martes, 27 de mayo de 2008
lunes, 26 de mayo de 2008
La estadística de lo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 26 de mayo de 2008
El desempeño de las instituciones depende en buena medida de la disponibilidad de información y datos para tomar decisiones, valorar circunstancias y dimensionar la complejidad de los problemas y los riesgos sociales a que se enfrentan las poblaciones. En ese sentido, es preciso señalar que en México existe un gran cúmulo de información sobre lo social, así como una importante experiencia acumulada en los últimos 20 años en la generación de estadística básica.
Pero debe destacarse también que falta mucho por construir y la información disponible no es suficiente aún para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre en torno a la cuestión social. No contamos, por ejemplo, con información desagregada lo suficiente por entidades en materia de adicciones y consumo de sustancias adictivas o desnutrición y obesidad; no existe públicamente un indicador actualizado de mortalidad materna, desagregado al nivel municipal, y los datos sobre mortalidad en los municipios datan de 2005.
El Censo Agropecuario aún no ha dado a conocer sus resultados definitivos y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica de 2006 (Enadid) no la ha publicada el INEGI, encuesta sumamente necesaria para el conocimiento de los patrones migratorios, la composición poblacional en los estados y otros fenómenos relacionados con la movilidad y la dinámica demográfica de nuestro país.
A lo anterior debe agregarse el enorme déficit que enfrentamos en la generación de información de calidad de los gobiernos estatales y los municipales. Desde esa perspectiva, preocupa que, en distintos ámbitos, las estadísticas sociales que reportan las entidades no coinciden con la información vertida por las dependencias federales. Así, es común encontrar porcentajes de cobertura en vacunación, de cobertura y calidad educativa o de avances en índices de marginación reportados por las entidades, que no coinciden con los datos de los informes oficiales de las dependencias federales coordinadoras de Sectores.
Un caso mayor que puede ilustrar la complejidad y las dimensiones de esta problemática es la reciente corrección que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de registro de empleos, a través de la cual se detectó que se habían contabilizado más empleos formales de los que realmente se habían creado y que fueron reportados en los últimos años.
La cuestión para destacar es que el IMSS ha sido durante décadas el referente en la medición del empleo formal y, por ello, de la calidad del crecimiento económico en México y, si un error de esta magnitud pudo ocurrir en una dependencia con tal relevancia, el cuestionamiento obligado es qué está sucediendo con otros sistemas de información y si realmente podemos asumir que contamos con registros adecuados sobre nuestros problemas sociales más elementales.
En esa lógica, es importante aclarar si en efecto se trata sólo de un error de método y sistema o, por el contrario, es una estrategia de manipulación de los datos, a fin de presentar resultados a los que se pretende capitalizar políticamente.
Otro de los temas pendientes en la discusión política en México es precisamente cómo asegurar que la información de lo social no sea “dosificada” o “administrada” en función de los calendarios electorales y, en ese sentido, que no sea manipulada con fines políticos, pues lo que está detrás es la posibilidad de diseñar políticas públicas con la capacidad de cumplir con los derechos humanos y sociales de todos.
En función de lo anterior, debe decirse que la reforma social del Estado necesita pasar forzosamente por la reforma de los sistemas de construcción estadística, que abonen al pleno cumplimiento del derecho a la información que nos garantiza a todos el texto constitucional y, en esa medida, sumar a la responsabilidad que tienen los gobiernos de actuar con transparencia y apegados a estrictos criterios de rendición de cuentas.
Es un hecho, entonces, que esta realidad debe obligar a los gobiernos, en todos sus diversos órdenes, a evaluar sus sistemas de información, a conciliar datos y cifras y a avanzar hacia la construcción de criterios uniformes con miras a la generación de indicadores.
La estadística social es indispensable no sólo para la construcción de las políticas, sino con el fin de evaluar de manera objetiva y precisa avances y retrocesos. Un ejercicio de esta naturaleza corresponde a un régimen plenamente democrático y es evidente que en nuestro país este es un ámbito en el que aún hay muchos saldos pendientes de cubrir.
El desempeño de las instituciones depende en buena medida de la disponibilidad de información y datos para tomar decisiones, valorar circunstancias y dimensionar la complejidad de los problemas y los riesgos sociales a que se enfrentan las poblaciones. En ese sentido, es preciso señalar que en México existe un gran cúmulo de información sobre lo social, así como una importante experiencia acumulada en los últimos 20 años en la generación de estadística básica.
Pero debe destacarse también que falta mucho por construir y la información disponible no es suficiente aún para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre en torno a la cuestión social. No contamos, por ejemplo, con información desagregada lo suficiente por entidades en materia de adicciones y consumo de sustancias adictivas o desnutrición y obesidad; no existe públicamente un indicador actualizado de mortalidad materna, desagregado al nivel municipal, y los datos sobre mortalidad en los municipios datan de 2005.
El Censo Agropecuario aún no ha dado a conocer sus resultados definitivos y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica de 2006 (Enadid) no la ha publicada el INEGI, encuesta sumamente necesaria para el conocimiento de los patrones migratorios, la composición poblacional en los estados y otros fenómenos relacionados con la movilidad y la dinámica demográfica de nuestro país.
A lo anterior debe agregarse el enorme déficit que enfrentamos en la generación de información de calidad de los gobiernos estatales y los municipales. Desde esa perspectiva, preocupa que, en distintos ámbitos, las estadísticas sociales que reportan las entidades no coinciden con la información vertida por las dependencias federales. Así, es común encontrar porcentajes de cobertura en vacunación, de cobertura y calidad educativa o de avances en índices de marginación reportados por las entidades, que no coinciden con los datos de los informes oficiales de las dependencias federales coordinadoras de Sectores.
Un caso mayor que puede ilustrar la complejidad y las dimensiones de esta problemática es la reciente corrección que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de registro de empleos, a través de la cual se detectó que se habían contabilizado más empleos formales de los que realmente se habían creado y que fueron reportados en los últimos años.
La cuestión para destacar es que el IMSS ha sido durante décadas el referente en la medición del empleo formal y, por ello, de la calidad del crecimiento económico en México y, si un error de esta magnitud pudo ocurrir en una dependencia con tal relevancia, el cuestionamiento obligado es qué está sucediendo con otros sistemas de información y si realmente podemos asumir que contamos con registros adecuados sobre nuestros problemas sociales más elementales.
En esa lógica, es importante aclarar si en efecto se trata sólo de un error de método y sistema o, por el contrario, es una estrategia de manipulación de los datos, a fin de presentar resultados a los que se pretende capitalizar políticamente.
Otro de los temas pendientes en la discusión política en México es precisamente cómo asegurar que la información de lo social no sea “dosificada” o “administrada” en función de los calendarios electorales y, en ese sentido, que no sea manipulada con fines políticos, pues lo que está detrás es la posibilidad de diseñar políticas públicas con la capacidad de cumplir con los derechos humanos y sociales de todos.
En función de lo anterior, debe decirse que la reforma social del Estado necesita pasar forzosamente por la reforma de los sistemas de construcción estadística, que abonen al pleno cumplimiento del derecho a la información que nos garantiza a todos el texto constitucional y, en esa medida, sumar a la responsabilidad que tienen los gobiernos de actuar con transparencia y apegados a estrictos criterios de rendición de cuentas.
Es un hecho, entonces, que esta realidad debe obligar a los gobiernos, en todos sus diversos órdenes, a evaluar sus sistemas de información, a conciliar datos y cifras y a avanzar hacia la construcción de criterios uniformes con miras a la generación de indicadores.
La estadística social es indispensable no sólo para la construcción de las políticas, sino con el fin de evaluar de manera objetiva y precisa avances y retrocesos. Un ejercicio de esta naturaleza corresponde a un régimen plenamente democrático y es evidente que en nuestro país este es un ámbito en el que aún hay muchos saldos pendientes de cubrir.
lunes, 19 de mayo de 2008
La reforma educativa y la reforma social
Mario Luis Fuentes
Lunes 19 de mayo de 2008
México se enfrenta a un reto: cerrar la brecha educativa, científica y tecnológica que lo separa de los países con mayor desarrollo y equidad en el mundo, en un contexto de crecimiento económico sostenido y con generación suficiente de empleos dignos. Esta fórmula, que pareciera sumamente simple, requiere sin embargo avanzar en reformas de largo plazo en distintas esferas del entramado institucional.
En este escenario, es de destacarse la reforma que se pactó esta semana entre el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de impulsar la profesionalización de los maestros mexicanos; así como fortalecer las capacidades de evaluación, mejorar la calidad de la educación y establecer nuevos criterios de contratación e ingreso laboral de los trabajadores de la educación. En esa lógica, habrá que estar atentos para que los acuerdos que hoy se han planteado logren permear en todas las estructuras y los espacios de la educación pública en México, a fin de que la reforma pueda operarse y concretarse en resultados positivos para todos.
Hay que insistir, pues, más allá de la discusión política de coyuntura, en que esta reforma es importante porque la educación constituye uno de los derechos fundamentales que la Carta Magna otorga; además de que es un “derecho habilitante”, pues da a las personas habilidades y capacidades para la vida, así como mayores oportunidades de inserción laboral y desempeño productivo.
Aun con ello, debemos considerar que, en los últimos 15 años, es la tercera vez que se habla de una gran reforma educativa y que, pese a ello, los rezagos en cobertura, aprovechamiento y calidad de la educación siguen siendo uno de los espacios de mayor desigualdad en México, los cuales se profundizan todavía más si se piensa en los contrastes existentes entre la educación pública y la privada y entre los ámbitos urbanos, los rurales y, más aún, frente al mundo indígena.
En este reconocimiento, estamos ante el desafío de asumir que la reforma es apenas un primer paso en la generación de un México mucho más justo, pues hay varias pendientes, que deberán realizarse si de verdad se quiere detonar procesos de generación masiva de empleos de calidad y de una planta productiva vigorosa, a fin de estar en posibilidad de asimilar a los millones de jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa, la cual, en las condiciones en que estamos, no ha encontrado más opciones que empleos mal remunerados, la migración irregular, la fuga en las adicciones o, lamentablemente en muchos casos, la ruta de la informalidad o la peor todavía de la criminalidad.
La reforma educativa que hoy se plantea puede servir como la plataforma inicial para un nuevo debate sobre una reforma social de gran envergadura, la cual, de ser pensada con seriedad, debiera plantearse metas específicas a 30 años cuando menos, a fin de lograr la consolidación de nuestro país como una de las principales economías del planeta, pero también de un país que, en democracia, permita a sus habitantes vivir con justicia, equidad y dignidad.
No hay nada que genere más cohesión social que tener acceso a una educación de calidad, contar con servicios integrales de seguridad social, así como la oportunidad de trabajar y obtener salarios dignos por el desempeño de actividades profesionales que permitan la realización vocacional y personal de todas y todos.
Lo anterior implica, pues, la construcción de nuevos pactos políticos que den apertura a nuevos mecanismos de inclusión: mejor reparto social del ingreso; mejores normas e instituciones; mejores mecanismos de protección social, pero, sobre todo, de una ciudadanía de mayor “calidad”, capaz de hacerse responsable del cuidado y la plena integración de todos, así como de la exigencia permanente de la vigencia de nuestras instituciones y de nuestros derechos humanos y sociales.
