jueves, 25 de septiembre de 2008
El otro temor
22 de Septiembre de 2008
Los atentados en Morelia, más allá de su vileza, muestran que las autoridades no pudieron prever que algo así podría ocurrir.
México vive una profunda crisis institucional. Esa crisis está determinada por la fractura de las capacidades públicas para atender y cumplir con las responsabilidades mínimas que les asigna tanto la Constitución Política como sus leyes y otros ordenamientos normativos y de regulación.
Los atentados en Morelia, más allá de su vileza, muestran que las autoridades no pudieron prever que algo así podría ocurrir.
México vive una profunda crisis institucional. Esa crisis está determinada por la fractura de las capacidades públicas para atender y cumplir con las responsabilidades mínimas que les asigna tanto la Constitución Política como sus leyes y otros ordenamientos normativos y de regulación.
En el ámbito gubernamental hay una fragmentación en las estrategias generales de la administración pública federal. No se perciben los ejes que articulan a la acción del gobierno y, con ello, tampoco se vislumbra con claridad cuál es el rumbo y el sentido final de sus acciones.
En lo que respecta a los partidos políticos, están atrapados en la lógica de la coyuntura del día siguiente y ninguno de los institutos con legisladores en el Congreso ha presentado una propuesta de agenda integral para la reforma social del Estado que permita abatir la desigualdad y la pobreza que padecemos.
Las instituciones económicas están desbordadas y no han logrado detonar un proceso de crecimiento sostenido, el cual pueda traducirse en los empleos requeridos para la generación de 1.2 millones de plazas anuales que necesitamos para satisfacer la demanda de los cientos de miles de jóvenes que año con año se incorporan al mercado laboral y con el fin de abatir el rezago del desempleo prevaleciente.
Las instituciones económicas están desbordadas y no han logrado detonar un proceso de crecimiento sostenido, el cual pueda traducirse en los empleos requeridos para la generación de 1.2 millones de plazas anuales que necesitamos para satisfacer la demanda de los cientos de miles de jóvenes que año con año se incorporan al mercado laboral y con el fin de abatir el rezago del desempleo prevaleciente.
Por último, en el ámbito de la seguridad pública todos sabemos la gravedad de la situación que se vive en el país. Los atentados en Morelia, más allá de su vileza, muestran que las autoridades, en todos sus órdenes, no pudieron prever que algo así podría ocurrir; y la aparición de “narcomantas” en aquella ciudad ratifica que los grupos criminales tienen una capacidad de respuesta a la presencia de autoridades federales, e incluso del Ejército, más allá de lo que se ha podido o querido asumir.
En ese sentido, son tres grandes pilares de la estructura institucional del país que, por decir lo menos, hoy se encuentran en una fragilidad mayor: en lo social hay una deuda mayúscula; en lo económico, aun cuando se ha resistido relativamente bien el embate de la crisis de Estados Unidos, en cuestiones estructurales seguimos recaudando muy poco en impuestos y ese poco que se recauda se distribuye muy mal, amén de la ya señalada incapacidad de generar empleos y, en tercer lugar, en el ámbito de la seguridad pública existe una percepción generalizada en torno a que la impunidad, la corrupción y la incapacidad se encuentran en todas las estructuras policiales, de investigación y de procuración de justicia.
Frente a este escenario se han escuchado muchas propuestas; sin embargo, antes de dar respuestas, hay preguntas que no nos hemos atrevido a hacernos, quizá por la magnitud de lo que implican las respuestas que es necesario construir.
Por ejemplo, habría que preguntar si el Estado no puede ya, en su estructura y con sus recursos, combatir con efectividad y hasta sus últimas consecuencias al crimen organizado; ante esto, vale cuestionar, ¿qué pasaría si el nivel de corrupción es tal que el proceso de descomposición de las policías y los organismos de seguridad de las entidades de la República es ya irreversible? ¿Qué implica que las autoridades no hayan logrado generar empleos y calidad de vida para todos en los últimos 20 años? ¿Y qué pasaría si el mercado y sus instituciones vinculadas no son las idóneas para generar crecimiento económico y equidad distributiva?
Por lo anterior, es evidente que deberíamos comenzar a invertir el orden de nuestras preguntas y, con ello, generar otro tipo de respuestas a los problemas que hoy nos aquejan. En los últimos meses, el terrorismo que se ha ido construyendo por los grupos delincuenciales ha infundido muchos temores en la población y, por ello, al temor de la inseguridad pública hoy habría que señalar que hay otro igualmente profundo, porque si este Estado no puede, entonces la pregunta que debemos formularnos es: ¿cómo hacer para que éste no sea un Estado fallido o, en su caso, cómo lo reformamos para que cumpla con los mandatos que la Constitución le asigna?
El otro temor al que hoy nos enfrentamos consiste precisamente en asumir que el Estado está rebasado y tenemos muy pocas salidas ante los retos que enfrentamos. Habrá que pensar, y en serio, cómo fortalecer al Estado y cómo llevar a cabo una profunda reforma de sus estructuras, con el fin de recuperar la paz social y el bienestar para todos los mexicanos.
La importancia de la memoria
15 de septiembre de 2008
El día de hoy se celebra el 198º aniversario del inicio del movimiento insurgente que nos dio la Independencia nacional. Para festejarlo, el gobierno federal ha creado una comisión nacional de festejos con el fin de organizar una “magna celebración” en 2010 y conmemorar simultáneamente los 100 años de nuestra Revolución Mexicana.
Celebrar estos dos acontecimientos fundadores de nuestro país tiene una relevancia que va más allá de la organización de fiestas en todo el territorio nacional. Activar nuestra memoria debiera tener un sentido distinto y llevarnos a rememorar sobre todo las causas que le dieron origen a ambos movimientos.
Así, en los dos casos, en el fondo se encontraba la ausencia de libertades plenas, una ingente pobreza para la mayoría, pero sobre todo, una profunda desigualdad política, económica y social, que no hemos logrado resolver y en los últimos años se ha agudizado de manera tremenda en favor de unas cuantas familias hoy determinantes, desde el poder económico, de decisiones trascendentales para el país.
En el caso de la Independencia nacional, la desigualdad imperante entre españoles, criollos, mestizos e indígenas era abismal. Los primeros controlaban la mayoría de las decisiones económicas y políticas importantes para la Colonia mientras que criollos y mestizos estaban claramente alejados de la posibilidad de determinar rumbo y sentido de la nación y, en el caso de los indígenas, desde luego, sólo había espacio para explotarlos.
En el caso de la Revolución Mexicana la desigualdad no se fundó estrictamente en la noción de “castas o grupos étnicos”. Fue una dictadura feroz que privilegió un modelo de organización del poder en donde, como en todas las dictaduras, las libertades, la justicia y la dignidad estuvieron reservadas sólo para los “amigos” del régimen, a quienes, a cambio de los privilegios, se les exigía obediencia y lealtad hasta la ignominia.
En ambos movimientos, el anhelo fundamental era construir una nación para todos; una nación incluyente de la diversidad y en la que cada uno de los mexicanos tuviera la garantía de la libertad y la igualdad como valores determinantes de nuestra independencia, así como de democracia y justicia social en el caso de la Revolución Mexicana.
Nunca estará de más repetir de manera constante que son estos cuatro pilares básicos de organización social los que pueden llevarnos a una sociedad incluyente, generosa con los más desvalidos, promotora de la defensa de la equidad y desde luego garante de un proceso continuo de expansión y ampliación de nuestros ámbitos de libertades.
En ese sentido, desde la creación de la comisión nacional de festejos fuimos varios quienes quienes señalamos que no habría mejor manera de celebrar nuestra Independencia y nuestra Revolución social, fijándonos ambiciosas metas sociales, y cumplir, en medio de un ambiente de unidad y cohesión nacional, con los saldos sociales que aún arrastramos como país y que mantienen a cerca de diez millones de indígenas en las peores condiciones de pobreza y marginación, a más de un millón de niñas y niños fuera de la escuela, a más de tres millones de ellos trabajando, a miles de niñas, niños y mujeres que cada año mueren por causas prevenibles y, en general, a un país partido por la mitad debido a la ingente desigualdad que hoy nos caracteriza.
Aún estamos a tiempo de lograr algo así. Nos quedan dos años para la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia y el Centenario de nuestra Revolución. Como dato vale la pena destacar que aun Porfirio Díaz comprendió en su momento que celebrar el Centenario, generando una infraestructura social mínima, era el mejor instrumento que tenía para intentar mantenerse en el poder. Frente a ello son exigibles, en el caso de nuestra democracia, no acciones mínimas, sino una revisión profunda de nuestros pactos fundamentales, a fin de garantizar seguridad, paz social, equidad, justicia y dignidad para todos.
La semana pasada se inició el debate sobre la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 y en ninguna Comisión Legislativa en San Lázaro se alzaron voces con el fin de exigir una composición presupuestal que tenga como metas prioritarias la reducción de la desigualdad, la pobreza y la marginación, de cara a los festejos patrios que se avecinan.
México no puede esperar ni puede estar sujeto una vez más a una disputa mezquina por el dinero en función del año electoral que viene en 2009, por lo que es realmente deseable que, en esta ocasión, el debate por el PEF esté determinado más por la memoria que debido a una visión de futuro que tiene como máximo alcance una ligera mirada al día siguiente.
El día de hoy se celebra el 198º aniversario del inicio del movimiento insurgente que nos dio la Independencia nacional. Para festejarlo, el gobierno federal ha creado una comisión nacional de festejos con el fin de organizar una “magna celebración” en 2010 y conmemorar simultáneamente los 100 años de nuestra Revolución Mexicana.
Celebrar estos dos acontecimientos fundadores de nuestro país tiene una relevancia que va más allá de la organización de fiestas en todo el territorio nacional. Activar nuestra memoria debiera tener un sentido distinto y llevarnos a rememorar sobre todo las causas que le dieron origen a ambos movimientos.
Así, en los dos casos, en el fondo se encontraba la ausencia de libertades plenas, una ingente pobreza para la mayoría, pero sobre todo, una profunda desigualdad política, económica y social, que no hemos logrado resolver y en los últimos años se ha agudizado de manera tremenda en favor de unas cuantas familias hoy determinantes, desde el poder económico, de decisiones trascendentales para el país.
En el caso de la Independencia nacional, la desigualdad imperante entre españoles, criollos, mestizos e indígenas era abismal. Los primeros controlaban la mayoría de las decisiones económicas y políticas importantes para la Colonia mientras que criollos y mestizos estaban claramente alejados de la posibilidad de determinar rumbo y sentido de la nación y, en el caso de los indígenas, desde luego, sólo había espacio para explotarlos.
En el caso de la Revolución Mexicana la desigualdad no se fundó estrictamente en la noción de “castas o grupos étnicos”. Fue una dictadura feroz que privilegió un modelo de organización del poder en donde, como en todas las dictaduras, las libertades, la justicia y la dignidad estuvieron reservadas sólo para los “amigos” del régimen, a quienes, a cambio de los privilegios, se les exigía obediencia y lealtad hasta la ignominia.
En ambos movimientos, el anhelo fundamental era construir una nación para todos; una nación incluyente de la diversidad y en la que cada uno de los mexicanos tuviera la garantía de la libertad y la igualdad como valores determinantes de nuestra independencia, así como de democracia y justicia social en el caso de la Revolución Mexicana.
