martes, 16 de diciembre de 2008
El peor escenario
15 diciembre 2008
Corren los meses de abril y mayo de 2009. Como en la película de Spike Lee o en El extranjero, de Albert Camus, comienza el calor. Los efectos de la crisis económica se sienten con mayor agudeza en los bolsillos de los mexicanos, la pobreza y la desigualdad siguen en ascenso.
Por otro lado, la criminalidad y la violencia no ceden. Las campañas políticas están caracterizadas por la agresividad en el lenguaje, la polarización de los grupos antagónicos y los intentos del narcotráfico y el crimen organizado de incidir en la definición de quiénes serán los candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales de las distintas regiones del país.
Por si fuera poco, el clima político se enrarece por uno o varios atentados en contra de actores políticos en distintos niveles y, en medio de una de las crecientes movilizaciones sociales que se dan en el “día a día”, se comete un “error” por cualquiera de las partes y se enciende “la mecha” de la crispación social.
Estas ideas pueden parecer en un primer momento producto de una visión pesimista de la realidad, sin embargo, valdría la pena hacer la reflexión en torno a que, si la “revuelta” ya se presentó en París y ahora en Grecia, ¿qué nos garantiza que en México no puede ocurrir algo similar?
El linchamiento de dos policías federales en Tláhuac, el asesinato de trabajadores mineros en Michoacán y los recientes intentos de linchamiento en contra de presuntos delincuentes en distintos pueblos de México pueden ser vistos de manera aislada o bien podrían ser percibidos como los “síntomas” de un malestar social que en cualquier momento podría desbordarse.
Si algo tiene de característico “la revuelta” es que en muchos sentidos es imprevisible. Es decir, nadie puede saber cuándo ni en qué circunstancias puede ocurrir. Sin embargo, lo que sí puede saberse es que en ciertas condiciones económicas y sociales las posibilidades de que suceda son mayores y, sin duda alguna, México se está enfilando aceleradamente hacia ellas.
Frente a éste, que sería uno de los peores escenarios, lo peor que podría ocurrir es que los aparatos de inteligencia y las instituciones de seguridad pública no estuviesen en alerta ni conscientes de que un escenario de esta índole podría presentarse en nuestro país. Lo deseable es que no pase, pero ¿y si llegase a ocurrir?
Tener la capacidad de plantear el peor escenario desde las instituciones del Estado no es sinónimo de “catastrofistas”; por el contrario, implica tener capacidad de anticipación y respuesta para que, en caso de que algo tan crítico como una revuelta social ocurra, las instituciones estén preparadas para intervenir desde una lógica de contención, pero también desde una visión garantista de los derechos humanos de todos.
Más aún, la capacidad de anticipación debería llevar al diseño de políticas e intervenciones que tengan como objetivo modificar las condiciones estructurales que potencian las posibilidades de que una movilización social violenta ocurra; esto es: contención de la crisis económica, rediseño de la política social e implementación de nuevas políticas para la inclusión, a fin de iniciar un proceso realmente anticíclico que no sólo nos ponga “a flote” en medio de la crisis, sino permita revertir los procesos de desigualdad y pauperización de la gente.
Las cifras sobre el número de jóvenes que trabajan es alarmante; y hay entidades en las que han comenzado a fluir datos sobre los miles de ellos que están abandonando sus estudios debido a las carencias económicas de sus familiares. La privación del derecho de los jóvenes a tener una educación de calidad, su pronta incorporación al mercado laboral, así como el incremento en los niveles de actitudes de riesgo que están “disparando” las cifras sobre consumo de drogas, accidentes e incluso suicidios, son un caldo de cultivo bastante peligroso ante el cual más valdría tomar medidas mucho más asertivas para intentar bajar los niveles de presión social que se perciben en todos lados.
México no puede darse el lujo de simplemente “esperar a que no pase nada” y seguir con las mismas políticas y acciones, las cuales, a la luz de los resultados, requieren profundas revisiones y replanteamientos.
Lo deseable es que el peor escenario sea sólo eso: un planteamiento hipotético que gracias a las medidas que fuimos capaces de adoptar desde ahora, fue conjurado y pasó simplemente a una bodega con “archivos muertos”.
lunes, 8 de diciembre de 2008
La inteligencia ante la crisis
8 diciembre de 2008
Las estimaciones que ha hecho hasta ahora el Coneval indican que la crisis económica que está golpeando a todo el mundo tendrá severas consecuencias para la población nacional, en particular los más pobres y quienes viven la precariedad laboral.
De acuerdo con el Informe 2008 de ese organismo, en México los ingresos de las personas se han mantenido prácticamente sin cambios en los últimos 14 años; el documento señala, además, que entre 1998 y 2006 la inflación se mantuvo controlada, lo que se identifica como el principal factor de la lenta pero paulatina reducción de la pobreza.
Sin embargo, entre 2006 y 2008 el costo de la canasta básica alimentaria creció alrededor de 18%, lo que, contrastado con la baja tasa de creación de empleos y el estancamiento en los niveles de ingresos, según el Coneval, se traducirá en un incremento de pobres en todas sus dimensiones. Hay estimaciones independientes que calculan en hasta un millón de pobres alimentarios más que en 2006, es decir, la cifra llegaría a más de 15.5 millones de mexicanos en esa condición y, en hasta tres millones más, los pobres de patrimonio, con lo que se llegaría a casi 47 millones de mexicanos en pobreza.
Frente a un escenario de estas magnitudes, el reto, tanto del gobierno federal como de los estados, consiste en tener la capacidad suficiente para comprender que sus proyectos iniciales de gobierno ya no podrán realizarse o no al menos en los términos y plazos planteados al inicio de las distintas administraciones.
Lo sorprendente es que ni el gobierno federal ni los estatales han planteado públicamente que llevarán a cabo la revisión tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de los planes estatales de desarrollo, en función de la crisis.
¿Cómo van a reaccionar, por ejemplo, las entidades en donde la crisis de sectores específicos de la economía, tales como el automotriz, el textil o el de la construcción, van a cerrar puestos de trabajo y en donde las cadenas productivas que están ancladas a estos sectores entrarán a un periodo de ralentización, con la consecuente pérdida de empleos o reducciones salariales?
En este escenario, las decisiones que al respecto se están tomando en Estados Unidos deberían servir como referente en el sentido de un modelo de gobierno que apuesta, no por el reparto de cargos a los aliados políticos, sino por lo que se puede considerar un gabinete que integra a muchas de las mejores mentes de aquel país. El presidente electo Barack Obama no ha titubeado al nombrar en cargos estratégicos a personalidades como Hillary Clinton o el ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volker, de quienes ha recibido severas críticas en los últimos meses.
En nuestro país, por el contrario, la apuesta de las autoridades continúa siendo la de gobernar desde los grupos de poder y, atendiendo en primer término a los contenidos de las encuestas y a sus relaciones personales, lo cual no lleva ni a las mejores decisiones políticas ni de política pública.
Es deseable que, ante la crisis, el gobierno federal y los de los estados inicien un proceso de consulta con aquellos que han acreditado, a lo largo de los años, contar con experiencia y capacidad e incluso avanzar hacia la construcción de comités asesores ad hoc que, ante la crisis, puedan hacer recomendaciones específicas para las modificaciones que será necesario realizar a lo largo de todo el próximo año tanto al Presupuesto de Egresos de la Federación como a los de las entidades de la República y, con ello, al conjunto de políticas y programas públicos.
En las últimas semanas se han integrado de manera independiente distintos grupos de reflexión en donde han participado académicos y expertos de distintas áreas, cuyas propuestas bien podrían ayudar a los gobiernos a equivocarse menos. Al respecto, es procedente comentar que hay experiencias de grupos plurales que han dado resultados sumamente positivos en la reflexión y en la construcción de propuestas para un mejor desarrollo nacional; por lo que la convocatoria a filósofos, sociólogos, artistas y expertos en temas políticos y de gestión pública puede abonar a una mejor comprensión de lo que tenemos enfrente y, en función de ello, tomar las mejores decisiones posibles.