Hay claros ejemplos de que una reforma social de gran calado es posible: España, Finlandia e Irlanda son tres modelos sobre los que deberíamos poner más atención, pues justamente en 30 años lograron situarse entre los países más equitativos y de mayores ingresos en el mundo. En Finlandia, por ejemplo, hay evidencia de que 30% de los más ricos no percibe ingresos por arriba de 30% que los más pobres; y esto pudo lograrse gracias a un sólido modelo de Estado de bienestar, basado en una profunda reforma de sus instituciones, incluidos desde luego los sectores de la educación y del empleo.
Esa es precisamente la parte de la reforma que habrá que llevar a cabo en los próximos meses y años, pues, de acuerdo con el Banco Mundial, en México los supermillonarios obtienen ingresos 14 mil veces por arriba del promedio de ingresos nacional.
Tal realidad es a todas luces inaceptable y por ello se debe insistir en que esta reforma educativa, sin duda alguna importante, quedará trunca si no conseguimos abatir, mediante un nuevo Estado social de derecho, la profunda desigualdad que todavía hoy nos caracteriza.
México se enfrenta a un reto: cerrar la brecha educativa, científica y tecnológica que lo separa de los países con mayor desarrollo y equidad en el mundo, en un contexto de crecimiento económico sostenido y con generación suficiente de empleos dignos. Esta fórmula, que pareciera sumamente simple, requiere sin embargo avanzar en reformas de largo plazo en distintas esferas del entramado institucional.
En este escenario, es de destacarse la reforma que se pactó esta semana entre el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de impulsar la profesionalización de los maestros mexicanos; así como fortalecer las capacidades de evaluación, mejorar la calidad de la educación y establecer nuevos criterios de contratación e ingreso laboral de los trabajadores de la educación. En esa lógica, habrá que estar atentos para que los acuerdos que hoy se han planteado logren permear en todas las estructuras y los espacios de la educación pública en México, a fin de que la reforma pueda operarse y concretarse en resultados positivos para todos.
Hay que insistir, pues, más allá de la discusión política de coyuntura, en que esta reforma es importante porque la educación constituye uno de los derechos fundamentales que la Carta Magna otorga; además de que es un “derecho habilitante”, pues da a las personas habilidades y capacidades para la vida, así como mayores oportunidades de inserción laboral y desempeño productivo.
Aun con ello, debemos considerar que, en los últimos 15 años, es la tercera vez que se habla de una gran reforma educativa y que, pese a ello, los rezagos en cobertura, aprovechamiento y calidad de la educación siguen siendo uno de los espacios de mayor desigualdad en México, los cuales se profundizan todavía más si se piensa en los contrastes existentes entre la educación pública y la privada y entre los ámbitos urbanos, los rurales y, más aún, frente al mundo indígena.
En este reconocimiento, estamos ante el desafío de asumir que la reforma es apenas un primer paso en la generación de un México mucho más justo, pues hay varias pendientes, que deberán realizarse si de verdad se quiere detonar procesos de generación masiva de empleos de calidad y de una planta productiva vigorosa, a fin de estar en posibilidad de asimilar a los millones de jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa, la cual, en las condiciones en que estamos, no ha encontrado más opciones que empleos mal remunerados, la migración irregular, la fuga en las adicciones o, lamentablemente en muchos casos, la ruta de la informalidad o la peor todavía de la criminalidad.
La reforma educativa que hoy se plantea puede servir como la plataforma inicial para un nuevo debate sobre una reforma social de gran envergadura, la cual, de ser pensada con seriedad, debiera plantearse metas específicas a 30 años cuando menos, a fin de lograr la consolidación de nuestro país como una de las principales economías del planeta, pero también de un país que, en democracia, permita a sus habitantes vivir con justicia, equidad y dignidad.
No hay nada que genere más cohesión social que tener acceso a una educación de calidad, contar con servicios integrales de seguridad social, así como la oportunidad de trabajar y obtener salarios dignos por el desempeño de actividades profesionales que permitan la realización vocacional y personal de todas y todos.
Lo anterior implica, pues, la construcción de nuevos pactos políticos que den apertura a nuevos mecanismos de inclusión: mejor reparto social del ingreso; mejores normas e instituciones; mejores mecanismos de protección social, pero, sobre todo, de una ciudadanía de mayor “calidad”, capaz de hacerse responsable del cuidado y la plena integración de todos, así como de la exigencia permanente de la vigencia de nuestras instituciones y de nuestros derechos humanos y sociales.
Hay claros ejemplos de que una reforma social de gran calado es posible: España, Finlandia e Irlanda son tres modelos sobre los que deberíamos poner más atención, pues justamente en 30 años lograron situarse entre los países más equitativos y de mayores ingresos en el mundo. En Finlandia, por ejemplo, hay evidencia de que 30% de los más ricos no percibe ingresos por arriba de 30% que los más pobres; y esto pudo lograrse gracias a un sólido modelo de Estado de bienestar, basado en una profunda reforma de sus instituciones, incluidos desde luego los sectores de la educación y del empleo.
Esa es precisamente la parte de la reforma que habrá que llevar a cabo en los próximos meses y años, pues, de acuerdo con el Banco Mundial, en México los supermillonarios obtienen ingresos 14 mil veces por arriba del promedio de ingresos nacional.
Tal realidad es a todas luces inaceptable y por ello se debe insistir en que esta reforma educativa, sin duda alguna importante, quedará trunca si no conseguimos abatir, mediante un nuevo Estado social de derecho, la profunda desigualdad que todavía hoy nos caracteriza.
martes, 13 de mayo de 2008
lunes, 12 de mayo de 2008
La violencia y el miedo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 12 de mayo de 2008
Es difícil pensar en un fenómeno de mayor capacidad para alterar la cohesión de las sociedades que la violencia. En efecto, los vínculos sociales más elementales se sustentan no sólo en el llamado “instinto gregario” de las personas, sino en la capacidad de generar los mecanismos institucionales para garantizar a sus miembros seguridad frente a las amenazas externas o en el interior de la comunidad.
La existencia de la autoridad pública implica un reconocimiento de todos, a través del cual se asume que hay alguien que legítimamente pude mandar, pero, sobre todo, que hay una norma y un conjunto de reglas a las que debemos sujetarnos en nuestro actuar en relación con los demás. Este reconocimiento es el que posibilita la existencia de la autoridad legítima del Estado, así como el funcionamiento de una ciudadanía que asume responsabilidades y cuenta con derechos elementales que le deben ser garantizados.
En esa lógica debe entenderse la enorme amenaza que constituyen los niveles de violencia que estamos presenciando en nuestro país; más aún cuando esta violencia es relativamente atípica en el conjunto de las amenazas que tradicionalmente enfrentaba el Estado.
No se trata estrictamente de una amenaza en contra de nuestra soberanía; no es tampoco un intento de subversión del orden político mediante la lucha armada; no es sólo un asunto de crímenes y delitos del orden común. La lucha que hoy está enfrentando el Estado mexicano es en contra de grupos de crimen organizado cuyos recursos han conducido a la formación de células criminales con la “audacia” de enfrentar y retar incluso a nuestras Fuerzas Armadas.
Las ejecuciones están presentándose en todas partes y no hay entidad de la República en que no se hayan realizado ya actos alarmantes, incluso nunca antes vistos en pequeñas ciudades y localidades, producto del enfrentamiento, ya bien entre grupos de narcotraficantes o bien entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.
Esta presencia generalizada de la violencia y el crimen es inédita, también, en el sentido de que su expansión obedece a dos fenómenos, los cuales nos alertan de que nuestro tejido social se está desgarrando en muchos de sus vínculos elementales, lo que debe llevarnos a la consideración de la otra parte de esta crisis: la demanda de estupefacientes y drogas de todo tipo.
Por una parte, el crecimiento acelerado del consumo de sustancias adictivas no se ha podido contener, y la edad de inicio en el uso o el abuso de drogas sigue disminuyendo alarmantemente. Esto implica una cada vez mayor demanda y, con ello, una creciente red de distribución “al menudeo” que ha llevado a personas que, muchas sí por la carencia económica, pero muchas más simplemente en el afán de obtener mayores recursos, han decidido vender droga a sus vecinos jóvenes la mayoría de ellos y que en muchos casos pueden ser sus familiares o hijos de conocidos de toda la vida.
La existencia de las llamadas “narcotienditas” habla de la impunidad y la corrupción existente en todos los niveles y órdenes del gobierno y de la ruptura de los vínculos sociales de protección y cuidado mutuo de las personas.
En este tema debe reconocerse que existe una nueva generación de drogas de diseño, de alto costo y accesibles sólo a los grupos de mayores ingresos y son éstos los que poseen mayores capacidades de corromper y de favorecer, a través del consumo, el crecimiento de la impunidad, la corrupción y la violencia social.
Del otro lado están los deudos de los policías y mandos policiacos que literalmente se están jugando todo en esta lucha. Con ellos, el Estado debe ser profundamente solidario y se requiere hoy dar mucho mayores garantías de protección, seguridad social e ingresos mínimos para sus familiares.
Es difícil pensar en un fenómeno de mayor capacidad para alterar la cohesión de las sociedades que la violencia. En efecto, los vínculos sociales más elementales se sustentan no sólo en el llamado “instinto gregario” de las personas, sino en la capacidad de generar los mecanismos institucionales para garantizar a sus miembros seguridad frente a las amenazas externas o en el interior de la comunidad.
La existencia de la autoridad pública implica un reconocimiento de todos, a través del cual se asume que hay alguien que legítimamente pude mandar, pero, sobre todo, que hay una norma y un conjunto de reglas a las que debemos sujetarnos en nuestro actuar en relación con los demás. Este reconocimiento es el que posibilita la existencia de la autoridad legítima del Estado, así como el funcionamiento de una ciudadanía que asume responsabilidades y cuenta con derechos elementales que le deben ser garantizados.
En esa lógica debe entenderse la enorme amenaza que constituyen los niveles de violencia que estamos presenciando en nuestro país; más aún cuando esta violencia es relativamente atípica en el conjunto de las amenazas que tradicionalmente enfrentaba el Estado.
No se trata estrictamente de una amenaza en contra de nuestra soberanía; no es tampoco un intento de subversión del orden político mediante la lucha armada; no es sólo un asunto de crímenes y delitos del orden común. La lucha que hoy está enfrentando el Estado mexicano es en contra de grupos de crimen organizado cuyos recursos han conducido a la formación de células criminales con la “audacia” de enfrentar y retar incluso a nuestras Fuerzas Armadas.
Las ejecuciones están presentándose en todas partes y no hay entidad de la República en que no se hayan realizado ya actos alarmantes, incluso nunca antes vistos en pequeñas ciudades y localidades, producto del enfrentamiento, ya bien entre grupos de narcotraficantes o bien entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.
Esta presencia generalizada de la violencia y el crimen es inédita, también, en el sentido de que su expansión obedece a dos fenómenos, los cuales nos alertan de que nuestro tejido social se está desgarrando en muchos de sus vínculos elementales, lo que debe llevarnos a la consideración de la otra parte de esta crisis: la demanda de estupefacientes y drogas de todo tipo.