Nunca estará de más repetir de manera constante que son estos cuatro pilares básicos de organización social los que pueden llevarnos a una sociedad incluyente, generosa con los más desvalidos, promotora de la defensa de la equidad y desde luego garante de un proceso continuo de expansión y ampliación de nuestros ámbitos de libertades.
En ese sentido, desde la creación de la comisión nacional de festejos fuimos varios quienes quienes señalamos que no habría mejor manera de celebrar nuestra Independencia y nuestra Revolución social, fijándonos ambiciosas metas sociales, y cumplir, en medio de un ambiente de unidad y cohesión nacional, con los saldos sociales que aún arrastramos como país y que mantienen a cerca de diez millones de indígenas en las peores condiciones de pobreza y marginación, a más de un millón de niñas y niños fuera de la escuela, a más de tres millones de ellos trabajando, a miles de niñas, niños y mujeres que cada año mueren por causas prevenibles y, en general, a un país partido por la mitad debido a la ingente desigualdad que hoy nos caracteriza.
Aún estamos a tiempo de lograr algo así. Nos quedan dos años para la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia y el Centenario de nuestra Revolución. Como dato vale la pena destacar que aun Porfirio Díaz comprendió en su momento que celebrar el Centenario, generando una infraestructura social mínima, era el mejor instrumento que tenía para intentar mantenerse en el poder. Frente a ello son exigibles, en el caso de nuestra democracia, no acciones mínimas, sino una revisión profunda de nuestros pactos fundamentales, a fin de garantizar seguridad, paz social, equidad, justicia y dignidad para todos.
La semana pasada se inició el debate sobre la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 y en ninguna Comisión Legislativa en San Lázaro se alzaron voces con el fin de exigir una composición presupuestal que tenga como metas prioritarias la reducción de la desigualdad, la pobreza y la marginación, de cara a los festejos patrios que se avecinan.
México no puede esperar ni puede estar sujeto una vez más a una disputa mezquina por el dinero en función del año electoral que viene en 2009, por lo que es realmente deseable que, en esta ocasión, el debate por el PEF esté determinado más por la memoria que debido a una visión de futuro que tiene como máximo alcance una ligera mirada al día siguiente.
miércoles, 24 de septiembre de 2008
El terror en México
Mario Luis Fuentes
8 de septiembre de 2008
La realidad nacional está teñida de rojo y esta afirmación no es de ninguna manera una metáfora, sino una descripción de las condiciones de inseguridad que nos amenazan y también nos amedrentan en el día a día. La sensación de que “algo puede pasar” en cualquier momento no es ya una ingenua noción del riesgo cotidiano, sino una preocupación real de sufrir un acto violento en todos los espacios, tanto públicos como privados, en México.
Los datos de distintas encuestas y estudios estadísticos sobre la violencia en nuestro país permiten sostener estas afirmaciones: seis de cada diez mujeres han sufrido algún acto de agresión a lo largo de su vida; casi tres de cada cuatro niños han vivido algún acto violento, ya sea en su casa o en su escuela, y dos de cada diez habitantes de las viviendas del país han sido al menos una vez víctimas de algún acto ilícito.
No hay duda de que estos niveles de violencia social constituyen lo que ya puede calificarse como una pandemia que requiere intervenciones públicas mucho más allá de las medidas de prevención y persecución del delito y de los programas de seguridad publica con que contamos. Y, en evidencia, es urgente construir una nueva batería de programas e intervenciones de todos los gobiernos, para atender y promover la salud mental de la población.
A esta violencia debe sumarse la que genera la delincuencia organizada. Las cifras de homicidios crecen cada año y los homicidios y “crímenes de impacto”, como le llaman los expertos en seguridad, son cada vez más recurrentes en todo el territorio nacional.
Por si fuera poco, los grupos criminales están recurriendo cada vez más a las tácticas del terror, la intimidación y la amenaza recurrente en contra de todo y todos aquellos que tienen la responsabilidad o simplemente el valor de confrontarlos.
El hecho de que cada vez más seamos testigos de brutales asesinatos, de la aparición cotidiana de “encajuelados”, “decapitados” o bien personas que son literalmente calcinadas vivas, constituye un límite frente al cual es preciso preguntarnos qué puede seguir; esto es, preguntarnos en torno a si hay posibilidades de que el crimen se torne aún más violento y, si es así, qué se está haciendo para detenerlo de una vez por todas.
La mutilación de un cuerpo y su presentación pública no es un asunto menor. Se trata de una muerte que rebasa con mucho el límite de lo pronunciable. El lenguaje, aun en su mayor potencia creadora, encuentra linderos insondables frente a una “muerte que es mucho más que la muerte”, si se parafrasea a Benjamin.
Esta realidad de lo impronunciable nos sitúa también, como consecuencia, en el límite de lo socialmente aceptable, de lo cotidianamente “vivible”. No se trata, pues, de no sólo “no acostumbrarnos” a ver esta realidad, sino, al contrario, de condenarla y situarla como lo no aceptable, como lo que no puede ser visto y, desde luego, lo que no puede ser considerado humano.
El terror es la sensación que nos produce temor, pero también temblor, nos enseña Kierkegaard. Y el temblor es lo inexplicablemente profundo que nos sitúa frente a lo inconmensurable de la muerte, de lo incomprensible y de lo que con mayor potencia confronta a la vida y su curso “normal”.
Esto es precisamente lo que hace inaceptable la actitud de confrontación y desafío del crimen organizado frente a las instituciones del Estado. Porque en ello nos va también lo aceptable como sociedad y lo que nos aleja cada vez más de una condición de humanidad compartida por todos.
Calificar como terroristas a los actos señalados del crimen organizado no es una exageración. Decapitar a personas, aun siendo quizás otros delincuentes, y arrojar su cabeza en las plazas públicas constituye un acto deliberadamente ejecutado para instalar el terror en una sociedad, desestabilizar a las instituciones y confrontar al orden social. Y esto, en su conjunto, no puede ser denominado sino como terrorismo.
En México ocurren cada año más de diez mil muertes violentas, de las cuales, en los últimos dos años, más de cuatro mil son asesinatos vinculados con la delincuencia organizada. Como dato comparativo, vale la pena considerar que por cáncer de mama o de cérvix mueren igualmente más de cuatro mil mujeres al año.
En los dos casos, en el del cáncer y en el de los asesinatos, se trata de muertes prevenibles y, algunas de ellas, nos dice la Secretaría de Salud, “evitables en exceso”. La gran diferencia es que el cáncer es una enfermedad aún incurable; la violencia, no.
Lamentablemente, la similitud en los dos casos es que, al hacer metástasis, ambos son implacables, pero también se tornan fuera de control. Y esto es lo que hay que frenar ya.
lunes, 1 de septiembre de 2008
Gilberto Rincón Gallardo
Mario Luis Fuentes
Lunes 1º de septiembre de 2008
Lunes 1º de septiembre de 2008
In memoriam
Hablar de las cualidades de un amigo es relativamente sencillo; empero, cuando éste ha fallecido, la empresa se torna sumamente complicada porque, más allá de los afectos y de las apreciaciones subjetivas, la muerte sitúa a las imágenes en fantasmas que convocan a la valoración de las dimensiones que la persona fallecida logró construir a lo largo de la vida.
El deceso lamentable de Gilberto Rincón Gallardo constituye sin duda una pérdida que, sin caer en el lugar común, se suma a las ausencias irreparables en nuestro país.
Gilberto Rincón Gallardo fue en primer término un amigo generoso; respetuoso a más no poder en el trato; amable y hasta cariñoso en sus manifestaciones de afecto.
Fue asimismo un gran intelectual que le deja a nuestro país una obra que bien valdría compilar y hacerla accesible a todos aquellos a quienes pudiera interesar acercarse a una mirada comprensiva y ampliada sobre nuestra realidad contemporánea, al pasar por temas que van, desde nuestra consolidación democrática hasta los relacionados con agendas de nueva generación, siempre puestos en una perspectiva innovadora e inteligente.
Ahora que atravesamos por tiempos aciagos, en los que la incertidumbre es la nota de todos los días, siempre hará falta la lectura y el comentario de Gilberto, lectura atenta que nos lleva a percibir los hilos con los que se teje la complejidad de nuestra realidad cotidiana y, sobre todo, las manos que mueven los hilos de nuestro mundo.
Como político, Gilberto Rincón Gallardo le dio lo mejor de sí al país y sin duda ha sido uno de los activistas político-sociales más destacados en las últimas décadas. Preso político, militante del Partido Comunista, ligado siempre a las causas sociales; diputado federal y sin duda uno de los mejores candidatos presidenciales que, por su actuación en uno de los debates del año 2000, se convirtió en el que de mejor manera ha comunicado su plataforma; así lo demuestran las encuestas posteriores a aquel memorable debate.
Quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Gilberto pudimos comprender en el “cara a cara” la dimensión de la congruencia entre el decir y el hacer. Gilberto no fue un hombre que buscara cargos, sino que asumía posiciones. De ahí la enorme relevancia y el peso de su actuación en la lucha por conseguir, en primer término, la aprobación de la reforma constitucional para incorporar el derecho a la no discriminación; así como su incansable lucha por conseguir el pleno cumplimiento de los derechos de las personas que viven con alguna discapacidad o necesidad especial.
Gilberto enfrentó y confrontó siempre a la adversidad y salió siempre victorioso, no porque haya conseguido triunfos en todos los casos, sino porque comprendió y asumió que la mayor victoria se encuentra en mantenerse en la línea de la congruencia y en el ejercicio pleno de la voluntad de obligarse a ser quien es. No tengo duda de que Gilberto, como pocos, lo consiguió a lo largo de sus 69 años de vida.
Asumir durante todos los años una actitud de congruencia; asumir que vale la pena luchar por los ideales y comprometerlo literalmente todo en aras de la defensa de lo que se asume como justo, no puede tener otro nombre más que el de la Integridad —con mayúscula— y esa virtud es la que acompañó siempre a Gilberto y lo hace ser uno de los referentes que no debimos perder.
México requiere líderes de la estatura de Rincón Gallardo y es de esperarse que, por la dimensión de sus aportaciones a nuestra democracia, se le rinda un homenaje nacional en reconocimiento a lo mucho que nos deja, no sólo en obra literaria, mediática y política, sino como un ejemplo de rectitud e integridad moral.
No es fácil asumir que un hombre de esta talla ya no estará más en las discusiones públicas ni en las batallas que hay que librar a favor de los más frágiles y vulnerables. Quizá la mejor manera de recordarlo y de rendirle homenaje sea precisamente la del compromiso con la rectitud y con una ética pública a prueba de todo. Ese es el legado, pero también el reto que nos deja Gilberto.
http://www.exonline.com.mx
Hablar de las cualidades de un amigo es relativamente sencillo; empero, cuando éste ha fallecido, la empresa se torna sumamente complicada porque, más allá de los afectos y de las apreciaciones subjetivas, la muerte sitúa a las imágenes en fantasmas que convocan a la valoración de las dimensiones que la persona fallecida logró construir a lo largo de la vida.
El deceso lamentable de Gilberto Rincón Gallardo constituye sin duda una pérdida que, sin caer en el lugar común, se suma a las ausencias irreparables en nuestro país.
Gilberto Rincón Gallardo fue en primer término un amigo generoso; respetuoso a más no poder en el trato; amable y hasta cariñoso en sus manifestaciones de afecto.