El Cofipe establece que la última semana de enero es cuando deben iniciarse las precampañas de candidatos a cargos federales de elección popular; una vez iniciado este proceso va a ser muy difícil poder convocar a mesas de diálogo que no estén permeadas por lo electoral. Debido a ello, los días que quedan de diciembre y los primeros de enero de 2009 serán cruciales para que, tanto en lo federal como en lo local, las administraciones consigan convocar y realmente escuchar lo que las y los especialistas tienen que decir.
martes, 2 de diciembre de 2008
Calderón olvida al Conapred: lleva tres meses acéfalo. Noticia de El Universal
El Universal, 1 de diciembre de 2008
El gran tema de 2009
1 diciembre de 2008
El cierre de 2008 deja varios saldos negativos en materias clave para el desarrollo nacional. La más grave de todas parece ser la caída del empleo y la pérdida de la protección social que ello implica para quien deja de ser un trabajador del sector formal.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre del tercer trimestre de 2008 se registró la tasa de desempleo abierto más alta en los últimos ocho años, con lo que el número de desempleados llegó a 1.9 millones de personas fuera del mercado laboral.
El reto para el gobierno sigue siendo formidable. Si a estos desempleados se agrega el poco más de un millón de jóvenes que seguirán incorporándose a la población económicamente activa al menos de aquí a 2012, el requerimiento mínimo será de seis millones de puestos de trabajo, es decir, 1.5 millones de empleos anuales lo que, con un ritmo de crecimiento esperado para 2009 inferior a 2%, implica que la meta será difícil de alcanzar.
Los datos que arroja la evaluación del Coneval permiten sostener que el estancamiento en la generación de empleos es sobre todo resultado de un déficit estructural de las instituciones del Estado, primero para reformarse, y segundo, con el fin de impulsar un modelo de desarrollo económico que se dé de manera simultánea al social.
En efecto, desde 1992 a la fecha, el Coneval estima que se han incorporado poco más de 15 millones de personas al mercado laboral; de éstas, diez millones lo hicieron en el informal, y poco más de cinco millones en el formal. Esta cifra es de pavor y permite explicar en una buena medida por qué el hampa ha logrado penetrar en sectores sociales de bajos recursos y por qué las personas no han tenido, en la mayoría de los casos, más opción que participar de la economía subterránea que circula, desde la piratería, pasando por la venta de bienes robados y hasta el narcomenudeo.
A ello, Coneval añade el dato de que el ingreso promedio de las personas entre 1993 y 2008 prácticamente no ha crecido, números que contrastan con el acelerado crecimiento en los costos de la canasta básica alimentaria tanto en el sector rural, en donde se estima un crecimiento acumulado entre 2006 y 2008, cercano a 18%, como en los ámbitos urbanos, donde en ese mismo periodo se registró un alza cercana a 12 por ciento.
Recapitulando: un entorno con crecimiento económico casi nulo, con una acelerada precarización de las condiciones laborales y una inflación por arriba de 6%, la cual tiene efectos mucho más severos para los más pobres, debe llevar a un replanteamiento de las estrategias gubernamentales, en todos los niveles, para tratar de llevar la mayor cantidad de apoyos y servicios, de manera simultánea, a quienes más lo requieren.
No hay ningún argumento racional que permita sostener que las reformas y las políticas sociales que comenzaron a aplicarse desde la década de los 90 tendrán éxito ahora, y menos aún considerando los contextos ya descritos. Se requiere una nueva agenda pública a construir con dos propósitos mayores: 1) contener los efectos que la crisis tendrá para los más pobres, redefiniendo las políticas de asistencia social a través de la entrega de apoyos y servicios directos para los más pobres y, 2), relanzar una estrategia masiva de generación de empleos, partiendo de la inversión en infraestructura social básica; es decir, no grandes puentes, carreteras y obras de las llamadas “de relumbrón”, sino dirigidas al mejoramiento de escuelas, hospitales y espacios públicos para la convivencia.
No hay duda de que el gran tema de 2009 será el del empleo. Asumirlo con éxito va a implicar reformas económicas y sociales de gran envergadura, por lo que se requerirá mucho más que la sola actuación del gobierno. Ello implica, a su vez, acuerdos con otras fuerzas políticas y capacidad de entendimiento entre las partes, para asegurar, en esta ocasión, una verdadera transición hacia la equidad y la justicia social. Sólo entonces comenzará a completarse lo que hasta hoy muchos han llamado “la transición democrática”.
Los tiempos nublados que presagiaba Paz son ahora además tiempos borrascosos; por lo que requerimos, más que nunca, desarrollar y agudizar nuestras capacidades de diálogo y sobre todo de cordura, con el fin de poder transitar con ventajas la turbulencia global por la que atravesamos.
El cierre de 2008 deja varios saldos negativos en materias clave para el desarrollo nacional. La más grave de todas parece ser la caída del empleo y la pérdida de la protección social que ello implica para quien deja de ser un trabajador del sector formal.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre del tercer trimestre de 2008 se registró la tasa de desempleo abierto más alta en los últimos ocho años, con lo que el número de desempleados llegó a 1.9 millones de personas fuera del mercado laboral.
El reto para el gobierno sigue siendo formidable. Si a estos desempleados se agrega el poco más de un millón de jóvenes que seguirán incorporándose a la población económicamente activa al menos de aquí a 2012, el requerimiento mínimo será de seis millones de puestos de trabajo, es decir, 1.5 millones de empleos anuales lo que, con un ritmo de crecimiento esperado para 2009 inferior a 2%, implica que la meta será difícil de alcanzar.
Los datos que arroja la evaluación del Coneval permiten sostener que el estancamiento en la generación de empleos es sobre todo resultado de un déficit estructural de las instituciones del Estado, primero para reformarse, y segundo, con el fin de impulsar un modelo de desarrollo económico que se dé de manera simultánea al social.
En efecto, desde 1992 a la fecha, el Coneval estima que se han incorporado poco más de 15 millones de personas al mercado laboral; de éstas, diez millones lo hicieron en el informal, y poco más de cinco millones en el formal. Esta cifra es de pavor y permite explicar en una buena medida por qué el hampa ha logrado penetrar en sectores sociales de bajos recursos y por qué las personas no han tenido, en la mayoría de los casos, más opción que participar de la economía subterránea que circula, desde la piratería, pasando por la venta de bienes robados y hasta el narcomenudeo.
A ello, Coneval añade el dato de que el ingreso promedio de las personas entre 1993 y 2008 prácticamente no ha crecido, números que contrastan con el acelerado crecimiento en los costos de la canasta básica alimentaria tanto en el sector rural, en donde se estima un crecimiento acumulado entre 2006 y 2008, cercano a 18%, como en los ámbitos urbanos, donde en ese mismo periodo se registró un alza cercana a 12 por ciento.
Recapitulando: un entorno con crecimiento económico casi nulo, con una acelerada precarización de las condiciones laborales y una inflación por arriba de 6%, la cual tiene efectos mucho más severos para los más pobres, debe llevar a un replanteamiento de las estrategias gubernamentales, en todos los niveles, para tratar de llevar la mayor cantidad de apoyos y servicios, de manera simultánea, a quienes más lo requieren.
No hay ningún argumento racional que permita sostener que las reformas y las políticas sociales que comenzaron a aplicarse desde la década de los 90 tendrán éxito ahora, y menos aún considerando los contextos ya descritos. Se requiere una nueva agenda pública a construir con dos propósitos mayores: 1) contener los efectos que la crisis tendrá para los más pobres, redefiniendo las políticas de asistencia social a través de la entrega de apoyos y servicios directos para los más pobres y, 2), relanzar una estrategia masiva de generación de empleos, partiendo de la inversión en infraestructura social básica; es decir, no grandes puentes, carreteras y obras de las llamadas “de relumbrón”, sino dirigidas al mejoramiento de escuelas, hospitales y espacios públicos para la convivencia.