Por una parte, el crecimiento acelerado del consumo de sustancias adictivas no se ha podido contener, y la edad de inicio en el uso o el abuso de drogas sigue disminuyendo alarmantemente. Esto implica una cada vez mayor demanda y, con ello, una creciente red de distribución “al menudeo” que ha llevado a personas que, muchas sí por la carencia económica, pero muchas más simplemente en el afán de obtener mayores recursos, han decidido vender droga a sus vecinos jóvenes la mayoría de ellos y que en muchos casos pueden ser sus familiares o hijos de conocidos de toda la vida.
La existencia de las llamadas “narcotienditas” habla de la impunidad y la corrupción existente en todos los niveles y órdenes del gobierno y de la ruptura de los vínculos sociales de protección y cuidado mutuo de las personas.
En este tema debe reconocerse que existe una nueva generación de drogas de diseño, de alto costo y accesibles sólo a los grupos de mayores ingresos y son éstos los que poseen mayores capacidades de corromper y de favorecer, a través del consumo, el crecimiento de la impunidad, la corrupción y la violencia social.
Del otro lado están los deudos de los policías y mandos policiacos que literalmente se están jugando todo en esta lucha. Con ellos, el Estado debe ser profundamente solidario y se requiere hoy dar mucho mayores garantías de protección, seguridad social e ingresos mínimos para sus familiares.
Detrás de todo esto, comienza a percibirse una sensación generalizada de miedo. Y no hay nada más peligroso para una democracia o un orden político que la población asuma que sus gobiernos son incapaces de garantizarles lo mínimo exigible: seguridad y estabilidad jurídica que dé certidumbre para el bienestar y el desarrollo social.
El miedo en las sociedades puede llevar a regresiones autoritarias que, a la luz de la experiencia histórica, nunca han traído beneficios sino sólo para quienes detentan el poder o buscan actuar al margen del Estado y de sus leyes.
Por todo lo anterior, hoy más que nunca urge incorporar a todas las políticas sociales, instrumentos que promuevan y generen la cohesión de la sociedad, ofrecer mayor certidumbre a nuestros jóvenes, incrementar los niveles de confianza y solidaridad entre las personas y contribuir a proteger con todo ello a nuestro aún frágil régimen democrático.
martes, 6 de mayo de 2008
lunes, 5 de mayo de 2008
¿Una nueva política social?
Mario Luis Fuentes
Lunes 05 de mayo de 2008
El gobierno federal ha anunciado una nueva estrategia para agrupar sus programas sociales, bajo un “paraguas” comunicativo que busca sobre todo darle mayor presencia y visibilidad pública a los programas con que hoy ya cuenta, a los cuales añadirá algunas acciones complementarias para intentar llegar a quienes hoy no reciben ninguno o limitados apoyos públicos.
Aún cuando es de destacarse el hecho de que esta nueva estrategia parte del reconocimiento de que los programas federales están desarticulados, y que es necesario integrarlos para lograr una mejor focalización y alcance de los recursos destinados al combate a la pobreza, no se alcanzan a distinguir en los anuncios hechos, los mecanismos de coordinación e integración de la enorme oferta de programas que existen en lo social, y que van desde las transferencias monetarias a los más pobres, hasta recursos y estímulos a la producción agrícola, la capacitación para el empleo, y en general todos los programas dirigidos a la generación del bienestar de la población.
Debe destacarse demás que, aún cuando la nueva estrategia del gobierno plantea la vinculación de la política social con la económica, no logra articular una propuesta clara para enfrentar las profundas desigualdades que existen en nuestro país, lo cual implicaría como base una reforma fiscal y laboral que permita contar con los recursos para la reconstrucción de un Estado social capaz de garantizar redes de protección permanentes para todos.
A ello habría que agregar que la nueva estrategia social anunciada no asume que en los últimos 10 años se han generado programas propios en las 32 entidades y en los municipios más grandes del país, los cuales se han generado desde distintas visiones y perspectivas, y con los que se busca en casi todos los casos transferir recursos económicos para enfrentar limitadamente riesgos y circunstancias de vulnerabilidad, y con los que se busca diseñar identidades y clientelas y políticas locales.
Esta estrategia deberá abordar el reto sobre cómo articular los recursos del gobierno federal, con este “mosaico” de propuestas locales, que sin duda abonan a la dispersión y la descoordinación de los programas sociales, y que obligan a superar la cuestión de cómo orientar y darle sentido a la acción que se realiza para atender a los más pobres, desde los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, debe reconocerse que a seis meses de que inicie formalmente un nuevo año electoral, cualquier movimiento o decisión que implique tocar o darle mayor visibilidad a los programas sociales, lleva a la generación de sospechas sobre la posibilidad de que la intención del gobierno sea potenciar la rentabilidad política de los programas y acciones que tiene la responsabilidad de operar.
A estas dificultades debe agregarse el hecho de que la violencia generalizada que se vive en todo el país está afectando hábitos, costumbres y percepciones sobre las relaciones sociales; y que la presencia policiaca y de efectivos del ejército patrullando ciudades, calles y carreteras puede alterar capacidades para la participación, la organización y la cooperación de las personas.
Esta nueva estrategia gubernamental deberá asumir que hay fenómenos como la migración, que obligan a pensar en nuevos esquemas y reglas de operación de los programas de transferencias monetarias; sobre todo en la definición de criterios para definir tiempos para la permanencia, ingreso y exclusión de sus beneficiarios.
Otro de los retos que enfrentará esta estrategia es el enorme peso burocrático-sindical existente en las principales dependencias responsables de la garantía de los derechos sociales, lo que vuelve sumamente complicado, en su operación, el desarrollo de mecanismos de convergencia, suma de recursos y de capacidades para potenciar la presencia y los beneficios que pueden generarse en el despliegue de los programas sociales.
Finalmente, en el fondo de esta discusión sobre lo social lo que se encuentra es el debate no abordado suficientemente sobre los arreglos políticos fundamentales que nos dan cohesión y sentido de nación, los cuales, lamentablemente, parece que están pensándose sólo en función de los probables resultados electorales del 2009 y no de las ingentes necesidades que existen en el país.
México requiere de la reconstrucción de nuestros principales pactos, lo cual requiere de consensos políticos previos de alcances mayores, que nos lleven a la redefinición de las estructuras jurídicas, políticas e institucionales que nos han impedido hasta hoy superar la desigualdad.
El gobierno federal ha anunciado una nueva estrategia para agrupar sus programas sociales, bajo un “paraguas” comunicativo que busca sobre todo darle mayor presencia y visibilidad pública a los programas con que hoy ya cuenta, a los cuales añadirá algunas acciones complementarias para intentar llegar a quienes hoy no reciben ninguno o limitados apoyos públicos.
Aún cuando es de destacarse el hecho de que esta nueva estrategia parte del reconocimiento de que los programas federales están desarticulados, y que es necesario integrarlos para lograr una mejor focalización y alcance de los recursos destinados al combate a la pobreza, no se alcanzan a distinguir en los anuncios hechos, los mecanismos de coordinación e integración de la enorme oferta de programas que existen en lo social, y que van desde las transferencias monetarias a los más pobres, hasta recursos y estímulos a la producción agrícola, la capacitación para el empleo, y en general todos los programas dirigidos a la generación del bienestar de la población.
Debe destacarse demás que, aún cuando la nueva estrategia del gobierno plantea la vinculación de la política social con la económica, no logra articular una propuesta clara para enfrentar las profundas desigualdades que existen en nuestro país, lo cual implicaría como base una reforma fiscal y laboral que permita contar con los recursos para la reconstrucción de un Estado social capaz de garantizar redes de protección permanentes para todos.
A ello habría que agregar que la nueva estrategia social anunciada no asume que en los últimos 10 años se han generado programas propios en las 32 entidades y en los municipios más grandes del país, los cuales se han generado desde distintas visiones y perspectivas, y con los que se busca en casi todos los casos transferir recursos económicos para enfrentar limitadamente riesgos y circunstancias de vulnerabilidad, y con los que se busca diseñar identidades y clientelas y políticas locales.
Esta estrategia deberá abordar el reto sobre cómo articular los recursos del gobierno federal, con este “mosaico” de propuestas locales, que sin duda abonan a la dispersión y la descoordinación de los programas sociales, y que obligan a superar la cuestión de cómo orientar y darle sentido a la acción que se realiza para atender a los más pobres, desde los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, debe reconocerse que a seis meses de que inicie formalmente un nuevo año electoral, cualquier movimiento o decisión que implique tocar o darle mayor visibilidad a los programas sociales, lleva a la generación de sospechas sobre la posibilidad de que la intención del gobierno sea potenciar la rentabilidad política de los programas y acciones que tiene la responsabilidad de operar.
A estas dificultades debe agregarse el hecho de que la violencia generalizada que se vive en todo el país está afectando hábitos, costumbres y percepciones sobre las relaciones sociales; y que la presencia policiaca y de efectivos del ejército patrullando ciudades, calles y carreteras puede alterar capacidades para la participación, la organización y la cooperación de las personas.
Esta nueva estrategia gubernamental deberá asumir que hay fenómenos como la migración, que obligan a pensar en nuevos esquemas y reglas de operación de los programas de transferencias monetarias; sobre todo en la definición de criterios para definir tiempos para la permanencia, ingreso y exclusión de sus beneficiarios.
Otro de los retos que enfrentará esta estrategia es el enorme peso burocrático-sindical existente en las principales dependencias responsables de la garantía de los derechos sociales, lo que vuelve sumamente complicado, en su operación, el desarrollo de mecanismos de convergencia, suma de recursos y de capacidades para potenciar la presencia y los beneficios que pueden generarse en el despliegue de los programas sociales.
Finalmente, en el fondo de esta discusión sobre lo social lo que se encuentra es el debate no abordado suficientemente sobre los arreglos políticos fundamentales que nos dan cohesión y sentido de nación, los cuales, lamentablemente, parece que están pensándose sólo en función de los probables resultados electorales del 2009 y no de las ingentes necesidades que existen en el país.
México requiere de la reconstrucción de nuestros principales pactos, lo cual requiere de consensos políticos previos de alcances mayores, que nos lleven a la redefinición de las estructuras jurídicas, políticas e institucionales que nos han impedido hasta hoy superar la desigualdad.
martes, 29 de abril de 2008
lunes, 28 de abril de 2008
Se requiere más Estado
Mario Luis Fuentes
Lunes 28 de abril de 2008
Nuestro país enfrenta severos problemas relacionados todos con la cuestión social. La pobreza se está reduciendo aún muy lentamente; la marginación continúa afectando a millones de personas que carecen todavía de servicios sociales básicos, y la desigualdad ha crecido de manera constante en las últimas décadas.
Esta desigualdad se sitúa en un contexto internacional en el que el cambio climático, la pobreza planetaria y el desempleo masivo —en una modalidad desconocida hasta hace 20 años, que es la del desempleo prolongado o permanente—, obliga a repensar qué tareas le hemos asignado al mercado y cuáles al Estado en la regulación y protección de las relaciones sociales.
Así pues, hoy nos enfrentamos a viejos y nuevos riesgos sociales ante los cuales, aun desde la noción de la seguridad social en el siglo XX, carecemos de respuestas definitivas: la inseguridad pública a nivel nacional, y ahora también internacional bajo la figura del terrorismo y el crimen organizado; la violencia y la fragmentación en el interior de las familias; las migraciones motivadas por la pobreza y la desigualdad; las adicciones; la orfandad, así como la vulnerabilidad extrema de la indigencia, son algunas de las nuevas manifestaciones de los riesgos que enfrentan nuestras sociedades.
