lunes, 1 de septiembre de 2008
lunes, 25 de agosto de 2008
La economía política
Mario Luis Fuentes
Lunes 25 de agosto de 2008
México vive en un extravío de proyecto y de visión de largo plazo. Los intentos más recientes para evitarlo no han pasado de meros ejercicios retóricos basados más en frases efectistas que en propuestas sólidas con evidencia científica, por un lado y, por el otro, en una dimensión clara de país y de los significados que transporta la idea de la nación. En este extravío, se han soslayado los ideales y renunciado a la posibilidad de imaginar nuevos referentes y significados, para dotar a las instituciones de capacidades con el fin de avanzar al pleno cumplimiento de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.
No hay duda de que nuestro principal saldo se encuentra en lo social y, sin embargo, ha sido el ámbito con menor énfasis en los debates públicos recientes. En efecto, se sigue percibiendo a lo social como “la imagen positiva” del gobierno; considerando que lo importante está en la generación de la infraestructura física para que, por sí sola, ésta y el mercado logren generar los empleos y la dinámica económica necesarios para lograr mejores niveles de vida.
Esta visión es equívoca, pues la concepción sobre qué políticas y qué estructura programática se requiere para superar a la pobreza y la desigualdad, debería estar antecedida por la pregunta de qué instituciones y marcos jurídicos deben orientar y regular a los gobiernos.
De ahí la importancia de pensar nuevamente estos problemas desde la perspectiva de la economía política. Cuando Marx escribió su Contribución a la crítica de la economía política, no sólo aportó elementos imprescindibles para la comprensión del funcionamiento del sistema económico de su tiempo, sino además consolidó un diseño conceptual que valdría la pena rescatar para pensar nuestra época y nuestras dinámicas sociales y económicas.
Sí, Marx contribuyó a subvertir el “orden del discurso” de los liberales, principalmente de Smith y Ricardo y, desde la dialéctica, nos permitió percibir que el funcionamiento del capital tiene poderosos anclajes en la política y en el poder del Estado. Si se asume esta tesis, bien valdría la pena discernir si el retiro que ha habido de la política en las decisiones económicas fundamentales para el desarrollo no es uno de los mayores problemas que enfrentamos.
Es cierto que el desempeño de las instituciones económicas actuales requiere autonomía con respecto al “voluntarismo” de los gobernantes y que hay ámbitos que no pueden estar sujetos al arbitrio de la percepción de los gobiernos. Así, el control de la inflación, la movilidad del tipo de cambio, el control de la balanza comercial, entre otros, decisiones que deben estar sujetas a la evidencia científica.
Pero hay áreas estratégicas para el Estado, que no pueden dejarse o bien al libre juego de las fuerzas del mercado o cederse sin más a la inversión privada. Esto, porque el método de la economía política nos permite entender que hay ámbitos de justicia que no pueden dejarse al libre juego económico. Y estas áreas tienen relación, desde las capacidades recaudatorias hasta el control del capitalismo voraz actual.
Así, la educación, la salud y la seguridad alimentaria son tres ejemplos de espacios en los que el Estado no puede sólo llamar a la retirada. Así también, los órganos de control institucional relacionados con la competencia, la protección de los consumidores, el control de los servicios financieros o cuestiones estratégicas relacionadas con las telecomunicaciones y los desarrollos científicos, técnicos e informáticos.
Pensar a nuestro país en estos temas, desde la perspectiva de la economía política, nos obligaría a modificar estructuras institucionales y marcos jurídicos, aun en contra de los intereses de facto que hoy controlan a una buena parte del aparato público y son algo responsables, en buena medida, de la desigualdad actual.
Pensar a México desde la economía política implicaría de hecho atacar de manera frontal a corrupción e impunidad y, en ese sentido, garantizar ámbitos de competitividad para el fomento de la inversión en un clima de paz social, que hoy no puede entenderse sin garantías de seguridad pública mayores. La economía política permitiría replantear las tesis del desarrollo que hoy son dominantes y replantear el modelo de bienestar, poniendo énfasis en la generación de empleos dignos y en el fortalecimiento de un sistema de seguridad social integral para garantizar mínimos tendientes a dotar, a las personas y a sus familiares, de bienes y servicios que lleguen incluso a los ámbitos de las necesidades subjetivas y la salud mental de todos.
México no puede seguir sin rumbo y sin una noción clara del futuro y de la nación que pretendemos ser en el siglo XXI. Para ello es necesario repensarnos y la economía política, junto con otras perspectivas, pueden ayudarnos a replantearnos la pregunta fundamental que se hacen y deben plantearse constantemente los pueblos: ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
http://www.exonline.com.mx
México vive en un extravío de proyecto y de visión de largo plazo. Los intentos más recientes para evitarlo no han pasado de meros ejercicios retóricos basados más en frases efectistas que en propuestas sólidas con evidencia científica, por un lado y, por el otro, en una dimensión clara de país y de los significados que transporta la idea de la nación. En este extravío, se han soslayado los ideales y renunciado a la posibilidad de imaginar nuevos referentes y significados, para dotar a las instituciones de capacidades con el fin de avanzar al pleno cumplimiento de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.
No hay duda de que nuestro principal saldo se encuentra en lo social y, sin embargo, ha sido el ámbito con menor énfasis en los debates públicos recientes. En efecto, se sigue percibiendo a lo social como “la imagen positiva” del gobierno; considerando que lo importante está en la generación de la infraestructura física para que, por sí sola, ésta y el mercado logren generar los empleos y la dinámica económica necesarios para lograr mejores niveles de vida.
Esta visión es equívoca, pues la concepción sobre qué políticas y qué estructura programática se requiere para superar a la pobreza y la desigualdad, debería estar antecedida por la pregunta de qué instituciones y marcos jurídicos deben orientar y regular a los gobiernos.
De ahí la importancia de pensar nuevamente estos problemas desde la perspectiva de la economía política. Cuando Marx escribió su Contribución a la crítica de la economía política, no sólo aportó elementos imprescindibles para la comprensión del funcionamiento del sistema económico de su tiempo, sino además consolidó un diseño conceptual que valdría la pena rescatar para pensar nuestra época y nuestras dinámicas sociales y económicas.
Sí, Marx contribuyó a subvertir el “orden del discurso” de los liberales, principalmente de Smith y Ricardo y, desde la dialéctica, nos permitió percibir que el funcionamiento del capital tiene poderosos anclajes en la política y en el poder del Estado. Si se asume esta tesis, bien valdría la pena discernir si el retiro que ha habido de la política en las decisiones económicas fundamentales para el desarrollo no es uno de los mayores problemas que enfrentamos.
Es cierto que el desempeño de las instituciones económicas actuales requiere autonomía con respecto al “voluntarismo” de los gobernantes y que hay ámbitos que no pueden estar sujetos al arbitrio de la percepción de los gobiernos. Así, el control de la inflación, la movilidad del tipo de cambio, el control de la balanza comercial, entre otros, decisiones que deben estar sujetas a la evidencia científica.
Pero hay áreas estratégicas para el Estado, que no pueden dejarse o bien al libre juego de las fuerzas del mercado o cederse sin más a la inversión privada. Esto, porque el método de la economía política nos permite entender que hay ámbitos de justicia que no pueden dejarse al libre juego económico. Y estas áreas tienen relación, desde las capacidades recaudatorias hasta el control del capitalismo voraz actual.
Así, la educación, la salud y la seguridad alimentaria son tres ejemplos de espacios en los que el Estado no puede sólo llamar a la retirada. Así también, los órganos de control institucional relacionados con la competencia, la protección de los consumidores, el control de los servicios financieros o cuestiones estratégicas relacionadas con las telecomunicaciones y los desarrollos científicos, técnicos e informáticos.
Pensar a nuestro país en estos temas, desde la perspectiva de la economía política, nos obligaría a modificar estructuras institucionales y marcos jurídicos, aun en contra de los intereses de facto que hoy controlan a una buena parte del aparato público y son algo responsables, en buena medida, de la desigualdad actual.
Pensar a México desde la economía política implicaría de hecho atacar de manera frontal a corrupción e impunidad y, en ese sentido, garantizar ámbitos de competitividad para el fomento de la inversión en un clima de paz social, que hoy no puede entenderse sin garantías de seguridad pública mayores. La economía política permitiría replantear las tesis del desarrollo que hoy son dominantes y replantear el modelo de bienestar, poniendo énfasis en la generación de empleos dignos y en el fortalecimiento de un sistema de seguridad social integral para garantizar mínimos tendientes a dotar, a las personas y a sus familiares, de bienes y servicios que lleguen incluso a los ámbitos de las necesidades subjetivas y la salud mental de todos.
México no puede seguir sin rumbo y sin una noción clara del futuro y de la nación que pretendemos ser en el siglo XXI. Para ello es necesario repensarnos y la economía política, junto con otras perspectivas, pueden ayudarnos a replantearnos la pregunta fundamental que se hacen y deben plantearse constantemente los pueblos: ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
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martes, 19 de agosto de 2008
lunes, 18 de agosto de 2008
Lo que sigue es lo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 18 de agosto de 2008
El debate sobre la reforma energética en el Senado nos deja varias lecciones. Una, que es posible construir espacios para debatir ideas, aun de posiciones divergentes, sobre temas prioritarios para el país.
Es el segundo debate importante de los últimos años en México. El primero fue el elaborado para discutir la Reforma del Estado y que permitió plantear diversas iniciativas que ya fueron aprobadas por el Congreso.
Las dos experiencias debieran servir de base para una metodología de diálogo nacional, que abra la posibilidad con el fin de que expertos, académicos, ex funcionarios y quienes acrediten conocer materias prioritarias para el Estado, aporten elementos de juicio que fortalezcan las posiciones y los argumentos de quienes deben decidir en el Congreso y en el Ejecutivo.
Quizás una de las mayores carencias de nuestra democracia es la ausencia de procedimientos institucionalizados para el diálogo y la garantía de que las decisiones públicas se basen en el mejor argumento, y en todos los casos, en el criterio fundamental del interés superior de la nación. Y es en medio de la carencia de esos métodos, como estas experiencias toman un sentido mayor para el acercamiento de posiciones pero, sobre todo, el destrabar la parálisis de inteligencia en la que vive nuestro país.
Debe destacarse, en esa lógica, que concluidos los tiempos fijados para la Reforma del Estado, quedó pendiente una vez más discutir la cuestión social y cómo generar un nuevo entramado jurídico-institucional para la equidad, la justicia social y el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de todos.
Sin duda, en México hay distintas visiones en disputa en torno a cuál es la visión de país en aras de lograr la inclusión, construir una nueva ciudadanía y erradicar exclusión, discriminación y violencia social. Y es en esa lógica como urge construir un método similar al usado para debatir las iniciativas de la reforma energética y plantear una profunda reforma a todo el marco jurídico de lo social.
Debe insistirse en que las leyes generales de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y la de Planeación Democrática, deben armonizarse en sus contenidos, instrumentos y alcances y, con ellos, las demás normas relacionadas con temas prioritarios para el desarrollo del país y que van, desde la asistencia social y la prevención de las adicciones, hasta la generación de capacidades productivas y la reactivación de sectores económicos marginados.
Ante esta necesidad, debe reconocerse también que aún no sabemos cómo resolver muchos de los dilemas sociales que enfrentamos y es, en ese sentido, donde se han encontrado severas dificultades para impulsar una reforma social de largo alcance. Empero, estas dificultades deben llevarnos a un intenso diálogo nacional y al planteamiento de una comisión plural para el desarrollo de la reforma social del Estado mexicano, en la cual tengan cabida todas las visiones y las posiciones teóricas y políticas del país.
Hay suficiente evidencia empírica para asumir que, en buena medida, el desempleo, la desigualdad y la pobreza tienen sus más férreos anclajes en el entramado institucional y en el marco jurídico que le da sustento. Hay igualmente evidencia en torno a que la pobreza y la desigualdad son determinantes de la pérdida de la “competitividad-país”, del estancamiento del desarrollo humano y económico y de la imposibilidad de ampliar nuestras libertades en un marco de instituciones plenamente democráticas.
Si esto es así, no hay ningún argumento válido ni suficiente para continuar posponiendo la reforma social del Estado mexicano, la cual, me atrevo a sostener, es de igual y quizá de mayor importancia que la reforma que se está impulsando para Pemex. Esto es así, porque el desarrollo económico y el humano de México no pueden depender exclusivamente de los ingresos de la renta petrolera, sino de un sistema institucional que permita generar empleos dignos para todos, que nos den a la vez una base gravable mucho más amplia, la cual debe tener un doble efecto: la ampliación de las instituciones de seguridad social, así como un carácter redistributivo que permita reducir la desigualdad prevaleciente hoy.
Por todo lo anterior, es deseable que en el Congreso de la Unión pueda percibirse la importancia que tiene para México una reforma social de esta índole y, sobre todo, es exigible que se inicie en lo inmediato una transformación de nuestras instituciones sociales, pues nunca estará de más insistir en que nuestro futuro es lo que está en juego.
De no avanzar en esta reforma, esta Legislatura tendrá como uno de sus principales saldos negativos, el haber carecido de la visión necesaria para sentar las bases con miras a un México mucho más justo e incluyente, en particular de los más pobres y de los mayormente excluidos.
El debate sobre la reforma energética en el Senado nos deja varias lecciones. Una, que es posible construir espacios para debatir ideas, aun de posiciones divergentes, sobre temas prioritarios para el país.
Es el segundo debate importante de los últimos años en México. El primero fue el elaborado para discutir la Reforma del Estado y que permitió plantear diversas iniciativas que ya fueron aprobadas por el Congreso.