No hay duda de que el gran tema de 2009 será el del empleo. Asumirlo con éxito va a implicar reformas económicas y sociales de gran envergadura, por lo que se requerirá mucho más que la sola actuación del gobierno. Ello implica, a su vez, acuerdos con otras fuerzas políticas y capacidad de entendimiento entre las partes, para asegurar, en esta ocasión, una verdadera transición hacia la equidad y la justicia social. Sólo entonces comenzará a completarse lo que hasta hoy muchos han llamado “la transición democrática”.
Los tiempos nublados que presagiaba Paz son ahora además tiempos borrascosos; por lo que requerimos, más que nunca, desarrollar y agudizar nuestras capacidades de diálogo y sobre todo de cordura, con el fin de poder transitar con ventajas la turbulencia global por la que atravesamos.
miércoles, 26 de noviembre de 2008
martes, 25 de noviembre de 2008
La explotación sexual infantil
24 de noviembre de 2008
Concebir que la agenda de seguridad pública debe centrarse sólo en el combate al narcotráfico es un error grave que impide asumir en su dimensión otros crímenes que se cometen al amparo de la invisibilidad pública y el absoluto anonimato a sus perpetradores.
Debe reconocerse que, en los últimos años, los crímenes cometidos contra niñas y niños han sido tratados de manera insuficiente por la opinión pública y los medios de comunicación; más aún considerando que son ellos los más vulnerables ante la crueldad y la perversión de quienes hacen de la explotación sexual, no sólo un descarnado entretenimiento, sino sobre todo uno de los más crueles negocios.
En esta semana, a partir del día 25 y hasta el 28, se llevará a cabo en Brasil el Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes; en torno a este Congreso, Nils Kastberg, director regional del UNICEF para América Latina, estimó que cada día 228 menores de 18 años son explotados sexualmente en la región, con la característica de que, de éstos, más de 80% son niñas.
Asimismo, Victoria Cruz López, coordinadora del Proyecto Regional contra la Trata y la Explotación de Personas de la Organización Internacional del Trabajo, en la región, hizo un llamado para que todos los integrantes de la sociedad podamos impulsar una revolución cultural y educativa para impedir que siga creciendo la inaceptable realidad de que mueran más de 80 mil menores de 18 años cada año, como víctimas de la violencia doméstica, y que haya más de dos millones de casos de abusos sexuales contra niñas y niños en América Latina.
De acuerdo con la Hoja de Datos presentada por el UNICEF como preámbulo al Congreso de Brasil, el abuso sexual contra niños es la forma de violencia menos denunciada y en ocho de cada diez casos el agresor es el padre, el esposo o pareja de la madre de la niña o niño abusados, o bien parientes cercanos.
La violencia contra los niños es en todos los casos un acto aberrante y por lo tanto no sólo inaceptable, sino condenable. Sin embargo, es difícil sancionarlo cuando las estructuras jurídicas e institucionales no han sido reformadas plenamente para clasificar de manera adecuada en todos los códigos penales los delitos que atentan en contra de los niños y, en particular, de las niñas.
Basta revisar la Clasificación Mexicana de Delitos contra las Mujeres, 2008, en donde se destaca que a julio de ese año, sólo 20 entidades tipificaban el delito del “rapto equiparado” y en sólo tres de éstas este delito se seguía por oficio. Asimismo, el del abuso sexual, principalmente cometido en contra de las niñas, no está tipificado en todos los códigos penales de los estados y, en los casos de incesto, paradójicamente, las penas son menores cuando es cometido por uno de los ascendentes contra los descendentes y se contravienen con ello no sólo todos los tratados internacionales en la materia, sino también la realidad que arrojan las cifras al respecto.
Aun cuando el delito de la violación está tipificado en todas las entidades federativas, en sólo 20 existe la figura de la violación entre cónyuges, figura de suma importancia porque se combina con una serie de situaciones de violencia y abusos en las entidades en las que la edad mínima para contraer matrimonio en el caso de las mujeres continúa siendo de 14 años.
El citado análisis de la clasificación mexicana de delitos estipula que aún hay entidades en las que el bien tutelado en los casos de abuso sexual continúa siendo “el pudor” o bien es considerado similar a la práctica de “actos deshonestos”, “prácticas libidinosas” y una serie de términos de una imprecisión jurídica mayor, que permiten la persistencia de la impunidad y la no protección del libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.
En los casos en los que la explotación sexual de niñas y niños está relacionado con la trata de seres humanos, destaca que en nuestro país sigue sin emitirse el reglamento de la ley en la materia, lo que impide en términos prácticos una adecuada aplicación y operación de la norma: no se ha instalado la Comisión Intersecretarial, no hay un Programa Nacional en la materia y tampoco hay presupuestos ni recursos suficientes para combatir este flagelo.
Es lamentable aceptarlo, pero nuestro país continúa siendo un lugar inapropiado para los niños, comenzando por la enorme desatención que sobre ésta y otras agendas han mostrado en los últimos años tanto el gobierno federal como la mayoría de los estatales.
Es momento de transformar esta realidad si de verdad queremos construir una sociedad en la que todas las niñas, niños y adolescentes tengan como perspectiva de futuro una mejor calidad de vida que la que nosotros hemos tenido. No asumirlo así constituye un despropósito cuyos saldos, de no revertirse, serán muy altos en los años por venir.
martes, 18 de noviembre de 2008
Las historias que somos
17 de noviembre de 2008
En su columna de ayer, Juan María Alponte narra pasajes relevantes de la vida de Gerardo Murillo, extraordinario paisajista mexicano que a la postre ha sido conocido y reconocido como el Dr. Atl.
Gerardo Murillo fue actor y artífice de su tiempo. En ese hacer y actuar histórico se encontró y confrontó con personajes de relevancia singular para nuestra historia. Al concluir su artículo, Alponte escribe: “El papel de Atl entre Carranza, Zapata y Obregón es una etapa dramática de un tiempo histórico que ignora, abomina y exalta, condena y destruye. No se dice, ¿por qué?”
Como ésta, muchas otras historias no se han contado; no se han explicado y no se han dimensionado en su lugar preciso y en su relevancia en la formación de esto que hoy somos, y de lo que, en medio de un dramatismo mayúsculo, es nuestro México.
En las décadas recientes de esfuerzos continuados por lograr una verdadera transformación democrática de nuestras instituciones, el análisis histórico ha tomado un cariz especial que va desde las rigurosas investigaciones hasta los escritos que buscan, mediante el argumento de la “desacralización de la historia y sus personajes”, más la fama pasajera de sus autores que una mirada comprensiva del hoy y del futuro posible, a través del espejo del pasado.
Se dice que debemos ver a los héroes en su justa dimensión; se argumenta que “también fueron seres humanos” y que hay que percibirlos así, como simples mortales de los cuales hay que, incluso, reírse. Nada más alejado, a mi juicio, de un ejercicio interpretativo complejo de la historia y de sus actores.
Cuando Homero narra la vida de Héctor, “matador de hombres”, pero también “domador y educador de caballos”, lo que nos dice es precisamente que este Héctor, humano, quizá demasiado humano, contaba con virtudes que lo convirtieron en un hombre ejemplar; es eso lo que lo volvió un héroe: su capacidad de llegar a ser el hombre que fue. No hay una exaltación divina, aunque sí trágica de Héctor.
Nada mejor para comprender la relevancia de dimensionar la historia y a sus constructores, que la advertencia de Tucídides en su introducción a La Guerra del Peloponeso: “Mi historia ha sido compuesta para que sea patrimonio de todos los tiempos, y no la muestra de una hora efímera”.
