Buscar

lunes, 8 de septiembre de 2014

Generosidad para transformar

Excélsior, 8/09/2014

El desperdicio simbólico y político que atestiguamos en 2010, con motivo de los centenarios de la Revolución Mexicana y de la Independencia debe servirnos de lección para planear cómo podemos honrar en 2017 a quienes, de manera extraordinaria lograron construir la que sigue considerándose como la primera Constitución social del siglo XX.

De acuerdo con el doctor Valadés, nuestra Carta Magna ha tenido más de 600 reformas desde su promulgación; y a pesar de que la gran mayoría han tenido, en la opinión del experto, utilidad y pertinencia, se han hecho muy mal, lo cual es causa y origen de una enorme desconfianza política respecto de la voluntad o no de cumplir con el mandato constitucional por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir al Estado.

Desde la perspectiva de muchos, tal y como se encuentra al día de hoy, la Constitución nos ha llevado a una severa paradoja: sin duda hay enormes avances y conquistas irrenunciables en materia de derechos humanos, democracia y justicia; sin embargo, el Estado se encuentra atrapado en una estructura orgánica y funcional que le impide cumplir con lo que la Constitución establece como mandato.

Estamos, pues, ante un déficit de estatalidad que no puede continuar por más tiempo; de tal forma que lo urgente hoy es diálogo y más diálogo político en civilidad y cordura, con el propósito de construir los acuerdos necesarios para impulsar un reordenamiento de la Constitución, y tener así un festejo digno del momento histórico que nos toca honrar.

El riesgo, se ha insistido en numerosas ocasiones, se encuentra en la posibilidad de que desde el ámbito de la política, la economía y la sociedad civil, se decida continuar actuando con base en la mezquindad o en la negativa permanente a dialogar y conciliar intereses y visiones contrapuestas. 

Nuestro país requiere un nuevo pacto social; y esto es mucho más que una frase. Se trata de reconfigurar los vectores del poder que han llevado a niveles de acumulación y desigualdad sin precedentes, lo cual tiene a más de 50 millones de personas en condiciones de pobreza, de los cuales 21.2 millones son niñas, niños y adolescentes.

Necesitamos crecer económicamente, pero con base en estructuras que permitan la distribución de la riqueza y garantizar equidad. Necesitamos crear muchos más empleos, pero que den seguridad social y acceso a un salario digno; necesitamos fortalecer la democracia, pero también las estructuras institucionales que garanticen la pluralidad, no sólo en el Congreso, sino también en el gobierno y sus dependencias.

Todo lo anterior no va a darse por generación espontánea. Exige una visión de Estado y un sentido histórico y de patria de un calado superior, desde la cual pueda convocarse a la reconciliación, apelando en todo momento a la generosidad como uno de los valores olvidados de la política, sobre todo cuando en democracia México necesita, urgentemente, de lo mejor de su ciudadanía. Ya no hay espacio para la frivolidad, el sectarismo o la mezquindad. Sin duda alguna estamos ante la hora de la igualdad. Optar por ello o no, depende exclusivamente de nosotros.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: ML_fuentes

lunes, 1 de septiembre de 2014

El país que nos hace falta

Excélsior, 1/09/14

Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento…
La tristeza que tuvo tu valiente alegría…

Tomado de Alma Ausente,
Federico García Lorca
Recordando a mi hijo, Mario Luis Fuentes Batanero.

México está, de algún modo, abandonado a su suerte. Los vacíos personales se han ido acumulando y en el nivel macro, pareciera que se han traducido en grandes vacíos en lo cívico, en lo social, en lo político y en lo económico.

Es difícil pensar en un país generoso, cuando son muy pocos quienes acceden al bienestar y tienen oportunidades de trazar un proyecto de vida y, sobre todo, en un lugar donde millones se consumen cotidianamente en la angustia que implica el decidir cuál de los hijos habrá de comer menos.

Estamos urgidos de más mujeres y hombres con vocación de patria. De ciudadanos capaces de asumir la parte que les corresponde hacer; pero sobre todo, de echarse a cuestas la responsabilidad con los otros; de optar por la práctica solidaria que implica la vocación, es decir, el llamado del servicio público en el sentido más estricto del término.