Las dos experiencias debieran servir de base para una metodología de diálogo nacional, que abra la posibilidad con el fin de que expertos, académicos, ex funcionarios y quienes acrediten conocer materias prioritarias para el Estado, aporten elementos de juicio que fortalezcan las posiciones y los argumentos de quienes deben decidir en el Congreso y en el Ejecutivo.
Quizás una de las mayores carencias de nuestra democracia es la ausencia de procedimientos institucionalizados para el diálogo y la garantía de que las decisiones públicas se basen en el mejor argumento, y en todos los casos, en el criterio fundamental del interés superior de la nación. Y es en medio de la carencia de esos métodos, como estas experiencias toman un sentido mayor para el acercamiento de posiciones pero, sobre todo, el destrabar la parálisis de inteligencia en la que vive nuestro país.
Debe destacarse, en esa lógica, que concluidos los tiempos fijados para la Reforma del Estado, quedó pendiente una vez más discutir la cuestión social y cómo generar un nuevo entramado jurídico-institucional para la equidad, la justicia social y el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de todos.
Sin duda, en México hay distintas visiones en disputa en torno a cuál es la visión de país en aras de lograr la inclusión, construir una nueva ciudadanía y erradicar exclusión, discriminación y violencia social. Y es en esa lógica como urge construir un método similar al usado para debatir las iniciativas de la reforma energética y plantear una profunda reforma a todo el marco jurídico de lo social.
Debe insistirse en que las leyes generales de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y la de Planeación Democrática, deben armonizarse en sus contenidos, instrumentos y alcances y, con ellos, las demás normas relacionadas con temas prioritarios para el desarrollo del país y que van, desde la asistencia social y la prevención de las adicciones, hasta la generación de capacidades productivas y la reactivación de sectores económicos marginados.
Ante esta necesidad, debe reconocerse también que aún no sabemos cómo resolver muchos de los dilemas sociales que enfrentamos y es, en ese sentido, donde se han encontrado severas dificultades para impulsar una reforma social de largo alcance. Empero, estas dificultades deben llevarnos a un intenso diálogo nacional y al planteamiento de una comisión plural para el desarrollo de la reforma social del Estado mexicano, en la cual tengan cabida todas las visiones y las posiciones teóricas y políticas del país.
Hay suficiente evidencia empírica para asumir que, en buena medida, el desempleo, la desigualdad y la pobreza tienen sus más férreos anclajes en el entramado institucional y en el marco jurídico que le da sustento. Hay igualmente evidencia en torno a que la pobreza y la desigualdad son determinantes de la pérdida de la “competitividad-país”, del estancamiento del desarrollo humano y económico y de la imposibilidad de ampliar nuestras libertades en un marco de instituciones plenamente democráticas.
Si esto es así, no hay ningún argumento válido ni suficiente para continuar posponiendo la reforma social del Estado mexicano, la cual, me atrevo a sostener, es de igual y quizá de mayor importancia que la reforma que se está impulsando para Pemex. Esto es así, porque el desarrollo económico y el humano de México no pueden depender exclusivamente de los ingresos de la renta petrolera, sino de un sistema institucional que permita generar empleos dignos para todos, que nos den a la vez una base gravable mucho más amplia, la cual debe tener un doble efecto: la ampliación de las instituciones de seguridad social, así como un carácter redistributivo que permita reducir la desigualdad prevaleciente hoy.
Por todo lo anterior, es deseable que en el Congreso de la Unión pueda percibirse la importancia que tiene para México una reforma social de esta índole y, sobre todo, es exigible que se inicie en lo inmediato una transformación de nuestras instituciones sociales, pues nunca estará de más insistir en que nuestro futuro es lo que está en juego.
De no avanzar en esta reforma, esta Legislatura tendrá como uno de sus principales saldos negativos, el haber carecido de la visión necesaria para sentar las bases con miras a un México mucho más justo e incluyente, en particular de los más pobres y de los mayormente excluidos.
martes, 12 de agosto de 2008
lunes, 11 de agosto de 2008
La crisis de la violencia
Mario Luis Fuentes
Lunes 11 de agosto de 2008
Una crisis social generada por la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es siempre una crisis de las instituciones del Estado. Hoy vivimos una realmente profunda, porque no sólo implica que el crimen organizado ha decidido combatir frontalmente a las instituciones públicas, sino que las ha penetrado y pareciera que en muchos sentidos las ha rebasado en su capacidad organizativa y de inteligencia.
La noción de la delincuencia es, en esa lógica, antitética de cualquier concepción que se tenga del Estado. Quien delinque infringe a la ley y si esto es así viola el pacto fundamental que da origen y legitimidad a la autoridad del Estado, cuyo deber fundamental consiste en proteger a los ciudadanos y garantizar el pleno cumplimiento que el orden jurídico establece como de observancia obligatoria para todos.
Debe entenderse, en consecuencia, que la delincuencia del orden común, es decir, la que tiene como origen el conflicto entre individuos (personal, de intereses, pasionales incluso), constituye un atentado al orden social; empero, la delincuencia organizada atenta además contra el principio organizativo básico de las instituciones y del Estado. Busca socavar el orden legal e instituirse como fuente de la dominación y del ejercicio de la autoridad.
De ahí la gravedad del escenario de violencia que estamos viviendo, pues la delincuencia ha decidido salir, del ámbito de la clandestinidad, para asumir un protagonismo público de terror, en una actitud francamente hostil en contra de todas las instituciones de seguridad pública e incluso de nuestras Fuerzas Armadas.
El impacto mayor, obvia decirlo, es siempre para los más frágiles y vulnerables, pues son niñas, niños y mujeres quienes en mayor medida han pagado los costos de esta violencia que ya, puede decirse, tiene un carácter generalizado y extendido a prácticamente todo el territorio del país y con presencia en todas las esferas de la vida social.
La revelación de la encuesta recientemente presentada por la Subsecretaría de Educación Media Superior, en el sentido de que más de 40% de los jóvenes sabe que alguno de sus compañeros lleva armas a su escuela, debe tomarse como un dato sintomático de la presencia y la penetración que ha tenido ya el crimen en todos los ámbitos de la vida pública, sobre todo porque casi la mitad de los encuestados respondieron conocer a “alguien muy cercano” que consume drogas.
De acuerdo con los datos disponibles sobre violencia, un alto porcentaje de accidentes, homicidios, riñas, daños y lesiones, tanto en la vía pública como en los hogares, están directamente relacionados con el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, y se ha documentado que la violencia contra los niños, en los hogares, proviene en más de 40% de madres que en su niñez o en la juventud sufrieron violencia sicológica, sexual o física.
Con estos datos, asumir que el panorama de violencia que enfrentamos es un asunto exclusivamente delincuencial y de corrupción policiaca implica un despropósito mayor y un riesgo para todos, pues es urgente, y esto quiere decir ya, una transformación en el modelo de desarrollo con que contamos y, sobre todo, un cambio radical en lo que estamos entendiendo por el “bienestar”.
He insistido constantemente en que la violencia es un tema de la mayor centralidad en el diseño de las políticas sociales y, hoy, ni las procuradurías ni las instancias de defensa de los derechos humanos ni las dependencias gubernamentales están suficientemente preparadas para dar respuesta a un fenómeno que ya nos desbordó y exige intervenciones de alto impacto y de mucha celeridad en su eficacia, para revertir, o al menos contener, los problemas que se suscitan en torno a la violencia, las relaciones sociales y la expresión más cruda del desorden en que vivimos, que se manifiesta sobre todo en la delincuencia común y, desde luego, en sus versiones organizadas.
Hoy es necesaria una nueva política social que tenga como principales objetivos lo que he sostenido en distintas ocasiones: cohesión social, enfrentar la inequidad, lograr la inclusión de todas y todos, reducir las desigualdades regionales y las disparidades entre los individuos y formar una nueva ciudadanía que nos dé la posibilidad de cimentar un nuevo orden social alejado de la violencia, el crimen y la violación constante al Estado de derecho.
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martes, 5 de agosto de 2008
lunes, 4 de agosto de 2008
Inflación y la cuestión social
Mario Luis Fuentes
Lunes 04 de agosto de 2008
El gobernador del Banco de México informó esta semana las expectativas inflacionarias para 2008 y que para diciembre de este año se espera una de 6%; la cifra más alta de los últimos diez años, aunque con la diferencia de que esta vez se trata de un proceso que se sitúa en un contexto de crisis global de la economía, derivada de la económica y financiera prevaleciente en Estados Unidos.
En el análisis de lo social casi siempre se tiende a segmentar disciplinas, pero esto es meramente conceptual, pues la vida social se basa en interrelaciones que obligan a comprenderla como un todo. Así, el tema de la inflación constituye un asunto de vital importancia en relación con la cuestión social de nuestro país y en el contexto de crisis señalado, a escala mundial.
Sí, los impactos inflacionarios ya están comenzando a tener severas consecuencias para las familias más pobres porque, en primer término, la inflación constituye el “impuesto” más caro y, en videncia, uno de los factores regresivos del ingreso más severos que puede haber.
Debe considerarse, además, que por primera vez en años, la espiral inflacionaria surge en buena medida en el sector de los alimentos y ello aunado a la del sector de los medicamentos, sitúa a las finanzas de las familias de menos ingresos, pero también a las del sector público, en graves problemas de subsistencia y sostenimiento del gasto, tanto privado como público.
Según el Banco de México, son los alimentos y las medicinas los productos que en mayor grado han incrementado sus precios en los últimos dos años y a los que, proporcionalmente hablando, los pobres destinan la mayor parte de sus ingresos.
Lo mismo ocurre con la actual política de asistencia social a los pobres, cuyos programas más importantes, fundamentalmente Oportunidades y el Seguro Popular, los de mayor envergadura presupuestaria, están dirigidos a la transferencia de ingreso y al otorgamiento de subsidios para el consumo, nuevamente, en alimentos y medicinas.
Así, la economía y sus tropiezos deben darnos la oportunidad de repensar con seriedad si el modelo que hemos asumido en los últimos 30 años continúa siendo viable. La evidencia con que contamos nos arroja un rotundo “no”, por lo que es tiempo de construir una nueva dinámica económica para generar los empleos que urgen y con ello aprovechar el bono demográfico y frenar, o al menos paliar, la sangría de la migración de los millones de jóvenes que se van, frente al desempleo masivo y la desesperanza, y se llevan mucho de lo mejor que tenemos en cuanto a escolaridad, capacidad emprendedora y capacidades para el desarrollo.
En esa lógica, son muchos los cambios que deben realizarse y, por ello, urge iniciar un proceso de reingeniería social que, en un movimiento gradual, pero acelerado, nos lleve a cerrar las llamadas brechas que tenemos con respecto a los países con mayor equidad y desarrollo y que hoy comienzan a percibirse como supercarreteras que nos separan de la posibilidad de construir instituciones para la erradicación de la pobreza y la injusticia social.
El pensamiento social que sólo puede ver variables y cifras en tableros electrónicos no puede seguir considerándose como la panacea ni mucho menos el paradigma incuestionable en que intentó erigirse en la década de los 90 y que continúa a modo de “discurso casi único” en las oficinas de la “inteligencia económica de este país”.
Cuando nos golpearon las crisis económicas de los 80 y los 90, las adicciones, la violencia —tanto la del crimen organizado como la que se vive en los hogares y las calles—, la migración, el desempleo, los saldos negativos en la seguridad social, además de la crisis educativa, por citar sólo algunos ámbitos de altísima complejidad, no tenían el tinte dramático con que hoy se nos presentan.
Por ello es tan grave este periodo actual de crisis. Porque a la fractura de la solidaridad y el tejido social, se le añade el ingrediente, casi siempre explosivo, de una agudización de las carencias monetarias, que privan de capacidad de consumo a las personas, en mayor detrimento siempre de las niñas, los niños y las mujeres.
La inflación de hoy no puede ser tomada, pues, sólo como un dato económico, sino antes bien el síntoma de una severa crisis de un modelo de desarrollo que ha generado una brutal desigualdad a nivel global y en el interior de los países y que renunció a dos premisas básicas del pensamiento clásico, económico y social: la generación de la riqueza está en el trabajo y la aspiración de las sociedades debe conducir a una distribución equitativa de la riqueza socialmente producida.
El reto de hoy es tener la capacidad para imaginar, y el valor político con el fin de construir, un nuevo modelo de desempeño de nuestras instituciones, políticas, económicas y sociales, a fin de garantizar el anhelado bienestar para todas y todos.
http://marioluisfuentes.blogspot.com
El gobernador del Banco de México informó esta semana las expectativas inflacionarias para 2008 y que para diciembre de este año se espera una de 6%; la cifra más alta de los últimos diez años, aunque con la diferencia de que esta vez se trata de un proceso que se sitúa en un contexto de crisis global de la economía, derivada de la económica y financiera prevaleciente en Estados Unidos.
En el análisis de lo social casi siempre se tiende a segmentar disciplinas, pero esto es meramente conceptual, pues la vida social se basa en interrelaciones que obligan a comprenderla como un todo. Así, el tema de la inflación constituye un asunto de vital importancia en relación con la cuestión social de nuestro país y en el contexto de crisis señalado, a escala mundial.
Sí, los impactos inflacionarios ya están comenzando a tener severas consecuencias para las familias más pobres porque, en primer término, la inflación constituye el “impuesto” más caro y, en videncia, uno de los factores regresivos del ingreso más severos que puede haber.