Estos riesgos, más otros de alcance planetario asociados a la noción de las catástrofes, nos sitúan ante el reto de debatir sobre qué bases reconstruir al Estado social y asumir que debemos encontrar soluciones que garanticen la protección de las personas, desde una perspectiva de atención individual, combinadas con esquemas solidarios que permitan garantizar a todos seguridad ante los nuevos dilemas y riesgos del siglo XXI.
Un debate así implica asumir posiciones: frente a lógicas de un mercado cada vez más excluyente y favorable a la construcción de megamonopolios, se requiere mucho más Estado para establecer criterios mínimos de equidad y justicia distributiva.
Ante una distorsión cada vez más perversa en la provisión privada de bienes y servicios en la salud, se requiere más Estado, a fin de establecer las previsiones necesarias en la construcción de infraestructura y la disponibilidad de servicios y medicamentos de calidad ante lo que no es prioridad de los privados. Dada la tragedia silenciosa que constituye la crisis educativa de nuestro país, se requiere mucho más Estado para impulsar una reforma de alcances mayores con el fin de que, sin renunciar a las humanidades, podamos transitar rápidamente hacia la sociedad del conocimiento.
La crisis financiera y económica global que hoy se vive nos ha mostrado la fragilidad de la estabilidad global, lo que, sumado a la crisis planetaria de los precios de los alimentos y la crisis energética global, nos debe llevar a asumir que es necesario preguntarnos cómo fortalecer a las instituciones estatales y, simultáneamente, garantizar que no se inhibirán la inversión y la creación de empleos, en un contexto de justicia y equidad.
Hoy contamos con evidencia suficiente para sostener que el funcionamiento económico, en su modelo actual, ha generado severas distorsiones y terribles inequidades. Por ello es necesario insistir en la necesidad de abordar la cuestión de cómo fortalecer a un Estado que pueda regular y corregir las desviaciones del mercado y, al mismo tiempo —aunque parezca paradójico—, estimular su funcionamiento para lograr procesos de crecimiento y desarrollo económico sostenido.
Un debate de esta naturaleza es de una complejidad mayor y requiere la voluntad y la capacidad política de todos para abordarlo, pues en el fondo lo que está a discusión es cómo lograr un sistema institucional que tenga como base y referente la construcción de una nueva noción de solidaridad social, basada en una sólida noción de ciudadanía social.
Nuestro país enfrenta severos problemas relacionados todos con la cuestión social. La pobreza se está reduciendo aún muy lentamente; la marginación continúa afectando a millones de personas que carecen todavía de servicios sociales básicos, y la desigualdad ha crecido de manera constante en las últimas décadas.
Esta desigualdad se sitúa en un contexto internacional en el que el cambio climático, la pobreza planetaria y el desempleo masivo —en una modalidad desconocida hasta hace 20 años, que es la del desempleo prolongado o permanente—, obliga a repensar qué tareas le hemos asignado al mercado y cuáles al Estado en la regulación y protección de las relaciones sociales.
Así pues, hoy nos enfrentamos a viejos y nuevos riesgos sociales ante los cuales, aun desde la noción de la seguridad social en el siglo XX, carecemos de respuestas definitivas: la inseguridad pública a nivel nacional, y ahora también internacional bajo la figura del terrorismo y el crimen organizado; la violencia y la fragmentación en el interior de las familias; las migraciones motivadas por la pobreza y la desigualdad; las adicciones; la orfandad, así como la vulnerabilidad extrema de la indigencia, son algunas de las nuevas manifestaciones de los riesgos que enfrentan nuestras sociedades.
Estos riesgos, más otros de alcance planetario asociados a la noción de las catástrofes, nos sitúan ante el reto de debatir sobre qué bases reconstruir al Estado social y asumir que debemos encontrar soluciones que garanticen la protección de las personas, desde una perspectiva de atención individual, combinadas con esquemas solidarios que permitan garantizar a todos seguridad ante los nuevos dilemas y riesgos del siglo XXI.
Un debate así implica asumir posiciones: frente a lógicas de un mercado cada vez más excluyente y favorable a la construcción de megamonopolios, se requiere mucho más Estado para establecer criterios mínimos de equidad y justicia distributiva.
Ante una distorsión cada vez más perversa en la provisión privada de bienes y servicios en la salud, se requiere más Estado, a fin de establecer las previsiones necesarias en la construcción de infraestructura y la disponibilidad de servicios y medicamentos de calidad ante lo que no es prioridad de los privados. Dada la tragedia silenciosa que constituye la crisis educativa de nuestro país, se requiere mucho más Estado para impulsar una reforma de alcances mayores con el fin de que, sin renunciar a las humanidades, podamos transitar rápidamente hacia la sociedad del conocimiento.
La crisis financiera y económica global que hoy se vive nos ha mostrado la fragilidad de la estabilidad global, lo que, sumado a la crisis planetaria de los precios de los alimentos y la crisis energética global, nos debe llevar a asumir que es necesario preguntarnos cómo fortalecer a las instituciones estatales y, simultáneamente, garantizar que no se inhibirán la inversión y la creación de empleos, en un contexto de justicia y equidad.
Hoy contamos con evidencia suficiente para sostener que el funcionamiento económico, en su modelo actual, ha generado severas distorsiones y terribles inequidades. Por ello es necesario insistir en la necesidad de abordar la cuestión de cómo fortalecer a un Estado que pueda regular y corregir las desviaciones del mercado y, al mismo tiempo —aunque parezca paradójico—, estimular su funcionamiento para lograr procesos de crecimiento y desarrollo económico sostenido.
Un debate de esta naturaleza es de una complejidad mayor y requiere la voluntad y la capacidad política de todos para abordarlo, pues en el fondo lo que está a discusión es cómo lograr un sistema institucional que tenga como base y referente la construcción de una nueva noción de solidaridad social, basada en una sólida noción de ciudadanía social.
El pacto social se encuentra severamente amenazado y pareciera que al día de hoy hemos perdido referentes que nos permitan avanzar hacia la reducción acelerada de la exclusión social.
En síntesis, pensar lo social en el siglo XXI, requiere de inicio fijar reglas claras para la construcción de un nuevo diálogo político, dirigido a la construcción de consensos y afianzar la arquitectura institucional necesaria para sustentar una nación social con las capacidades suficientes para garantizar equidad y una vida digna para todos.
La renta petrolera y lo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 21 de abril de 2008
En estos días, debatir lo político debería ser sinónimo de debatir en torno a la cuestión social de nuestro país. Nunca en la historia de las ideas se ha dado un debate sobre la organización del Estado y sus instituciones, sin tener como referente y eje de la discusión el para qué de un modelo de organización política o forma de gobierno.
La Ilustración francesa tuvo en Rousseau al teórico del “contrato social” y la organización democrática del Estado, pero también a un precursor del pensamiento social que no concebía al Estado liberal sin las capacidades suficientes para generar equidad social. Lo mismo puede encontrarse en los pensadores ingleses de los siglos XVII y XVIII pues, desde Locke, pasando por Leibniz y Hume, concibieron siempre al Estado liberal como uno garante de la seguridad social y la protección de los derechos sociales de los ciudadanos.
Los liberales del 57 en nuestro país abordaron en los debates del Congreso Constituyente las cuestiones relativas a la pobreza y la indigencia, en particular las desigualdades que ya comenzaban a ser evidentes entre las distintas regiones, mismas que en buena medida dieron origen al Movimiento Armado de 1910 y que fueron piedra angular en la redacción de la Carta Magna en 1917.
Evocar estas raíces del pensamiento social cobra sentido en la presente discusión sobre la reforma petrolera, porque lo que se encuentra en el fondo es un debate sobre qué nación queremos construir y qué tipo de instituciones se requieren para darle cauce al desarrollo de ese modelo de nación.
Por ello, la discusión, sobre el tema de la reforma a Pemex y en general a la industria de los hidrocarburos en nuestro país, requiere un diálogo profundo, que nos lleve a asumir, de una vez por todas, el debate que se ha obviado en la definición básica de qué modelo de nación se está proponiendo.
Se argumentó que las diferencias ideológicas entre los partidos políticos se habían difuminado en el siglo XXI; empero, hoy más que nunca es evidente que la discusión ideológica permanece y, de hecho, es lo que ha determinado la ausencia de un diálogo con reglas claras que permita asumir la “la lógica del mejor argumento”, lo cual exigiría, de todas las partes, la voluntad para llevar el debate al establecimiento de conceptos fundamentales que hoy se dan por descontados pero que, al asumirlos, se impide el contraste de las ideas y los matices.
Es cierto que sin más recursos difícilmente podrá superarse la pobreza; empero, la pregunta obligada es si el modelo que se está planteando para Pemex será el mismo que se asumirá para todo el sector de provisión de bienes y servicios sociales. Esto es, si el planteamiento de fondo no consiste en generar más infraestructura para que sea el mercado privado el que asuma la conducción de la prestación de servicios de salud, educación, vivienda y otros sectores vitales en la garantía de los derechos sociales de las y los mexicanos.
Como puede verse, los alcances de la discusión deberían extenderse a la definición de qué le compete al Estado y qué al mercado y, en esa lógica, la cuestión estaría determinada por el debate postergado con respecto a si avanzaremos hacia un sólido Estado social de derecho, en el que todas y todos tengamos garantías mínimas para la realización de los derechos sociales o si continuaremos con un modelo tendente a la privatización de todo y a la contracción del Estado a su mínima expresión.
La única ventaja en este debate es que ya conocemos los resultados de ambos modelos: un Estado de bienestar que, sin racionalidad presupuestaria e institucional, puede devenir en populismo o crisis financieras, o bien, optar por un Estado mínimo que da paso a un capitalismo rapaz que ha generado niveles de desigualdad global y nacionales quizá nunca antes vistos en la historia reciente de la humanidad.
A mi juicio, la balanza debería orientarse hacia la reconstrucción de un Estado de bienestar que cuente con las capacidades de restablecer instituciones solidarias, adecuadas a una nueva condición planetaria marcada por la globalización, la integración económica y financiera de las regiones, y problemas planetarios compartidos, como el cambio climático, el crimen organizado transnacional, la pobreza y la desigualdad.
En estos días, debatir lo político debería ser sinónimo de debatir en torno a la cuestión social de nuestro país. Nunca en la historia de las ideas se ha dado un debate sobre la organización del Estado y sus instituciones, sin tener como referente y eje de la discusión el para qué de un modelo de organización política o forma de gobierno.
La Ilustración francesa tuvo en Rousseau al teórico del “contrato social” y la organización democrática del Estado, pero también a un precursor del pensamiento social que no concebía al Estado liberal sin las capacidades suficientes para generar equidad social. Lo mismo puede encontrarse en los pensadores ingleses de los siglos XVII y XVIII pues, desde Locke, pasando por Leibniz y Hume, concibieron siempre al Estado liberal como uno garante de la seguridad social y la protección de los derechos sociales de los ciudadanos.
Los liberales del 57 en nuestro país abordaron en los debates del Congreso Constituyente las cuestiones relativas a la pobreza y la indigencia, en particular las desigualdades que ya comenzaban a ser evidentes entre las distintas regiones, mismas que en buena medida dieron origen al Movimiento Armado de 1910 y que fueron piedra angular en la redacción de la Carta Magna en 1917.