Por eso duele más allá de las entrañas cuando perdemos a alguien así. Porque más allá del amor y las filias personales, se encuentra también el reconocimiento de las capacidades, a la voluntad y el arrojo de asumir el reto de transformar; de crear conciencia cívica a través de la práctica diaria y disciplinada del pensar y el hacer en aras del bienestar público.

No es fácil, nunca lo ha sido, encontrar almas nobles, en el sentido que los griegos antiguos le daban a esa categoría. Ni siquiera entre los espartanos florecieron más de dos: Aquiles y Leónidas. Por ello a nosotros —los modernos— nos convoca Hölderlin, a tener el arrojo de construir un mundo en el que reine sólo lo espiritual; es decir, la consciencia más profunda de la vocación y la voluntad de llegar a ser lo que se es. Pocos, sin embargo, aspiran y tienen la voluntad de intentarlo.

A diferencia de lo que podría pensarse, una vocación así está muy lejos de ser únicamente una cuestión personal. Hay que generar el contexto, cultural y político, para que en el momento en que se presente ante nosotros un espíritu potente, pueda germinar y florecer en aras de una extraña, pero siempre presente aspiración superhumana: la confianza en que podemos ser mejores.

Las pérdidas de los otros son siempre absolutas; por eso todo lo que pueda decirse más vale sintetizarlo y guardarlo en silencio. Pero lo que no debemos callarnos es la memoria de lo que nos queda patente: una estela de luz proyectada más allá de lo que alcanzamos a ver y que, como lo hacen las supernovas, al estallar no fenecen: se proyectan miles de millones de años hacia un futuro inexistente, pero que en su discurrir crean.

Los que estamos vivos tenemos la responsabilidad, a secas, de continuar viviendo. Pero no podemos hacerlo así nada más; como si nada pasara o nos hubiese pasado. No podemos ignorar la memoria de los nuestros y, en congruencia, no podemos abandonar la tarea de construir no a un país, sino a ciudadanos capaces de heredar uno más digno a quienes vienen y han de venir detrás.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 25 de agosto de 2014

El racismo sigue ahí

Excélsior, 25/08/2014


Millones de personas viven y padecen la discriminación, la segregación y la violencia, con base en un absurdo prejuicio arraigado en la mentalidad de muchos, con respecto a que hay personas quienes, por distintas razones, asumen una superioridad biológica o moral respecto de los demás.

Cuando se piensa en este tema, suele aludirse de inmediato a la figura de Hitler y las monstruosidades de la Alemania nazi; sin embargo, no debe perderse de vista que, en sentido estricto, no hay “racismos peores que otros”; quizá los haya más salvajes, perversos, violentos, pero en esencia, toda mentalidad racista resulta odiosa por igual.

Lo ocurrido en días recientes en la localidad de Ferguson, Missouri, revela el hartazgo de una comunidad que ha sido agraviada por siglos, y que no está dispuesta a tolerar más abusos cometidos al amparo de la autoridad policial, los cuales tienen todo el tufo del odio racial y el desprecio a quien es diferente. 

El sur de Estados Unidos de América tiene una historia oprobiosa relativa al racismo. Debe recordarse que fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando una guerra civil cruenta fue lo que decidió la abolición de la esclavitud, y que hasta la década de los 60 en el siglo XX, pudieron concretarse en aquel país las modificaciones legales que garantizaron, al menos en la ley, la igualdad para todas y todos.

En nuestro país, la memoria del racismo también es ancestral; sólo hasta el año de 1993 reconocimos en nuestra Carta Magna nuestro carácter de nación pluricultural y pluriétnica; y hasta el año 2000 pudo concretarse, con basen intensos esfuerzos, la redacción —aún incompleta para muchos— que hoy tenemos en el artículo 2º constitucional en materia de pueblos y culturas indígenas.

Una mentalidad racista está acompañada regularmente por otras formas de discriminación e intolerancia; el clasismo característico en nuestras sociedades urbanas es sólo un ejemplo que se expresa sobre todo cuando una persona utiliza el término de “indio” para referirse a otra con desprecio por su condición de pobreza, ignorancia, color de piel o simplemente con propósitos de denostación.