Debe considerarse, además, que por primera vez en años, la espiral inflacionaria surge en buena medida en el sector de los alimentos y ello aunado a la del sector de los medicamentos, sitúa a las finanzas de las familias de menos ingresos, pero también a las del sector público, en graves problemas de subsistencia y sostenimiento del gasto, tanto privado como público.
Según el Banco de México, son los alimentos y las medicinas los productos que en mayor grado han incrementado sus precios en los últimos dos años y a los que, proporcionalmente hablando, los pobres destinan la mayor parte de sus ingresos.
Lo mismo ocurre con la actual política de asistencia social a los pobres, cuyos programas más importantes, fundamentalmente Oportunidades y el Seguro Popular, los de mayor envergadura presupuestaria, están dirigidos a la transferencia de ingreso y al otorgamiento de subsidios para el consumo, nuevamente, en alimentos y medicinas.
Así, la economía y sus tropiezos deben darnos la oportunidad de repensar con seriedad si el modelo que hemos asumido en los últimos 30 años continúa siendo viable. La evidencia con que contamos nos arroja un rotundo “no”, por lo que es tiempo de construir una nueva dinámica económica para generar los empleos que urgen y con ello aprovechar el bono demográfico y frenar, o al menos paliar, la sangría de la migración de los millones de jóvenes que se van, frente al desempleo masivo y la desesperanza, y se llevan mucho de lo mejor que tenemos en cuanto a escolaridad, capacidad emprendedora y capacidades para el desarrollo.
En esa lógica, son muchos los cambios que deben realizarse y, por ello, urge iniciar un proceso de reingeniería social que, en un movimiento gradual, pero acelerado, nos lleve a cerrar las llamadas brechas que tenemos con respecto a los países con mayor equidad y desarrollo y que hoy comienzan a percibirse como supercarreteras que nos separan de la posibilidad de construir instituciones para la erradicación de la pobreza y la injusticia social.
El pensamiento social que sólo puede ver variables y cifras en tableros electrónicos no puede seguir considerándose como la panacea ni mucho menos el paradigma incuestionable en que intentó erigirse en la década de los 90 y que continúa a modo de “discurso casi único” en las oficinas de la “inteligencia económica de este país”.
Cuando nos golpearon las crisis económicas de los 80 y los 90, las adicciones, la violencia —tanto la del crimen organizado como la que se vive en los hogares y las calles—, la migración, el desempleo, los saldos negativos en la seguridad social, además de la crisis educativa, por citar sólo algunos ámbitos de altísima complejidad, no tenían el tinte dramático con que hoy se nos presentan.
Por ello es tan grave este periodo actual de crisis. Porque a la fractura de la solidaridad y el tejido social, se le añade el ingrediente, casi siempre explosivo, de una agudización de las carencias monetarias, que privan de capacidad de consumo a las personas, en mayor detrimento siempre de las niñas, los niños y las mujeres.
La inflación de hoy no puede ser tomada, pues, sólo como un dato económico, sino antes bien el síntoma de una severa crisis de un modelo de desarrollo que ha generado una brutal desigualdad a nivel global y en el interior de los países y que renunció a dos premisas básicas del pensamiento clásico, económico y social: la generación de la riqueza está en el trabajo y la aspiración de las sociedades debe conducir a una distribución equitativa de la riqueza socialmente producida.
El reto de hoy es tener la capacidad para imaginar, y el valor político con el fin de construir, un nuevo modelo de desempeño de nuestras instituciones, políticas, económicas y sociales, a fin de garantizar el anhelado bienestar para todas y todos.
http://marioluisfuentes.blogspot.com
lunes, 28 de julio de 2008
El reto del Presupuesto
Mario Luis Fuentes
Lunes 28 de julio de 2008
A partir de julio ha empezado el proceso para el Presupuesto de Egresos 2009, cuya discusión y análisis seguramente será el mayor reto que habrá de enfrentar la presente Legislatura en todo su ejercicio.
Esto, porque el análisis y la aprobación se sitúan en el eje de distintas coordenadas de la mayor trascendencia para el desarrollo. Por un lado, el arranque del año electoral está a sólo semanas de comenzar, lo cual llevará a todos los partidos a una fuerte disputa por los recursos para las regiones en donde tienen prioridades político-electorales, así como a un debate simultáneo sobre cómo evitar que a los destinados al desarrollo se les utilice con fines político-electorales por las instituciones públicas de todos los niveles y órdenes de gobierno.
Por otro lado, mucho de la composición del PEF dependerá de si se logra o no aprobar la reforma a distintas leyes en materia energética, lo cual podría modificar el régimen fiscal de Pemex y, con ello, el flujo de ingresos a las arcas públicas y la disponibilidad de dinero para ampliar o mantener al menos el nivel de inversión pública con miras al desarrollo del país.
Habrá que incorporar en la construcción del presupuesto consideraciones en torno a la crisis global del precio de los alimentos, elementos fundamentales, no sólo en la distribución del gasto de los hogares, sino también en la composición de los programas públicos para el combate a la pobreza, tales como Oportunidades, los Desayunos Escolares, Liconsa y Diconsa, y todo el catálogo de programas dirigidos a la producción agrícola o a la adquisición de insumos para la producción.
De otra parte, el proceso inflacionario y de recesión económica global está impactando a la economía nacional, la cual ha comenzado a presentar también signos de “calentamiento” inflacionario, el cual ha llegado a la tasa más alta registrada desde hace cinco años. Este proceso, aunado a una apreciación constante del peso frente al dólar, ha impactado también al sector exportador, lo que originará presiones para diversos sectores económicos.
En medio de estos y otros factores, el reto de esta Legislatura consiste en lograr un Presupuesto de Egresos y una Ley de Ingresos que, por un lado, puedan enfrentar los dilemas señalados y, por otro, tengan una doble capacidad: generar un efecto redistributivo, con equidad, de la riqueza, y reactivar la economía, a fin de generar mucho más empleos con salarios dignos y acceso a servicios de seguridad social.
Esta doble función del PEF y de la Ley de Ingresos debe estar dirigida a la activación de sectores económicos cuyas potencialidades siguen desperdiciadas y asumir además un sentido histórico en la lógica de la proximidad de la celebración tanto del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional como del Centenario de nuestra Revolución de 1910.
La celebración del Bicentenario debe aprovecharse, hay que insistir en ello una y otra vez, para realizar una convocatoria a la unidad, al fortalecimiento de la identidad nacional y a la generación de una propuesta de inclusión y justicia para el largo plazo. Pensar, por citar sólo un ejemplo, en el sureste mexicano, debería llevar al impulso de un poderoso programa de inversión pública que, más allá de generar mayores capacidades para la captación del turismo y sus divisas, pueda garantizarle a las y los mexicanos entrar en contacto con nuestra historia y raíces.
La promoción de nuestros sitios históricos más importantes debería considerarse un asunto prioritario, porque con ello podría lograrse una mayor valoración de lo que somos y propiciar o fortalecer ideales de comunidad, de sentido de pertenencia y, nuevamente, de inclusión social, mediante el encuentro con lo mejor de nuestro pasado.
Todos estos retos son sin duda mayúsculos, pues requieren la inclusión de criterios transversales de no discriminación; criterios para la garantía de la equidad de género y el cumplimiento de los derechos de los niños, así como elementos dirigidos a la reactivación económica y la generación de empleo digno. La tarea no es sencilla y construirla requerirá una amplia convocatoria, a fin de que, en el proceso de construcción del PEF 2009, sean las prioridades nacionales las que logren anteponerse a los intereses de grupo que, hasta hoy, mayoritariamente han logrado prevalecer.
Todo lo anterior implicará adicionalmente que los grupos parlamentarios desarrollen la capacidad para resistir a grupos privados y a otros, de poder local, que gestionan y cabildean la asignación de recursos que responden más a intereses particulares que al interés del país. En ese sentido sería un importante precedente que, aun sin estar legislado de manera apropiada, el Congreso documente y haga públicos los procesos de gestión que se realizan ante las comisiones legislativas y que, en un ejercicio de transparencia, esta información quede registrada y disponible para todos, porque es el interés nacional lo que está en juego.
http://www.exonline.com.mx
A partir de julio ha empezado el proceso para el Presupuesto de Egresos 2009, cuya discusión y análisis seguramente será el mayor reto que habrá de enfrentar la presente Legislatura en todo su ejercicio.
Esto, porque el análisis y la aprobación se sitúan en el eje de distintas coordenadas de la mayor trascendencia para el desarrollo. Por un lado, el arranque del año electoral está a sólo semanas de comenzar, lo cual llevará a todos los partidos a una fuerte disputa por los recursos para las regiones en donde tienen prioridades político-electorales, así como a un debate simultáneo sobre cómo evitar que a los destinados al desarrollo se les utilice con fines político-electorales por las instituciones públicas de todos los niveles y órdenes de gobierno.
Por otro lado, mucho de la composición del PEF dependerá de si se logra o no aprobar la reforma a distintas leyes en materia energética, lo cual podría modificar el régimen fiscal de Pemex y, con ello, el flujo de ingresos a las arcas públicas y la disponibilidad de dinero para ampliar o mantener al menos el nivel de inversión pública con miras al desarrollo del país.
Habrá que incorporar en la construcción del presupuesto consideraciones en torno a la crisis global del precio de los alimentos, elementos fundamentales, no sólo en la distribución del gasto de los hogares, sino también en la composición de los programas públicos para el combate a la pobreza, tales como Oportunidades, los Desayunos Escolares, Liconsa y Diconsa, y todo el catálogo de programas dirigidos a la producción agrícola o a la adquisición de insumos para la producción.
De otra parte, el proceso inflacionario y de recesión económica global está impactando a la economía nacional, la cual ha comenzado a presentar también signos de “calentamiento” inflacionario, el cual ha llegado a la tasa más alta registrada desde hace cinco años. Este proceso, aunado a una apreciación constante del peso frente al dólar, ha impactado también al sector exportador, lo que originará presiones para diversos sectores económicos.
En medio de estos y otros factores, el reto de esta Legislatura consiste en lograr un Presupuesto de Egresos y una Ley de Ingresos que, por un lado, puedan enfrentar los dilemas señalados y, por otro, tengan una doble capacidad: generar un efecto redistributivo, con equidad, de la riqueza, y reactivar la economía, a fin de generar mucho más empleos con salarios dignos y acceso a servicios de seguridad social.
Esta doble función del PEF y de la Ley de Ingresos debe estar dirigida a la activación de sectores económicos cuyas potencialidades siguen desperdiciadas y asumir además un sentido histórico en la lógica de la proximidad de la celebración tanto del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional como del Centenario de nuestra Revolución de 1910.
La celebración del Bicentenario debe aprovecharse, hay que insistir en ello una y otra vez, para realizar una convocatoria a la unidad, al fortalecimiento de la identidad nacional y a la generación de una propuesta de inclusión y justicia para el largo plazo. Pensar, por citar sólo un ejemplo, en el sureste mexicano, debería llevar al impulso de un poderoso programa de inversión pública que, más allá de generar mayores capacidades para la captación del turismo y sus divisas, pueda garantizarle a las y los mexicanos entrar en contacto con nuestra historia y raíces.
La promoción de nuestros sitios históricos más importantes debería considerarse un asunto prioritario, porque con ello podría lograrse una mayor valoración de lo que somos y propiciar o fortalecer ideales de comunidad, de sentido de pertenencia y, nuevamente, de inclusión social, mediante el encuentro con lo mejor de nuestro pasado.
Todos estos retos son sin duda mayúsculos, pues requieren la inclusión de criterios transversales de no discriminación; criterios para la garantía de la equidad de género y el cumplimiento de los derechos de los niños, así como elementos dirigidos a la reactivación económica y la generación de empleo digno. La tarea no es sencilla y construirla requerirá una amplia convocatoria, a fin de que, en el proceso de construcción del PEF 2009, sean las prioridades nacionales las que logren anteponerse a los intereses de grupo que, hasta hoy, mayoritariamente han logrado prevalecer.
Todo lo anterior implicará adicionalmente que los grupos parlamentarios desarrollen la capacidad para resistir a grupos privados y a otros, de poder local, que gestionan y cabildean la asignación de recursos que responden más a intereses particulares que al interés del país. En ese sentido sería un importante precedente que, aun sin estar legislado de manera apropiada, el Congreso documente y haga públicos los procesos de gestión que se realizan ante las comisiones legislativas y que, en un ejercicio de transparencia, esta información quede registrada y disponible para todos, porque es el interés nacional lo que está en juego.
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lunes, 21 de julio de 2008
Políticas para la adolescencia
Mario Luis Fuentes
Lunes 21 de julio de 2008
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) advertía en el año 2000, en su documento Adolescencia y Juventud en América Latina y el Caribe: “Mientras el despliegue de los actuales estilos de desarrollo exige un aprovechamiento óptimo de los activos que se concentran en ellos (en los jóvenes y adolescentes), se da la paradoja de que aumenta la exclusión social que los afecta”.
Esta paradoja es en efecto la principal característica de los primeros años del siglo XXI en cuando a los jóvenes y a los adolescentes se refiere: nunca en la historia de la humanidad se había tenido tal cantidad de bienes, servicios y satisfactores disponibles en el mercado y, paradójicamente, en consecuencia, nunca la historia de la humanidad había registrado tal magnitud de privaciones.
De manera lamentable, nuestra sociedad no logró prepararse en las décadas de los 70 y los 80 a fin de recibir y acoger a las y los jóvenes de entonces y, en el marco de ese déficit, llegaron las severas crisis económicas de 1982 y de 1995, las cuales literalmente truncaron los proyectos de vida de millones de personas, la mayoría de ellos niñas, niños, adolescentes y mujeres.