Evocar estas raíces del pensamiento social cobra sentido en la presente discusión sobre la reforma petrolera, porque lo que se encuentra en el fondo es un debate sobre qué nación queremos construir y qué tipo de instituciones se requieren para darle cauce al desarrollo de ese modelo de nación.
Por ello, la discusión, sobre el tema de la reforma a Pemex y en general a la industria de los hidrocarburos en nuestro país, requiere un diálogo profundo, que nos lleve a asumir, de una vez por todas, el debate que se ha obviado en la definición básica de qué modelo de nación se está proponiendo.
Se argumentó que las diferencias ideológicas entre los partidos políticos se habían difuminado en el siglo XXI; empero, hoy más que nunca es evidente que la discusión ideológica permanece y, de hecho, es lo que ha determinado la ausencia de un diálogo con reglas claras que permita asumir la “la lógica del mejor argumento”, lo cual exigiría, de todas las partes, la voluntad para llevar el debate al establecimiento de conceptos fundamentales que hoy se dan por descontados pero que, al asumirlos, se impide el contraste de las ideas y los matices.
Es cierto que sin más recursos difícilmente podrá superarse la pobreza; empero, la pregunta obligada es si el modelo que se está planteando para Pemex será el mismo que se asumirá para todo el sector de provisión de bienes y servicios sociales. Esto es, si el planteamiento de fondo no consiste en generar más infraestructura para que sea el mercado privado el que asuma la conducción de la prestación de servicios de salud, educación, vivienda y otros sectores vitales en la garantía de los derechos sociales de las y los mexicanos.
Como puede verse, los alcances de la discusión deberían extenderse a la definición de qué le compete al Estado y qué al mercado y, en esa lógica, la cuestión estaría determinada por el debate postergado con respecto a si avanzaremos hacia un sólido Estado social de derecho, en el que todas y todos tengamos garantías mínimas para la realización de los derechos sociales o si continuaremos con un modelo tendente a la privatización de todo y a la contracción del Estado a su mínima expresión.
La única ventaja en este debate es que ya conocemos los resultados de ambos modelos: un Estado de bienestar que, sin racionalidad presupuestaria e institucional, puede devenir en populismo o crisis financieras, o bien, optar por un Estado mínimo que da paso a un capitalismo rapaz que ha generado niveles de desigualdad global y nacionales quizá nunca antes vistos en la historia reciente de la humanidad.
A mi juicio, la balanza debería orientarse hacia la reconstrucción de un Estado de bienestar que cuente con las capacidades de restablecer instituciones solidarias, adecuadas a una nueva condición planetaria marcada por la globalización, la integración económica y financiera de las regiones, y problemas planetarios compartidos, como el cambio climático, el crimen organizado transnacional, la pobreza y la desigualdad.
México no puede simplemente seguir planteándose qué hacer con los excedentes de los precios internacionales del petróleo; lo que debe comprenderse es, entonces, que al discutir sobre Pemex y la renta petrolera, en muchos sentidos lo que se está debatiendo es qué tipo de nación estamos dispuestos a construir y si seremos capaces de hacerlo.
lunes, 14 de abril de 2008
La inseguridad alimentaria
Mario Luis Fuentes
Excélsior
Excélsior
Lunes 14 de abril de 2008
Uno de los temas globales de mayor dimensión es el del hambre. A pesar de su relevancia, es una categoría que poco se ha discutido en México, en sus implicaciones éticas, económicas y sociales. El hambre es una condición atroz en que viven millones de personas tanto en nuestro país como en el resto de América Latina y en el Caribe, y es preciso erradicarla.
De acuerdo con la FAO, entre 1996 —año en que se realizó la Cumbre Mundial de la Alimentación— y 2003, América Latina avanzó por debajo de la media requerida para llegar a la reducción de la mitad de personas subnutridas en el año 2015.
Aun cuando nuestro país ha presentado algunos avances, la falta de crecimiento económico y el déficit permanente en la generación de empleos dignos han provocado que tengamos progresos sumamente lentos en la reducción de la pobreza y el hambre. En el período 2000-2003, la FAO muestra que porcentualmente teníamos más pobres y personas hambrientas que en 1993; y las proyecciones hacia 2015 muestran que las metas en materia de reducción del número de pobres y de personas hambrientas están en riesgo.
Lo mismo ocurre en el resto de América Latina, tema que debe preocuparnos en dos dimensiones. La primera, por motivos obvios, en el terreno de la ética: nadie puede ser indiferente o permanecer inmutable ante el hambre de un ser humano. La segunda, por cuestiones de política pública y capacidades de desarrollo, pues, ante las condiciones imperantes en la zona, la migración permanecerá creciente al menos hasta 2012, y sus efectos para México y el resto de América Latina todavía no pueden ser conocidos en toda su complejidad y en los dilemas que implica.
Aunado a la pobreza, debe considerarse que hay factores no ponderados que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las personas y de los países. Así está ocurriendo ahora, cuando los precios internacionales de los alimentos se han incrementado y cuyos efectos en las naciones pobres han sido inmediatos. En Haití y Egipto hay nuevos disturbios provocados por la escasez y se teme que los avances logrados en diez años se habrán perdido en unos cuantos meses de inflación y precios altos.
De acuerdo con el Banco Mundial, el costo de la producción de los alimentos se disparó en los últimos tres años 83%, con casos alarmantes como el del trigo, el cual en el mismo periodo incrementó sus costos 183%, y las previsiones existentes permiten afirmar que los precios se mantendrán crecientes en 2008 y 2009, con la advertencia extra del Banco Mundial de que no regresarán a los niveles de 2004, sino hasta aproximadamente en 2015.
Debe asumirse que hay un proceso de pérdida de productividad de numerosos países, incluido el nuestro, debido al cambio climático y, frente a ello, es evidente que los estados cuentan con limitadas capacidades de intervención para regular, o al menos atemperar, los efectos de mercados desiguales que, por si fuera poco, están comenzando a determinarse por una nueva dinámica de “países acaparadores” de productos básicos.
Esta realidad debe llevarnos a retomar la que ha sido una evidencia de siempre: la enorme fragilidad y vulnerabilidad del sector rural en México, el cual no sólo padece el abandono, la insuficiencia de los apoyos y los recursos para su mecanización o la precariedad de los subsidios que se le destinan, sino también el desmantelamiento de la mayoría de los mecanismos de apoyo a distribución, comercialización y abasto de las comunidades más pobres y aisladas del país, que son precisamente en donde más hambre existe y a donde aún ahora no llegan los principales programas sociales y de combate a la pobreza.
Queda claro que nuestro país carece de una estrategia integral de seguridad alimentaria, y es preciso abordarla a fin de desarrollar las capacidades para enfrentar los efectos del cambio climático y la pérdida de productividad de inmensas regiones, lo cual evidentemente, profundiza nuestra vulnerabilidad frente al incremento de los precios de los alimentos, además de los altísimos que tienen los energéticos, los cuales son indispensables para la producción agrícola.
Frente a todo lo anterior, es preciso insistir en que el problema del hambre no puede ignorarse u obviarse por las urgencias impuestas debido a la agenda de la coyuntura; la persistencia del hambre no puede justificarse de ningún modo en nuestras sociedades y erradicarla en el corto plazo es un compromiso ineludible para nuestro Estado.
Uno de los temas globales de mayor dimensión es el del hambre. A pesar de su relevancia, es una categoría que poco se ha discutido en México, en sus implicaciones éticas, económicas y sociales. El hambre es una condición atroz en que viven millones de personas tanto en nuestro país como en el resto de América Latina y en el Caribe, y es preciso erradicarla.
De acuerdo con la FAO, entre 1996 —año en que se realizó la Cumbre Mundial de la Alimentación— y 2003, América Latina avanzó por debajo de la media requerida para llegar a la reducción de la mitad de personas subnutridas en el año 2015.
Aun cuando nuestro país ha presentado algunos avances, la falta de crecimiento económico y el déficit permanente en la generación de empleos dignos han provocado que tengamos progresos sumamente lentos en la reducción de la pobreza y el hambre. En el período 2000-2003, la FAO muestra que porcentualmente teníamos más pobres y personas hambrientas que en 1993; y las proyecciones hacia 2015 muestran que las metas en materia de reducción del número de pobres y de personas hambrientas están en riesgo.
Lo mismo ocurre en el resto de América Latina, tema que debe preocuparnos en dos dimensiones. La primera, por motivos obvios, en el terreno de la ética: nadie puede ser indiferente o permanecer inmutable ante el hambre de un ser humano. La segunda, por cuestiones de política pública y capacidades de desarrollo, pues, ante las condiciones imperantes en la zona, la migración permanecerá creciente al menos hasta 2012, y sus efectos para México y el resto de América Latina todavía no pueden ser conocidos en toda su complejidad y en los dilemas que implica.
Aunado a la pobreza, debe considerarse que hay factores no ponderados que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las personas y de los países. Así está ocurriendo ahora, cuando los precios internacionales de los alimentos se han incrementado y cuyos efectos en las naciones pobres han sido inmediatos. En Haití y Egipto hay nuevos disturbios provocados por la escasez y se teme que los avances logrados en diez años se habrán perdido en unos cuantos meses de inflación y precios altos.
De acuerdo con el Banco Mundial, el costo de la producción de los alimentos se disparó en los últimos tres años 83%, con casos alarmantes como el del trigo, el cual en el mismo periodo incrementó sus costos 183%, y las previsiones existentes permiten afirmar que los precios se mantendrán crecientes en 2008 y 2009, con la advertencia extra del Banco Mundial de que no regresarán a los niveles de 2004, sino hasta aproximadamente en 2015.
Debe asumirse que hay un proceso de pérdida de productividad de numerosos países, incluido el nuestro, debido al cambio climático y, frente a ello, es evidente que los estados cuentan con limitadas capacidades de intervención para regular, o al menos atemperar, los efectos de mercados desiguales que, por si fuera poco, están comenzando a determinarse por una nueva dinámica de “países acaparadores” de productos básicos.
Esta realidad debe llevarnos a retomar la que ha sido una evidencia de siempre: la enorme fragilidad y vulnerabilidad del sector rural en México, el cual no sólo padece el abandono, la insuficiencia de los apoyos y los recursos para su mecanización o la precariedad de los subsidios que se le destinan, sino también el desmantelamiento de la mayoría de los mecanismos de apoyo a distribución, comercialización y abasto de las comunidades más pobres y aisladas del país, que son precisamente en donde más hambre existe y a donde aún ahora no llegan los principales programas sociales y de combate a la pobreza.
Queda claro que nuestro país carece de una estrategia integral de seguridad alimentaria, y es preciso abordarla a fin de desarrollar las capacidades para enfrentar los efectos del cambio climático y la pérdida de productividad de inmensas regiones, lo cual evidentemente, profundiza nuestra vulnerabilidad frente al incremento de los precios de los alimentos, además de los altísimos que tienen los energéticos, los cuales son indispensables para la producción agrícola.