La “composición de la historia”, como la define Tucídides, tiene también una función pedagógica y asumir que se trata de la “construcción de un patrimonio” no es un asunto menor. Se trata de valorar y de darle significado a aquello que nos puede cohesionar y llevarnos a una construcción social basada en los mejores valores y virtudes humanas. Se trata no de “des-sacralizar” a los héroes, sino de mostrarlos en sus mejores valores y decisiones, a fin de que todos podamos aprender de ellos.
No es lo mismo vivir la historia a través de la ironía —Ibargüengoitia y Luis Guzmán son claros ejemplos sobre cómo hacerlo— que tratar de caricaturizar y minimizar los logros de las personalidades que le dieron rumbo y unidad al sentimiento unificador de nuestro país.
Estamos justo a dos años de celebrar el Centenario de la Revolución Mexicana; también a poco más de un año del Bicentenario de nuestra Independencia. Ante ello, hay un ambiente lúgubre frente al cual más valdría recuperar nuestras capacidades para continuar ejerciendo nuestra capacidad de ser festivos, aún en medio de la tragedia.
Se trata de entender, como Tucídides, que la historia es una cuestión patrimonial. Y que en la absurda disputa por la posesión e identificación de los héroes y los momentos, estamos perdiendo una oportunidad sin parangón para rescatar lo mejor que tenemos como país, a través de las historias que ya han sido contadas y que requieren revalorarse, quizá redimensionarse, y escribir y recuperar aquellas que han dormido al modo en que lo han hecho muchos saberes sometidos a lo largo de los años.
México no se escribió de manera definitiva en el año 2000, como muchos hoy quieren o pretenden mostrar. “Componer la historia” no significa “arreglarla a modo”. Se trata de un ejercicio que debe buscar construir un patrimonio de todos para transitar a un mejor presente e imaginar y alentarnos a construir también un mejor futuro.
Hay historias que no se cuentan; otras que no quieren contarse; otras más que se resisten a ser contadas; me sumo a la pregunta de Alponte, ¿por qué?
martes, 11 de noviembre de 2008
La oficialización del miedo
En una extraña campaña mediática, Televisa ha puesto en marcha una estrategia para llamar a la población a “no tener miedo” ante la crisis. A través de esta campaña, se hace oficial públicamente que nos hallamos en medio de una crisis, palabra que hasta hace unos meses estaba prácticamente vetada y ausente de los discursos oficiales.
La Real Academia Española define al miedo como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño, real o imaginario. En cualquiera de los casos, la definición de la RAE nos lleva a pensar necesariamente que el miedo es racional; el miedo alerta, advierte y, sobre todo, predispone al organismo a reaccionar.
El miedo, explican importantes antropólogos, ha sido un factor clave en la evolución y la supervivencia de la especie humana. Los mecanismos tanto fisiológicos como sicológicos que desencadena han permitido que los seres humanos reaccionen de manera anticipada a un hecho o un fenómeno peligroso y, en esa medida, ha generado la capacidad de anticipación y prevención.
Desde el punto de vista sicológico y fisiológico el miedo es adaptativo: predispone a la sique a la acción, la prepara para concentrarse en un solo punto, que es la fuente del peligro, y fisiológicamente incrementa el ritmo cardiaco y el flujo sanguíneo, con el fin de desarrollar mayor fuerza de reacción, lo que hace que todos los recursos energéticos del cuerpo se concentran y con ello nos preparamos con miras a escapar o a enfrentar la situación de riesgo.
Todas estas consideraciones sobre el miedo son relevantes porque la campaña de Televisa resulta a todas luces inapropiada, por decir lo menos, desde el punto de vista del análisis del discurso. Sin duda alguna la población se enfrenta a graves peligros cuyos resultados conocemos bien desde hace menos de 15 años: en 1995 cerraron más de 30 mil negocios; casi dos millones de personas perdieron su empleo; miles de familias, su patrimonio y, en general, en sólo tres meses, la pobreza se situó en porcentajes por arriba de 60% de la población nacional.
¿Cómo no tener miedo si hace menos de 15 años la crisis dejó en la calle a miles de personas? ¿Cómo no tener miedo si hace menos de 15 años una crisis económica retrasó nuestro desarrollo a tal grado que apenas hoy estamos en niveles de pobreza similares a los de 1993?
Por si fuera poco, la numeralia roja es escalofriante: más de seis mil muertos en las calles de México en los últimos dos años como producto de los enfrentamientos del crimen organizado; más de cuatro mil muertos anuales en accidentes de tránsito; numerosos secuestros y otros delitos impunes y un largo etcétera.
Frente a la campaña política y mediática que se generó a lo largo de la “carrera presidencial” en Estados Unidos, hay numerosos ejemplos de cómo llamar a la unidad, la cohesión y la lucha por objetivos comunes. Por esto resulta lamentable que sigamos desperdiciando valiosos recursos en campañas cuyo diseño es al menos cuestionable, cuyos mensajes son confusos y cuyos contenidos están dirigidos a quienes no tiene sentido hacerlo.
El miedo no lo ha generado la población “de a pie”; sí lo han hecho los especuladores globales y nacionales, los cuales no han tenido empacho en generar incluso ataques contra nuestra moneda a fin de lograr beneficios extra en medio del caos económico global y local. Hay consenso al respecto: lo que nos tiene en la crisis es la codicia de los ricos y no la falta de compromiso con el trabajo y las actividades cotidianas de los menos favorecidos.
Lo que nos llevó a esta crisis es la falta de honestidad de los principales dirigentes financieros y los tomadores de decisiones económicas en los más altos niveles, no las personas que, como dice el comercial de Televisa, “no han hecho más que trabajar toda su vida”, aunque con magros resultados, si se considera aun lo limitado de las cifras oficiales de que disponemos para aproximarnos a la desigualdad y la pobreza.
En numerosas empresas se siente el rumor en los pasillos del futuro “recorte de personal”; de la “congelación de contrataciones”; de paros escalonados que reducirán las horas laborales disponibles para los trabajadores; frente a ello, ¿cómo no sentir miedo sin un Estado de bienestar que pueda reducir los efectos de la crisis?
Lo loable aquí es que nuestra población siga con un ánimo todavía relativamente festivo y no haya caído aún en pánico, como sí lo han hecho los dueños de casi todo en nuestro país.
miércoles, 5 de noviembre de 2008
Bienvenida la Política
3 de noviembre de 2008
Este 2008 es uno de los años más complejos que hayamos vivido en los últimos tiempos. Esto es así no sólo por la brutal guerra que se vive en las calles como producto del combate al crimen organizado, en particular el narcotráfico, sino por la emergencia económica mundial que se agudizó e hizo crisis en septiembre y cuyos efectos para la “economía real” apenas comenzarán a percibirse en países como el nuestro.
Adicionalmente, se desarrolló a lo largo del año un conjunto de discusiones públicas en distintos temas, que por una parte propiciaron un ambiente de tensión entre distintos grupos políticos, pero que, por la otra, abrieron ventanas de oportunidad y propiciaron la innovación en los procedimientos y mecanismos para el diálogo y la concertación política.
No hay duda de que, efectivamente, si algo nos ha hecho falta en esta década, es la capacidad para generar acuerdos sustantivos tendientes a impulsar reformas que le den al país mayor viabilidad económica y social y que, en consecuencia, nos lleven al planteamiento de nuevas rutas de acción para resolver los problemas más profundos que nos aquejan como país.
Es una buena señal que, a unos meses de que se desarrolle el proceso electoral para elegir a una nueva Cámara de Diputados, así como la renovación de gobernadores en seis entidades, se hayan logrado construir nuevos puentes de comunicación y diálogo civilizado entre importantes actores políticos. Es asimismo, una buena señal, que sobre las diferencias se esté logrando en algunos espacios privilegiar el entendimiento y el encuentro de coincidencias.
Es obvio y además deseable que en democracia puedan surgir y expresarse las más disímbolas visiones y posiciones; sin embargo, igualmente importante es que una democracia cuente con las instituciones y los mecanismos procedimentales para lograr dar cauce y vías de encuentro y solución a las divergencias existentes.