En el citado documento de la Cepal, hace ocho años, ya se advertía el preocupante nexo ente juventud y violencia. Hoy sabemos, debido a una reciente encuesta realizada por la SEP, que 48% de los adolescentes saben de alguien que es “muy su amigo”, que se droga; y otro 25% reporta que sabe que en sus escuelas algunos de sus compañeros llevan armas.
Frente a estas dimensiones sociales, la oferta de programas y servicios se reduce a procesos de escolarización, con una cobertura que hoy apenas roza 60% en el bachillerato; y con algunos programas adicionales dirigidos a actividades deportivas, los cuales difícilmente llegan a 50% de la población juvenil y la adolescente.
La complejidad que implica diseñar programas y políticas públicas para este grupo de población resulta mayor. Se trata de comprender que es una fase de la vida no transicional, como tradicionalmente se le ha visto. Esto es, los adolescentes ni son “niños grandes” ni “adultos en potencia”. Se trata de personas que viven una etapa de maduración y como tal se necesita desarrollar todo el conjunto de intervenciones institucionales, sociales y familiares requeridas para lograr el pleno cumplimiento de sus derechos.
El reto mayor consiste en generar, desde la niñez y la adolescencia, a ciudadanos plenos que puedan asumir valores convivenciales, de tolerancia, cooperación y solidaridad, sobre todo porque nuestro país no logrará abatir ni la desigualdad ni la pobreza si antes no se construyen puentes con miras a la creación de una sociedad para todas las edades.
La salud sexual y la reproductiva, la inclusión laboral, la salud mental, la educción, las adicciones y la violencia son agendas para las cuales en nuestro país aún no hay respuestas adecuadas ni tampoco planteamientos sólidos sobre cómo lograr que no se rompan nuestros vínculos sociales básicos y podamos fortalecer puentes para la solidaridad intergeneracional.
Nuestros jóvenes de hoy conocen en carne propia, como nunca en la historia, la noción de ser extranjeros aun en su respectivo país: las minorías sin visibilidad pública son un claro ejemplo del aislamiento, generado socialmente o autoimpuesto, de cómo hemos roto el principio de hospitalidad, el cual, en palabras de Derrida, debe llevarnos, sí, a “calcular los riesgos, mas no a cerrar la puerta a lo incalculable, es decir, al porvenir y al extranjero.
No hay, entonces, en efecto, una apuesta más absurda para una sociedad que abonar a la cancelación de su porvenir y, si en México no actuamos en el sentido correcto, gran parte de nuestro futuro estará realmente cerrado y en muchos ámbitos corremos el riesgo de que estas cancelaciones se conviertan en irreversibles.
Una sociedad hospitalaria no es sólo la que da la bienvenida al extranjero, sino aquella que genera cordialidad y se dispone a hablar la misma lengua de los diferentes. Hoy estamos en la encrucijada de conseguir descifrar la lengua de nuestros adolescentes y jóvenes y, con ello, deconstruir nuestras nociones de progreso, desarrollo y crecimiento, para generar una nueva forma de comprender la inclusión, la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales.
mlfuentes@ceidas.org
Esta paradoja es en efecto la principal característica de los primeros años del siglo XXI en cuando a los jóvenes y a los adolescentes se refiere: nunca en la historia de la humanidad se había tenido tal cantidad de bienes, servicios y satisfactores disponibles en el mercado y, paradójicamente, en consecuencia, nunca la historia de la humanidad había registrado tal magnitud de privaciones.
De manera lamentable, nuestra sociedad no logró prepararse en las décadas de los 70 y los 80 a fin de recibir y acoger a las y los jóvenes de entonces y, en el marco de ese déficit, llegaron las severas crisis económicas de 1982 y de 1995, las cuales literalmente truncaron los proyectos de vida de millones de personas, la mayoría de ellos niñas, niños, adolescentes y mujeres.
En el citado documento de la Cepal, hace ocho años, ya se advertía el preocupante nexo ente juventud y violencia. Hoy sabemos, debido a una reciente encuesta realizada por la SEP, que 48% de los adolescentes saben de alguien que es “muy su amigo”, que se droga; y otro 25% reporta que sabe que en sus escuelas algunos de sus compañeros llevan armas.
Frente a estas dimensiones sociales, la oferta de programas y servicios se reduce a procesos de escolarización, con una cobertura que hoy apenas roza 60% en el bachillerato; y con algunos programas adicionales dirigidos a actividades deportivas, los cuales difícilmente llegan a 50% de la población juvenil y la adolescente.
La complejidad que implica diseñar programas y políticas públicas para este grupo de población resulta mayor. Se trata de comprender que es una fase de la vida no transicional, como tradicionalmente se le ha visto. Esto es, los adolescentes ni son “niños grandes” ni “adultos en potencia”. Se trata de personas que viven una etapa de maduración y como tal se necesita desarrollar todo el conjunto de intervenciones institucionales, sociales y familiares requeridas para lograr el pleno cumplimiento de sus derechos.
El reto mayor consiste en generar, desde la niñez y la adolescencia, a ciudadanos plenos que puedan asumir valores convivenciales, de tolerancia, cooperación y solidaridad, sobre todo porque nuestro país no logrará abatir ni la desigualdad ni la pobreza si antes no se construyen puentes con miras a la creación de una sociedad para todas las edades.
La salud sexual y la reproductiva, la inclusión laboral, la salud mental, la educción, las adicciones y la violencia son agendas para las cuales en nuestro país aún no hay respuestas adecuadas ni tampoco planteamientos sólidos sobre cómo lograr que no se rompan nuestros vínculos sociales básicos y podamos fortalecer puentes para la solidaridad intergeneracional.
Nuestros jóvenes de hoy conocen en carne propia, como nunca en la historia, la noción de ser extranjeros aun en su respectivo país: las minorías sin visibilidad pública son un claro ejemplo del aislamiento, generado socialmente o autoimpuesto, de cómo hemos roto el principio de hospitalidad, el cual, en palabras de Derrida, debe llevarnos, sí, a “calcular los riesgos, mas no a cerrar la puerta a lo incalculable, es decir, al porvenir y al extranjero.
No hay, entonces, en efecto, una apuesta más absurda para una sociedad que abonar a la cancelación de su porvenir y, si en México no actuamos en el sentido correcto, gran parte de nuestro futuro estará realmente cerrado y en muchos ámbitos corremos el riesgo de que estas cancelaciones se conviertan en irreversibles.
Una sociedad hospitalaria no es sólo la que da la bienvenida al extranjero, sino aquella que genera cordialidad y se dispone a hablar la misma lengua de los diferentes. Hoy estamos en la encrucijada de conseguir descifrar la lengua de nuestros adolescentes y jóvenes y, con ello, deconstruir nuestras nociones de progreso, desarrollo y crecimiento, para generar una nueva forma de comprender la inclusión, la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales.
mlfuentes@ceidas.org
martes, 15 de julio de 2008
lunes, 14 de julio de 2008
La observación ciudadana
Mario Luis Fuentes
Lunes 14 de julio de 2008
La semana pasada fue presentado el Observatorio Ciudadano de la Salud y será dirigido por la doctora Felicia Knaul y fondeado por el Instituto Carso de la Salud y Funsalud.
En la presentación del Observatorio, el doctor Julio Frenk hizo énfasis en distintos puntos de esencial importancia para nuestro sistema institucional y de ellos pueden derivarse dos temas sustantivos: el primero, el reconocimiento de que la salud pública no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, por lo que la participación activa de la ciudadanía, en su discusión, análisis y generación de propuestas, es esencial. Este punto lleva al reconocimiento de que, en una democracia, las y los ciudadanos no sólo tenemos mucho qué decir, sino además, una responsabilidad ineludible en la protección y exigencia de los derechos de todos.
El otro punto para destacarlo es generar miradas alternativas en torno a los temas de interés público, a fin de que, en la pluralidad de visiones, puedan construirse propuestas viables de solución a los principales problemas que enfrentamos como sociedad, en este caso, los relativos a la salud de las y los mexicanos y las nuevas amenazas y los riesgos que enfrentamos, como la epidemia de VIH-sida.
Debe destacarse que uno de los mensajes más interesantes en esta presentación es el reconocimiento de que “el poder de las ideas puede influir en las ideas del poder”. Esta tesis es importante, no sólo por su consistencia, sino por llevarnos a la posibilidad de replantear las lógicas de construcción de legitimidad democrática en las sociedades contemporáneas.
En efecto, se trata hoy de que los estados regidos por sistemas democráticos, tengan la capacidad de fortalecer las estructuras y vías de diálogo para lograr que no sólo haya una adecuada protección de las minorías parlamentarias, dentro de las instituciones políticas, sino puedan crearse nuevos mecanismos de interlocución con grupos de ciudadanos que, desde la ciencia, la filosofía, las disciplinas sociales o la atención directa a grupos de población, se dedican al estudio, diagnóstico y generación de propuestas para enfrentar los problemas de todos.
En esa lógica, es de destacarse que en nuestro país existen ya varios Observatorios: el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias; el Ciudadano de la Educación; el Ciudadano de la Vivienda; la Red por los Derechos de los Niños y, hace poco, se creó el Ciudadano en temas de discapacidad.
Estos esfuerzos han sido vistos en ocasiones como “amenazas” a las instituciones públicas. Sin embargo, debe insistirse que, en sociedades abiertas, una mayor participación ciudadana permite la consolidación de los valores democráticos y, por lo tanto, de los sistemas de gobierno en democracia.
Sin duda alguna, uno de los temas de mayor relevancia en el mundo occidental de hoy es cómo lograr la generación de mecanismos de control del gobierno. En ese sentido, los primeros mecanismos fueron dirigidos al control de la corrupción y al fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas sobre el presupuesto y el ejercicio de los recursos públicos.
Hoy de lo que se trata es de ampliar estos mecanismos y transitar hacia unos de control, no sólo del dinero de todos, sino de la manera en que se diseñan las políticas y los programas públicos, los cuales, debe reconocerse, pueden generar efectos no deseados o no tomados en cuenta, como ha ocurrido en nuestro país, en donde la desigualdad está en parte arraigada y cimentada en el diseño de las instituciones.
Una de las propuestas más sólidas del Observatorio de la Salud consiste en crear nuevos sistemas de información y de construcción de datos, a fin de contar con mayores capacidades para tomar decisiones con mayor racionalidad y eficacia. Al respecto, vale la pena destacar que es una propuesta que puede extrapolarse al resto de los sectores que están vinculados a la cuestión social y en torno a la cual ya hay propuestas viables acerca de cómo avanzar sobre una reforma social gradual que nos dé la posibilidad de construir un país justo y menos desigual que el de hoy.
El surgimiento de un Observatorio de estas características es siempre una buena noticia, desde el punto de vista que se vea. Hace falta ahora que los gobiernos, en todos sus órdenes, asuman la urgencia de cambiar la lógica del diálogo social y dar paso a gobiernos que tengan la capacidad de tratar con mayor respeto las iniciativas de la sociedad civil.
A nuestra democracia le hacen falta muchos elementos para consolidarse y quizás el más importante de ellos consiste en la necesidad de que todos podamos asumir que, en efecto, la legitimidad pública está en relación directa con el reconocimiento de que ha llegado el tiempo para una nueva ciudadanía social.
mlfuentes@ceidas.org
http://www.exonline.com.mx
La semana pasada fue presentado el Observatorio Ciudadano de la Salud y será dirigido por la doctora Felicia Knaul y fondeado por el Instituto Carso de la Salud y Funsalud.
En la presentación del Observatorio, el doctor Julio Frenk hizo énfasis en distintos puntos de esencial importancia para nuestro sistema institucional y de ellos pueden derivarse dos temas sustantivos: el primero, el reconocimiento de que la salud pública no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, por lo que la participación activa de la ciudadanía, en su discusión, análisis y generación de propuestas, es esencial. Este punto lleva al reconocimiento de que, en una democracia, las y los ciudadanos no sólo tenemos mucho qué decir, sino además, una responsabilidad ineludible en la protección y exigencia de los derechos de todos.
El otro punto para destacarlo es generar miradas alternativas en torno a los temas de interés público, a fin de que, en la pluralidad de visiones, puedan construirse propuestas viables de solución a los principales problemas que enfrentamos como sociedad, en este caso, los relativos a la salud de las y los mexicanos y las nuevas amenazas y los riesgos que enfrentamos, como la epidemia de VIH-sida.
Debe destacarse que uno de los mensajes más interesantes en esta presentación es el reconocimiento de que “el poder de las ideas puede influir en las ideas del poder”. Esta tesis es importante, no sólo por su consistencia, sino por llevarnos a la posibilidad de replantear las lógicas de construcción de legitimidad democrática en las sociedades contemporáneas.
En efecto, se trata hoy de que los estados regidos por sistemas democráticos, tengan la capacidad de fortalecer las estructuras y vías de diálogo para lograr que no sólo haya una adecuada protección de las minorías parlamentarias, dentro de las instituciones políticas, sino puedan crearse nuevos mecanismos de interlocución con grupos de ciudadanos que, desde la ciencia, la filosofía, las disciplinas sociales o la atención directa a grupos de población, se dedican al estudio, diagnóstico y generación de propuestas para enfrentar los problemas de todos.
En esa lógica, es de destacarse que en nuestro país existen ya varios Observatorios: el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias; el Ciudadano de la Educación; el Ciudadano de la Vivienda; la Red por los Derechos de los Niños y, hace poco, se creó el Ciudadano en temas de discapacidad.