Fue asimismo un gran intelectual que le deja a nuestro país una obra que bien valdría compilar y hacerla accesible a todos aquellos a quienes pudiera interesar acercarse a una mirada comprensiva y ampliada sobre nuestra realidad contemporánea, al pasar por temas que van, desde nuestra consolidación democrática hasta los relacionados con agendas de nueva generación, siempre puestos en una perspectiva innovadora e inteligente.
Ahora que atravesamos por tiempos aciagos, en los que la incertidumbre es la nota de todos los días, siempre hará falta la lectura y el comentario de Gilberto, lectura atenta que nos lleva a percibir los hilos con los que se teje la complejidad de nuestra realidad cotidiana y, sobre todo, las manos que mueven los hilos de nuestro mundo.
Como político, Gilberto Rincón Gallardo le dio lo mejor de sí al país y sin duda ha sido uno de los activistas político-sociales más destacados en las últimas décadas. Preso político, militante del Partido Comunista, ligado siempre a las causas sociales; diputado federal y sin duda uno de los mejores candidatos presidenciales que, por su actuación en uno de los debates del año 2000, se convirtió en el que de mejor manera ha comunicado su plataforma; así lo demuestran las encuestas posteriores a aquel memorable debate.
Quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Gilberto pudimos comprender en el “cara a cara” la dimensión de la congruencia entre el decir y el hacer. Gilberto no fue un hombre que buscara cargos, sino que asumía posiciones. De ahí la enorme relevancia y el peso de su actuación en la lucha por conseguir, en primer término, la aprobación de la reforma constitucional para incorporar el derecho a la no discriminación; así como su incansable lucha por conseguir el pleno cumplimiento de los derechos de las personas que viven con alguna discapacidad o necesidad especial.
Gilberto enfrentó y confrontó siempre a la adversidad y salió siempre victorioso, no porque haya conseguido triunfos en todos los casos, sino porque comprendió y asumió que la mayor victoria se encuentra en mantenerse en la línea de la congruencia y en el ejercicio pleno de la voluntad de obligarse a ser quien es. No tengo duda de que Gilberto, como pocos, lo consiguió a lo largo de sus 69 años de vida.
Asumir durante todos los años una actitud de congruencia; asumir que vale la pena luchar por los ideales y comprometerlo literalmente todo en aras de la defensa de lo que se asume como justo, no puede tener otro nombre más que el de la Integridad —con mayúscula— y esa virtud es la que acompañó siempre a Gilberto y lo hace ser uno de los referentes que no debimos perder.
México requiere líderes de la estatura de Rincón Gallardo y es de esperarse que, por la dimensión de sus aportaciones a nuestra democracia, se le rinda un homenaje nacional en reconocimiento a lo mucho que nos deja, no sólo en obra literaria, mediática y política, sino como un ejemplo de rectitud e integridad moral.
No es fácil asumir que un hombre de esta talla ya no estará más en las discusiones públicas ni en las batallas que hay que librar a favor de los más frágiles y vulnerables. Quizá la mejor manera de recordarlo y de rendirle homenaje sea precisamente la del compromiso con la rectitud y con una ética pública a prueba de todo. Ese es el legado, pero también el reto que nos deja Gilberto.
http://www.exonline.com.mx
lunes, 25 de agosto de 2008
La economía política
Mario Luis Fuentes
Lunes 25 de agosto de 2008
México vive en un extravío de proyecto y de visión de largo plazo. Los intentos más recientes para evitarlo no han pasado de meros ejercicios retóricos basados más en frases efectistas que en propuestas sólidas con evidencia científica, por un lado y, por el otro, en una dimensión clara de país y de los significados que transporta la idea de la nación. En este extravío, se han soslayado los ideales y renunciado a la posibilidad de imaginar nuevos referentes y significados, para dotar a las instituciones de capacidades con el fin de avanzar al pleno cumplimiento de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.
No hay duda de que nuestro principal saldo se encuentra en lo social y, sin embargo, ha sido el ámbito con menor énfasis en los debates públicos recientes. En efecto, se sigue percibiendo a lo social como “la imagen positiva” del gobierno; considerando que lo importante está en la generación de la infraestructura física para que, por sí sola, ésta y el mercado logren generar los empleos y la dinámica económica necesarios para lograr mejores niveles de vida.
Esta visión es equívoca, pues la concepción sobre qué políticas y qué estructura programática se requiere para superar a la pobreza y la desigualdad, debería estar antecedida por la pregunta de qué instituciones y marcos jurídicos deben orientar y regular a los gobiernos.
De ahí la importancia de pensar nuevamente estos problemas desde la perspectiva de la economía política. Cuando Marx escribió su Contribución a la crítica de la economía política, no sólo aportó elementos imprescindibles para la comprensión del funcionamiento del sistema económico de su tiempo, sino además consolidó un diseño conceptual que valdría la pena rescatar para pensar nuestra época y nuestras dinámicas sociales y económicas.
Sí, Marx contribuyó a subvertir el “orden del discurso” de los liberales, principalmente de Smith y Ricardo y, desde la dialéctica, nos permitió percibir que el funcionamiento del capital tiene poderosos anclajes en la política y en el poder del Estado. Si se asume esta tesis, bien valdría la pena discernir si el retiro que ha habido de la política en las decisiones económicas fundamentales para el desarrollo no es uno de los mayores problemas que enfrentamos.
Es cierto que el desempeño de las instituciones económicas actuales requiere autonomía con respecto al “voluntarismo” de los gobernantes y que hay ámbitos que no pueden estar sujetos al arbitrio de la percepción de los gobiernos. Así, el control de la inflación, la movilidad del tipo de cambio, el control de la balanza comercial, entre otros, decisiones que deben estar sujetas a la evidencia científica.
Pero hay áreas estratégicas para el Estado, que no pueden dejarse o bien al libre juego de las fuerzas del mercado o cederse sin más a la inversión privada. Esto, porque el método de la economía política nos permite entender que hay ámbitos de justicia que no pueden dejarse al libre juego económico. Y estas áreas tienen relación, desde las capacidades recaudatorias hasta el control del capitalismo voraz actual.
Así, la educación, la salud y la seguridad alimentaria son tres ejemplos de espacios en los que el Estado no puede sólo llamar a la retirada. Así también, los órganos de control institucional relacionados con la competencia, la protección de los consumidores, el control de los servicios financieros o cuestiones estratégicas relacionadas con las telecomunicaciones y los desarrollos científicos, técnicos e informáticos.
Pensar a nuestro país en estos temas, desde la perspectiva de la economía política, nos obligaría a modificar estructuras institucionales y marcos jurídicos, aun en contra de los intereses de facto que hoy controlan a una buena parte del aparato público y son algo responsables, en buena medida, de la desigualdad actual.
Pensar a México desde la economía política implicaría de hecho atacar de manera frontal a corrupción e impunidad y, en ese sentido, garantizar ámbitos de competitividad para el fomento de la inversión en un clima de paz social, que hoy no puede entenderse sin garantías de seguridad pública mayores. La economía política permitiría replantear las tesis del desarrollo que hoy son dominantes y replantear el modelo de bienestar, poniendo énfasis en la generación de empleos dignos y en el fortalecimiento de un sistema de seguridad social integral para garantizar mínimos tendientes a dotar, a las personas y a sus familiares, de bienes y servicios que lleguen incluso a los ámbitos de las necesidades subjetivas y la salud mental de todos.
México no puede seguir sin rumbo y sin una noción clara del futuro y de la nación que pretendemos ser en el siglo XXI. Para ello es necesario repensarnos y la economía política, junto con otras perspectivas, pueden ayudarnos a replantearnos la pregunta fundamental que se hacen y deben plantearse constantemente los pueblos: ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
http://www.exonline.com.mx
México vive en un extravío de proyecto y de visión de largo plazo. Los intentos más recientes para evitarlo no han pasado de meros ejercicios retóricos basados más en frases efectistas que en propuestas sólidas con evidencia científica, por un lado y, por el otro, en una dimensión clara de país y de los significados que transporta la idea de la nación. En este extravío, se han soslayado los ideales y renunciado a la posibilidad de imaginar nuevos referentes y significados, para dotar a las instituciones de capacidades con el fin de avanzar al pleno cumplimiento de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.
No hay duda de que nuestro principal saldo se encuentra en lo social y, sin embargo, ha sido el ámbito con menor énfasis en los debates públicos recientes. En efecto, se sigue percibiendo a lo social como “la imagen positiva” del gobierno; considerando que lo importante está en la generación de la infraestructura física para que, por sí sola, ésta y el mercado logren generar los empleos y la dinámica económica necesarios para lograr mejores niveles de vida.
Esta visión es equívoca, pues la concepción sobre qué políticas y qué estructura programática se requiere para superar a la pobreza y la desigualdad, debería estar antecedida por la pregunta de qué instituciones y marcos jurídicos deben orientar y regular a los gobiernos.
De ahí la importancia de pensar nuevamente estos problemas desde la perspectiva de la economía política. Cuando Marx escribió su Contribución a la crítica de la economía política, no sólo aportó elementos imprescindibles para la comprensión del funcionamiento del sistema económico de su tiempo, sino además consolidó un diseño conceptual que valdría la pena rescatar para pensar nuestra época y nuestras dinámicas sociales y económicas.
Sí, Marx contribuyó a subvertir el “orden del discurso” de los liberales, principalmente de Smith y Ricardo y, desde la dialéctica, nos permitió percibir que el funcionamiento del capital tiene poderosos anclajes en la política y en el poder del Estado. Si se asume esta tesis, bien valdría la pena discernir si el retiro que ha habido de la política en las decisiones económicas fundamentales para el desarrollo no es uno de los mayores problemas que enfrentamos.
Es cierto que el desempeño de las instituciones económicas actuales requiere autonomía con respecto al “voluntarismo” de los gobernantes y que hay ámbitos que no pueden estar sujetos al arbitrio de la percepción de los gobiernos. Así, el control de la inflación, la movilidad del tipo de cambio, el control de la balanza comercial, entre otros, decisiones que deben estar sujetas a la evidencia científica.
Pero hay áreas estratégicas para el Estado, que no pueden dejarse o bien al libre juego de las fuerzas del mercado o cederse sin más a la inversión privada. Esto, porque el método de la economía política nos permite entender que hay ámbitos de justicia que no pueden dejarse al libre juego económico. Y estas áreas tienen relación, desde las capacidades recaudatorias hasta el control del capitalismo voraz actual.
Así, la educación, la salud y la seguridad alimentaria son tres ejemplos de espacios en los que el Estado no puede sólo llamar a la retirada. Así también, los órganos de control institucional relacionados con la competencia, la protección de los consumidores, el control de los servicios financieros o cuestiones estratégicas relacionadas con las telecomunicaciones y los desarrollos científicos, técnicos e informáticos.
Pensar a nuestro país en estos temas, desde la perspectiva de la economía política, nos obligaría a modificar estructuras institucionales y marcos jurídicos, aun en contra de los intereses de facto que hoy controlan a una buena parte del aparato público y son algo responsables, en buena medida, de la desigualdad actual.
Pensar a México desde la economía política implicaría de hecho atacar de manera frontal a corrupción e impunidad y, en ese sentido, garantizar ámbitos de competitividad para el fomento de la inversión en un clima de paz social, que hoy no puede entenderse sin garantías de seguridad pública mayores. La economía política permitiría replantear las tesis del desarrollo que hoy son dominantes y replantear el modelo de bienestar, poniendo énfasis en la generación de empleos dignos y en el fortalecimiento de un sistema de seguridad social integral para garantizar mínimos tendientes a dotar, a las personas y a sus familiares, de bienes y servicios que lleguen incluso a los ámbitos de las necesidades subjetivas y la salud mental de todos.
