos humanos.

Twitter: @ML_fuentes