La humanidad que nos caracteriza a todas y todos se abandona en cada ocasión que alguien asume superioridad, por su origen o posición, respecto de los demás. Se trata de una de las patologías ancestrales que debemos erradicar, porque las tentaciones autoritarias, con base en este tipo de prejuicios, siempre está ahí.

Frente a las declaraciones de Ann Coulter, una columnista estadunidense que pide bombardear a nuestro país para solucionar el problema de la migración, lo sorprendente no es sólo el tono y contenido de sus disparates, sino que tenga eco y difusión en los medios de comunicación más relevantes del otro lado de la frontera. Le permiten hablar así —quizá la alientan— porque hay miles de personas que quieren escuchar este tipo de discurso racista, de odio y xenofobia.

Ante ello no basta con decir sólo que se trata de personas ignorantes; este tipo de manifestaciones hay que tomarlas muy en serio porque lo que se encuentra en juego es nada menos que la dignidad humana. A nadie debe serle tolerado hablar o actuar desde el racismo, porque si permitimos que se siembre el odio, corremos el riesgo de que los autoritarios hagan lo que siempre han buscado hacer: sobajar, humillar y someter a los otros.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 18 de agosto de 2014

La persistente corrupción

Excélsior, 18/08/2014

Seguimos teniendo un país dividido y confrontado. Los saldos de una oprobiosa desigualdad que se ha mantenido y profundizado, sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, nos ubican hoy como un país en el que las identidades están cada vez más desgastadas, mientras que un malestar generalizado se percibe en prácticamente todos los espacios de la vida social.

En este contexto, si hay una percepción uniforme en el país, ésta es la relativa a que en todos los órdenes y niveles del gobierno hay una persistente corrupción que constituye un lastre para el desarrollo. Se trata de una sangría que no sólo nos cuesta miles y miles de millones de pesos, sino que además está minando el desarrollo institucional.

Al respecto es pertinente destacar que en los últimos diez años se han generado nuevos ordenamientos jurídicos que han abonado en materia de transparencia y rendición de cuentas, y derivado de ello, han surgido y se han fortalecido instituciones para potenciar las capacidades del Estado para el control del gobierno y promover el ejercicio honesto del gobierno.

A pesar de esta realidad, la corrupción sigue ahí. Los escándalos se suceden uno a otro: videos, grabaciones de voz y filtraciones de todo tipo de documentos, relativos a funcionarias y funcionarios en todo el territorio nacional, en los que se hace evidente lo que todas y todos sabemos: los moches, las mordidas, y en general el desvío de recursos para todos los fines y propósitos, siguen siendo la realidad cotidiana en todo el país.

En el análisis de este tema, casi siempre se pone el énfasis en las pérdidas económicas que la corrupción provoca al erario; sin embargo, debemos ser capaces de señalar y comprender que el Estado mexicano estará imposibilitado para dar pleno cumplimiento al mandato constitucional y de sus leyes, de continuar campeando la cultura de la “transa” que hoy predomina como “cultura política”. Debemos recuperar, con urgencia, el ejercicio profesional de la política, entendido como un espacio de pedagogía cívica.

La cuestión es simple: un Estado de bienestar y para la equidad no puede germinar en un país en el que las instituciones públicas están secuestradas por grupos de interés que las manipulan y utilizan para beneficiar a unos cuantos, en detrimento de la mayoría. Es evidente que cada vez es más apremiante concretar la reforma en materia de combate a la corrupción.

Luego de las reformas que se han aprobado es crucial para el gobierno federal garantizar toda la transparencia posible y evitar que las reformas, cuestionadas por amplios sectores, se vean mermadas en su legitimidad, sobre todo ante un escenario de las nuevas y “apetitosas” licitaciones que vendrán, como han sido ya calificadas por algunos funcionarios.