Ante la reforma del sector petrolero en México, debe destacarse que se crearon mecanismos novedosos para el diálogo y, más allá de las críticas y las diferencias que existen en la materia, por primera vez en mucho tiempo pudimos escuchar y ver a expertos, académicos, legisladores, funcionarios y ex funcionarios, opinando y divergiendo sobre los contenidos de las iniciativas en el Congreso.
A mi juicio, esta es una importante lección aprendida en nuestra democracia: nunca más debemos permitir la existencia de diálogos y debates cerrados y exclusivos para los grupos políticos que tienen el privilegio, pero también la responsabilidad de tomar las decisiones fundamentales en el país.
Una democracia abierta no puede sobrevivir con base en acuerdos de cúpulas. Por ello los ciudadanos debemos exigir que, en todas las decisiones que están por venir y que deberán tomarse si se quiere transformar para bien a nuestro país, se garantice un procedimiento similar al utilizado con el fin de discutir la reforma petrolera, en el que la mayor cantidad de visiones posible sea incluida en el debate y en el diálogo.
Para nuestra democracia es fundamental que los grupos parlamentarios y el gobierno fijen públicamente sus posiciones, a fin de que las y los ciudadanos sepamos cuáles son las de interés y de representación política que están en juego en los debates de alcance nacional.
Debe dejarse en claro, en ese sentido, que en democracia todos los intereses que se circunscriben en el marco de la ley son legítimos y tienen derecho a ser expresados y defendidos por las vías institucionales; lo que no resulta legítimo es la construcción de acuerdos a espaldas de la ley, a espaldas de la ciudadanía y con base en la clandestinidad de las posiciones y los argumentos.
2008 finca un buen principio para darle la bienvenida a la política. Ojalá que se profundice esta actitud negociadora y se comprenda que no hay nada peor para nuestra democracia que cancelar la oportunidad y los espacios destinados al entendimiento, ya que una sociedad igualitaria sólo podrá consolidarse en la medida en que las y los ciudadanos podamos participar de las decisiones y de los argumentos que dan sustento a las decisiones políticas. Es momento de potenciar estas nuevas capacidades y procedimientos de discusión pública y exigir que se avance en el debate de los temas fundamentales que tenemos pendientes de resolución: el crecimiento económico y la generación de empleos, por un lado, y la erradicación de la desigualdad y la pobreza por el otro. Esos son los debates que están por venir y debemos exigir a la brevedad.
martes, 28 de octubre de 2008
Invertir en la gente
27 octubre de 2008
La magnitud de una crisis como por la que estamos atravesando lleva a pensar de inmediato en cómo podemos transitarla de mejor manera y cómo evitar que las familias pierdan no sólo su patrimonio o vean mermadas sus capacidades de ingreso, sino que, derivado de las consecuencias de la crisis, pierdan oportunidades y capacidades para la realización de sus proyectos de vida.
En estos momentos en los que se discute el Presupuesto de Egresos, se ha logrado que los recursos se orienten hacia una mayor inversión pública, dirigida sobre todo a la generación de infraestructura; sin embargo, estas medidas son las que siempre se han originado y era lo mínimo esperable en un escenario internacional de bajo crecimiento y en el que obviamente el sector exportador no es, ni de lejos, la opción para la reactivación económica nacional.
La magnitud de la transformación global que se avecina no puede vislumbrarse aún en todas sus consecuencias y aristas. Por ello debemos ser audaces y asumir posiciones innovadoras en la respuesta a la crisis, desde un país en el que hay mucho que hacer, sí en lo económico, pero sobre todo en lo social.
Tal como se está viviendo esta crisis en países europeos, por citar un caso, es cierto que hay incertidumbre, reducción de bienes y servicios estatales y recortes de presupuesto en los sistemas de protección social; pero también es un hecho que en estos países se mantendrá al menos un mínimo de bienestar garantizado para todas sus poblaciones, fundamentalmente en tres áreas: educación, salud y alimentación, en las que las proyecciones indican que continuarán con coberturas universales y estándares de calidad mínimos.
Aprender de la lección de Europa es importante porque lo que se garantiza a través de la inversión en esas tres áreas fundamentales no sólo es un cierto nivel de vida, sino sobre todo la posibilidad de mantener grados importantes de cohesión social. En efecto, no hay nada con mayor poder cohesionador y generador de solidaridad que sistemas universales de salud y educación, así como la disponibilidad de alimentos en un contexto de seguridad alimentaria.
Ante el diagnóstico que presentó esta semana la OCDE, en el que México aparece una vez más como el último lugar de los países que la integran, en materia de pobreza y desigualdad, lo claro es que tenemos que avanzar en la modificación de los factores que han permitido la ampliación constante de la brecha que separa a los más ricos de los más desfavorecidos.
En esa lógica, además del programa de infraestructura que se ha planteado desde el gobierno federal, debe generarse un intenso programa de becas escolares, para todos los niveles educativos y evitar con ello que más jóvenes, niñas y niños vean incumplido su derecho a la educación. Además, debemos impulsar un gran programa de construcción de universidades y bachilleratos, a fin de llegar lo más rápido posible a coberturas universales en todos los niveles de la enseñanza.
El hecho de que sólo tres de cada diez jóvenes entre los 18 y los 24 años cursen estudios superiores, que tengamos una cobertura de bachillerato por debajo de 60% y que la deserción en tercero de secundaria sea cercana a 30% son datos que ratifican la necesidad de modificar nuestras estrategias educativas y, desde luego, las sociales.
Además de este programa de becas debemos construir en los próximos dos años un seguro de cobertura universal para el acceso a servicios de salud y con ello evitar la presencia masiva de gastos catastróficos que, en medio de una espiral inflacionaria como la que parece avecinarse, con poco crecimiento económico y altos índices de desempleo, puede llevar a la ruina, no sólo a miles de familias, sino incluso poner en mayor crisis y tensión a toda la sociedad.
Pensar así significa modificar incluso los conceptos del PEF y cambiar la categorización de las partidas, de una noción de “gasto”, a una posición en la que la salud y la educación sean concebidas como mecanismos de inversión social pública, que seguramente derivarán en mayor competitividad social, mayor competitividad económica y, sobre todo, mucho mayores posibilidades para la convivencia y la cohesión social.
Hemos privilegiado en las últimas décadas la inversión en infraestructura, pero olvidamos invertir en lo más importante: la generación de capacidades y el cumplimiento de los derechos sociales que la Constitución nos otorga y reconoce. Es tiempo de modificar el rumbo y sin duda tiempo de privilegiar la inversión para que la actual generación de mexicanos pueda desarrollar mayores capacidades con el fin de ejercer la ciudadanía, asumir mayores responsabilidades sociales y participar activamente en el desarrollo social y humano de nuestro país.
La magnitud de una crisis como por la que estamos atravesando lleva a pensar de inmediato en cómo podemos transitarla de mejor manera y cómo evitar que las familias pierdan no sólo su patrimonio o vean mermadas sus capacidades de ingreso, sino que, derivado de las consecuencias de la crisis, pierdan oportunidades y capacidades para la realización de sus proyectos de vida.
En estos momentos en los que se discute el Presupuesto de Egresos, se ha logrado que los recursos se orienten hacia una mayor inversión pública, dirigida sobre todo a la generación de infraestructura; sin embargo, estas medidas son las que siempre se han originado y era lo mínimo esperable en un escenario internacional de bajo crecimiento y en el que obviamente el sector exportador no es, ni de lejos, la opción para la reactivación económica nacional.
La magnitud de la transformación global que se avecina no puede vislumbrarse aún en todas sus consecuencias y aristas. Por ello debemos ser audaces y asumir posiciones innovadoras en la respuesta a la crisis, desde un país en el que hay mucho que hacer, sí en lo económico, pero sobre todo en lo social.