Frente a todo lo anterior, es preciso insistir en que el problema del hambre no puede ignorarse u obviarse por las urgencias impuestas debido a la agenda de la coyuntura; la persistencia del hambre no puede justificarse de ningún modo en nuestras sociedades y erradicarla en el corto plazo es un compromiso ineludible para nuestro Estado.
martes, 8 de abril de 2008
lunes, 7 de abril de 2008
Comienza el calor
Mario Luis Fuentes
Lunes 7 de abril de 2008
En distintas obras, tanto en la literatura como el cine, el tema del calor es abordado desde la perspectiva de sus consecuencias y sus efectos en la vida comunitaria y social. Spike Lee relaciona el inicio de un verano infernal con la violencia, el caos y la ruptura de la cohesión social en el Bronx. Camus, en su clásica novela El extranjero, desata toda una trama a partir de un asesinato cometido simplemente “porque hacía calor”. Golding, en El señor de las moscas, crea atmósferas asociadas al clima en una alejada isla y, como éstos, hay un sinnúmero de ejemplos que pueden citarse.
Se ha emitido la alerta de que este abril será el más caluroso en los últimos 10 años y, de mantenerse la tendencia actual, será el más de los últimos 100 años. En el sureste y el norte, los termómetros han marcado ya, en las zonas más extremas, temperaturas alrededor de los 40º C y se espera que en el verano se alcance la histórica registrada en Baja California: 56º en el día más caluroso del año.
El análisis del clima en lo social va más allá de las ya advertidas consecuencias funestas del cambio climático y el calentamiento global. Está relacionado no sólo con la pérdida de áreas boscosas o glaciares, sino con la vida rural cotidiana, en donde el daño a las cosechas y a la economía de autoconsumo puede poner al borde de la hambruna a varias localidades, sobre todo las más pequeñas, es decir, aquellas que tienen menos de 100 habitantes y suman más de 120 mil en todo el territorio nacional.
El calor que ya ha comenzado puede generar una temporada de estiaje severa, con las consecuentes afectaciones, no sólo a la agricultura, sino a la ganadería, la pesca y la acuicultura que incipientemente se desarrolla en esteros y presas, así como en la afectación de la salud, debido a la carencia de servicios sanitarios y de drenaje que hay en miles de localidades y ciudades pequeñas y medias en todo México.
Los incendios forestales están cerca de alcanzar más récords para el mes de abril en distintas entidades y sólo estamos en los primeros diez días del mes. Y no sólo esto, sino que, además del número de incendios, las áreas afectadas son muy extensas y amenazan con destruir una buena parte de nuestro patrimonio forestal.
En las ciudades, los daños por el calor no están relacionados sólo con la molestia que las altas temperaturas generan; a ello debe agregarse el hacinamiento en viviendas, parques y transporte público, además del impacto que una época así de calurosa tiene en la economía y en el gasto de los hogares.
En México, el consumo de agua embotellada es uno de los más altos a nivel mundial y esto se debe sobre todo a la ausencia de la calidad del agua que llega a través de las tuberías a las casas y que, por más que se argumente, no es agua que pueda consumirse directamente de las llaves. Tampoco tenemos “bebederos públicos”, como sí ocurre en otras grandes ciudades del mundo y carecemos de servicios sanitarios públicos suficientes para zonas metropolitanas como las de México, Guadalajara y Monterrey, en las que los tiempos promedio de traslado son de 30 minutos como mínimo.
Frente a estos problemas de la cotidianidad, no se han diseñado aún políticas ni programas suficientes. Es necesario que, al menos en todas las ciudades grandes y medias del país, haya puestos de hidratación gratuita en todas las plazas, parques y jardines públicos. Se requiere incrementar sustantivamente la calidad y la cantidad de espacios públicos de servicios sanitarios. Es urgente intensificar las acciones de prevención y contención de enfermedades como el dengue y el paludismo, que han comenzado a producir brotes incluso en pleno centro del país.
La cohesión social se construye con base en una política social para la inclusión y ésta sólo es posible cuando las poblaciones tienen garantías mínimas de contar con servicios sociales básicos, para enfrentar la cotidianidad de dilemas y problemas, que realmente son de una gravedad mayor y pueden poner en peligro la salud y la vida de las personas.
En Europa y en Estados Unidos ha habido en los años recientes temporadas de calor que han generado la muerte de cientos de personas, por el llamado efecto del “golpe de calor”. México no está exento de este riesgo, menos aún si consideramos las extensas regiones de desierto, semidesierto, selva y aun climas tropicales con que contamos.
Pensar en el calor y sus efectos en lo social es importante y se trata de una de las agendas que deberán considerarse en éste y en los meses que vienen, en aras de evitar que la irritación social, el malestar colectivo y los daños a la salud que genera comúnmente el calor, lastimen aún más el ya de por sí deteriorado tejido social de nuestro país.
martes, 1 de abril de 2008
lunes, 31 de marzo de 2008
Urge una nueva política para la niñez
Mario Luis Fuentes
Lunes 31 de marzo de 2008
México fue uno de los principales países promotores, junto con Egipto, de la realización de la Cumbre Mundial de la Infancia de 1989, gracias a la cual se logró la construcción de la Convención de los Derechos del Niño. Esta ha sido la Convención de más rápida aprobación y también de más rápida adhesión en la historia de las Naciones Unidas, por la mayoría de sus estados parte.
La Convención marcó un hito en materia de derechos de los niños, al romper con el paradigma dominante y pasar, de la llamada doctrina tutelar (en la que los niños son considerados sujetos dependientes totales de sus padres), a la doctrina de los derechos plenos, esto es, el reconocimiento de que los niños y las niñas son sujetos portadores plenos de derechos y, en consecuencia, de la responsabilidad de los estados, las sociedades y las familias, de proteger en todo momento el interés superior de la infancia.
Al ratificar la Convención, el Estado mexicano asumió un conjunto de responsabilidades que, de manera resumida, puede decirse que consisten en poner a los niños siempre primero; empero, debe señalarse que no se puede argumentar que, para el Estado, los niños son primero y, simultáneamente, dejar atrás a las políticas y el presupuesto.
A partir del año 2001, el gobierno federal decidió que la agenda de la niñez sería atendida por una nueva instancia, denominada Consejo Nacional para la Atención de la Niñez y la Adolescencia (COIA), cuya responsabilidad de coordinación recaería en la recientemente creada Comisión Nacional de Desarrollo Social. A la renuncia de ésta, se nombró una presidencia honoraria y el COIA, que bien a bien no había iniciado sus tareas, quedó a la deriva y con él la agenda de la infancia en nuestro país.
En esta administración no se conoce ningún informe oficial que dé cuenta de los avances y los retos que están pendientes en función del PAFI 2002-2010; ni tampoco se ha planteado su revisión, sobre todo ante la evidencia de que son las niñas y los niños de nuestro país quienes viven en mayor proporción y con mayor agudeza la pobreza y la desigualdad.
Es preocupante que en México no haya la posibilidad de conocer cuánto gasto estamos destinando para el cumplimiento de los derechos de los niños, sobre todo porque a un año y medio de esta administración no se ha dado a conocer cuáles son los lineamientos de la política para la infancia y la adolescencia.
Es inaceptable, en esa lógica, que en el apartado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se hayan cometido errores graves en la definición de acciones y estrategias, que llegan incluso a citar erróneamente el nombre de la Convención de los Derechos del Niño.
Es inaceptable también la pobreza de propuestas en las estrategias definidas para la atención de la niñez y la adolescencia y sorprende sobre todo la omisión de la mayoría de las recomendaciones del alto comisionado de los Derechos Humanos, que ya eran conocidas por el gobierno mexicano al momento de redactar el Plan.
El Informe del secretario general de la ONU sobre violencia contra los niños nos alerta de las proporciones de este fenómeno en nuestro país, pero sobre todo acerca de la enorme “tolerancia social” ante esta violencia, la cual se refleja en carencia de recursos, deficiencias graves en el acceso a oportunidades de salud, alimentación y educación y, en los casos más extremos, en la trata de seres humanos, la explotación sexual comercial e incluso el asesinato; fenómenos todos que nos sitúan como un país que, aun con los avances, continúa siendo altamente inapropiado para los niños.
Es inaceptable que una niña o un niño indígenas tengan tres veces menos probabilidades de ver cumplidos sus derechos, que una niña o un niño del Distrito Federal o Nuevo León; es inaceptable que en los municipios indígenas más pobres las niñas y los niños tengan una expectativa de vida que no rebasa los 55 años; es inaceptable que las niñas y los niños indígenas y los de las zonas rurales más pobres tengan hasta cinco veces más probabilidades de morir antes de los cinco años, que los niños y las niñas de las zonas urbanas con más alto desarrollo humano.
Es deseable que la próxima celebración del Día del Niño rebase con mucho los desayunos y los eventos para la fotografía oficial y se convierta en un punto de inflexión en lo relativo a construir una estrategia de alcances nacionales que permita resarcir los rezagos y el grado de incumplimiento de los derechos de nuestras niñas y nuestros niños.
Por ello, habrá que cuestionar si la nueva política social que el presidente Calderón ha instruido que construya la Sedesol, avanzará en la inclusión de estas agendas, y habría que preguntar si esta nueva política se encaminará hacia un nuevo diseño institucional que permita atender integralmente los dilemas de la complejidad social que hoy nos abruma.
martes, 25 de marzo de 2008
lunes, 24 de marzo de 2008
Lo social y los tiempos políticos
Mario Luis Fuentes
Lunes 24 de marzo de 2008
Vigilar, evaluar y cuando es necesario reformar y crear nuevos ordenamientos jurídicos son varias de las responsabilidades fundamentales del Estado y, como tales, tienen que asumirse con suma seriedad. Nada debe haber más importante para el Congreso y, por ello, es indispensable que podamos avanzar como país en la superación del rezago legislativo que se ha mantenido durante varios años.
A pesar de que en esta Legislatura se ha logrado aprobar reformas sustantivas, no se ha conseguido mantener la racionalidad del diálogo político con el fin de asumir la discusión de muchas de las agendas no abordadas, en medio de las disputas y las discusiones políticas de coyuntura.
Así pues, el rezago legislativo que tenemos es mayúsculo. No sólo en cuanto al número de iniciativas presentadas y que no han sido dictaminadas, sino sobre todo en temas sobre los que no se ha legislado de manera suficiente, más que nada en materia de derechos humanos y de la ampliación de las garantías económicas, sociales, culturales y ambientales que se encuentran en distintas recomendaciones, acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha ratificado ante la comunidad internacional.
A lo anterior hay que agregar los estrechos márgenes de maniobra que el Ejecutivo se ha autoimpuesto en la determinación de las agendas prioritarias para el país y que, al menos por lo que puede percibirse públicamente, se reducen al combate al crimen organizado, a lograr la reforma energética y, sólo marginalmente, al crecimiento económico y el combate a la pobreza.
Esto ha derivado en la ausencia de interlocutores institucionales para que los distintos grupos sociales, organizados o no, puedan entablar discusiones que, en la lógica del diálogo y el acercamiento de las diferencias, permitan generar soluciones a los ingentes problemas que enfrentan día a día. Así el caso de los productores agrícolas o de los indígenas, por citar sólo dos ejemplos.
Hoy más que nunca, aprovechar el tiempo para la construcción de acuerdos políticos en el Congreso es sumamente valioso, en aras de poder incorporar temas de enorme urgencia para nuestro país: porque justo dentro de un año, seguramente estaremos atrapados una vez más en la disputa electoral, la que, es de esperarse, sea de más virulencia, en el afán de conseguir la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.
Estamos próximos, además, a que venza el plazo para que la Comisión Especial para la Reforma del Estado entregue sus resultados y habrá que esperar que tanto el Ejecutivo como los partidos asuman en su dimensión los límites y los alcances de las iniciativas que deberán presentarse como resultado de estos trabajos.