Erradicar la corrupción podría, según algunos expertos, permitirnos crecer adicionalmente un punto porcentual del PIB cada año. Eso sin duda es importante, pero, sobre todo, avanzar en ese sentido nos permitiría recobrar la confianza en las instituciones; abriría nuevas rutas para el entendimiento y la reconciliación en muchos espacios, y más aún, nos situaría como un país en el que la honestidad es asumida como un valor culturalmente extendido, y en el que el repudio social a la corrupción la convierta en una práctica rechazada y condenada severamente por la mayoría.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 11 de agosto de 2014

Fortalecer la prevención

Excélsior, 11/08/2014

Entre los años 2003 y 2012 han fallecido, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad general del INEGI, un total de 37 mil 524 personas por enfermedades infecciosas intestinales.

El verano es la época del año en que se presenta el mayor número de casos de enfermedades infecciosas intestinales. En efecto, de acuerdo con los Anuarios de Morbilidad y el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, cada año enferman más de cinco millones de personas por la causa señalada.

A esas cifras deben sumarse los más de 1.5 millones de casos de úlceras y gastritis que se presentan también anualmente; los más de 350 mil casos que año tras año se registran por amebiasis intestinal; así como los 130 mil casos anuales que se reportan por paratifoideas y otras salmonelosis.

Las cifras son gigantescas: se trata de prácticamente 7% de la población que todos los años adquiere infecciones que son altamente prevenibles. Se trata de casi 17 mil 500 casos al día, o bien, 729 casos por hora en todo el territorio nacional.

Las consecuencias que estos datos tienen en términos de mortalidad son de una magnitud alarmante: entre los años 2003 y 2012 han fallecido, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad general del INEGI, un total de 37 mil 524 personas por enfermedades infecciosas intestinales; un promedio de tres mil 742 casos anuales o bien, casi diez casos cada día.

En el mismo periodo han acaecido 41 mil 408 defunciones por infecciones bacterianas, es decir, 12 casos al día, así como mil 244 casos anuales de hepatitis viral, o bien, tres defunciones diarias por esa causa.

En el agregado se trata de prácticamente diez mil decesos anuales, porque la gente no se lava las manos con agua y jabón; porque los alimentos que ingirieron no estaban apropiadamente desinfectados; o porque al haber adquirido la infección, sobre todo cuando se trata de las niñas y niños más pequeños, no se tuvo acceso a un médico, a un centro de salud apropiado o, en los casos más extremos, porque no se tuvo acceso a una hidratación apropiada.

Es cierto que hace falta mejorar la infraestructura de servicios públicos para evitar estas infecciones: acceso universal al agua potable en todos los espacios públicos y privados; servicios de drenaje y saneamiento adecuados; recolección y disposición final de basura y desechos sólidos y orgánicos, etcétera.

Sin embargo, estos padecimientos también podrían evitarse en un alto porcentaje mediante la generación de hábitos saludables: no escupir en la calle o en espacios públicos; depositar la basura en lugares adecuados, etcétera. Estas son acciones que se basan en la promoción de una cultura para la higiene y el cuidado, así como para una mayor conciencia ecológica entre la población.

Ya tuvimos una experiencia positiva cuando apareció el virus de la influenza A H1N1, ante la cual se logró una intensa participación y responsabilidad de la población; esa experiencia debe recuperarse por parte de la Secretaría de Salud y de sus contrapartes en las entidades de la República, a fin de impulsar una profunda conciencia social y así evitar la innecesaria mortandad de la que estamos siendo testigos.

Debemos parar las miles de muertes que están ocurriendo y que no debieron ser; se trata de un mandato ético que no requiere de más recursos de los que ya disponemos; es una cuestión de imaginación, pero sobre todo, de voluntad para hacer lo necesario con el fin de evitar que la enfermedad y muertes evitables sigan quitándonos lo más preciado que tenemos.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_Fuentes

lunes, 4 de agosto de 2014

Los rostros del dolor

Excélsior, 04/08/2014

Las imágenes cotidianas de los medios de comunicación están llenas de violencia. No es que los medios las generen; por el contrario, dan cuenta del horror que nos rodea y son, en muchos casos, la única alternativa de denuncia ante el autoritarismo y el abuso de poder.

Es desolador observar los rostros descompuestos ante la muerte de niñas y niños en la Franja de Gaza; ante la enfermedad y la incertidumbre que está generando la crisis del ébola en África; y en nuestro propio entorno, los rostros de los familiares de las miles de víctimas que todos los días son vulneradas por la delincuencia en todas sus formas y niveles.