Tal como se está viviendo esta crisis en países europeos, por citar un caso, es cierto que hay incertidumbre, reducción de bienes y servicios estatales y recortes de presupuesto en los sistemas de protección social; pero también es un hecho que en estos países se mantendrá al menos un mínimo de bienestar garantizado para todas sus poblaciones, fundamentalmente en tres áreas: educación, salud y alimentación, en las que las proyecciones indican que continuarán con coberturas universales y estándares de calidad mínimos.
Aprender de la lección de Europa es importante porque lo que se garantiza a través de la inversión en esas tres áreas fundamentales no sólo es un cierto nivel de vida, sino sobre todo la posibilidad de mantener grados importantes de cohesión social. En efecto, no hay nada con mayor poder cohesionador y generador de solidaridad que sistemas universales de salud y educación, así como la disponibilidad de alimentos en un contexto de seguridad alimentaria.
Ante el diagnóstico que presentó esta semana la OCDE, en el que México aparece una vez más como el último lugar de los países que la integran, en materia de pobreza y desigualdad, lo claro es que tenemos que avanzar en la modificación de los factores que han permitido la ampliación constante de la brecha que separa a los más ricos de los más desfavorecidos.
En esa lógica, además del programa de infraestructura que se ha planteado desde el gobierno federal, debe generarse un intenso programa de becas escolares, para todos los niveles educativos y evitar con ello que más jóvenes, niñas y niños vean incumplido su derecho a la educación. Además, debemos impulsar un gran programa de construcción de universidades y bachilleratos, a fin de llegar lo más rápido posible a coberturas universales en todos los niveles de la enseñanza.
El hecho de que sólo tres de cada diez jóvenes entre los 18 y los 24 años cursen estudios superiores, que tengamos una cobertura de bachillerato por debajo de 60% y que la deserción en tercero de secundaria sea cercana a 30% son datos que ratifican la necesidad de modificar nuestras estrategias educativas y, desde luego, las sociales.
Además de este programa de becas debemos construir en los próximos dos años un seguro de cobertura universal para el acceso a servicios de salud y con ello evitar la presencia masiva de gastos catastróficos que, en medio de una espiral inflacionaria como la que parece avecinarse, con poco crecimiento económico y altos índices de desempleo, puede llevar a la ruina, no sólo a miles de familias, sino incluso poner en mayor crisis y tensión a toda la sociedad.
Pensar así significa modificar incluso los conceptos del PEF y cambiar la categorización de las partidas, de una noción de “gasto”, a una posición en la que la salud y la educación sean concebidas como mecanismos de inversión social pública, que seguramente derivarán en mayor competitividad social, mayor competitividad económica y, sobre todo, mucho mayores posibilidades para la convivencia y la cohesión social.
Hemos privilegiado en las últimas décadas la inversión en infraestructura, pero olvidamos invertir en lo más importante: la generación de capacidades y el cumplimiento de los derechos sociales que la Constitución nos otorga y reconoce. Es tiempo de modificar el rumbo y sin duda tiempo de privilegiar la inversión para que la actual generación de mexicanos pueda desarrollar mayores capacidades con el fin de ejercer la ciudadanía, asumir mayores responsabilidades sociales y participar activamente en el desarrollo social y humano de nuestro país.
miércoles, 22 de octubre de 2008
lunes, 20 de octubre de 2008
Rescatar las instituciones
20 de octubre de 2008
Douglas North explica con claridad que las instituciones en una sociedad democrática son el equivalente a las “reglas del juego”. En esa lógica, las instituciones determinan los criterios fundamentales sobre los cuales se construyen consensos y se toman decisiones en el marco de lo que establecen las leyes.
Una sociedad plenamente democrática es, desde esta perspectiva, aquella en la que las instituciones están diseñadas no sólo con criterios de racionalidad, funcionalidad y eficacia, sino sobre todo con base en capacidades para el establecimiento de equilibrios y contrapesos con el fin de evitar que unos cuantos se beneficien en detrimento de todos.
La discusión sobre lo que es justo en las sociedades contemporáneas pasa entonces necesariamente por la definición de los arreglos constitucionales fundamentales y de ello deriva la clarificación de cuáles son los ámbitos de intervención de las autoridades públicas y cuáles los márgenes y espacios para la libre acción de los individuos.
Estas consideraciones son relevantes de cara a la crisis global que enfrentamos y, desde luego, en función del impacto que tendrá para nuestro país, pues abre una coyuntura en la que tenemos la responsabilidad de reflexionar y de discutir sobre nuestro marco institucional.
Una cuestión que debe plantearse en este contexto es si las instituciones con que contamos permiten enfrentar con relativo éxito la modificación estructural del sistema financiero y económico global que se avecina. Al respecto hay que decir que, a pesar de las fortalezas que aún tenemos, el entramado institucional vigente es producto de un modelo del poder y de la administración del poder propios del siglo XX, así como producto de un sistema político vertical.
Con base en esta consideración, es válido sostener que se requiere un nuevo entramado institucional, que en esta ocasión sea construido con base en las dos reglas de oro de la democracia: la lógica del consenso y la primacía del mejor argumento, lo cual, a su vez, exige una tercera dimensión que tiene como referente una posición ética de pleno compromiso social.
Con base en lo anterior, vale decir que el desatino de la respuesta gubernamental ante la emergencia de la crisis no se encuentra sólo en la medición tardía de los tiempos, sino sobre todo en no haber logrado generar un proceso, en tres momentos, que aún pueden desarrollarse para enfrentar lo que viene:
Primero: generar acciones pertinentes con el fin de contener la crisis, evitar que el hambre y la enfermedad se recrudezcan por la falta de ingresos y, simultáneamente, evitar que más niñas, niños y jóvenes dejen la escuela por el probable incremento de la pobreza en sus hogares.
Segundo: desarrollar una nueva estrategia de reactivación económica a través de la creación de empleo; esto puede lograrse empezando con la reorientación del Presupuesto y de la inversión pública.
Tercero: asumir que el gobierno deberá redefinir su estrategia de cara a los cuatro años restantes de la presente administración, en el entendido de que las condiciones que hoy vivimos son radicalmente distintas de las que existían al inicio del sexenio.
Estas acciones debieran servir como base para preparar la convocatoria a lo que muchos hemos llamado “un nuevo pacto social”, planteamiento que conduce nuevamente a lo escrito al inicio del artículo: las acciones de este gobierno deberían comenzar a considerarse como el fundamento de una nueva transición política y económica, desde la cual podamos construir nuevas instituciones, es decir, reglas de juego que nos permitan actuar asertivamente en el marco de una nueva globalidad pero que, sobre todo, ayuden a transformarnos en un país con desarrollo y socialmente incluyente.
Ahora que están de moda los “rescates” es deseable que podamos invertir energías, capacidades y recursos en el rescate de aquello que, sobre todas las cosas, puede darnos viabilidad y sentido como país: un nuevo entramado institucional que tenga como metas fundamentales e irrenunciables la justicia y la equidad.
miércoles, 15 de octubre de 2008
Crecimiento cero
13 de octubre de 2008
La proyección que se hizo para este año en el sentido de que veríamos por primera vez en mucho tiempo la generación de 800 mil empleos se ha esfumado y se ha reducido dramáticamente a una suma de sólo 300 mil. El peso se ha devaluado una vez más frente al dólar y las perspectivas de la crisis mundial no permiten asumir miradas optimistas.
En ese sentido, aun con las acciones emergentes que se han anunciado para enfrentar la crisis el crecimiento esperado en algunos sectores de la economía nacional en 2009 es de 0% y hacen pensar que en el año que viene se crearán, en el mejor escenario, otros 300 mil empleos permanentes.
Un ejercicio aritmético básico permite prever que en sólo dos años estaremos sumando cundo menos 1.4 millones de desempleados que se adicionarán a los ya millones que no cuentan con empleos formales y cada vez más engrosan las filas de la economía informal, y otros que incluso pueden verse tentados a sumarse a actividades delictivas.