Lo que todo esto evidencia es la urgente necesidad de renovar las capacidades con que contamos para generar acuerdos políticos que nos lleven a una adecuada y suficiente incorporación de las agendas de lo social en el trabajo legislativo. Se trata, pues, de construir paquetes consensuados, que recuperen temas fundamentales, que bien pueden contribuir a generar mejores condiciones de diálogo parlamentario en otros asuntos.
En esa lógica, es indispensable que, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, tengan la capacidad de separar el debate político de la discusión técnico-racional en torno a asuntos que nos reclaman, a todos, acciones y medidas urgentes. La pobreza, la desigualdad y la frustración de millones de proyectos de vida no pueden esperar a que se resuelva el tema de la mayoría en el Congreso en 2009. Para ello falta mucho y los datos sociales existentes dan cuenta de la desesperación y la frustración de muchos jóvenes, para quienes es necesario construir las oportunidades y la posibilidad de un futuro de vida digno.
Ahora que se llegó a la mitad del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 2008 se está muy a tiempo para plantear una ruta crítica en la lógica mencionada. Los acuerdos que puedan construirse hoy, deben ser la base para que la disputa electoral que se avecina no genere más polarización, mayor encono y más división nacional. Y, sin duda alguna, avanzar a través de nuevos consensos en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos puede abonar a la certidumbre y a la estabilidad política requerida en nuestro país.
Lunes 24 de marzo de 2008
Vigilar, evaluar y cuando es necesario reformar y crear nuevos ordenamientos jurídicos son varias de las responsabilidades fundamentales del Estado y, como tales, tienen que asumirse con suma seriedad. Nada debe haber más importante para el Congreso y, por ello, es indispensable que podamos avanzar como país en la superación del rezago legislativo que se ha mantenido durante varios años.
A pesar de que en esta Legislatura se ha logrado aprobar reformas sustantivas, no se ha conseguido mantener la racionalidad del diálogo político con el fin de asumir la discusión de muchas de las agendas no abordadas, en medio de las disputas y las discusiones políticas de coyuntura.
Así pues, el rezago legislativo que tenemos es mayúsculo. No sólo en cuanto al número de iniciativas presentadas y que no han sido dictaminadas, sino sobre todo en temas sobre los que no se ha legislado de manera suficiente, más que nada en materia de derechos humanos y de la ampliación de las garantías económicas, sociales, culturales y ambientales que se encuentran en distintas recomendaciones, acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha ratificado ante la comunidad internacional.
A lo anterior hay que agregar los estrechos márgenes de maniobra que el Ejecutivo se ha autoimpuesto en la determinación de las agendas prioritarias para el país y que, al menos por lo que puede percibirse públicamente, se reducen al combate al crimen organizado, a lograr la reforma energética y, sólo marginalmente, al crecimiento económico y el combate a la pobreza.
Esto ha derivado en la ausencia de interlocutores institucionales para que los distintos grupos sociales, organizados o no, puedan entablar discusiones que, en la lógica del diálogo y el acercamiento de las diferencias, permitan generar soluciones a los ingentes problemas que enfrentan día a día. Así el caso de los productores agrícolas o de los indígenas, por citar sólo dos ejemplos.
Hoy más que nunca, aprovechar el tiempo para la construcción de acuerdos políticos en el Congreso es sumamente valioso, en aras de poder incorporar temas de enorme urgencia para nuestro país: porque justo dentro de un año, seguramente estaremos atrapados una vez más en la disputa electoral, la que, es de esperarse, sea de más virulencia, en el afán de conseguir la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.
Estamos próximos, además, a que venza el plazo para que la Comisión Especial para la Reforma del Estado entregue sus resultados y habrá que esperar que tanto el Ejecutivo como los partidos asuman en su dimensión los límites y los alcances de las iniciativas que deberán presentarse como resultado de estos trabajos.
Lo que todo esto evidencia es la urgente necesidad de renovar las capacidades con que contamos para generar acuerdos políticos que nos lleven a una adecuada y suficiente incorporación de las agendas de lo social en el trabajo legislativo. Se trata, pues, de construir paquetes consensuados, que recuperen temas fundamentales, que bien pueden contribuir a generar mejores condiciones de diálogo parlamentario en otros asuntos.
En esa lógica, es indispensable que, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, tengan la capacidad de separar el debate político de la discusión técnico-racional en torno a asuntos que nos reclaman, a todos, acciones y medidas urgentes. La pobreza, la desigualdad y la frustración de millones de proyectos de vida no pueden esperar a que se resuelva el tema de la mayoría en el Congreso en 2009. Para ello falta mucho y los datos sociales existentes dan cuenta de la desesperación y la frustración de muchos jóvenes, para quienes es necesario construir las oportunidades y la posibilidad de un futuro de vida digno.
Ahora que se llegó a la mitad del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 2008 se está muy a tiempo para plantear una ruta crítica en la lógica mencionada. Los acuerdos que puedan construirse hoy, deben ser la base para que la disputa electoral que se avecina no genere más polarización, mayor encono y más división nacional. Y, sin duda alguna, avanzar a través de nuevos consensos en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos puede abonar a la certidumbre y a la estabilidad política requerida en nuestro país.
martes, 18 de marzo de 2008
lunes, 17 de marzo de 2008
La ética pública
Mario Luis Fuentes
Lunes 17 de marzo de 2008
Negar que la política debe estar regida por la ética constituye, en términos lógicos, una contrictio in adjecto; esto es así, porque alejada de la ética la política se convierte en irracionalidad, en tiranía de uno o de varios sobre las mayorías y, sobre todo, abre la puerta a las tentaciones de la violencia, el autoritarismo y de los amantes de la guerra y la injusticia.
A pesar del pragmatismo de muchos políticos de la Grecia antigua, ninguno se atrevió, al menos públicamente, a negar el valor y la importancia de la ética en tanto eje de articulación de la política. Así, Solón o Pericles, y desde el ámbito de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles, nunca cejaron en su empeño de exigir a los gobernantes asumir que la política constituye el ejercicio de la mayor de las virtudes en la comunidad política.
En nuestra modernidad, siempre envuelta en tensiones y contradicciones, la ética ha tratado de ser expulsada distintas veces del ejercicio de la política, en aras de justificar un pragmatismo que hace un énfasis estricto en la eficacia y en la búsqueda del poder a toda costa y prácticamente a cualquier costo.
Empero, asumirlo así constituye dejar de hacer política. La política en su esencia es el ejercicio de un diálogo permanente, de un duelo entre inteligencias en el que la conciencia derrotada nunca lo es definitivamente, porque en el diálogo lo que impera es la tolerancia y el respeto mutuo y, porque en donde no hay reconocimiento explícito de la igualdad, el ejercicio de la comunicación es simplemente imposible.
Para los pensadores clásicos, una discusión en torno a si la ética forma parte sustancial de la política hubiese resultado absurda. Esto era así, porque para ellos resultaba evidente que, más allá de la ley, los hombres de Estado debían sujetarse a las más estrictas normas de actuación, disciplina y prudencia, a fin de evitar en todo momento cualquier crítica, fundada o infundada, en el ejercicio del poder.
Plutarco, filósofo nacido en el primer siglo de nuestra era, se pregunta en una de sus obras, pensando en el hombre de Estado: ¿Cómo puede un político vengarse de sus enemigos? La respuesta en nuestro contexto podría resultar quizás ingenua, de no ser tan poderosa y aleccionadora: “Siendo tú mismo bueno y honrado”. Y agrega Plutarco: “Por eso, el que ve que su enemigo es un rival de su vida y su fama, pone más atención en sí mismo, examina con cuidado sus acciones y ordena su vida”.
Hoy que vivimos en medio de un país dividido, en el que el encono político es la nota de todos los días y en el que las discusiones fundamentales del país se están relegando en aras de la descalificación, es momento de exigir a los políticos la consigna de Plutarco.
El hombre de Estado no puede ser valorado con base en la ética cotidiana, nos dice Tolstoi, pero, por ello mismo, es exigible para quien toma decisiones públicas ir mucho más allá de lo que la ley le marca y retraerse de cualquier acción que pueda llevarlo a la sospecha y a la pérdida de la confianza, la cual es la base de cualquier negociación o posibilidad de diálogo en torno a las decisiones fundamentales que requiere nuestro país.
México está atrapado en el lenguaje leguleyo en el que cualquier resquicio es aprovechado para limpiar expedientes o justificar acciones de suyo y a todas vistas inmorales. Un país, cualquiera que éste sea, requiere liderazgo ético y moral de sus políticos. Por ello, cuando esto no ocurre, la falta de respeto a la ley, la impunidad, la violencia y la corrupción pueden fácilmente arraigarse en el tejido social, con consecuencias funestas para todos.
No es posible que nuestra clase política esté atrapada en escándalos recurrentes: si es legal o no lo que hacen es lo de menos. Lo importante es que hoy no hay una clase política que pueda responder éticamente ante la ciudadanía, porque hoy las élites están atrapadas en medio de intereses que, por su dimensión, bien pueden ser calificados de siniestros.
México necesita un liderazgo que pueda generar certidumbre y confianza en la población; empero, un liderazgo así no puede nacer en un contexto de poder en el que desde hace varios años se han antepuesto los intereses del dinero, a los de la ética y al interés general de la población.
Hoy es momento de construir una forma distinta de hacer política; de asumir que es la ética la columna vertebral de la actuación del hombre de Estado, y que la desigualdad, el encono y la división que privan en nuestro país, sólo serán superados cuando los políticos estén tan lejos del escándalo que les sea posible pensar en serio sobre un proyecto de país de alcances mayores.
Negar que la política debe estar regida por la ética constituye, en términos lógicos, una contrictio in adjecto; esto es así, porque alejada de la ética la política se convierte en irracionalidad, en tiranía de uno o de varios sobre las mayorías y, sobre todo, abre la puerta a las tentaciones de la violencia, el autoritarismo y de los amantes de la guerra y la injusticia.
A pesar del pragmatismo de muchos políticos de la Grecia antigua, ninguno se atrevió, al menos públicamente, a negar el valor y la importancia de la ética en tanto eje de articulación de la política. Así, Solón o Pericles, y desde el ámbito de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles, nunca cejaron en su empeño de exigir a los gobernantes asumir que la política constituye el ejercicio de la mayor de las virtudes en la comunidad política.
En nuestra modernidad, siempre envuelta en tensiones y contradicciones, la ética ha tratado de ser expulsada distintas veces del ejercicio de la política, en aras de justificar un pragmatismo que hace un énfasis estricto en la eficacia y en la búsqueda del poder a toda costa y prácticamente a cualquier costo.
Empero, asumirlo así constituye dejar de hacer política. La política en su esencia es el ejercicio de un diálogo permanente, de un duelo entre inteligencias en el que la conciencia derrotada nunca lo es definitivamente, porque en el diálogo lo que impera es la tolerancia y el respeto mutuo y, porque en donde no hay reconocimiento explícito de la igualdad, el ejercicio de la comunicación es simplemente imposible.
Para los pensadores clásicos, una discusión en torno a si la ética forma parte sustancial de la política hubiese resultado absurda. Esto era así, porque para ellos resultaba evidente que, más allá de la ley, los hombres de Estado debían sujetarse a las más estrictas normas de actuación, disciplina y prudencia, a fin de evitar en todo momento cualquier crítica, fundada o infundada, en el ejercicio del poder.