Frente a una realidad dura y hostil para la mayoría, el papel de los medios de comunicación es fundamental. De ahí que no debe pasarse por alto el tratamiento y la propia estructura de los noticiarios, pues en muchos casos no sólo no se está dando cuenta de manera apropiada de la complejidad, sino que, aun de manera involuntaria, se contribuye a trivializar o a normalizar la violencia.

Algo anda mal cuando en los noticiarios se puede pasar de las imágenes de masacres, asesinatos u otros crímenes, a la sección de deportes, a la sátira política o incluso a la frivolidad de los espectáculos. Frente a esta consideración, es válido hacer un llamado a ser cuidadosos con lo que proyectamos a la población, más aun en un país en el que todavía la mayoría utiliza la televisión como el principal medio de comunicación para acceder a información y entretenimiento.

Lo anterior tiene sentido, sobre todo si se considera que exorcizar la violencia y construir una cultura para la paz requiere sin duda alguna de medios de comunicación que cumplan a cabalidad con el mandato legal de ser medios de interés público; es decir, espacios que tienen la capacidad de diseñar y proyectar productos de calidad, desde los productos noticiosos hasta los dirigidos al entretenimiento.

La sorpresa generada en la década de los 90 en el siglo pasado, relativa a la capacidad de ver “en tiempo real” los bombardeos en la primera invasión estadunidense a Irak, se ha convertido en uso y costumbre en nuestros días, en los que la instantaneidad de internet permite ver todo tipo de sucesos en el mismo momento en que ocurren incluso sin la mediación de las “empresas tradicionales” de comunicación.

Esta capacidad tecnológica no ha ido acompañada, sin embargo, de una renovación cultural; sí tenemos acceso a mayor cantidad de datos e información, pero no somos definitivamente más sabios, ni gracias a tal acceso ni mucho menos en la interpretación y comprensión de lo que estamos observando todos los días en las pantallas tanto de las televisiones como de las computadoras.

No debemos perder la capacidad, no de sorpresa, como se dice regularmente, sino de conmovernos, de cimbrarnos ante el dolor ajeno; y como consecuencia de lo anterior, de no permanecer inmóviles o en el pasmo ante la barbarie y la violencia.

Comprender el grotesco espectáculo que estamos presenciando exige vislumbrar, como lo expresaba Octavio Paz, que lo propio del ojo no es precisamente ver, sino llorar; porque al entender esto, tenemos la posibilidad de estar abiertos a la solidaridad y sin ambages, al ejercicio de una ética de infinita responsabilidad con nuestros semejantes.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_Fuentes

lunes, 28 de julio de 2014

Impulsar una reforma social

Excélsior, 28/07/2014

El gobierno federal ha logrado construir acuerdos políticos para impulsar las reformas que forman parte de su agenda estratégica. La lógica parece ser: impulsar cambios estructurales en el ámbito económico, bajo el supuesto de que éstos van a generar empleos y mayores capacidades para superar la pobreza y propiciar mayor bienestar.

Si algo es deseable desde esta perspectiva es que la Presidencia aproveche lo que podría asumirse como un “ánimo reformador” en el país, y avanzar hacia un conjunto de reformas estructurales en el ámbito de lo social, de cara a la primera mitad de la administración.

Un proceso de esta naturaleza podría darle un nuevo marco de legitimidad ante el cuestionamiento reiterado, en distintos sectores sociales, académicos y políticos, respecto de que las reformas impulsadas no tienen otro propósito sino beneficiar a quienes más tienen.

Sobre todo, el gobierno podría acreditar que su principal interés está de verdad del lado de la mayoría de la población; es decir, mostraría fehacientemente que hay una conciencia real de que las reformas económicas no van a propiciar por sí mismas la creación de empleos o la superación de la pobreza.

Lo anterior quiere decir que si bien transformar la realidad económica es una condición necesaria para reconstruir al mercado interno y recuperar la capacidad de crear empleos formales; no es una condición suficiente para el bienestar, por lo que es urgente avanzar hacia la reforma de lo social.