Quizá lo más grave de estas cifras es que en esta nueva crisis global no contaremos con la “válvula de escape” de la migración y su correlato en el envío masivo de remesas, a través de la cual, en los últimos siete años, cerca de 500 mil mexicanos salían hacia Estados Unidos a emplearse en los sectores de la construcción y en la agricultura, que son precisamente dos de los más afectados por la crisis que se vive en aquel país.
Frente a ello, la economía real no cuenta con la infraestructura suficiente para crecer o reconvertirse de manera acelerada y enfrentar los difíciles años que están por venir, más aún cuando, en las condiciones en las que estamos, las áreas de mayor capacidad de crecimiento económico están en el sector del conocimiento, las cuales requieren de altas dosis de valor agregado, lo que exige de manera previa capacidades educativas, científicas y tecnológicas que hoy estamos muy lejos de tener.
Esta crisis económica, sin embargo, no viene sola, está acompañada de una severa crisis de las identidades, de la que las nuevas generaciones están siendo las principales víctimas: ¿con qué nación puede identificarse, por ejemplo, que 70% de los jóvenes de 18 a 24 años no van a la escuela? ¿Con qué país pueden ser solidarios los más de 50 mil jóvenes de 14 a 17 años que cada año han emigrado en la presente década hacia Estados Unidos?
Estas preguntas debemos plantearlas para tratar de generar alternativas de desarrollo que volteen la mirada hacia lo que nunca debimos dejar de mirar, que es la economía interna y que la que, en todos los casos, permite sortear de mejor manera cualquier crisis.
El Informe Mundial sobre la Situación de la Agricultura y la Alimentación 2008, presentado recientemente por la FAO, nos advierte que la crisis de los alimentos, agravada por la crisis financiera internacional, puede prolongarse, no a 2015, sino hasta 2020. Por su parte, la CEPAL estimaba, antes de la semana que concluyó y en la cual la crisis global se agudizó más allá de lo que todos podíamos prever, que los efectos de ésta ya nos han situado en los niveles de pobreza que teníamos en el año 2000, es decir, caímos a los indicadores que motivaron el establecimiento de las Metas del Milenio y que, al paso que vamos, podrían descender a niveles aún más graves.
Una perspectiva de crecimiento cero exige sin duda el establecimiento de las medidas anunciadas, y de mucho más. Debería situarnos en la perspectiva de un pacto nacional para un nuevo modelo de desarrollo que nos permita abatir la desigualdad y reducir aceleradamente la pobreza.
No se puede asumir que podremos enfrentar lo que ya se perfila como una nueva forma de globalidad con una política económica, y mucho menos con una política social, que fue diseñada, paradójicamente, para enfrentar otra crisis, la de 1995, pero cuya naturaleza y alcances eran otros.
Hasta ahora se ha estado reaccionando a destiempo en las decisiones para modificar las estrategias y acciones del gobierno con el fin de enfrentar la crisis global por la que atravesamos. Y es tiempo de comenzar a reconocer que tiene tal magnitud que tal vez el proyecto inicial de esta administración no pueda realizarse. Si esto sucede así, lo que se requerirá es un nuevo pacto político que incluya a todas las visiones y voces éticamente representativas, a fin de construir un nuevo proyecto de país, para un nuevo contexto internacional cada vez más incierto, inestable y complejo.
martes, 7 de octubre de 2008
lunes, 6 de octubre de 2008
La Otras Agendas
El gobierno federal está atrapado en una agenda monotemática desde hace ya casi ocho meses. Nada que no está relacionado con los asuntos de la seguridad pública cobra notoriedad y mucho menos adquiere dimensión en el marco de la publicidad gubernamental.
Un ejemplo claro se encuentra en el tema de la discriminación. A un mes del sensible fallecimiento del querido Gilberto Rincón Gallardo el gobierno federal no ha nombrado al nuevo titular del Conapred, lo cual no sólo es muestra de un descuido mayúsculo, sino sobre todo del desprecio que parece tener esta administración por agendas estructurales que, más allá de la guerra que se vive contra el narcotráfico, deben atenderse y mejorarse si de verdad se quiere una transformación de largo plazo para nuestro país.
El Conapred es resultado de la lucha de muchas organizaciones de la sociedad civil y de personalidades que, como Gilberto, vivieron en carne propia la discriminación y la intolerancia de una sociedad que, aún hoy, debemos reconocerlo no sin vergüenza, sigue siendo profundamente excluyente y agresiva con los diferentes.
Nuestro mayor problema, se ha dicho hasta el cansancio, está no sólo en la pobreza, sino en la terrible desigualdad que nos divide y polariza. En ese sentido, debe reconocerse que la desigualdad no sólo está determinada por los abismos que separan a quienes reciben más ingresos de los más pobres, sino por actitudes basadas en la intolerancia, el rechazo a quienes piensan distinto y, sobre todo, a quienes viven con alguna discapacidad o bien pertenecen a alguno de los pueblos o comunidades indígenas.
El Conapred, en ese sentido, no sólo debería tener ya a un nuevo presidente, sino que, además, en el Congreso debería haber voces y posiciones para garantizar que tendrá en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos suficientes para diseñar y operar una poderosa política nacional en contra de la discriminación, que dé continuidad a lo que ya se ha logrado, pero al mismo tiempo permita avanzar hacia una estructura institucional de nueva generación, que contribuya al cumplimiento del derecho constitucional que todos tenemos a no ser discriminados.
En México no tenemos estadísticas confiables en ninguna de las áreas de procuración de justicia. En ese sentido, es muy difícil saber cuántos crímenes disfrazados de “pasionales”, “violencia doméstica”, “conflictos interreligiosos”, constituyen en realidad crímenes de odio, los cuales debieran ser comprendidos y dimensionados en su magnitud, a fin de lograr la construcción de una sociedad incluyente y apropiada para todos.
Además de esta agenda, hay muchas otras que desde el sector salud simplemente se abandonaron: la salud mental, por ejemplo, es un tema ya muy lejano en las declaraciones públicas del gobierno y también del debate parlamentario, cuando se trata de una de las agendas más preocupantes ante la realidad que enfrentan los jóvenes del país; en efecto, para el grupo de edad de los 14 a los 29 años, las principales causas de muerte están en los homicidios, los suicidios, los accidentes de tráfico, los tumores malignos y, ya en quinto lugar, el VIH-sida.
Las encuestas impulsadas recientemente por la Subsecretaría de Educación Media Superior y el Conadic, en materia de violencia en las escuelas del nivel del bachillerato y en cuanto a adicciones nos muestran cómo esas dos agendas tienen una magnitud que bien puede calificarse como una “pandemia”, que requiere todo el esfuerzo público para atenderse y revertirse y, en esa lógica, no se perciben esfuerzos de comunicación de lo social desde el gobierno para generar capacidades con miras a una sociedad convivencial, una cultura de la paz y una vida plena libre de adicciones.
No hay ninguna eficacia en el combate al crimen organizado con una publicidad gubernamental que nos anuncia la captura de “lugartenientes y sicarios”. Sí podría haberla, al menos como intentos novedosos, en una nueva comunicación que le dé a la gente información adecuada para una toma de decisiones inteligente.
Éstas y otras agendas parecen estar guardadas, en el mejor de los casos, en el baúl de los recuerdos. Mientras tanto, la discriminación, la intolerancia y el clima de violencia social que vivimos sigue generando miles de muertes evitables al año, muertes que no deberían ser y ante las cuales no tenemos todavía respuestas institucionales adecuadas.
http://www.exonline.com.mx
martes, 30 de septiembre de 2008
lunes, 29 de septiembre de 2008
Confusión y parálisis
29 de septiembre de 2008
Además de la indignación y el rechazo socialmente generalizado en contra del atentado terrorista del 15 de septiembre en la ciudad de Morelia, debemos reconocer que este trágico evento lamentablemente cumplió con su cometido: hoy en México corre una sensación de que puede ocurrir en cualquier parte y en cualquier lugar, pues la inseguridad que impera amenaza con afectarnos a todos, sin distingo de clase social o posición socioeconómica.