México no puede seguir sin rumbo y sin una noción clara del futuro y de la nación que pretendemos ser en el siglo XXI. Para ello es necesario repensarnos y la economía política, junto con otras perspectivas, pueden ayudarnos a replantearnos la pregunta fundamental que se hacen y deben plantearse constantemente los pueblos: ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
http://www.exonline.com.mx
martes, 19 de agosto de 2008
lunes, 18 de agosto de 2008
Lo que sigue es lo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 18 de agosto de 2008
El debate sobre la reforma energética en el Senado nos deja varias lecciones. Una, que es posible construir espacios para debatir ideas, aun de posiciones divergentes, sobre temas prioritarios para el país.
Es el segundo debate importante de los últimos años en México. El primero fue el elaborado para discutir la Reforma del Estado y que permitió plantear diversas iniciativas que ya fueron aprobadas por el Congreso.
Las dos experiencias debieran servir de base para una metodología de diálogo nacional, que abra la posibilidad con el fin de que expertos, académicos, ex funcionarios y quienes acrediten conocer materias prioritarias para el Estado, aporten elementos de juicio que fortalezcan las posiciones y los argumentos de quienes deben decidir en el Congreso y en el Ejecutivo.
Quizás una de las mayores carencias de nuestra democracia es la ausencia de procedimientos institucionalizados para el diálogo y la garantía de que las decisiones públicas se basen en el mejor argumento, y en todos los casos, en el criterio fundamental del interés superior de la nación. Y es en medio de la carencia de esos métodos, como estas experiencias toman un sentido mayor para el acercamiento de posiciones pero, sobre todo, el destrabar la parálisis de inteligencia en la que vive nuestro país.
Debe destacarse, en esa lógica, que concluidos los tiempos fijados para la Reforma del Estado, quedó pendiente una vez más discutir la cuestión social y cómo generar un nuevo entramado jurídico-institucional para la equidad, la justicia social y el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de todos.
Sin duda, en México hay distintas visiones en disputa en torno a cuál es la visión de país en aras de lograr la inclusión, construir una nueva ciudadanía y erradicar exclusión, discriminación y violencia social. Y es en esa lógica como urge construir un método similar al usado para debatir las iniciativas de la reforma energética y plantear una profunda reforma a todo el marco jurídico de lo social.
Debe insistirse en que las leyes generales de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y la de Planeación Democrática, deben armonizarse en sus contenidos, instrumentos y alcances y, con ellos, las demás normas relacionadas con temas prioritarios para el desarrollo del país y que van, desde la asistencia social y la prevención de las adicciones, hasta la generación de capacidades productivas y la reactivación de sectores económicos marginados.
Ante esta necesidad, debe reconocerse también que aún no sabemos cómo resolver muchos de los dilemas sociales que enfrentamos y es, en ese sentido, donde se han encontrado severas dificultades para impulsar una reforma social de largo alcance. Empero, estas dificultades deben llevarnos a un intenso diálogo nacional y al planteamiento de una comisión plural para el desarrollo de la reforma social del Estado mexicano, en la cual tengan cabida todas las visiones y las posiciones teóricas y políticas del país.
Hay suficiente evidencia empírica para asumir que, en buena medida, el desempleo, la desigualdad y la pobreza tienen sus más férreos anclajes en el entramado institucional y en el marco jurídico que le da sustento. Hay igualmente evidencia en torno a que la pobreza y la desigualdad son determinantes de la pérdida de la “competitividad-país”, del estancamiento del desarrollo humano y económico y de la imposibilidad de ampliar nuestras libertades en un marco de instituciones plenamente democráticas.
Si esto es así, no hay ningún argumento válido ni suficiente para continuar posponiendo la reforma social del Estado mexicano, la cual, me atrevo a sostener, es de igual y quizá de mayor importancia que la reforma que se está impulsando para Pemex. Esto es así, porque el desarrollo económico y el humano de México no pueden depender exclusivamente de los ingresos de la renta petrolera, sino de un sistema institucional que permita generar empleos dignos para todos, que nos den a la vez una base gravable mucho más amplia, la cual debe tener un doble efecto: la ampliación de las instituciones de seguridad social, así como un carácter redistributivo que permita reducir la desigualdad prevaleciente hoy.
Por todo lo anterior, es deseable que en el Congreso de la Unión pueda percibirse la importancia que tiene para México una reforma social de esta índole y, sobre todo, es exigible que se inicie en lo inmediato una transformación de nuestras instituciones sociales, pues nunca estará de más insistir en que nuestro futuro es lo que está en juego.
De no avanzar en esta reforma, esta Legislatura tendrá como uno de sus principales saldos negativos, el haber carecido de la visión necesaria para sentar las bases con miras a un México mucho más justo e incluyente, en particular de los más pobres y de los mayormente excluidos.
El debate sobre la reforma energética en el Senado nos deja varias lecciones. Una, que es posible construir espacios para debatir ideas, aun de posiciones divergentes, sobre temas prioritarios para el país.
Es el segundo debate importante de los últimos años en México. El primero fue el elaborado para discutir la Reforma del Estado y que permitió plantear diversas iniciativas que ya fueron aprobadas por el Congreso.
Las dos experiencias debieran servir de base para una metodología de diálogo nacional, que abra la posibilidad con el fin de que expertos, académicos, ex funcionarios y quienes acrediten conocer materias prioritarias para el Estado, aporten elementos de juicio que fortalezcan las posiciones y los argumentos de quienes deben decidir en el Congreso y en el Ejecutivo.
Quizás una de las mayores carencias de nuestra democracia es la ausencia de procedimientos institucionalizados para el diálogo y la garantía de que las decisiones públicas se basen en el mejor argumento, y en todos los casos, en el criterio fundamental del interés superior de la nación. Y es en medio de la carencia de esos métodos, como estas experiencias toman un sentido mayor para el acercamiento de posiciones pero, sobre todo, el destrabar la parálisis de inteligencia en la que vive nuestro país.
Debe destacarse, en esa lógica, que concluidos los tiempos fijados para la Reforma del Estado, quedó pendiente una vez más discutir la cuestión social y cómo generar un nuevo entramado jurídico-institucional para la equidad, la justicia social y el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de todos.
Sin duda, en México hay distintas visiones en disputa en torno a cuál es la visión de país en aras de lograr la inclusión, construir una nueva ciudadanía y erradicar exclusión, discriminación y violencia social. Y es en esa lógica como urge construir un método similar al usado para debatir las iniciativas de la reforma energética y plantear una profunda reforma a todo el marco jurídico de lo social.
Debe insistirse en que las leyes generales de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y la de Planeación Democrática, deben armonizarse en sus contenidos, instrumentos y alcances y, con ellos, las demás normas relacionadas con temas prioritarios para el desarrollo del país y que van, desde la asistencia social y la prevención de las adicciones, hasta la generación de capacidades productivas y la reactivación de sectores económicos marginados.
Ante esta necesidad, debe reconocerse también que aún no sabemos cómo resolver muchos de los dilemas sociales que enfrentamos y es, en ese sentido, donde se han encontrado severas dificultades para impulsar una reforma social de largo alcance. Empero, estas dificultades deben llevarnos a un intenso diálogo nacional y al planteamiento de una comisión plural para el desarrollo de la reforma social del Estado mexicano, en la cual tengan cabida todas las visiones y las posiciones teóricas y políticas del país.
Hay suficiente evidencia empírica para asumir que, en buena medida, el desempleo, la desigualdad y la pobreza tienen sus más férreos anclajes en el entramado institucional y en el marco jurídico que le da sustento. Hay igualmente evidencia en torno a que la pobreza y la desigualdad son determinantes de la pérdida de la “competitividad-país”, del estancamiento del desarrollo humano y económico y de la imposibilidad de ampliar nuestras libertades en un marco de instituciones plenamente democráticas.
Si esto es así, no hay ningún argumento válido ni suficiente para continuar posponiendo la reforma social del Estado mexicano, la cual, me atrevo a sostener, es de igual y quizá de mayor importancia que la reforma que se está impulsando para Pemex. Esto es así, porque el desarrollo económico y el humano de México no pueden depender exclusivamente de los ingresos de la renta petrolera, sino de un sistema institucional que permita generar empleos dignos para todos, que nos den a la vez una base gravable mucho más amplia, la cual debe tener un doble efecto: la ampliación de las instituciones de seguridad social, así como un carácter redistributivo que permita reducir la desigualdad prevaleciente hoy.
Por todo lo anterior, es deseable que en el Congreso de la Unión pueda percibirse la importancia que tiene para México una reforma social de esta índole y, sobre todo, es exigible que se inicie en lo inmediato una transformación de nuestras instituciones sociales, pues nunca estará de más insistir en que nuestro futuro es lo que está en juego.
De no avanzar en esta reforma, esta Legislatura tendrá como uno de sus principales saldos negativos, el haber carecido de la visión necesaria para sentar las bases con miras a un México mucho más justo e incluyente, en particular de los más pobres y de los mayormente excluidos.
martes, 12 de agosto de 2008
lunes, 11 de agosto de 2008
La crisis de la violencia
Mario Luis Fuentes
Lunes 11 de agosto de 2008
Una crisis social generada por la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es siempre una crisis de las instituciones del Estado. Hoy vivimos una realmente profunda, porque no sólo implica que el crimen organizado ha decidido combatir frontalmente a las instituciones públicas, sino que las ha penetrado y pareciera que en muchos sentidos las ha rebasado en su capacidad organizativa y de inteligencia.
La noción de la delincuencia es, en esa lógica, antitética de cualquier concepción que se tenga del Estado. Quien delinque infringe a la ley y si esto es así viola el pacto fundamental que da origen y legitimidad a la autoridad del Estado, cuyo deber fundamental consiste en proteger a los ciudadanos y garantizar el pleno cumplimiento que el orden jurídico establece como de observancia obligatoria para todos.
Debe entenderse, en consecuencia, que la delincuencia del orden común, es decir, la que tiene como origen el conflicto entre individuos (personal, de intereses, pasionales incluso), constituye un atentado al orden social; empero, la delincuencia organizada atenta además contra el principio organizativo básico de las instituciones y del Estado. Busca socavar el orden legal e instituirse como fuente de la dominación y del ejercicio de la autoridad.
De ahí la gravedad del escenario de violencia que estamos viviendo, pues la delincuencia ha decidido salir, del ámbito de la clandestinidad, para asumir un protagonismo público de terror, en una actitud francamente hostil en contra de todas las instituciones de seguridad pública e incluso de nuestras Fuerzas Armadas.
El impacto mayor, obvia decirlo, es siempre para los más frágiles y vulnerables, pues son niñas, niños y mujeres quienes en mayor medida han pagado los costos de esta violencia que ya, puede decirse, tiene un carácter generalizado y extendido a prácticamente todo el territorio del país y con presencia en todas las esferas de la vida social.
La revelación de la encuesta recientemente presentada por la Subsecretaría de Educación Media Superior, en el sentido de que más de 40% de los jóvenes sabe que alguno de sus compañeros lleva armas a su escuela, debe tomarse como un dato sintomático de la presencia y la penetración que ha tenido ya el crimen en todos los ámbitos de la vida pública, sobre todo porque casi la mitad de los encuestados respondieron conocer a “alguien muy cercano” que consume drogas.