Estos esfuerzos han sido vistos en ocasiones como “amenazas” a las instituciones públicas. Sin embargo, debe insistirse que, en sociedades abiertas, una mayor participación ciudadana permite la consolidación de los valores democráticos y, por lo tanto, de los sistemas de gobierno en democracia.
Sin duda alguna, uno de los temas de mayor relevancia en el mundo occidental de hoy es cómo lograr la generación de mecanismos de control del gobierno. En ese sentido, los primeros mecanismos fueron dirigidos al control de la corrupción y al fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas sobre el presupuesto y el ejercicio de los recursos públicos.
Hoy de lo que se trata es de ampliar estos mecanismos y transitar hacia unos de control, no sólo del dinero de todos, sino de la manera en que se diseñan las políticas y los programas públicos, los cuales, debe reconocerse, pueden generar efectos no deseados o no tomados en cuenta, como ha ocurrido en nuestro país, en donde la desigualdad está en parte arraigada y cimentada en el diseño de las instituciones.
Una de las propuestas más sólidas del Observatorio de la Salud consiste en crear nuevos sistemas de información y de construcción de datos, a fin de contar con mayores capacidades para tomar decisiones con mayor racionalidad y eficacia. Al respecto, vale la pena destacar que es una propuesta que puede extrapolarse al resto de los sectores que están vinculados a la cuestión social y en torno a la cual ya hay propuestas viables acerca de cómo avanzar sobre una reforma social gradual que nos dé la posibilidad de construir un país justo y menos desigual que el de hoy.
El surgimiento de un Observatorio de estas características es siempre una buena noticia, desde el punto de vista que se vea. Hace falta ahora que los gobiernos, en todos sus órdenes, asuman la urgencia de cambiar la lógica del diálogo social y dar paso a gobiernos que tengan la capacidad de tratar con mayor respeto las iniciativas de la sociedad civil.
A nuestra democracia le hacen falta muchos elementos para consolidarse y quizás el más importante de ellos consiste en la necesidad de que todos podamos asumir que, en efecto, la legitimidad pública está en relación directa con el reconocimiento de que ha llegado el tiempo para una nueva ciudadanía social.
mlfuentes@ceidas.org
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martes, 8 de julio de 2008
lunes, 7 de julio de 2008
El ejemplo de Ingrid Betancourt
Mario Luis Fuentes
Lunes 7 de julio de 2008
Hay personas que, por su valor, congruencia y consistencia ética se convierten en ejemplares, y dan muestras de que sí pueden construirse proyectos anclados en ideales y esperanzas. La libertad, la equidad, la justicia y la dignidad son, en ese sentido, espacios de conciencia que deben seguir defendiéndose a toda costa y ante los cuales resistir todas las adversidades vale la pena.
Esta es a mi juicio la mayor lección que nos deja el caso de Ingrid Betancourt y su liberación del secuestro en que vivía desde 2002. Lección que, a la luz de nuestra realidad, debería leerse en dos sentidos: uno, el de la consistencia personal de esta ejemplar mujer y, el otro, en el nivel de las instituciones y del gobierno.
En uno, sorprende el tono de las declaraciones de Betancourt. En sus entrevistas se percibe un mensaje aleccionador en el que el llamado a la cordura, la libertad y la defensa de la democracia tiene un peso singular porque quien pronuncia tales palabras ha vivido en carne propia la violación de sus derechos humanos y el cautiverio impuesto por el rapto y la violencia.
En otro, el institucional, llama la atención la efectividad de la inteligencia del gobierno colombiano y la capacidad de confrontar, dentro de la legalidad, a un grupo criminal que ha hecho del narcotráfico y en algunos casos hasta del terrorismo, instrumentos para boicotear y amenazar a las instituciones democráticas consolidadas en Colombia en los últimos años.
Este caso ha cobrado relevancia mundial, no sólo por la intervención de varios gobiernos (los de Francia y Venezuela, fundamentalmente), sino porque hay una señal muy clara en torno a que el Estado sí tiene la posibilidad de combatir con efectividad al crimen organizado y sí es posible orientar a las actividades de inteligencia a la protección de las libertades públicas.
Del otro lado, una vez más, se evidencia que es posible construir puentes entre las diferencias; un diálogo civilizado entre fuerzas políticas distintas y que las divergencias ideológicas no son justificantes del rencor y el odio y, por ende, de llamados a la división o el encono social.
Betancourt ha sido quizá la mayor crítica del presidente Uribe y, sin embargo, en la civilidad han sido capaces de tenderse la mano en una situación de crisis y amenaza real al Estado y hoy, en libertad, ha ofrecido trabajar y cooperar para liberar a más rehenes todavía secuestrados.
Para el caso mexicano, el asunto debe tomarse como aleccionador; vivimos igualmente una amenaza creciente de los grupos del crimen organizado y no se ha conseguido aún generar un pacto nacional de dimensiones mayores, a través del cual todas las fuerzas políticas puedan cerrar filas y combatir de manera coordinada las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad.
Sin duda alguna, hay temas que deben situarse más allá de las diferencias ideológicas y de las disputas políticas: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, son asuntos que debieran convocarnos a un diálogo cordial entre las distintas fuerzas y los grupos políticos, a fin de cerrar las brechas de división que hoy nos separan y han impedido la generación de acuerdos de gran envergadura para detonar todas las capacidades y recursos con que contamos en aras de ser el país justo y generoso que podemos anhelar y, desde luego, construir.
El mensaje de conciliación que envía Betancourt luego de seis años de cautiverio nos debe enseñar que, aun en la peor de las adversidades, hay espacio para la prudencia, la tenacidad y la dignidad; y este ejemplo debe recordarnos que la vida democrática y tolerante es posible y el diálogo respetuoso constituye siempre la mejor ruta para una sociedad convivencial.
México se enfrenta hoy a una circunstancia en la que los puentes del diálogo entre las distintas visiones y los proyectos de país están rotos; en el que la inteligencia del Estado se utiliza para vigilar a los adversarios; en el que el crimen organizado parece incontenible; en el que la impunidad, la corrupción y la ilegalidad se mantienen en niveles peligrosos y en el que la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes.
En ese sentido, tenemos hoy, no sólo el reto, sino la posibilidad, de construir una sociedad de consensos, los cuales, como nos explica Hanna Arendt, no significan el consentimiento callado, sino el apoyo activo a todos los asuntos de alcance público y la participación continuada en todos ellos.
El ejemplo de Ingrid Betancourt nos hace ver que efectivamente, cuando hay inteligencia y serenidad de ánimo, los consensos son posibles. Eso hay que celebrarlo y, desde luego, asumirlo en todos sus alcances y consecuencias. Enhorabuena.
Hay personas que, por su valor, congruencia y consistencia ética se convierten en ejemplares, y dan muestras de que sí pueden construirse proyectos anclados en ideales y esperanzas. La libertad, la equidad, la justicia y la dignidad son, en ese sentido, espacios de conciencia que deben seguir defendiéndose a toda costa y ante los cuales resistir todas las adversidades vale la pena.
Esta es a mi juicio la mayor lección que nos deja el caso de Ingrid Betancourt y su liberación del secuestro en que vivía desde 2002. Lección que, a la luz de nuestra realidad, debería leerse en dos sentidos: uno, el de la consistencia personal de esta ejemplar mujer y, el otro, en el nivel de las instituciones y del gobierno.
En uno, sorprende el tono de las declaraciones de Betancourt. En sus entrevistas se percibe un mensaje aleccionador en el que el llamado a la cordura, la libertad y la defensa de la democracia tiene un peso singular porque quien pronuncia tales palabras ha vivido en carne propia la violación de sus derechos humanos y el cautiverio impuesto por el rapto y la violencia.
En otro, el institucional, llama la atención la efectividad de la inteligencia del gobierno colombiano y la capacidad de confrontar, dentro de la legalidad, a un grupo criminal que ha hecho del narcotráfico y en algunos casos hasta del terrorismo, instrumentos para boicotear y amenazar a las instituciones democráticas consolidadas en Colombia en los últimos años.
Este caso ha cobrado relevancia mundial, no sólo por la intervención de varios gobiernos (los de Francia y Venezuela, fundamentalmente), sino porque hay una señal muy clara en torno a que el Estado sí tiene la posibilidad de combatir con efectividad al crimen organizado y sí es posible orientar a las actividades de inteligencia a la protección de las libertades públicas.
Del otro lado, una vez más, se evidencia que es posible construir puentes entre las diferencias; un diálogo civilizado entre fuerzas políticas distintas y que las divergencias ideológicas no son justificantes del rencor y el odio y, por ende, de llamados a la división o el encono social.
Betancourt ha sido quizá la mayor crítica del presidente Uribe y, sin embargo, en la civilidad han sido capaces de tenderse la mano en una situación de crisis y amenaza real al Estado y hoy, en libertad, ha ofrecido trabajar y cooperar para liberar a más rehenes todavía secuestrados.
Para el caso mexicano, el asunto debe tomarse como aleccionador; vivimos igualmente una amenaza creciente de los grupos del crimen organizado y no se ha conseguido aún generar un pacto nacional de dimensiones mayores, a través del cual todas las fuerzas políticas puedan cerrar filas y combatir de manera coordinada las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad.
Sin duda alguna, hay temas que deben situarse más allá de las diferencias ideológicas y de las disputas políticas: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, son asuntos que debieran convocarnos a un diálogo cordial entre las distintas fuerzas y los grupos políticos, a fin de cerrar las brechas de división que hoy nos separan y han impedido la generación de acuerdos de gran envergadura para detonar todas las capacidades y recursos con que contamos en aras de ser el país justo y generoso que podemos anhelar y, desde luego, construir.
El mensaje de conciliación que envía Betancourt luego de seis años de cautiverio nos debe enseñar que, aun en la peor de las adversidades, hay espacio para la prudencia, la tenacidad y la dignidad; y este ejemplo debe recordarnos que la vida democrática y tolerante es posible y el diálogo respetuoso constituye siempre la mejor ruta para una sociedad convivencial.
México se enfrenta hoy a una circunstancia en la que los puentes del diálogo entre las distintas visiones y los proyectos de país están rotos; en el que la inteligencia del Estado se utiliza para vigilar a los adversarios; en el que el crimen organizado parece incontenible; en el que la impunidad, la corrupción y la ilegalidad se mantienen en niveles peligrosos y en el que la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes.
En ese sentido, tenemos hoy, no sólo el reto, sino la posibilidad, de construir una sociedad de consensos, los cuales, como nos explica Hanna Arendt, no significan el consentimiento callado, sino el apoyo activo a todos los asuntos de alcance público y la participación continuada en todos ellos.
El ejemplo de Ingrid Betancourt nos hace ver que efectivamente, cuando hay inteligencia y serenidad de ánimo, los consensos son posibles. Eso hay que celebrarlo y, desde luego, asumirlo en todos sus alcances y consecuencias. Enhorabuena.
martes, 1 de julio de 2008
lunes, 30 de junio de 2008
Premio Unicef México
Mario Luis Fuentes
Lunes 30 de junio de 2008
La desigualdad tiene distintas dimensiones. Puede expresarse en niveles de ingreso, necesidades básicas insatisfechas en regiones o en formas de exclusión social que pueden conducir a la discriminación o, de violencia, que lastiman y vulneran derechos.
Estas desigualdades son al mismo tiempo niveles de complejidad muy difíciles de comprender. Pero indicadores y cifras nos permiten aproximarnos a esas realidades y nos abren “ventanas de interpretación” para procesar y tratar de incidir en la reducción de las desigualdades y las injusticias que éstas constituyen.
Una de las dimensiones más profundas de estas desigualdades se halla en la pobreza, la marginación y el incumplimiento de los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes en México. Sí, son los menores de 18 años quienes en mayor medida viven en circunstancias de vulnerabilidad social y padecen lo más crudo de las condiciones de pobreza y marginación que aquí se viven.
Según datos del Programa Nacional de Salud, por citar un caso, las probabilidades que una mujer indígena adolescente tiene de morir durante o por un parto son mucho más altas que las de una de zonas urbanas. Y niñas y niños indígenas tienen en promedio hasta tres veces más probabilidades de morir antes de los cinco años que quienes nacen en el DF o Nuevo León. De acuerdo con un reciente estudio de Thais, A. C., cerca de 3.3 millones de niñas y de niños mexicanos trabajan. Y, según la SEP, aún hay alrededor de 1.3 millones de niñas y niños de seis a 14 años que no asisten a la escuela.
Incluso con estos datos, es muy poco lo que sabemos de las circunstancias en que viven niñas, niños y adolescentes aquí. De hecho, una de las conclusiones más duras del Informe Alternativo sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hecho en 2005 por el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, es que carecemos de información suficiente para realizar un análisis completo del grado de cumplimiento de los derechos de los niños en México.
Por ello, es de destacar el esfuerzo conjunto de la Oficina de Unicef-México, encabezada por la doctora Susana Sottoli, y del Consejo Consultivo de Unicef-México, al lanzar como una nueva iniciativa el Premio Unicef-México 2008, para reconocer a las mejores investigaciones hechas sobre derechos de la niñez, así como a las mejores prácticas de organizaciones de la sociedad para construir modelos de atención o nuevas metodologías que protejan derechos de niñas, niños y adolescentes.
Además, el Premio Unicef-México busca incentivar la generación de más y mejor conocimiento, así como promover que más organizaciones de la sociedad asuman la agenda de la niñez como parte central de sus actividades.
Otro aspecto de importante es que, como parte del Programa-país que tiene la Oficina de Unicef-México, se busca, igualmente, posicionar, en la proporción y medida que le corresponde, a la agenda de los derechos de los niños en el marco de las prioridades nacionales.