A esta inseguridad se le añade una sensación de incertidumbre provocada por la crisis económica que se vive en Estados Unidos de América y que ya obligó a un ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento para éste y el próximo año, lo cual, aunado al incremento de la inflación, nos sitúa en condiciones de alta vulnerabilidad que amenazan, como casi siempre, mayoritariamente a los más pobres.
Como resultado, quizás uno de los mayores saldos que estamos teniendo como sociedad es la pérdida de la confianza: valor esencial en cualquier sistema democrático, porque de ésta depende la construcción de lazos de solidaridad, ayuda mutua, cooperación y, por supuesto, la protección de redes sociales de autocuidado, mismas que han sido denominadas por muchos como “capital social”.
En efecto, la Encuesta Nacional sobre Capital Social, levantada en 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estimó que en México casi 70% de las personas opinaban que, con respecto a los demás, era mejor “cuidarse las espaldas” que confiar plenamente. En esta misma encuesta, las personas opinaron en forma mayoritaria que el año en que se les preguntó, percibían que la gente se ayudaba menos entre sí que en el año anterior, básicamente debido a que la situación económica no lo permitía.
Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación muestra que, en una inmensa mayoría, los mexicanos creen que lo que más nos divide es la condición económica, la posición social y el nivel educativo.
En el contexto en que vivimos vale la pena releer los datos de éstas y otras encuestas, porque nos llevan a una cuestión de fondo: el Estado no puede considerar que el incremento en la violencia en todos los ámbitos de la vida social está desligado de los contextos sociales en los que viven las personas y sus familiares.
Así, en vez de generar una estrategia que pueda garantizar la convergencia, la integralidad y la simultaneidad de acciones y procesos de gobierno para detonar el desarrollo social y económico, lo que vemos, al contrario, es un estado de incertidumbre y parálisis de prácticamente todas las dependencias, lo cual se percibe, en su expresión más visible, en los increíbles niveles de subejercicio de los recursos públicos en prácticamente todos los sectores de la administración.
Cuando el miedo se apodera de una sociedad, lo que aparece con mayor fuerza es precisamente la incertidumbre, la cual se constituye de manera inmediata en una peligrosa amenaza para una democracia, sobre todo si no hay una ciudadanía plena que la sustente y garantice su viabilidad en el mediano y el largo plazos.
Estamos frente a un escenario en realidad complejo y las instituciones no han logrado generar espacios de certeza y de confianza para los ciudadanos. Antes bien, lo que hemos visto públicamente es un estado de duda de todos frente a todos: policías estatales investigando a municipales; la Policía Federal y el Ejército interviniendo e investigando a policías estatales y ministeriales y, ahora, incluso, la Policía Federal ocupando las instalaciones de los responsables de la investigación de los crímenes federales, que es precisamente la Agencia Federal de Investigación.
No hay nada que pueda erosionar más y lastimar en mayor medida la confianza de los ciudadanos en la autoridad pública, y simultáneamente generar confusión social, que la incapacidad de ésta para garantizar seguridad a todos, así como mínimos de bienestar. Pero también la confusión se incrementa cuando es la autoridad la que desconfía de sus elementos y se ve en la necesidad de investigarse a sí misma y, más aún, con tan malos resultados.
A México le hace falta una nueva batería de políticas e intervenciones públicas para la construcción de una ciudadanía plena y restituir relaciones de confianza y de solidaridad en las comunidades, a fin de intentar revertir los perniciosos efectos que están teniendo la inseguridad, la impunidad y la delincuencia en la vida de las personas. Necesitamos, en síntesis, nuevas políticas que nos ofrezcan seguridad y, sobre todo, bienestar social.
Además de la indignación y el rechazo socialmente generalizado en contra del atentado terrorista del 15 de septiembre en la ciudad de Morelia, debemos reconocer que este trágico evento lamentablemente cumplió con su cometido: hoy en México corre una sensación de que puede ocurrir en cualquier parte y en cualquier lugar, pues la inseguridad que impera amenaza con afectarnos a todos, sin distingo de clase social o posición socioeconómica.
A esta inseguridad se le añade una sensación de incertidumbre provocada por la crisis económica que se vive en Estados Unidos de América y que ya obligó a un ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento para éste y el próximo año, lo cual, aunado al incremento de la inflación, nos sitúa en condiciones de alta vulnerabilidad que amenazan, como casi siempre, mayoritariamente a los más pobres.
Como resultado, quizás uno de los mayores saldos que estamos teniendo como sociedad es la pérdida de la confianza: valor esencial en cualquier sistema democrático, porque de ésta depende la construcción de lazos de solidaridad, ayuda mutua, cooperación y, por supuesto, la protección de redes sociales de autocuidado, mismas que han sido denominadas por muchos como “capital social”.
En efecto, la Encuesta Nacional sobre Capital Social, levantada en 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estimó que en México casi 70% de las personas opinaban que, con respecto a los demás, era mejor “cuidarse las espaldas” que confiar plenamente. En esta misma encuesta, las personas opinaron en forma mayoritaria que el año en que se les preguntó, percibían que la gente se ayudaba menos entre sí que en el año anterior, básicamente debido a que la situación económica no lo permitía.
Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación muestra que, en una inmensa mayoría, los mexicanos creen que lo que más nos divide es la condición económica, la posición social y el nivel educativo.
En el contexto en que vivimos vale la pena releer los datos de éstas y otras encuestas, porque nos llevan a una cuestión de fondo: el Estado no puede considerar que el incremento en la violencia en todos los ámbitos de la vida social está desligado de los contextos sociales en los que viven las personas y sus familiares.
Así, en vez de generar una estrategia que pueda garantizar la convergencia, la integralidad y la simultaneidad de acciones y procesos de gobierno para detonar el desarrollo social y económico, lo que vemos, al contrario, es un estado de incertidumbre y parálisis de prácticamente todas las dependencias, lo cual se percibe, en su expresión más visible, en los increíbles niveles de subejercicio de los recursos públicos en prácticamente todos los sectores de la administración.
Cuando el miedo se apodera de una sociedad, lo que aparece con mayor fuerza es precisamente la incertidumbre, la cual se constituye de manera inmediata en una peligrosa amenaza para una democracia, sobre todo si no hay una ciudadanía plena que la sustente y garantice su viabilidad en el mediano y el largo plazos.
Estamos frente a un escenario en realidad complejo y las instituciones no han logrado generar espacios de certeza y de confianza para los ciudadanos. Antes bien, lo que hemos visto públicamente es un estado de duda de todos frente a todos: policías estatales investigando a municipales; la Policía Federal y el Ejército interviniendo e investigando a policías estatales y ministeriales y, ahora, incluso, la Policía Federal ocupando las instalaciones de los responsables de la investigación de los crímenes federales, que es precisamente la Agencia Federal de Investigación.
No hay nada que pueda erosionar más y lastimar en mayor medida la confianza de los ciudadanos en la autoridad pública, y simultáneamente generar confusión social, que la incapacidad de ésta para garantizar seguridad a todos, así como mínimos de bienestar. Pero también la confusión se incrementa cuando es la autoridad la que desconfía de sus elementos y se ve en la necesidad de investigarse a sí misma y, más aún, con tan malos resultados.
A México le hace falta una nueva batería de políticas e intervenciones públicas para la construcción de una ciudadanía plena y restituir relaciones de confianza y de solidaridad en las comunidades, a fin de intentar revertir los perniciosos efectos que están teniendo la inseguridad, la impunidad y la delincuencia en la vida de las personas. Necesitamos, en síntesis, nuevas políticas que nos ofrezcan seguridad y, sobre todo, bienestar social.
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