De acuerdo con los datos disponibles sobre violencia, un alto porcentaje de accidentes, homicidios, riñas, daños y lesiones, tanto en la vía pública como en los hogares, están directamente relacionados con el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, y se ha documentado que la violencia contra los niños, en los hogares, proviene en más de 40% de madres que en su niñez o en la juventud sufrieron violencia sicológica, sexual o física.
Con estos datos, asumir que el panorama de violencia que enfrentamos es un asunto exclusivamente delincuencial y de corrupción policiaca implica un despropósito mayor y un riesgo para todos, pues es urgente, y esto quiere decir ya, una transformación en el modelo de desarrollo con que contamos y, sobre todo, un cambio radical en lo que estamos entendiendo por el “bienestar”.
He insistido constantemente en que la violencia es un tema de la mayor centralidad en el diseño de las políticas sociales y, hoy, ni las procuradurías ni las instancias de defensa de los derechos humanos ni las dependencias gubernamentales están suficientemente preparadas para dar respuesta a un fenómeno que ya nos desbordó y exige intervenciones de alto impacto y de mucha celeridad en su eficacia, para revertir, o al menos contener, los problemas que se suscitan en torno a la violencia, las relaciones sociales y la expresión más cruda del desorden en que vivimos, que se manifiesta sobre todo en la delincuencia común y, desde luego, en sus versiones organizadas.
Hoy es necesaria una nueva política social que tenga como principales objetivos lo que he sostenido en distintas ocasiones: cohesión social, enfrentar la inequidad, lograr la inclusión de todas y todos, reducir las desigualdades regionales y las disparidades entre los individuos y formar una nueva ciudadanía que nos dé la posibilidad de cimentar un nuevo orden social alejado de la violencia, el crimen y la violación constante al Estado de derecho.
http://www.exonline.com.mx
martes, 5 de agosto de 2008
lunes, 4 de agosto de 2008
Inflación y la cuestión social
Mario Luis Fuentes
Lunes 04 de agosto de 2008
El gobernador del Banco de México informó esta semana las expectativas inflacionarias para 2008 y que para diciembre de este año se espera una de 6%; la cifra más alta de los últimos diez años, aunque con la diferencia de que esta vez se trata de un proceso que se sitúa en un contexto de crisis global de la economía, derivada de la económica y financiera prevaleciente en Estados Unidos.
En el análisis de lo social casi siempre se tiende a segmentar disciplinas, pero esto es meramente conceptual, pues la vida social se basa en interrelaciones que obligan a comprenderla como un todo. Así, el tema de la inflación constituye un asunto de vital importancia en relación con la cuestión social de nuestro país y en el contexto de crisis señalado, a escala mundial.
Sí, los impactos inflacionarios ya están comenzando a tener severas consecuencias para las familias más pobres porque, en primer término, la inflación constituye el “impuesto” más caro y, en videncia, uno de los factores regresivos del ingreso más severos que puede haber.
Debe considerarse, además, que por primera vez en años, la espiral inflacionaria surge en buena medida en el sector de los alimentos y ello aunado a la del sector de los medicamentos, sitúa a las finanzas de las familias de menos ingresos, pero también a las del sector público, en graves problemas de subsistencia y sostenimiento del gasto, tanto privado como público.
Según el Banco de México, son los alimentos y las medicinas los productos que en mayor grado han incrementado sus precios en los últimos dos años y a los que, proporcionalmente hablando, los pobres destinan la mayor parte de sus ingresos.
Lo mismo ocurre con la actual política de asistencia social a los pobres, cuyos programas más importantes, fundamentalmente Oportunidades y el Seguro Popular, los de mayor envergadura presupuestaria, están dirigidos a la transferencia de ingreso y al otorgamiento de subsidios para el consumo, nuevamente, en alimentos y medicinas.
Así, la economía y sus tropiezos deben darnos la oportunidad de repensar con seriedad si el modelo que hemos asumido en los últimos 30 años continúa siendo viable. La evidencia con que contamos nos arroja un rotundo “no”, por lo que es tiempo de construir una nueva dinámica económica para generar los empleos que urgen y con ello aprovechar el bono demográfico y frenar, o al menos paliar, la sangría de la migración de los millones de jóvenes que se van, frente al desempleo masivo y la desesperanza, y se llevan mucho de lo mejor que tenemos en cuanto a escolaridad, capacidad emprendedora y capacidades para el desarrollo.
En esa lógica, son muchos los cambios que deben realizarse y, por ello, urge iniciar un proceso de reingeniería social que, en un movimiento gradual, pero acelerado, nos lleve a cerrar las llamadas brechas que tenemos con respecto a los países con mayor equidad y desarrollo y que hoy comienzan a percibirse como supercarreteras que nos separan de la posibilidad de construir instituciones para la erradicación de la pobreza y la injusticia social.
El pensamiento social que sólo puede ver variables y cifras en tableros electrónicos no puede seguir considerándose como la panacea ni mucho menos el paradigma incuestionable en que intentó erigirse en la década de los 90 y que continúa a modo de “discurso casi único” en las oficinas de la “inteligencia económica de este país”.
Cuando nos golpearon las crisis económicas de los 80 y los 90, las adicciones, la violencia —tanto la del crimen organizado como la que se vive en los hogares y las calles—, la migración, el desempleo, los saldos negativos en la seguridad social, además de la crisis educativa, por citar sólo algunos ámbitos de altísima complejidad, no tenían el tinte dramático con que hoy se nos presentan.
Por ello es tan grave este periodo actual de crisis. Porque a la fractura de la solidaridad y el tejido social, se le añade el ingrediente, casi siempre explosivo, de una agudización de las carencias monetarias, que privan de capacidad de consumo a las personas, en mayor detrimento siempre de las niñas, los niños y las mujeres.
La inflación de hoy no puede ser tomada, pues, sólo como un dato económico, sino antes bien el síntoma de una severa crisis de un modelo de desarrollo que ha generado una brutal desigualdad a nivel global y en el interior de los países y que renunció a dos premisas básicas del pensamiento clásico, económico y social: la generación de la riqueza está en el trabajo y la aspiración de las sociedades debe conducir a una distribución equitativa de la riqueza socialmente producida.
El reto de hoy es tener la capacidad para imaginar, y el valor político con el fin de construir, un nuevo modelo de desempeño de nuestras instituciones, políticas, económicas y sociales, a fin de garantizar el anhelado bienestar para todas y todos.
http://marioluisfuentes.blogspot.com
El gobernador del Banco de México informó esta semana las expectativas inflacionarias para 2008 y que para diciembre de este año se espera una de 6%; la cifra más alta de los últimos diez años, aunque con la diferencia de que esta vez se trata de un proceso que se sitúa en un contexto de crisis global de la economía, derivada de la económica y financiera prevaleciente en Estados Unidos.
En el análisis de lo social casi siempre se tiende a segmentar disciplinas, pero esto es meramente conceptual, pues la vida social se basa en interrelaciones que obligan a comprenderla como un todo. Así, el tema de la inflación constituye un asunto de vital importancia en relación con la cuestión social de nuestro país y en el contexto de crisis señalado, a escala mundial.
Sí, los impactos inflacionarios ya están comenzando a tener severas consecuencias para las familias más pobres porque, en primer término, la inflación constituye el “impuesto” más caro y, en videncia, uno de los factores regresivos del ingreso más severos que puede haber.
Debe considerarse, además, que por primera vez en años, la espiral inflacionaria surge en buena medida en el sector de los alimentos y ello aunado a la del sector de los medicamentos, sitúa a las finanzas de las familias de menos ingresos, pero también a las del sector público, en graves problemas de subsistencia y sostenimiento del gasto, tanto privado como público.
Según el Banco de México, son los alimentos y las medicinas los productos que en mayor grado han incrementado sus precios en los últimos dos años y a los que, proporcionalmente hablando, los pobres destinan la mayor parte de sus ingresos.
Lo mismo ocurre con la actual política de asistencia social a los pobres, cuyos programas más importantes, fundamentalmente Oportunidades y el Seguro Popular, los de mayor envergadura presupuestaria, están dirigidos a la transferencia de ingreso y al otorgamiento de subsidios para el consumo, nuevamente, en alimentos y medicinas.
Así, la economía y sus tropiezos deben darnos la oportunidad de repensar con seriedad si el modelo que hemos asumido en los últimos 30 años continúa siendo viable. La evidencia con que contamos nos arroja un rotundo “no”, por lo que es tiempo de construir una nueva dinámica económica para generar los empleos que urgen y con ello aprovechar el bono demográfico y frenar, o al menos paliar, la sangría de la migración de los millones de jóvenes que se van, frente al desempleo masivo y la desesperanza, y se llevan mucho de lo mejor que tenemos en cuanto a escolaridad, capacidad emprendedora y capacidades para el desarrollo.
En esa lógica, son muchos los cambios que deben realizarse y, por ello, urge iniciar un proceso de reingeniería social que, en un movimiento gradual, pero acelerado, nos lleve a cerrar las llamadas brechas que tenemos con respecto a los países con mayor equidad y desarrollo y que hoy comienzan a percibirse como supercarreteras que nos separan de la posibilidad de construir instituciones para la erradicación de la pobreza y la injusticia social.
El pensamiento social que sólo puede ver variables y cifras en tableros electrónicos no puede seguir considerándose como la panacea ni mucho menos el paradigma incuestionable en que intentó erigirse en la década de los 90 y que continúa a modo de “discurso casi único” en las oficinas de la “inteligencia económica de este país”.
Cuando nos golpearon las crisis económicas de los 80 y los 90, las adicciones, la violencia —tanto la del crimen organizado como la que se vive en los hogares y las calles—, la migración, el desempleo, los saldos negativos en la seguridad social, además de la crisis educativa, por citar sólo algunos ámbitos de altísima complejidad, no tenían el tinte dramático con que hoy se nos presentan.
Por ello es tan grave este periodo actual de crisis. Porque a la fractura de la solidaridad y el tejido social, se le añade el ingrediente, casi siempre explosivo, de una agudización de las carencias monetarias, que privan de capacidad de consumo a las personas, en mayor detrimento siempre de las niñas, los niños y las mujeres.
La inflación de hoy no puede ser tomada, pues, sólo como un dato económico, sino antes bien el síntoma de una severa crisis de un modelo de desarrollo que ha generado una brutal desigualdad a nivel global y en el interior de los países y que renunció a dos premisas básicas del pensamiento clásico, económico y social: la generación de la riqueza está en el trabajo y la aspiración de las sociedades debe conducir a una distribución equitativa de la riqueza socialmente producida.
El reto de hoy es tener la capacidad para imaginar, y el valor político con el fin de construir, un nuevo modelo de desempeño de nuestras instituciones, políticas, económicas y sociales, a fin de garantizar el anhelado bienestar para todas y todos.
http://marioluisfuentes.blogspot.com
lunes, 28 de julio de 2008
El reto del Presupuesto
Mario Luis Fuentes
Lunes 28 de julio de 2008
A partir de julio ha empezado el proceso para el Presupuesto de Egresos 2009, cuya discusión y análisis seguramente será el mayor reto que habrá de enfrentar la presente Legislatura en todo su ejercicio.