En el fondo, lo que el Premio busca es darle una mayor visibilidad a los temas relacionados con el cumplimiento de esos derechos y lograr que cada vez más autoridades, cada vez más gobiernos, en todos sus órdenes, asuman que la prioridad fundamental que debemos tener como sociedad es colocar a las niñas y los niños al centro de todas las decisiones públicas privadas y no permitirnos más que las desigualdades que persisten ancladas en nuestra realidad social sigan afectando fundamentalmente a niñas, niños y mujeres.
Hay quien ha argumentado, con razón, que no se puede sostener que se busca “poner a los niños primero” y dejar los presupuestos atrás. Sin embargo, a ello procedería agregar que no se trata sólo de presupuestos y dinero, sino de políticas integrales, de transformación de prioridades y valores, para asumir que no hay nada más importante como la protección de la niñez, que se requieren la adecuación y el perfeccionamiento del marco jurídico social vigente y urge la transformación del entramado institucional, con el fin de incorporar una visión integral para el cumplimiento de sus derechos.
México requiere, entonces, mucho más inteligencia social, mucho más saberes que aporten conocimientos para mejorar nuestras capacidades de protección de la infancia y de construcción de políticas y programas y, sobre todo, se necesita una radical transformación cultural para convocar a todas y todos a construir un México apropiado para los niños.
En esa tarea, estoy convencido de que el Premio Unicef-México 2008 abonará, en su dimensión, en la tarea de construir una sociedad protectora de sus niños, completamente consciente, pero también congruente en actitudes, de que no hay nada más importante para el presente y el futuro de un país que cuidar de nuestros niños. Enhorabuena.
La desigualdad tiene distintas dimensiones. Puede expresarse en niveles de ingreso, necesidades básicas insatisfechas en regiones o en formas de exclusión social que pueden conducir a la discriminación o, de violencia, que lastiman y vulneran derechos.
Estas desigualdades son al mismo tiempo niveles de complejidad muy difíciles de comprender. Pero indicadores y cifras nos permiten aproximarnos a esas realidades y nos abren “ventanas de interpretación” para procesar y tratar de incidir en la reducción de las desigualdades y las injusticias que éstas constituyen.
Una de las dimensiones más profundas de estas desigualdades se halla en la pobreza, la marginación y el incumplimiento de los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes en México. Sí, son los menores de 18 años quienes en mayor medida viven en circunstancias de vulnerabilidad social y padecen lo más crudo de las condiciones de pobreza y marginación que aquí se viven.
Según datos del Programa Nacional de Salud, por citar un caso, las probabilidades que una mujer indígena adolescente tiene de morir durante o por un parto son mucho más altas que las de una de zonas urbanas. Y niñas y niños indígenas tienen en promedio hasta tres veces más probabilidades de morir antes de los cinco años que quienes nacen en el DF o Nuevo León. De acuerdo con un reciente estudio de Thais, A. C., cerca de 3.3 millones de niñas y de niños mexicanos trabajan. Y, según la SEP, aún hay alrededor de 1.3 millones de niñas y niños de seis a 14 años que no asisten a la escuela.
Incluso con estos datos, es muy poco lo que sabemos de las circunstancias en que viven niñas, niños y adolescentes aquí. De hecho, una de las conclusiones más duras del Informe Alternativo sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hecho en 2005 por el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, es que carecemos de información suficiente para realizar un análisis completo del grado de cumplimiento de los derechos de los niños en México.
Por ello, es de destacar el esfuerzo conjunto de la Oficina de Unicef-México, encabezada por la doctora Susana Sottoli, y del Consejo Consultivo de Unicef-México, al lanzar como una nueva iniciativa el Premio Unicef-México 2008, para reconocer a las mejores investigaciones hechas sobre derechos de la niñez, así como a las mejores prácticas de organizaciones de la sociedad para construir modelos de atención o nuevas metodologías que protejan derechos de niñas, niños y adolescentes.
Además, el Premio Unicef-México busca incentivar la generación de más y mejor conocimiento, así como promover que más organizaciones de la sociedad asuman la agenda de la niñez como parte central de sus actividades.
Otro aspecto de importante es que, como parte del Programa-país que tiene la Oficina de Unicef-México, se busca, igualmente, posicionar, en la proporción y medida que le corresponde, a la agenda de los derechos de los niños en el marco de las prioridades nacionales.
En el fondo, lo que el Premio busca es darle una mayor visibilidad a los temas relacionados con el cumplimiento de esos derechos y lograr que cada vez más autoridades, cada vez más gobiernos, en todos sus órdenes, asuman que la prioridad fundamental que debemos tener como sociedad es colocar a las niñas y los niños al centro de todas las decisiones públicas privadas y no permitirnos más que las desigualdades que persisten ancladas en nuestra realidad social sigan afectando fundamentalmente a niñas, niños y mujeres.
Hay quien ha argumentado, con razón, que no se puede sostener que se busca “poner a los niños primero” y dejar los presupuestos atrás. Sin embargo, a ello procedería agregar que no se trata sólo de presupuestos y dinero, sino de políticas integrales, de transformación de prioridades y valores, para asumir que no hay nada más importante como la protección de la niñez, que se requieren la adecuación y el perfeccionamiento del marco jurídico social vigente y urge la transformación del entramado institucional, con el fin de incorporar una visión integral para el cumplimiento de sus derechos.
México requiere, entonces, mucho más inteligencia social, mucho más saberes que aporten conocimientos para mejorar nuestras capacidades de protección de la infancia y de construcción de políticas y programas y, sobre todo, se necesita una radical transformación cultural para convocar a todas y todos a construir un México apropiado para los niños.
En esa tarea, estoy convencido de que el Premio Unicef-México 2008 abonará, en su dimensión, en la tarea de construir una sociedad protectora de sus niños, completamente consciente, pero también congruente en actitudes, de que no hay nada más importante para el presente y el futuro de un país que cuidar de nuestros niños. Enhorabuena.
lunes, 23 de junio de 2008
Migraciones y tráficos del siglo XXI
Mario Luis Fuentes
Lunes 23 de junio de 2008
México vive desde hace 15 años, de acuerdo con el análisis demográfico del Consejo Nacional de Población (Conapo), una nueva era de migraciones que es compartida por toda la región de América Latina y el Caribe. En efecto, de acuerdo con distintas estimaciones, América Latina es la región del mundo con mayor intensidad migratoria en todo el planeta y convierte a nuestra frontera con Estados Unidos, en la “zona de cruce” con mayor intensidad en todo el globo terráqueo.
Aun con ello, debe considerarse que Europa constituye la segunda región receptora de migrantes, provenientes sobre todo de África, Asia y, en menor medida, de América Latina. En ese sentido, vale la pena destacar que, la semana recién concluida, Europa tomó una decisión colectiva para endurecer sus políticas migratorias e imponer mayores medidas restrictivas para el ingreso, la permanencia y el tránsito de migrantes en situación irregular.
Hace sólo seis años, en Durban, Sudáfrica, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia. En ella, una de las resoluciones más importantes fue hacer un llamado conjunto a las naciones que han tenido prácticas imperialistas o colonialistas en el pasado, cuyos efectos se expresan aún hoy, en la pobreza, la desigualdad, la exclusión y, por supuesto, en la migración generada por necesidades económicas. En esta Conferencia, las naciones desarrolladas aceptaron ofrecer una disculpa y literalmente “pedir perdón” a los países pobres y se comprometieron a llevar a cabo acciones que, de algún modo, ayuden a resarcir el daño, el dolor y la pobreza generada en los países que fueron colonizados.
En evidencia, la decisión europea de asumir una política restrictiva común frente a la migración constituye un elemento más de los síntomas globales de la carencia de liderazgo moral y de inteligencia social para procesar los complejos fenómenos que se están recrudeciendo y se recrudecerán aún más a causa de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y las condiciones de conectividad global hoy existentes.
En esa lógica, la decisión europea en torno a su nueva política migratoria constituye un retroceso frente a las resoluciones adoptadas en Durban y pueden transformarse en elementos de aliento a actitudes racistas, de exclusión y, desde luego, de discriminación en contra de quienes, en la inmensa mayoría de los casos, emigran por razones económicas y, cada vez más, para reunirse o reencontrarse con sus familiares.
La migración tiene, sin embargo, correlatos oscuros que deben ser comprendidos y tiene que buscarse su erradicación inmediata: el tráfico de indocumentados es hoy una práctica cruel, pero palidece ante la perversidad de crímenes como el tráfico de armas dirigido hacia países en los que hay prácticas genocidas o bien la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o de explotación sexual comercial.
Lo grave de estas nuevas formas de configuración de los tráficos en el siglo XXI, nos advierte Benjamin Mayer, es que al parecer son formas constitutivas propias de la globalización; no son su antítesis, sino su síntoma. No atentan en contra de ella, sino que incluso en algunos sectores económicos y políticos la dinamizan y la fortalecen.
Ante esta advertencia, debemos ser cautos. ¿Qué pasa si Mayer tiene razón? ¿Y qué habría que hacer si, en la lógica de organización social, política y económica actual de la globalidad, no tenemos manera de erradicar estas formas de violencia extrema que se expresan en las nuevas dimensiones de los tráficos contemporáneos?
Las medidas restrictivas jamás han frenado los flujos migratorios; por el contrario, sí han incrementado patologías violentas, como la xenofobia y el racismo porque, a final de cuentas, en palabras de un migrante anónimo detenido en la frontera con Estados Unidos, “si se construyen muros de dos metros, la gente siempre conseguirá escaleras de tres”.
Con base en lo anterior, la nueva era de las migraciones debe entenderse también a la luz de la comprensión de que existe una nueva era en las dinámicas y las configuraciones de los tráficos del siglo XXI. Negarse a verlos, constituye una invitación al rechazo de los diferentes; a legitimar en cierta medida las actitudes intolerantes y el repudio a quienes son concebidos como “amenazas” a la seguridad y la estabilidad laboral de la población de los países receptores de migrantes.
Si el consenso en Durban se basa en el reconocimiento de que los países pobres lo son en buena medida por la expoliación que sufrieron de parte de los países desarrollados, sería momento de reconocer que las actuales “amenazas” que se perciben en Europa, Estados Unidos y otras naciones receptoras de migrantes, serían entonces sólo el resultado lógico de actos destructivos realizados por ellos en el pasado, y que parecieran revertírseles de una manera mucho más sublimada a como Frankenstein se reveló en contra de su creador: y esto es así, porque la migración es un fenómeno de humanos y es en esa dimensión en la que debe comprenderse.
México vive desde hace 15 años, de acuerdo con el análisis demográfico del Consejo Nacional de Población (Conapo), una nueva era de migraciones que es compartida por toda la región de América Latina y el Caribe. En efecto, de acuerdo con distintas estimaciones, América Latina es la región del mundo con mayor intensidad migratoria en todo el planeta y convierte a nuestra frontera con Estados Unidos, en la “zona de cruce” con mayor intensidad en todo el globo terráqueo.
Aun con ello, debe considerarse que Europa constituye la segunda región receptora de migrantes, provenientes sobre todo de África, Asia y, en menor medida, de América Latina. En ese sentido, vale la pena destacar que, la semana recién concluida, Europa tomó una decisión colectiva para endurecer sus políticas migratorias e imponer mayores medidas restrictivas para el ingreso, la permanencia y el tránsito de migrantes en situación irregular.
Hace sólo seis años, en Durban, Sudáfrica, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia. En ella, una de las resoluciones más importantes fue hacer un llamado conjunto a las naciones que han tenido prácticas imperialistas o colonialistas en el pasado, cuyos efectos se expresan aún hoy, en la pobreza, la desigualdad, la exclusión y, por supuesto, en la migración generada por necesidades económicas. En esta Conferencia, las naciones desarrolladas aceptaron ofrecer una disculpa y literalmente “pedir perdón” a los países pobres y se comprometieron a llevar a cabo acciones que, de algún modo, ayuden a resarcir el daño, el dolor y la pobreza generada en los países que fueron colonizados.
En evidencia, la decisión europea de asumir una política restrictiva común frente a la migración constituye un elemento más de los síntomas globales de la carencia de liderazgo moral y de inteligencia social para procesar los complejos fenómenos que se están recrudeciendo y se recrudecerán aún más a causa de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y las condiciones de conectividad global hoy existentes.
En esa lógica, la decisión europea en torno a su nueva política migratoria constituye un retroceso frente a las resoluciones adoptadas en Durban y pueden transformarse en elementos de aliento a actitudes racistas, de exclusión y, desde luego, de discriminación en contra de quienes, en la inmensa mayoría de los casos, emigran por razones económicas y, cada vez más, para reunirse o reencontrarse con sus familiares.
La migración tiene, sin embargo, correlatos oscuros que deben ser comprendidos y tiene que buscarse su erradicación inmediata: el tráfico de indocumentados es hoy una práctica cruel, pero palidece ante la perversidad de crímenes como el tráfico de armas dirigido hacia países en los que hay prácticas genocidas o bien la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o de explotación sexual comercial.
Lo grave de estas nuevas formas de configuración de los tráficos en el siglo XXI, nos advierte Benjamin Mayer, es que al parecer son formas constitutivas propias de la globalización; no son su antítesis, sino su síntoma. No atentan en contra de ella, sino que incluso en algunos sectores económicos y políticos la dinamizan y la fortalecen.
Ante esta advertencia, debemos ser cautos. ¿Qué pasa si Mayer tiene razón? ¿Y qué habría que hacer si, en la lógica de organización social, política y económica actual de la globalidad, no tenemos manera de erradicar estas formas de violencia extrema que se expresan en las nuevas dimensiones de los tráficos contemporáneos?