Quizá el primer paso que debe darse es la construcción de un sistema universal de salud, que permita homologar los estándares de calidad a los que puede aspirar la población en los servicios públicos, pero sobre todo, dar pleno cumplimiento del mandato constitucional de proteger a toda persona que así lo requiera.

Hace falta, además, cumplir con el “círculo de reformas” para fortalecer las capacidades estatales para la justicia social. Debe generarse la Ley orgánica del Coneval; y está en análisis un nuevo marco jurídico para la protección de los derechos de la niñez el cual, de aprobarse, obligaría a reformar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

Otro de los lastres para el desarrollo es la constante malversación de los recursos públicos, por lo que urge recuperar la propuesta del presidente Peña de crear una gran institución para el combate a la corrupción, lo cual permitiría fortalecer a las recientes reformas en materia de transparencia.

Hace falta construir un proceso de transformación del marco jurídico de lo social, pues en los últimos años se han generado nuevas responsabilidades, pero no necesariamente nuevas capacidades institucionales para cumplirlas; esto hace necesario revisar el entramado institucional para lo social y valorar si efectivamente la estructura por sectores, funcional al modelo de gobierno del siglo XX, sigue siendo pertinente ante la complejidad del siglo XXI.

Hace falta construir un verdadero sistema nacional de protección a las víctimas; así como perfeccionar las legislaciones para combatir flagelos específicos como la trata de seres humanos.

Es mucho lo que está pendiente; y si algo es importante reconocer es que, tal y como está ahora, el entramado institucional está provocando un importante déficit de estatalidad, pues no cuenta con los recursos y capacidades para cumplir con el mandato constitucional y legal, por lo que si habrá de impulsarse más reformas, éstas deben ser en el ámbito de los social.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_Fuentes

lunes, 21 de julio de 2014

La niñez y la debilidad del Estado

Excélsior, 21/07/2014

En México operan decenas, quizá cientos de casas hogar similares al albergue La Gran Familia, recientemente intervenido judicialmente por la denuncia de presuntos delitos en contra de las niñas y niños que estaban bajo su resguardo.

Se trata de numerosos establecimientos que se organizan y administran, más con base en la voluntad individual y lo que se considera “educación tradicional”, que con base en protocolos apegados a lo que establecen las leyes y las normas oficiales en la materia.

Sin duda alguna, nada puede justificar que se cometan abusos u otras violaciones a los derechos de las niñas y los niños; por el contrario, lo exigible es que en los ámbitos privado y público siempre se ponga por delante el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.

Para una nación en la que se aspira a tener un estado de bienestar generalizado, no es válido argumentar que se pueden violar o incumplir varios derechos en aras de proteger otros; es decir, no es válido decir que se utiliza la violencia como método de educación, a cambio de dar un techo y relativa alimentación a niñas y niños desprotegidos o en situación de abandono.

En medio del debate que se ha generado sobre este tema, lo que debe comprenderse es que no vamos a resolver nuestros problemas estructurales a golpe de “chivos expiatorios”. Es decir, no se puede construir una sociedad para la paz cuando la única salida que tenemos para nuestros problemas es el uso de la fuerza judicial.

Si algo nos revela este caso es el profundo abandono del Estado respecto de la asistencia social. La ley establece que es el Estado quien debe ejercer la rectoría en esa materia, pero las instituciones responsables no cuentan con los instrumentos necesarios para ejercerla. Por ejemplo, aun cuando el Sistema DIF tiene facultades de supervisión respecto de las instituciones de asistencia social, no tiene facultades para orientar, corregir y, en su caso, sancionar a los establecimientos en los que se prestan servicios asistenciales.

La cuestión de fondo es: ¿Cuántas casas hogar y asilos para adultos mayores operan en circunstancias similares?, ¿cuántos centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones?, ¿cuántas casas hogar y centros de atención a niñas, niños y adultos con alguna discapacidad?

Nos vamos a engañar una vez más si asumimos que este tema se trata de una discusión en torno a la solvencia ética de Rosa del Carmen Verduzco; antes bien, lo que debería asumirse como una cuestión urgente es cómo darle una nueva vitalidad al sistema nacional de asistencia social, pública y privada, y cómo construir un sistema nacional de protección a la niñez.