Esto, porque el análisis y la aprobación se sitúan en el eje de distintas coordenadas de la mayor trascendencia para el desarrollo. Por un lado, el arranque del año electoral está a sólo semanas de comenzar, lo cual llevará a todos los partidos a una fuerte disputa por los recursos para las regiones en donde tienen prioridades político-electorales, así como a un debate simultáneo sobre cómo evitar que a los destinados al desarrollo se les utilice con fines político-electorales por las instituciones públicas de todos los niveles y órdenes de gobierno.
Por otro lado, mucho de la composición del PEF dependerá de si se logra o no aprobar la reforma a distintas leyes en materia energética, lo cual podría modificar el régimen fiscal de Pemex y, con ello, el flujo de ingresos a las arcas públicas y la disponibilidad de dinero para ampliar o mantener al menos el nivel de inversión pública con miras al desarrollo del país.
Habrá que incorporar en la construcción del presupuesto consideraciones en torno a la crisis global del precio de los alimentos, elementos fundamentales, no sólo en la distribución del gasto de los hogares, sino también en la composición de los programas públicos para el combate a la pobreza, tales como Oportunidades, los Desayunos Escolares, Liconsa y Diconsa, y todo el catálogo de programas dirigidos a la producción agrícola o a la adquisición de insumos para la producción.
De otra parte, el proceso inflacionario y de recesión económica global está impactando a la economía nacional, la cual ha comenzado a presentar también signos de “calentamiento” inflacionario, el cual ha llegado a la tasa más alta registrada desde hace cinco años. Este proceso, aunado a una apreciación constante del peso frente al dólar, ha impactado también al sector exportador, lo que originará presiones para diversos sectores económicos.
En medio de estos y otros factores, el reto de esta Legislatura consiste en lograr un Presupuesto de Egresos y una Ley de Ingresos que, por un lado, puedan enfrentar los dilemas señalados y, por otro, tengan una doble capacidad: generar un efecto redistributivo, con equidad, de la riqueza, y reactivar la economía, a fin de generar mucho más empleos con salarios dignos y acceso a servicios de seguridad social.
Esta doble función del PEF y de la Ley de Ingresos debe estar dirigida a la activación de sectores económicos cuyas potencialidades siguen desperdiciadas y asumir además un sentido histórico en la lógica de la proximidad de la celebración tanto del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional como del Centenario de nuestra Revolución de 1910.
La celebración del Bicentenario debe aprovecharse, hay que insistir en ello una y otra vez, para realizar una convocatoria a la unidad, al fortalecimiento de la identidad nacional y a la generación de una propuesta de inclusión y justicia para el largo plazo. Pensar, por citar sólo un ejemplo, en el sureste mexicano, debería llevar al impulso de un poderoso programa de inversión pública que, más allá de generar mayores capacidades para la captación del turismo y sus divisas, pueda garantizarle a las y los mexicanos entrar en contacto con nuestra historia y raíces.
La promoción de nuestros sitios históricos más importantes debería considerarse un asunto prioritario, porque con ello podría lograrse una mayor valoración de lo que somos y propiciar o fortalecer ideales de comunidad, de sentido de pertenencia y, nuevamente, de inclusión social, mediante el encuentro con lo mejor de nuestro pasado.
Todos estos retos son sin duda mayúsculos, pues requieren la inclusión de criterios transversales de no discriminación; criterios para la garantía de la equidad de género y el cumplimiento de los derechos de los niños, así como elementos dirigidos a la reactivación económica y la generación de empleo digno. La tarea no es sencilla y construirla requerirá una amplia convocatoria, a fin de que, en el proceso de construcción del PEF 2009, sean las prioridades nacionales las que logren anteponerse a los intereses de grupo que, hasta hoy, mayoritariamente han logrado prevalecer.
Todo lo anterior implicará adicionalmente que los grupos parlamentarios desarrollen la capacidad para resistir a grupos privados y a otros, de poder local, que gestionan y cabildean la asignación de recursos que responden más a intereses particulares que al interés del país. En ese sentido sería un importante precedente que, aun sin estar legislado de manera apropiada, el Congreso documente y haga públicos los procesos de gestión que se realizan ante las comisiones legislativas y que, en un ejercicio de transparencia, esta información quede registrada y disponible para todos, porque es el interés nacional lo que está en juego.
http://www.exonline.com.mx
A partir de julio ha empezado el proceso para el Presupuesto de Egresos 2009, cuya discusión y análisis seguramente será el mayor reto que habrá de enfrentar la presente Legislatura en todo su ejercicio.
Esto, porque el análisis y la aprobación se sitúan en el eje de distintas coordenadas de la mayor trascendencia para el desarrollo. Por un lado, el arranque del año electoral está a sólo semanas de comenzar, lo cual llevará a todos los partidos a una fuerte disputa por los recursos para las regiones en donde tienen prioridades político-electorales, así como a un debate simultáneo sobre cómo evitar que a los destinados al desarrollo se les utilice con fines político-electorales por las instituciones públicas de todos los niveles y órdenes de gobierno.
Por otro lado, mucho de la composición del PEF dependerá de si se logra o no aprobar la reforma a distintas leyes en materia energética, lo cual podría modificar el régimen fiscal de Pemex y, con ello, el flujo de ingresos a las arcas públicas y la disponibilidad de dinero para ampliar o mantener al menos el nivel de inversión pública con miras al desarrollo del país.
Habrá que incorporar en la construcción del presupuesto consideraciones en torno a la crisis global del precio de los alimentos, elementos fundamentales, no sólo en la distribución del gasto de los hogares, sino también en la composición de los programas públicos para el combate a la pobreza, tales como Oportunidades, los Desayunos Escolares, Liconsa y Diconsa, y todo el catálogo de programas dirigidos a la producción agrícola o a la adquisición de insumos para la producción.
De otra parte, el proceso inflacionario y de recesión económica global está impactando a la economía nacional, la cual ha comenzado a presentar también signos de “calentamiento” inflacionario, el cual ha llegado a la tasa más alta registrada desde hace cinco años. Este proceso, aunado a una apreciación constante del peso frente al dólar, ha impactado también al sector exportador, lo que originará presiones para diversos sectores económicos.
En medio de estos y otros factores, el reto de esta Legislatura consiste en lograr un Presupuesto de Egresos y una Ley de Ingresos que, por un lado, puedan enfrentar los dilemas señalados y, por otro, tengan una doble capacidad: generar un efecto redistributivo, con equidad, de la riqueza, y reactivar la economía, a fin de generar mucho más empleos con salarios dignos y acceso a servicios de seguridad social.
Esta doble función del PEF y de la Ley de Ingresos debe estar dirigida a la activación de sectores económicos cuyas potencialidades siguen desperdiciadas y asumir además un sentido histórico en la lógica de la proximidad de la celebración tanto del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional como del Centenario de nuestra Revolución de 1910.
La celebración del Bicentenario debe aprovecharse, hay que insistir en ello una y otra vez, para realizar una convocatoria a la unidad, al fortalecimiento de la identidad nacional y a la generación de una propuesta de inclusión y justicia para el largo plazo. Pensar, por citar sólo un ejemplo, en el sureste mexicano, debería llevar al impulso de un poderoso programa de inversión pública que, más allá de generar mayores capacidades para la captación del turismo y sus divisas, pueda garantizarle a las y los mexicanos entrar en contacto con nuestra historia y raíces.
La promoción de nuestros sitios históricos más importantes debería considerarse un asunto prioritario, porque con ello podría lograrse una mayor valoración de lo que somos y propiciar o fortalecer ideales de comunidad, de sentido de pertenencia y, nuevamente, de inclusión social, mediante el encuentro con lo mejor de nuestro pasado.
Todos estos retos son sin duda mayúsculos, pues requieren la inclusión de criterios transversales de no discriminación; criterios para la garantía de la equidad de género y el cumplimiento de los derechos de los niños, así como elementos dirigidos a la reactivación económica y la generación de empleo digno. La tarea no es sencilla y construirla requerirá una amplia convocatoria, a fin de que, en el proceso de construcción del PEF 2009, sean las prioridades nacionales las que logren anteponerse a los intereses de grupo que, hasta hoy, mayoritariamente han logrado prevalecer.
Todo lo anterior implicará adicionalmente que los grupos parlamentarios desarrollen la capacidad para resistir a grupos privados y a otros, de poder local, que gestionan y cabildean la asignación de recursos que responden más a intereses particulares que al interés del país. En ese sentido sería un importante precedente que, aun sin estar legislado de manera apropiada, el Congreso documente y haga públicos los procesos de gestión que se realizan ante las comisiones legislativas y que, en un ejercicio de transparencia, esta información quede registrada y disponible para todos, porque es el interés nacional lo que está en juego.
http://www.exonline.com.mx
lunes, 21 de julio de 2008
Políticas para la adolescencia
Mario Luis Fuentes
Lunes 21 de julio de 2008
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) advertía en el año 2000, en su documento Adolescencia y Juventud en América Latina y el Caribe: “Mientras el despliegue de los actuales estilos de desarrollo exige un aprovechamiento óptimo de los activos que se concentran en ellos (en los jóvenes y adolescentes), se da la paradoja de que aumenta la exclusión social que los afecta”.
Esta paradoja es en efecto la principal característica de los primeros años del siglo XXI en cuando a los jóvenes y a los adolescentes se refiere: nunca en la historia de la humanidad se había tenido tal cantidad de bienes, servicios y satisfactores disponibles en el mercado y, paradójicamente, en consecuencia, nunca la historia de la humanidad había registrado tal magnitud de privaciones.
De manera lamentable, nuestra sociedad no logró prepararse en las décadas de los 70 y los 80 a fin de recibir y acoger a las y los jóvenes de entonces y, en el marco de ese déficit, llegaron las severas crisis económicas de 1982 y de 1995, las cuales literalmente truncaron los proyectos de vida de millones de personas, la mayoría de ellos niñas, niños, adolescentes y mujeres.
En el citado documento de la Cepal, hace ocho años, ya se advertía el preocupante nexo ente juventud y violencia. Hoy sabemos, debido a una reciente encuesta realizada por la SEP, que 48% de los adolescentes saben de alguien que es “muy su amigo”, que se droga; y otro 25% reporta que sabe que en sus escuelas algunos de sus compañeros llevan armas.
Frente a estas dimensiones sociales, la oferta de programas y servicios se reduce a procesos de escolarización, con una cobertura que hoy apenas roza 60% en el bachillerato; y con algunos programas adicionales dirigidos a actividades deportivas, los cuales difícilmente llegan a 50% de la población juvenil y la adolescente.
La complejidad que implica diseñar programas y políticas públicas para este grupo de población resulta mayor. Se trata de comprender que es una fase de la vida no transicional, como tradicionalmente se le ha visto. Esto es, los adolescentes ni son “niños grandes” ni “adultos en potencia”. Se trata de personas que viven una etapa de maduración y como tal se necesita desarrollar todo el conjunto de intervenciones institucionales, sociales y familiares requeridas para lograr el pleno cumplimiento de sus derechos.
El reto mayor consiste en generar, desde la niñez y la adolescencia, a ciudadanos plenos que puedan asumir valores convivenciales, de tolerancia, cooperación y solidaridad, sobre todo porque nuestro país no logrará abatir ni la desigualdad ni la pobreza si antes no se construyen puentes con miras a la creación de una sociedad para todas las edades.
La salud sexual y la reproductiva, la inclusión laboral, la salud mental, la educción, las adicciones y la violencia son agendas para las cuales en nuestro país aún no hay respuestas adecuadas ni tampoco planteamientos sólidos sobre cómo lograr que no se rompan nuestros vínculos sociales básicos y podamos fortalecer puentes para la solidaridad intergeneracional.