Las medidas restrictivas jamás han frenado los flujos migratorios; por el contrario, sí han incrementado patologías violentas, como la xenofobia y el racismo porque, a final de cuentas, en palabras de un migrante anónimo detenido en la frontera con Estados Unidos, “si se construyen muros de dos metros, la gente siempre conseguirá escaleras de tres”.
Con base en lo anterior, la nueva era de las migraciones debe entenderse también a la luz de la comprensión de que existe una nueva era en las dinámicas y las configuraciones de los tráficos del siglo XXI. Negarse a verlos, constituye una invitación al rechazo de los diferentes; a legitimar en cierta medida las actitudes intolerantes y el repudio a quienes son concebidos como “amenazas” a la seguridad y la estabilidad laboral de la población de los países receptores de migrantes.
Si el consenso en Durban se basa en el reconocimiento de que los países pobres lo son en buena medida por la expoliación que sufrieron de parte de los países desarrollados, sería momento de reconocer que las actuales “amenazas” que se perciben en Europa, Estados Unidos y otras naciones receptoras de migrantes, serían entonces sólo el resultado lógico de actos destructivos realizados por ellos en el pasado, y que parecieran revertírseles de una manera mucho más sublimada a como Frankenstein se reveló en contra de su creador: y esto es así, porque la migración es un fenómeno de humanos y es en esa dimensión en la que debe comprenderse.
lunes, 16 de junio de 2008
El marco jurídico de lo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 16 de junio de 2008
Estamos a menos de 120 días de que comience formalmente el año electoral de 2009 y, hoy como nunca, los tiempos políticos son vitales en la definición de estrategias y rutas de acción tanto para el gobierno federal como para los de los estados y los municipales.
En ese contexto, se ha planteado en los últimos meses la necesidad de llevar a cabo reformas a la Ley General de Desarrollo Social, a fin de lograr la imparcialidad de los gobiernos en los procesos electorales, así como evitar el uso político de los recursos destinados a la generación del desarrollo social y el combate a la pobreza.
A pesar de que estas reformas son importantes, el contexto social nacional e internacional debe obligarnos a concebir a las políticas sociales como ejes estratégicos en la construcción del gobierno, y no sólo acciones secundarias o residuales de las políticas económicas.
Una concepción así, con respecto a la política social, requiere sin embargo un conjunto de reformas que puedan establecer en el marco jurídico criterios claros que permitan la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población y que, en esa lógica, establezcan mecanismos para construir un sentido compartido de acción en todo el país.
Debe insistirse en que la reforma a la Ley General de Desarrollo Social debería articularse con un conjunto de reformas a otros ordenamientos jurídicos tales como la Ley General de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Asistencia Social, entre otros, con la finalidad de articular un sólido marco jurídico que no sólo asigne más responsabilidades, sino dote a las instituciones de capacidades y recursos para cumplir con sus mandatos.
Reducir la reforma del marco jurídico social a un asunto de rendición de cuentas y a evitar el uso político de los recursos asignados al desarrollo significa secuestrar a lo social y convertirlo en rehén de disputas de coyuntura que en otras ocasiones nos ha llevado al absurdo de una semiparálisis en la operación de los principales programas de combate a la pobreza.
Es claro que la crisis de los precios de los energéticos, que ha generado una escalada en los costos de los combustibles, la energía eléctrica y otros factores determinantes de la producción y la satisfacción de necesidades básicas, combinada con el acelerado proceso inflacionario en los precios de los alimentos, el cual se prevé que se mantenga constante al menos hasta 2015, debe llevarnos a una profunda reflexión sobre uno de los temas urgentes que hemos postergado y hoy es inaplazable enfrentarlo en México: la profunda desigualdad que nos ha convertido en un país a todas luces injusto.
En ese sentido, la reforma jurídica que debe plantearse para lo social debe estar cimentada en objetivos de largo plazo, que nos permitan pensar en un país equitativo y en el cual todos podamos ver cumplidos nuestros derechos.
De poco nos servirá contar con más recursos, ya sean provenientes de los impuestos o de la renta petrolera, si no poseemos al mismo tiempo reglas del juego claras en la determinación sobre cómo distribuir de manera justa la riqueza social, lo cual implica una reforma que tenga como alcance final una profunda transformación de las instituciones, con el fin de garantizar justicia social y desarrollo humano.
Hoy, cualquier reforma del marco jurídico de lo social debe partir del reconocimiento de que es necesario garantizar un piso básico de derechos universales que, al mismo tiempo, logre reducir, si no es que eliminar, la enorme dispersión, desarticulación y divergencia entre distintas leyes federales, con marcos jurídicos que en los estados han hecho aún más compleja la operación y el funcionamiento de los programas y de las instituciones.
Para lograr lo anterior es necesario pensar de manera distinta a como lo hemos hecho en los últimos 30 años, en los cuales no hemos sido capaces de trastocar las dinámicas de exclusión y concentración excesiva del ingreso en unas cuantas manos, lo cual ha sido posible debido a un funcionamiento regresivo de las instituciones, pero también por la estructura de un entramado jurídico sin la articulación necesaria para garantizar la integralidad de las políticas pero, sobre todo, regular la vida social de tal forma que no haya unos cuantos ganadores frente a millones de excluidos del bienestar, como nos sucede ahora.
Debemos ser capaces de volver a una visión desde la cual una crítica de la economía política sea posible y, en función de ella, pueda iniciarse un proceso de diálogo ampliado para construir un marco jurídico a la inclusión, que restituya pactos fundamentales pero, sobre todo, que nos dé la posibilidad de construir un nuevo horizonte para el futuro de nuestro país.
Estamos a menos de 120 días de que comience formalmente el año electoral de 2009 y, hoy como nunca, los tiempos políticos son vitales en la definición de estrategias y rutas de acción tanto para el gobierno federal como para los de los estados y los municipales.
En ese contexto, se ha planteado en los últimos meses la necesidad de llevar a cabo reformas a la Ley General de Desarrollo Social, a fin de lograr la imparcialidad de los gobiernos en los procesos electorales, así como evitar el uso político de los recursos destinados a la generación del desarrollo social y el combate a la pobreza.
A pesar de que estas reformas son importantes, el contexto social nacional e internacional debe obligarnos a concebir a las políticas sociales como ejes estratégicos en la construcción del gobierno, y no sólo acciones secundarias o residuales de las políticas económicas.
Una concepción así, con respecto a la política social, requiere sin embargo un conjunto de reformas que puedan establecer en el marco jurídico criterios claros que permitan la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población y que, en esa lógica, establezcan mecanismos para construir un sentido compartido de acción en todo el país.
Debe insistirse en que la reforma a la Ley General de Desarrollo Social debería articularse con un conjunto de reformas a otros ordenamientos jurídicos tales como la Ley General de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Asistencia Social, entre otros, con la finalidad de articular un sólido marco jurídico que no sólo asigne más responsabilidades, sino dote a las instituciones de capacidades y recursos para cumplir con sus mandatos.
Reducir la reforma del marco jurídico social a un asunto de rendición de cuentas y a evitar el uso político de los recursos asignados al desarrollo significa secuestrar a lo social y convertirlo en rehén de disputas de coyuntura que en otras ocasiones nos ha llevado al absurdo de una semiparálisis en la operación de los principales programas de combate a la pobreza.
Es claro que la crisis de los precios de los energéticos, que ha generado una escalada en los costos de los combustibles, la energía eléctrica y otros factores determinantes de la producción y la satisfacción de necesidades básicas, combinada con el acelerado proceso inflacionario en los precios de los alimentos, el cual se prevé que se mantenga constante al menos hasta 2015, debe llevarnos a una profunda reflexión sobre uno de los temas urgentes que hemos postergado y hoy es inaplazable enfrentarlo en México: la profunda desigualdad que nos ha convertido en un país a todas luces injusto.
En ese sentido, la reforma jurídica que debe plantearse para lo social debe estar cimentada en objetivos de largo plazo, que nos permitan pensar en un país equitativo y en el cual todos podamos ver cumplidos nuestros derechos.
De poco nos servirá contar con más recursos, ya sean provenientes de los impuestos o de la renta petrolera, si no poseemos al mismo tiempo reglas del juego claras en la determinación sobre cómo distribuir de manera justa la riqueza social, lo cual implica una reforma que tenga como alcance final una profunda transformación de las instituciones, con el fin de garantizar justicia social y desarrollo humano.
Hoy, cualquier reforma del marco jurídico de lo social debe partir del reconocimiento de que es necesario garantizar un piso básico de derechos universales que, al mismo tiempo, logre reducir, si no es que eliminar, la enorme dispersión, desarticulación y divergencia entre distintas leyes federales, con marcos jurídicos que en los estados han hecho aún más compleja la operación y el funcionamiento de los programas y de las instituciones.
Para lograr lo anterior es necesario pensar de manera distinta a como lo hemos hecho en los últimos 30 años, en los cuales no hemos sido capaces de trastocar las dinámicas de exclusión y concentración excesiva del ingreso en unas cuantas manos, lo cual ha sido posible debido a un funcionamiento regresivo de las instituciones, pero también por la estructura de un entramado jurídico sin la articulación necesaria para garantizar la integralidad de las políticas pero, sobre todo, regular la vida social de tal forma que no haya unos cuantos ganadores frente a millones de excluidos del bienestar, como nos sucede ahora.
Debemos ser capaces de volver a una visión desde la cual una crítica de la economía política sea posible y, en función de ella, pueda iniciarse un proceso de diálogo ampliado para construir un marco jurídico a la inclusión, que restituya pactos fundamentales pero, sobre todo, que nos dé la posibilidad de construir un nuevo horizonte para el futuro de nuestro país.
lunes, 9 de junio de 2008
La trata de personas en México
Mario Luis Fuentes
Lunes 09 de junio de 2008
Desde 2000, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene como mandato de su Congreso realizar un informe global sobre la trata de seres humanos. Este informe clasifica en cuatro categorías a los países que evalúa. En 2007, México se encontraba en la “Lista 2 de Observación” y este año está en la “Lista 2”, lo cual significa, desde la perspectiva del gobierno de EU, que hemos mejorado relativamente en algunos aspectos de la lucha contra la trata de personas.
La razón fundamental por la que se situó a México en esa nueva posición se debe fundamentalmente a la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2007.
No obstante lo anterior, el Informe sostiene una vez más que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para prevenir y combatir este crimen, así como proteger a sus víctimas. Además, que hay una política inadecuada en la sanción judicial de la trata de seres humanos y que faltan recursos para la investigación y capacitación en todo el sistema; destaca el Informe que aún hay muy pocas visas humanitarias para proteger a las víctimas de la trata y no existen esquemas institucionales eficaces para detectar a probables víctimas en las estaciones migratorias.
Asimismo, más allá de estas valoraciones es de destacarse el hecho de que el Informe de este año pone el énfasis en uno de los temas clave en el combate a la trata, al asumir el asunto desde la perspectiva del consumo y sostener que, mientras no se combata con eficacia la demanda existente por parte de los tratantes, la lucha contra este crimen va a seguir resultando insuficiente.
En esa lógica, debe considerarse que, por el grado de sofisticación de este crimen, son precisamente las personas de ingresos medios y altos quienes tienen acceso a los servicios de los tratantes, tanto en el ámbito de la explotación laboral forzosa como en el de la explotación sexual comercial. Convertir a una persona en víctima de trata no es sencillo: se requieren procesos complejos para llegar a la comisión de crímenes como la falsificación de documentos, el secuestro, el robo de identidad, la corrupción policiaca y de autoridades aduanales y de migración, complicidad y corrupción de autoridades locales que autorizan el funcionamiento de establecimientos “disfrazados” en los que se cometen muchos de los delitos relacionados con la explotación sexual comercial, corrupción y omisión de autoridades en la supervisión laboral y protección de los derechos humanos y laborales, en particular de los trabajadores migrantes y en situación irregular.
En esa lógica, una de las vertientes más importantes para trabajar en nuestro país debe centrarse en las tareas de prevención. Hay que dar espacio a más campañas de comunicación que alerten a la población sobre los riesgos de convertirse en víctimas de la trata y que simultáneamente estén dirigidas a la construcción de una cultura para la paz, capaz de reconocer a las diferencias y que permita erradicar simultáneamente estigmas en contra de mujeres, niñas y niños. Al respecto hay que destacar que, de acuerdo con el documento Por una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso, de la OIT, en el mundo hay al menos 2.3 millones de víctimas de la trata de personas, 250 mil de ellas en América Latina. Quizá lo más aterrador de estas cifras es que, de acuerdo con el mismo organismo, más de 90% son mujeres, niñas y niños.
Se requiere generar también mayor información y conocimiento en torno a estos temas. Por ello es importante que la Jornada Mundial en contra del Trabajo Infantil, que dirige una de sus vertientes precisamente acerca de las peores formas de explotación infantil, sea tomada con seriedad por todas las autoridades relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la niñez y pueda servir como referencia para construir de nuevas rutas de prevención y sanción de este crimen, así como con miras a la adecuada protección de las víctimas.
Finalmente debe hacerse énfasis en que el reto primordial para solucionar éste y otros problemas sociales se encuentra en la reducción de la pobreza y la desigualdad: la OIT estima que la mayoría de las víctimas de la trata son mayormente vulnerables por sus condiciones socioeconómicas, las cuales las convierten en personas cuyos entornos de protección se fracturan y pierden capacidades para protegerse o prevenir el caer en estas redes criminales.