Plutarco, filósofo nacido en el primer siglo de nuestra era, se pregunta en una de sus obras, pensando en el hombre de Estado: ¿Cómo puede un político vengarse de sus enemigos? La respuesta en nuestro contexto podría resultar quizás ingenua, de no ser tan poderosa y aleccionadora: “Siendo tú mismo bueno y honrado”. Y agrega Plutarco: “Por eso, el que ve que su enemigo es un rival de su vida y su fama, pone más atención en sí mismo, examina con cuidado sus acciones y ordena su vida”.
Hoy que vivimos en medio de un país dividido, en el que el encono político es la nota de todos los días y en el que las discusiones fundamentales del país se están relegando en aras de la descalificación, es momento de exigir a los políticos la consigna de Plutarco.
El hombre de Estado no puede ser valorado con base en la ética cotidiana, nos dice Tolstoi, pero, por ello mismo, es exigible para quien toma decisiones públicas ir mucho más allá de lo que la ley le marca y retraerse de cualquier acción que pueda llevarlo a la sospecha y a la pérdida de la confianza, la cual es la base de cualquier negociación o posibilidad de diálogo en torno a las decisiones fundamentales que requiere nuestro país.
México está atrapado en el lenguaje leguleyo en el que cualquier resquicio es aprovechado para limpiar expedientes o justificar acciones de suyo y a todas vistas inmorales. Un país, cualquiera que éste sea, requiere liderazgo ético y moral de sus políticos. Por ello, cuando esto no ocurre, la falta de respeto a la ley, la impunidad, la violencia y la corrupción pueden fácilmente arraigarse en el tejido social, con consecuencias funestas para todos.
No es posible que nuestra clase política esté atrapada en escándalos recurrentes: si es legal o no lo que hacen es lo de menos. Lo importante es que hoy no hay una clase política que pueda responder éticamente ante la ciudadanía, porque hoy las élites están atrapadas en medio de intereses que, por su dimensión, bien pueden ser calificados de siniestros.
México necesita un liderazgo que pueda generar certidumbre y confianza en la población; empero, un liderazgo así no puede nacer en un contexto de poder en el que desde hace varios años se han antepuesto los intereses del dinero, a los de la ética y al interés general de la población.
Hoy es momento de construir una forma distinta de hacer política; de asumir que es la ética la columna vertebral de la actuación del hombre de Estado, y que la desigualdad, el encono y la división que privan en nuestro país, sólo serán superados cuando los políticos estén tan lejos del escándalo que les sea posible pensar en serio sobre un proyecto de país de alcances mayores.
martes, 11 de marzo de 2008
lunes, 10 de marzo de 2008
Hay que estar muy atentos
Mario Luis Fuentes
Lunes 10 de marzo de 2008
Las multitudes arrastran a otras multitudes, afirma Elías Canetti en su célebre texto de Masa y poder. Estos arrastres pueden ser de diversos tipos y magnitudes y, cuando están vinculados a cuestiones de política, pueden llevar fácilmente a la revuelta.
Octavio Paz diferenciaba a la revuelta de la revolución, estableciendo que la primera no tiene como efecto la transformación radical de las sociedades. La revuelta cumple la función de la denuncia, de la manifestación del descontento, es síntoma de un malestar social mayor ante circunstancias generalmente de injusticia, intolerancia, represión, desigualdad y, desde luego, pobreza.
La revuelta también es ocasional y termina con la represión o bien con una especie de “disolución espontánea”. No es fruto de una propuesta ideológica o de la pretensión de llegar al poder (como sí ocurre en las revoluciones). La revuelta no tiene programa de acción, sus vaivenes están marcados antes bien por el ritmo de la vorágine, el descontento y el afán de destruir todo aquello que oprime o que parece hacerlo.
Las revueltas son por ello mucho más violentas que otros movimientos sociales, en tanto que no hay racionalidad organizativa del movimiento, no hay líderes visibles, sino aquellos que en el “momento de la masa” asumen su conducción. No hay disciplina, por el contrario, existen el desfogue, la explosión masiva de odios, frustraciones y descontentos acumulados a través de años de exclusión social y privación de derechos humanos fundamentales.
No hay tiempos para las revueltas, es decir, no son predecibles, no son programadas y, por lo tanto, pueden aparecer en el momento menos pensado o esperado. Por ello, cuando una sociedad ha generado los “caldos de cultivo” necesarios para que las condiciones de una revuelta aparezcan, debe tenerse mucho cuidado y debe estarse muy atento a cómo se está procesando el conflicto social y cuáles son las medidas de política que los gobiernos asumen para evitar las tragedias que generalmente vienen asociadas a este tipo de movilizaciones.
Ya hemos visto que no es necesario que haya extrema pobreza para que esto ocurra. En la ciudad de Los Ángeles, uno de los enclaves económicos más poderosos del mundo, vimos cómo en 1984 la discriminación y el racismo fueron los detonantes de una movilización y unos disturbios sin precedentes en la historia estadunidense contemporánea. París fue el reciente escenario de episodios de violencia, igualmente provocados por la exclusión, la desesperación y la frustración de miles de jóvenes excluidos del bienestar y del cumplimiento de sus derechos.
Los datos que tenemos en México deben situarnos en un estado de alerta y atención mayor. Miles, millones de jóvenes, están hoy en las calles sin estudiar y sin trabajar, excluidos de un sistema educativo que no sólo carece de las capacidades para absorber a todos, sino que además continúa siendo de muy mala calidad. En los últimos años hemos padecido un déficit de empleo cuya fuga de escape más efectiva se ha encontrado en el drama de la migración, documentada e indocumentada, que nos ha llevado a la recomposición de las dinámicas sociales y familiares cuyas consecuencias aún estamos lejos de conocer.
La presencia del narcotráfico y el crimen organizado ha llevado a una estrategia de alta intervención militar en las calles, que puede estar generando más miedo que certidumbre en la población, en particular de los jóvenes, los niños y los adultos mayores, quienes son y han sido siempre los grupos más desprotegidos y vulnerables en nuestro país.
Una sociedad con cientos de miles de jóvenes condenados a literalmente no hacer nada, es una sociedad en la que la revuelta es siempre una posibilidad y, sobre todo, un riesgo que no puede ni debe buscar prevenirse y evitarse con más presencia policiaca, sino con más escuelas, más universidades públicas, más creación de empleo y, por supuesto, muchas más y mejores oportunidades para la realización efectiva de los derechos humanos y sociales.
No sabemos qué está pasando en los “sustratos” de la sociedad y mucho menos en los espacios que viven y están construyendo en el día a día nuestros jóvenes. Hoy es tiempo de estar atentos y mucho más, de comenzar a actuar para que nuestros panoramas sean mucho más alentadores y esperanzadores.
México no puede tener como principal oferta un futuro ennegrecido para sus jóvenes, y mucho menos podemos decir que simplemente no hay nada que hacer. Por el contrario, es momento de actuar y transformar esta realidad que, sin duda alguna, a nadie beneficia.
Las multitudes arrastran a otras multitudes, afirma Elías Canetti en su célebre texto de Masa y poder. Estos arrastres pueden ser de diversos tipos y magnitudes y, cuando están vinculados a cuestiones de política, pueden llevar fácilmente a la revuelta.
Octavio Paz diferenciaba a la revuelta de la revolución, estableciendo que la primera no tiene como efecto la transformación radical de las sociedades. La revuelta cumple la función de la denuncia, de la manifestación del descontento, es síntoma de un malestar social mayor ante circunstancias generalmente de injusticia, intolerancia, represión, desigualdad y, desde luego, pobreza.
La revuelta también es ocasional y termina con la represión o bien con una especie de “disolución espontánea”. No es fruto de una propuesta ideológica o de la pretensión de llegar al poder (como sí ocurre en las revoluciones). La revuelta no tiene programa de acción, sus vaivenes están marcados antes bien por el ritmo de la vorágine, el descontento y el afán de destruir todo aquello que oprime o que parece hacerlo.
Las revueltas son por ello mucho más violentas que otros movimientos sociales, en tanto que no hay racionalidad organizativa del movimiento, no hay líderes visibles, sino aquellos que en el “momento de la masa” asumen su conducción. No hay disciplina, por el contrario, existen el desfogue, la explosión masiva de odios, frustraciones y descontentos acumulados a través de años de exclusión social y privación de derechos humanos fundamentales.
No hay tiempos para las revueltas, es decir, no son predecibles, no son programadas y, por lo tanto, pueden aparecer en el momento menos pensado o esperado. Por ello, cuando una sociedad ha generado los “caldos de cultivo” necesarios para que las condiciones de una revuelta aparezcan, debe tenerse mucho cuidado y debe estarse muy atento a cómo se está procesando el conflicto social y cuáles son las medidas de política que los gobiernos asumen para evitar las tragedias que generalmente vienen asociadas a este tipo de movilizaciones.
Ya hemos visto que no es necesario que haya extrema pobreza para que esto ocurra. En la ciudad de Los Ángeles, uno de los enclaves económicos más poderosos del mundo, vimos cómo en 1984 la discriminación y el racismo fueron los detonantes de una movilización y unos disturbios sin precedentes en la historia estadunidense contemporánea. París fue el reciente escenario de episodios de violencia, igualmente provocados por la exclusión, la desesperación y la frustración de miles de jóvenes excluidos del bienestar y del cumplimiento de sus derechos.
Los datos que tenemos en México deben situarnos en un estado de alerta y atención mayor. Miles, millones de jóvenes, están hoy en las calles sin estudiar y sin trabajar, excluidos de un sistema educativo que no sólo carece de las capacidades para absorber a todos, sino que además continúa siendo de muy mala calidad. En los últimos años hemos padecido un déficit de empleo cuya fuga de escape más efectiva se ha encontrado en el drama de la migración, documentada e indocumentada, que nos ha llevado a la recomposición de las dinámicas sociales y familiares cuyas consecuencias aún estamos lejos de conocer.
La presencia del narcotráfico y el crimen organizado ha llevado a una estrategia de alta intervención militar en las calles, que puede estar generando más miedo que certidumbre en la población, en particular de los jóvenes, los niños y los adultos mayores, quienes son y han sido siempre los grupos más desprotegidos y vulnerables en nuestro país.
Una sociedad con cientos de miles de jóvenes condenados a literalmente no hacer nada, es una sociedad en la que la revuelta es siempre una posibilidad y, sobre todo, un riesgo que no puede ni debe buscar prevenirse y evitarse con más presencia policiaca, sino con más escuelas, más universidades públicas, más creación de empleo y, por supuesto, muchas más y mejores oportunidades para la realización efectiva de los derechos humanos y sociales.
No sabemos qué está pasando en los “sustratos” de la sociedad y mucho menos en los espacios que viven y están construyendo en el día a día nuestros jóvenes. Hoy es tiempo de estar atentos y mucho más, de comenzar a actuar para que nuestros panoramas sean mucho más alentadores y esperanzadores.
México no puede tener como principal oferta un futuro ennegrecido para sus jóvenes, y mucho menos podemos decir que simplemente no hay nada que hacer. Por el contrario, es momento de actuar y transformar esta realidad que, sin duda alguna, a nadie beneficia.
martes, 4 de marzo de 2008
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