Nuestros jóvenes de hoy conocen en carne propia, como nunca en la historia, la noción de ser extranjeros aun en su respectivo país: las minorías sin visibilidad pública son un claro ejemplo del aislamiento, generado socialmente o autoimpuesto, de cómo hemos roto el principio de hospitalidad, el cual, en palabras de Derrida, debe llevarnos, sí, a “calcular los riesgos, mas no a cerrar la puerta a lo incalculable, es decir, al porvenir y al extranjero.
No hay, entonces, en efecto, una apuesta más absurda para una sociedad que abonar a la cancelación de su porvenir y, si en México no actuamos en el sentido correcto, gran parte de nuestro futuro estará realmente cerrado y en muchos ámbitos corremos el riesgo de que estas cancelaciones se conviertan en irreversibles.
Una sociedad hospitalaria no es sólo la que da la bienvenida al extranjero, sino aquella que genera cordialidad y se dispone a hablar la misma lengua de los diferentes. Hoy estamos en la encrucijada de conseguir descifrar la lengua de nuestros adolescentes y jóvenes y, con ello, deconstruir nuestras nociones de progreso, desarrollo y crecimiento, para generar una nueva forma de comprender la inclusión, la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales.
mlfuentes@ceidas.org
Esta paradoja es en efecto la principal característica de los primeros años del siglo XXI en cuando a los jóvenes y a los adolescentes se refiere: nunca en la historia de la humanidad se había tenido tal cantidad de bienes, servicios y satisfactores disponibles en el mercado y, paradójicamente, en consecuencia, nunca la historia de la humanidad había registrado tal magnitud de privaciones.
De manera lamentable, nuestra sociedad no logró prepararse en las décadas de los 70 y los 80 a fin de recibir y acoger a las y los jóvenes de entonces y, en el marco de ese déficit, llegaron las severas crisis económicas de 1982 y de 1995, las cuales literalmente truncaron los proyectos de vida de millones de personas, la mayoría de ellos niñas, niños, adolescentes y mujeres.
En el citado documento de la Cepal, hace ocho años, ya se advertía el preocupante nexo ente juventud y violencia. Hoy sabemos, debido a una reciente encuesta realizada por la SEP, que 48% de los adolescentes saben de alguien que es “muy su amigo”, que se droga; y otro 25% reporta que sabe que en sus escuelas algunos de sus compañeros llevan armas.
Frente a estas dimensiones sociales, la oferta de programas y servicios se reduce a procesos de escolarización, con una cobertura que hoy apenas roza 60% en el bachillerato; y con algunos programas adicionales dirigidos a actividades deportivas, los cuales difícilmente llegan a 50% de la población juvenil y la adolescente.
La complejidad que implica diseñar programas y políticas públicas para este grupo de población resulta mayor. Se trata de comprender que es una fase de la vida no transicional, como tradicionalmente se le ha visto. Esto es, los adolescentes ni son “niños grandes” ni “adultos en potencia”. Se trata de personas que viven una etapa de maduración y como tal se necesita desarrollar todo el conjunto de intervenciones institucionales, sociales y familiares requeridas para lograr el pleno cumplimiento de sus derechos.
El reto mayor consiste en generar, desde la niñez y la adolescencia, a ciudadanos plenos que puedan asumir valores convivenciales, de tolerancia, cooperación y solidaridad, sobre todo porque nuestro país no logrará abatir ni la desigualdad ni la pobreza si antes no se construyen puentes con miras a la creación de una sociedad para todas las edades.
La salud sexual y la reproductiva, la inclusión laboral, la salud mental, la educción, las adicciones y la violencia son agendas para las cuales en nuestro país aún no hay respuestas adecuadas ni tampoco planteamientos sólidos sobre cómo lograr que no se rompan nuestros vínculos sociales básicos y podamos fortalecer puentes para la solidaridad intergeneracional.
Nuestros jóvenes de hoy conocen en carne propia, como nunca en la historia, la noción de ser extranjeros aun en su respectivo país: las minorías sin visibilidad pública son un claro ejemplo del aislamiento, generado socialmente o autoimpuesto, de cómo hemos roto el principio de hospitalidad, el cual, en palabras de Derrida, debe llevarnos, sí, a “calcular los riesgos, mas no a cerrar la puerta a lo incalculable, es decir, al porvenir y al extranjero.
No hay, entonces, en efecto, una apuesta más absurda para una sociedad que abonar a la cancelación de su porvenir y, si en México no actuamos en el sentido correcto, gran parte de nuestro futuro estará realmente cerrado y en muchos ámbitos corremos el riesgo de que estas cancelaciones se conviertan en irreversibles.
Una sociedad hospitalaria no es sólo la que da la bienvenida al extranjero, sino aquella que genera cordialidad y se dispone a hablar la misma lengua de los diferentes. Hoy estamos en la encrucijada de conseguir descifrar la lengua de nuestros adolescentes y jóvenes y, con ello, deconstruir nuestras nociones de progreso, desarrollo y crecimiento, para generar una nueva forma de comprender la inclusión, la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales.
mlfuentes@ceidas.org
martes, 15 de julio de 2008
lunes, 14 de julio de 2008
La observación ciudadana
Mario Luis Fuentes
Lunes 14 de julio de 2008
La semana pasada fue presentado el Observatorio Ciudadano de la Salud y será dirigido por la doctora Felicia Knaul y fondeado por el Instituto Carso de la Salud y Funsalud.
En la presentación del Observatorio, el doctor Julio Frenk hizo énfasis en distintos puntos de esencial importancia para nuestro sistema institucional y de ellos pueden derivarse dos temas sustantivos: el primero, el reconocimiento de que la salud pública no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, por lo que la participación activa de la ciudadanía, en su discusión, análisis y generación de propuestas, es esencial. Este punto lleva al reconocimiento de que, en una democracia, las y los ciudadanos no sólo tenemos mucho qué decir, sino además, una responsabilidad ineludible en la protección y exigencia de los derechos de todos.
El otro punto para destacarlo es generar miradas alternativas en torno a los temas de interés público, a fin de que, en la pluralidad de visiones, puedan construirse propuestas viables de solución a los principales problemas que enfrentamos como sociedad, en este caso, los relativos a la salud de las y los mexicanos y las nuevas amenazas y los riesgos que enfrentamos, como la epidemia de VIH-sida.
Debe destacarse que uno de los mensajes más interesantes en esta presentación es el reconocimiento de que “el poder de las ideas puede influir en las ideas del poder”. Esta tesis es importante, no sólo por su consistencia, sino por llevarnos a la posibilidad de replantear las lógicas de construcción de legitimidad democrática en las sociedades contemporáneas.
En efecto, se trata hoy de que los estados regidos por sistemas democráticos, tengan la capacidad de fortalecer las estructuras y vías de diálogo para lograr que no sólo haya una adecuada protección de las minorías parlamentarias, dentro de las instituciones políticas, sino puedan crearse nuevos mecanismos de interlocución con grupos de ciudadanos que, desde la ciencia, la filosofía, las disciplinas sociales o la atención directa a grupos de población, se dedican al estudio, diagnóstico y generación de propuestas para enfrentar los problemas de todos.
En esa lógica, es de destacarse que en nuestro país existen ya varios Observatorios: el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias; el Ciudadano de la Educación; el Ciudadano de la Vivienda; la Red por los Derechos de los Niños y, hace poco, se creó el Ciudadano en temas de discapacidad.
Estos esfuerzos han sido vistos en ocasiones como “amenazas” a las instituciones públicas. Sin embargo, debe insistirse que, en sociedades abiertas, una mayor participación ciudadana permite la consolidación de los valores democráticos y, por lo tanto, de los sistemas de gobierno en democracia.
Sin duda alguna, uno de los temas de mayor relevancia en el mundo occidental de hoy es cómo lograr la generación de mecanismos de control del gobierno. En ese sentido, los primeros mecanismos fueron dirigidos al control de la corrupción y al fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas sobre el presupuesto y el ejercicio de los recursos públicos.
Hoy de lo que se trata es de ampliar estos mecanismos y transitar hacia unos de control, no sólo del dinero de todos, sino de la manera en que se diseñan las políticas y los programas públicos, los cuales, debe reconocerse, pueden generar efectos no deseados o no tomados en cuenta, como ha ocurrido en nuestro país, en donde la desigualdad está en parte arraigada y cimentada en el diseño de las instituciones.
Una de las propuestas más sólidas del Observatorio de la Salud consiste en crear nuevos sistemas de información y de construcción de datos, a fin de contar con mayores capacidades para tomar decisiones con mayor racionalidad y eficacia. Al respecto, vale la pena destacar que es una propuesta que puede extrapolarse al resto de los sectores que están vinculados a la cuestión social y en torno a la cual ya hay propuestas viables acerca de cómo avanzar sobre una reforma social gradual que nos dé la posibilidad de construir un país justo y menos desigual que el de hoy.
El surgimiento de un Observatorio de estas características es siempre una buena noticia, desde el punto de vista que se vea. Hace falta ahora que los gobiernos, en todos sus órdenes, asuman la urgencia de cambiar la lógica del diálogo social y dar paso a gobiernos que tengan la capacidad de tratar con mayor respeto las iniciativas de la sociedad civil.
A nuestra democracia le hacen falta muchos elementos para consolidarse y quizás el más importante de ellos consiste en la necesidad de que todos podamos asumir que, en efecto, la legitimidad pública está en relación directa con el reconocimiento de que ha llegado el tiempo para una nueva ciudadanía social.
mlfuentes@ceidas.org
http://www.exonline.com.mx
La semana pasada fue presentado el Observatorio Ciudadano de la Salud y será dirigido por la doctora Felicia Knaul y fondeado por el Instituto Carso de la Salud y Funsalud.
En la presentación del Observatorio, el doctor Julio Frenk hizo énfasis en distintos puntos de esencial importancia para nuestro sistema institucional y de ellos pueden derivarse dos temas sustantivos: el primero, el reconocimiento de que la salud pública no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, por lo que la participación activa de la ciudadanía, en su discusión, análisis y generación de propuestas, es esencial. Este punto lleva al reconocimiento de que, en una democracia, las y los ciudadanos no sólo tenemos mucho qué decir, sino además, una responsabilidad ineludible en la protección y exigencia de los derechos de todos.
El otro punto para destacarlo es generar miradas alternativas en torno a los temas de interés público, a fin de que, en la pluralidad de visiones, puedan construirse propuestas viables de solución a los principales problemas que enfrentamos como sociedad, en este caso, los relativos a la salud de las y los mexicanos y las nuevas amenazas y los riesgos que enfrentamos, como la epidemia de VIH-sida.
Debe destacarse que uno de los mensajes más interesantes en esta presentación es el reconocimiento de que “el poder de las ideas puede influir en las ideas del poder”. Esta tesis es importante, no sólo por su consistencia, sino por llevarnos a la posibilidad de replantear las lógicas de construcción de legitimidad democrática en las sociedades contemporáneas.
En efecto, se trata hoy de que los estados regidos por sistemas democráticos, tengan la capacidad de fortalecer las estructuras y vías de diálogo para lograr que no sólo haya una adecuada protección de las minorías parlamentarias, dentro de las instituciones políticas, sino puedan crearse nuevos mecanismos de interlocución con grupos de ciudadanos que, desde la ciencia, la filosofía, las disciplinas sociales o la atención directa a grupos de población, se dedican al estudio, diagnóstico y generación de propuestas para enfrentar los problemas de todos.