Nunca será suficiente volver una y otra vez sobre temas de la agenda social que son de la mayor urgencia y, ante los cuales, aun con los avances que se han logrado, resulta imperativo actuar con mayor contundencia, más rapidez, pero, sobre todo, con mucho mayor sentido de lo humano y, en consecuencia, de nuestros vínculos sociales más elementales.
Desde 2000, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene como mandato de su Congreso realizar un informe global sobre la trata de seres humanos. Este informe clasifica en cuatro categorías a los países que evalúa. En 2007, México se encontraba en la “Lista 2 de Observación” y este año está en la “Lista 2”, lo cual significa, desde la perspectiva del gobierno de EU, que hemos mejorado relativamente en algunos aspectos de la lucha contra la trata de personas.
La razón fundamental por la que se situó a México en esa nueva posición se debe fundamentalmente a la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2007.
No obstante lo anterior, el Informe sostiene una vez más que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para prevenir y combatir este crimen, así como proteger a sus víctimas. Además, que hay una política inadecuada en la sanción judicial de la trata de seres humanos y que faltan recursos para la investigación y capacitación en todo el sistema; destaca el Informe que aún hay muy pocas visas humanitarias para proteger a las víctimas de la trata y no existen esquemas institucionales eficaces para detectar a probables víctimas en las estaciones migratorias.
Asimismo, más allá de estas valoraciones es de destacarse el hecho de que el Informe de este año pone el énfasis en uno de los temas clave en el combate a la trata, al asumir el asunto desde la perspectiva del consumo y sostener que, mientras no se combata con eficacia la demanda existente por parte de los tratantes, la lucha contra este crimen va a seguir resultando insuficiente.
En esa lógica, debe considerarse que, por el grado de sofisticación de este crimen, son precisamente las personas de ingresos medios y altos quienes tienen acceso a los servicios de los tratantes, tanto en el ámbito de la explotación laboral forzosa como en el de la explotación sexual comercial. Convertir a una persona en víctima de trata no es sencillo: se requieren procesos complejos para llegar a la comisión de crímenes como la falsificación de documentos, el secuestro, el robo de identidad, la corrupción policiaca y de autoridades aduanales y de migración, complicidad y corrupción de autoridades locales que autorizan el funcionamiento de establecimientos “disfrazados” en los que se cometen muchos de los delitos relacionados con la explotación sexual comercial, corrupción y omisión de autoridades en la supervisión laboral y protección de los derechos humanos y laborales, en particular de los trabajadores migrantes y en situación irregular.
En esa lógica, una de las vertientes más importantes para trabajar en nuestro país debe centrarse en las tareas de prevención. Hay que dar espacio a más campañas de comunicación que alerten a la población sobre los riesgos de convertirse en víctimas de la trata y que simultáneamente estén dirigidas a la construcción de una cultura para la paz, capaz de reconocer a las diferencias y que permita erradicar simultáneamente estigmas en contra de mujeres, niñas y niños. Al respecto hay que destacar que, de acuerdo con el documento Por una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso, de la OIT, en el mundo hay al menos 2.3 millones de víctimas de la trata de personas, 250 mil de ellas en América Latina. Quizá lo más aterrador de estas cifras es que, de acuerdo con el mismo organismo, más de 90% son mujeres, niñas y niños.
Se requiere generar también mayor información y conocimiento en torno a estos temas. Por ello es importante que la Jornada Mundial en contra del Trabajo Infantil, que dirige una de sus vertientes precisamente acerca de las peores formas de explotación infantil, sea tomada con seriedad por todas las autoridades relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la niñez y pueda servir como referencia para construir de nuevas rutas de prevención y sanción de este crimen, así como con miras a la adecuada protección de las víctimas.
Finalmente debe hacerse énfasis en que el reto primordial para solucionar éste y otros problemas sociales se encuentra en la reducción de la pobreza y la desigualdad: la OIT estima que la mayoría de las víctimas de la trata son mayormente vulnerables por sus condiciones socioeconómicas, las cuales las convierten en personas cuyos entornos de protección se fracturan y pierden capacidades para protegerse o prevenir el caer en estas redes criminales.
Nunca será suficiente volver una y otra vez sobre temas de la agenda social que son de la mayor urgencia y, ante los cuales, aun con los avances que se han logrado, resulta imperativo actuar con mayor contundencia, más rapidez, pero, sobre todo, con mucho mayor sentido de lo humano y, en consecuencia, de nuestros vínculos sociales más elementales.
martes, 3 de junio de 2008
lunes, 2 de junio de 2008
Pensar la violencia
Mario Luis Fuentes
Lunes 02 de junio de 2008
La violencia ha sido uno de los principales temas en la historia del pensamiento político moderno. En efecto, en sus orígenes, el pensamiento de la modernidad en torno a la figura del Estado parte del reconocimiento básico de que la constitución del poder estatal tiene como finalidad regular el conflicto entre los ciudadanos. Así, por ejemplo, la propuesta de Maquiavelo puede leerse en el fondo como una teoría del poder basado en el uso “racional” de la violencia y su control. Y Hobbes fundamenta la existencia del Estado a partir del reconocimiento de que los ciudadanos son violentos y es preciso regular su actuación.
Si se analizan con cuidado las ideas de éstos y otros autores, puede verse con claridad que en el fondo de sus propuestas lo que se encuentra son completas teorías e interpretaciones sobre la moral y el comportamiento social de las personas.
En todo caso, en todas las propuestas de los pensadores clásicos subyace la intención de no sólo atemperar y regular la violencia de las personas, sino de construir capacidades de intervención del Estado, para construir un orden social capaz de garantizar a todos niveles de bienestar e incluso felicidad a los integrantes de la comunidad política.
En esa lógica, sería prudente volver la mirada hacia el pensamiento complejo y tratar de construir, en nuestro contexto, nuevas capacidades para el Estado y sus instituciones con el fin de lograr, disminuir el conflicto, la violencia y el crimen, pero también para que esa configuración del Estado sea capaz de generar bienestar y calidad de vida a las personas.
En la lógica liberal de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, se construyeron poderosas visiones sobre cómo garantizar bienestar y seguridad simultáneos para los ciudadanos. Por un lado, se le asignaron al Estado tareas de defensa de la soberanía frente a otros países, así como la seguridad interna, y por otra parte, tareas tendientes a la promoción y la movilidad de los mercados.
Hoy nos encontramos en una peligrosa situación en la que la seguridad de las personas está realmente amenazada. Los altos niveles de violencia del crimen organizado y sus recientes amenazas, incluso a la sociedad civil, exigen de una intervención, no sólo judicial de las autoridades públicas, sino sobre todo en el ámbito social.
Por ello es inadmisible que aun ahora que los niveles de violencia han cobrado dimensiones inéditas, se siga considerando que la violencia no es un tema central para la política social. Por el contrario, debe entenderse que la presencia “masificada” de la violencia exige mayores niveles de cohesión y convivencia social.
Empero, lo anterior no puede construirse sólo con la intervención de las policías o de las Fuerzas Armadas. Se trata de que, de manera paralela, la política social se articule sobre dos ejes imprescindibles para nuestra mejorar nuestra realidad: la cohesión y convivencia sociales, y la plena integración de los que ahora permanecen excluidos del bienestar y la garantía de sus derechos.
El Informe del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños nos advierte acerca del hecho de que los altos niveles de violencia que persisten en contra de niños, niñas y mujeres, no serían posibles de no ser por una extensa “tolerancia social a la violencia”. Debemos comprender, ante esa afirmación, que no se trata de una frase grandilocuente, sino de una poderosa advertencia que bien podría marcar la ruta para nuevas intervenciones gubernamentales y en general de todas las estructuras de gobierno del Estado.
Al contrario de una visión como la anterior, el combate al crimen organizado se centra exclusivamente en contra del narcotráfico; pero hay otras amenazas igual de violentas y quizá más extremas, como la trata de seres humanos, que no se está combatiendo con la misma fuerza, aun cuando su presencia amenaza y fractura la convivencia, las capacidades de solidaridad y de convivencia entre las personas.
Frente a ello, la política social sigue circunscrita en el combate a la pobreza; la economía y su funcionamiento han sido reducidos a una limitada noción de “mercado” y dinámica monetaria; la prevención de riesgos sociales (adicciones, suicidio, accidentes, prevalencia del VIH, el cambio climático) se encuentra aún ausente de los objetivos y programas de las principales instituciones públicas. Y la noción de la seguridad pública ha sido igualmente circunscrita a una lucha cruenta entre las fuerzas del orden y algunos grupos de narcotraficantes.
Reconocer esta realidad debe llevarnos nuevamente al pensamiento ampliado; a no renunciar a los ejemplos de los clásicos, para comprender que la realidad social es mucho más compleja que lo que en ocasiones podemos procesar y que es necesario modificar y ampliar las capacidades del Estado y de la sociedad para enfrentar una nueva realidad de este siglo XXI, marcada por una violencia, que ahora sí puede calificarse como “generalizada” y frente a la cual es preciso intervenir con nuevas políticas sociales, nuevas políticas económicas y, desde luego, con la aplicación de toda la fuerza del Estado.
La violencia ha sido uno de los principales temas en la historia del pensamiento político moderno. En efecto, en sus orígenes, el pensamiento de la modernidad en torno a la figura del Estado parte del reconocimiento básico de que la constitución del poder estatal tiene como finalidad regular el conflicto entre los ciudadanos. Así, por ejemplo, la propuesta de Maquiavelo puede leerse en el fondo como una teoría del poder basado en el uso “racional” de la violencia y su control. Y Hobbes fundamenta la existencia del Estado a partir del reconocimiento de que los ciudadanos son violentos y es preciso regular su actuación.
Si se analizan con cuidado las ideas de éstos y otros autores, puede verse con claridad que en el fondo de sus propuestas lo que se encuentra son completas teorías e interpretaciones sobre la moral y el comportamiento social de las personas.
En todo caso, en todas las propuestas de los pensadores clásicos subyace la intención de no sólo atemperar y regular la violencia de las personas, sino de construir capacidades de intervención del Estado, para construir un orden social capaz de garantizar a todos niveles de bienestar e incluso felicidad a los integrantes de la comunidad política.
En esa lógica, sería prudente volver la mirada hacia el pensamiento complejo y tratar de construir, en nuestro contexto, nuevas capacidades para el Estado y sus instituciones con el fin de lograr, disminuir el conflicto, la violencia y el crimen, pero también para que esa configuración del Estado sea capaz de generar bienestar y calidad de vida a las personas.
En la lógica liberal de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, se construyeron poderosas visiones sobre cómo garantizar bienestar y seguridad simultáneos para los ciudadanos. Por un lado, se le asignaron al Estado tareas de defensa de la soberanía frente a otros países, así como la seguridad interna, y por otra parte, tareas tendientes a la promoción y la movilidad de los mercados.
Hoy nos encontramos en una peligrosa situación en la que la seguridad de las personas está realmente amenazada. Los altos niveles de violencia del crimen organizado y sus recientes amenazas, incluso a la sociedad civil, exigen de una intervención, no sólo judicial de las autoridades públicas, sino sobre todo en el ámbito social.
Por ello es inadmisible que aun ahora que los niveles de violencia han cobrado dimensiones inéditas, se siga considerando que la violencia no es un tema central para la política social. Por el contrario, debe entenderse que la presencia “masificada” de la violencia exige mayores niveles de cohesión y convivencia social.
Empero, lo anterior no puede construirse sólo con la intervención de las policías o de las Fuerzas Armadas. Se trata de que, de manera paralela, la política social se articule sobre dos ejes imprescindibles para nuestra mejorar nuestra realidad: la cohesión y convivencia sociales, y la plena integración de los que ahora permanecen excluidos del bienestar y la garantía de sus derechos.
El Informe del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños nos advierte acerca del hecho de que los altos niveles de violencia que persisten en contra de niños, niñas y mujeres, no serían posibles de no ser por una extensa “tolerancia social a la violencia”. Debemos comprender, ante esa afirmación, que no se trata de una frase grandilocuente, sino de una poderosa advertencia que bien podría marcar la ruta para nuevas intervenciones gubernamentales y en general de todas las estructuras de gobierno del Estado.
Al contrario de una visión como la anterior, el combate al crimen organizado se centra exclusivamente en contra del narcotráfico; pero hay otras amenazas igual de violentas y quizá más extremas, como la trata de seres humanos, que no se está combatiendo con la misma fuerza, aun cuando su presencia amenaza y fractura la convivencia, las capacidades de solidaridad y de convivencia entre las personas.
Frente a ello, la política social sigue circunscrita en el combate a la pobreza; la economía y su funcionamiento han sido reducidos a una limitada noción de “mercado” y dinámica monetaria; la prevención de riesgos sociales (adicciones, suicidio, accidentes, prevalencia del VIH, el cambio climático) se encuentra aún ausente de los objetivos y programas de las principales instituciones públicas. Y la noción de la seguridad pública ha sido igualmente circunscrita a una lucha cruenta entre las fuerzas del orden y algunos grupos de narcotraficantes.
Reconocer esta realidad debe llevarnos nuevamente al pensamiento ampliado; a no renunciar a los ejemplos de los clásicos, para comprender que la realidad social es mucho más compleja que lo que en ocasiones podemos procesar y que es necesario modificar y ampliar las capacidades del Estado y de la sociedad para enfrentar una nueva realidad de este siglo XXI, marcada por una violencia, que ahora sí puede calificarse como “generalizada” y frente a la cual es preciso intervenir con nuevas políticas sociales, nuevas políticas económicas y, desde luego, con la aplicación de toda la fuerza del Estado.
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