En esa lógica, es de destacarse que en nuestro país existen ya varios Observatorios: el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias; el Ciudadano de la Educación; el Ciudadano de la Vivienda; la Red por los Derechos de los Niños y, hace poco, se creó el Ciudadano en temas de discapacidad.
Estos esfuerzos han sido vistos en ocasiones como “amenazas” a las instituciones públicas. Sin embargo, debe insistirse que, en sociedades abiertas, una mayor participación ciudadana permite la consolidación de los valores democráticos y, por lo tanto, de los sistemas de gobierno en democracia.
Sin duda alguna, uno de los temas de mayor relevancia en el mundo occidental de hoy es cómo lograr la generación de mecanismos de control del gobierno. En ese sentido, los primeros mecanismos fueron dirigidos al control de la corrupción y al fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas sobre el presupuesto y el ejercicio de los recursos públicos.
Hoy de lo que se trata es de ampliar estos mecanismos y transitar hacia unos de control, no sólo del dinero de todos, sino de la manera en que se diseñan las políticas y los programas públicos, los cuales, debe reconocerse, pueden generar efectos no deseados o no tomados en cuenta, como ha ocurrido en nuestro país, en donde la desigualdad está en parte arraigada y cimentada en el diseño de las instituciones.
Una de las propuestas más sólidas del Observatorio de la Salud consiste en crear nuevos sistemas de información y de construcción de datos, a fin de contar con mayores capacidades para tomar decisiones con mayor racionalidad y eficacia. Al respecto, vale la pena destacar que es una propuesta que puede extrapolarse al resto de los sectores que están vinculados a la cuestión social y en torno a la cual ya hay propuestas viables acerca de cómo avanzar sobre una reforma social gradual que nos dé la posibilidad de construir un país justo y menos desigual que el de hoy.
El surgimiento de un Observatorio de estas características es siempre una buena noticia, desde el punto de vista que se vea. Hace falta ahora que los gobiernos, en todos sus órdenes, asuman la urgencia de cambiar la lógica del diálogo social y dar paso a gobiernos que tengan la capacidad de tratar con mayor respeto las iniciativas de la sociedad civil.
A nuestra democracia le hacen falta muchos elementos para consolidarse y quizás el más importante de ellos consiste en la necesidad de que todos podamos asumir que, en efecto, la legitimidad pública está en relación directa con el reconocimiento de que ha llegado el tiempo para una nueva ciudadanía social.
mlfuentes@ceidas.org
http://www.exonline.com.mx
martes, 8 de julio de 2008
lunes, 7 de julio de 2008
El ejemplo de Ingrid Betancourt
Mario Luis Fuentes
Lunes 7 de julio de 2008
Hay personas que, por su valor, congruencia y consistencia ética se convierten en ejemplares, y dan muestras de que sí pueden construirse proyectos anclados en ideales y esperanzas. La libertad, la equidad, la justicia y la dignidad son, en ese sentido, espacios de conciencia que deben seguir defendiéndose a toda costa y ante los cuales resistir todas las adversidades vale la pena.
Esta es a mi juicio la mayor lección que nos deja el caso de Ingrid Betancourt y su liberación del secuestro en que vivía desde 2002. Lección que, a la luz de nuestra realidad, debería leerse en dos sentidos: uno, el de la consistencia personal de esta ejemplar mujer y, el otro, en el nivel de las instituciones y del gobierno.
En uno, sorprende el tono de las declaraciones de Betancourt. En sus entrevistas se percibe un mensaje aleccionador en el que el llamado a la cordura, la libertad y la defensa de la democracia tiene un peso singular porque quien pronuncia tales palabras ha vivido en carne propia la violación de sus derechos humanos y el cautiverio impuesto por el rapto y la violencia.
En otro, el institucional, llama la atención la efectividad de la inteligencia del gobierno colombiano y la capacidad de confrontar, dentro de la legalidad, a un grupo criminal que ha hecho del narcotráfico y en algunos casos hasta del terrorismo, instrumentos para boicotear y amenazar a las instituciones democráticas consolidadas en Colombia en los últimos años.
Este caso ha cobrado relevancia mundial, no sólo por la intervención de varios gobiernos (los de Francia y Venezuela, fundamentalmente), sino porque hay una señal muy clara en torno a que el Estado sí tiene la posibilidad de combatir con efectividad al crimen organizado y sí es posible orientar a las actividades de inteligencia a la protección de las libertades públicas.
Del otro lado, una vez más, se evidencia que es posible construir puentes entre las diferencias; un diálogo civilizado entre fuerzas políticas distintas y que las divergencias ideológicas no son justificantes del rencor y el odio y, por ende, de llamados a la división o el encono social.
Betancourt ha sido quizá la mayor crítica del presidente Uribe y, sin embargo, en la civilidad han sido capaces de tenderse la mano en una situación de crisis y amenaza real al Estado y hoy, en libertad, ha ofrecido trabajar y cooperar para liberar a más rehenes todavía secuestrados.
Para el caso mexicano, el asunto debe tomarse como aleccionador; vivimos igualmente una amenaza creciente de los grupos del crimen organizado y no se ha conseguido aún generar un pacto nacional de dimensiones mayores, a través del cual todas las fuerzas políticas puedan cerrar filas y combatir de manera coordinada las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad.
Sin duda alguna, hay temas que deben situarse más allá de las diferencias ideológicas y de las disputas políticas: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, son asuntos que debieran convocarnos a un diálogo cordial entre las distintas fuerzas y los grupos políticos, a fin de cerrar las brechas de división que hoy nos separan y han impedido la generación de acuerdos de gran envergadura para detonar todas las capacidades y recursos con que contamos en aras de ser el país justo y generoso que podemos anhelar y, desde luego, construir.
El mensaje de conciliación que envía Betancourt luego de seis años de cautiverio nos debe enseñar que, aun en la peor de las adversidades, hay espacio para la prudencia, la tenacidad y la dignidad; y este ejemplo debe recordarnos que la vida democrática y tolerante es posible y el diálogo respetuoso constituye siempre la mejor ruta para una sociedad convivencial.
México se enfrenta hoy a una circunstancia en la que los puentes del diálogo entre las distintas visiones y los proyectos de país están rotos; en el que la inteligencia del Estado se utiliza para vigilar a los adversarios; en el que el crimen organizado parece incontenible; en el que la impunidad, la corrupción y la ilegalidad se mantienen en niveles peligrosos y en el que la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes.
En ese sentido, tenemos hoy, no sólo el reto, sino la posibilidad, de construir una sociedad de consensos, los cuales, como nos explica Hanna Arendt, no significan el consentimiento callado, sino el apoyo activo a todos los asuntos de alcance público y la participación continuada en todos ellos.
El ejemplo de Ingrid Betancourt nos hace ver que efectivamente, cuando hay inteligencia y serenidad de ánimo, los consensos son posibles. Eso hay que celebrarlo y, desde luego, asumirlo en todos sus alcances y consecuencias. Enhorabuena.
Hay personas que, por su valor, congruencia y consistencia ética se convierten en ejemplares, y dan muestras de que sí pueden construirse proyectos anclados en ideales y esperanzas. La libertad, la equidad, la justicia y la dignidad son, en ese sentido, espacios de conciencia que deben seguir defendiéndose a toda costa y ante los cuales resistir todas las adversidades vale la pena.
Esta es a mi juicio la mayor lección que nos deja el caso de Ingrid Betancourt y su liberación del secuestro en que vivía desde 2002. Lección que, a la luz de nuestra realidad, debería leerse en dos sentidos: uno, el de la consistencia personal de esta ejemplar mujer y, el otro, en el nivel de las instituciones y del gobierno.
En uno, sorprende el tono de las declaraciones de Betancourt. En sus entrevistas se percibe un mensaje aleccionador en el que el llamado a la cordura, la libertad y la defensa de la democracia tiene un peso singular porque quien pronuncia tales palabras ha vivido en carne propia la violación de sus derechos humanos y el cautiverio impuesto por el rapto y la violencia.
En otro, el institucional, llama la atención la efectividad de la inteligencia del gobierno colombiano y la capacidad de confrontar, dentro de la legalidad, a un grupo criminal que ha hecho del narcotráfico y en algunos casos hasta del terrorismo, instrumentos para boicotear y amenazar a las instituciones democráticas consolidadas en Colombia en los últimos años.
Este caso ha cobrado relevancia mundial, no sólo por la intervención de varios gobiernos (los de Francia y Venezuela, fundamentalmente), sino porque hay una señal muy clara en torno a que el Estado sí tiene la posibilidad de combatir con efectividad al crimen organizado y sí es posible orientar a las actividades de inteligencia a la protección de las libertades públicas.
Del otro lado, una vez más, se evidencia que es posible construir puentes entre las diferencias; un diálogo civilizado entre fuerzas políticas distintas y que las divergencias ideológicas no son justificantes del rencor y el odio y, por ende, de llamados a la división o el encono social.
Betancourt ha sido quizá la mayor crítica del presidente Uribe y, sin embargo, en la civilidad han sido capaces de tenderse la mano en una situación de crisis y amenaza real al Estado y hoy, en libertad, ha ofrecido trabajar y cooperar para liberar a más rehenes todavía secuestrados.
Para el caso mexicano, el asunto debe tomarse como aleccionador; vivimos igualmente una amenaza creciente de los grupos del crimen organizado y no se ha conseguido aún generar un pacto nacional de dimensiones mayores, a través del cual todas las fuerzas políticas puedan cerrar filas y combatir de manera coordinada las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad.
Sin duda alguna, hay temas que deben situarse más allá de las diferencias ideológicas y de las disputas políticas: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, son asuntos que debieran convocarnos a un diálogo cordial entre las distintas fuerzas y los grupos políticos, a fin de cerrar las brechas de división que hoy nos separan y han impedido la generación de acuerdos de gran envergadura para detonar todas las capacidades y recursos con que contamos en aras de ser el país justo y generoso que podemos anhelar y, desde luego, construir.
El mensaje de conciliación que envía Betancourt luego de seis años de cautiverio nos debe enseñar que, aun en la peor de las adversidades, hay espacio para la prudencia, la tenacidad y la dignidad; y este ejemplo debe recordarnos que la vida democrática y tolerante es posible y el diálogo respetuoso constituye siempre la mejor ruta para una sociedad convivencial.
México se enfrenta hoy a una circunstancia en la que los puentes del diálogo entre las distintas visiones y los proyectos de país están rotos; en el que la inteligencia del Estado se utiliza para vigilar a los adversarios; en el que el crimen organizado parece incontenible; en el que la impunidad, la corrupción y la ilegalidad se mantienen en niveles peligrosos y en el que la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes.
En ese sentido, tenemos hoy, no sólo el reto, sino la posibilidad, de construir una sociedad de consensos, los cuales, como nos explica Hanna Arendt, no significan el consentimiento callado, sino el apoyo activo a todos los asuntos de alcance público y la participación continuada en todos ellos.
El ejemplo de Ingrid Betancourt nos hace ver que efectivamente, cuando hay inteligencia y serenidad de ánimo, los consensos son posibles. Eso hay que celebrarlo y, desde luego, asumirlo en todos sus alcances y consecuencias. Enhorabuena.
martes, 1 de julio de 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)