En una sociedad llena de violencia, corremos el riesgo de convertir todos nuestros asuntos en un tema de persecución criminal, y ese no es definitivamente el camino para construir una cultura para la paz y la solidaridad.

Estamos ante el reto de fortalecer nuestras instituciones para cumplir con el mandato constitucional de garantizar plenamente el vasto catálogo de derechos humanos que hoy nos han sido reconocidos. Si fallamos en esa tarea, continuaremos viviendo en un déficit permanente de estatalidad; es decir, seguiremos atrapados en la absurda situación de tener un Estado que no es capaz de cumplir los mandatos que se da a sí mismo. 

*Investigador del PUED - UNAM
Twitter: @ml_fuentes

lunes, 14 de julio de 2014

¿Qué significa ser analfabeta?

Excélsior, 14/07/2014

Imaginemos por un momento no tener la capacidad ni de leer ni de escribir. Es un ejercicio sumamente difícil porque, explican los neurolingüistas, una vez que se aprende a leer y a escribir toda la estructura de nuestra mente se transforma; literalmente, ahora pensamos de manera distinta a quien no cuenta con esta capacidad. 

Leer y escribir nos permiten, sobre todas las cosas, tener la posibilidad de aprender más, pero también de manera progresiva y acumulativa. Potencia nuestra memoria, pero también nuestras capacidades de abstracción y generación de nuevo saber a partir de lo aprendido.

Leer y escribir permiten, además, mejorar nuestras capacidades sensitivas, en el sentido más amplio del término; pero además, aunque parezca sorprendente, la ciencia nos ha enseñado que también se incrementan nuestras capacidades para sentir; de ahí que haya quien afirma que después de leer poesía una persona no se vuelve a enamorar igual.

Desde hace años, el rector de la UNAM, el doctor José Narro, ha hecho énfasis en el llamado a erradicar el analfabetismo. Su argumento es incuestionable: no hay argumento ético ni técnico que permita justificar que en México haya millones de personas que no saben leer ni escribir.

De acuerdo con los datos oficiales, al cierre de 2013 habría 4.73 millones de personas mayores de 15 años en condición de analfabetismo; a ello debe agregarse que en total hay 31.78 millones de personas en el mismo rango de edad que se encuentran en condición de rezago educativo, es decir, no han concluido los estudios de secundaria.

Debe decirse que en esta administración se han tenido dos aciertos de la mayor relevancia: el primero, el haber reconocido que en México hay millones de personas que viven con hambre y que es urgente actuar al respecto; el segundo, el haber fijado como meta sexenal reducir a la mitad el número de personas analfabetas al finalizar el sexenio.

El esfuerzo que debe llevarse a cabo es mayor, pues implica diversas acciones: profesionalizar a las y los alfabetizadores, desarrollar nuevas currículas con base en criterios de pertinencia y orientados al desarrollo del aprendizaje en personas adultas. También será necesario generar alianzas interinstitucionales para que la tarea de la alfabetización motive a las personas a matricularse en primaria, y sobre todo, para vincular las labores pedagógicas con otros programas sociales.

Alfabetizar a más de 2.3 millones de personas en cinco años va a requerir una intensa movilización social, pero también capacidad de imaginación institucional porque no debe olvidarse que también hay, según los datos del censo de 2010, alrededor de 450 mil niñas y niños entre 8 y 14 años que no saben leer ni escribir. 

Para ellos hay que generar nuevas alternativas de escolarización y brindarles todo el apoyo institucional posible: becas, apoyo para la adquisición de útiles escolares y uniformes, apoyos alimentarios y su incorporación a los programas de desarrollo social, fundamentalmente Oportunidades y Seguro Popular. 

Abatir el hambre y la ignorancia formaba parte de los anhelos enarbolados por José María Morelos hace 200 años. La deuda histórica sigue ahí; el reto, por lo tanto, se encuentra en pasar a la acción, al acuerdo político con altura de miras, y al fortalecimiento de un Estado al que le urge ser transformado en un nuevo entramado jurídico e institucional para la justicia y el bienestar.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ml_fuentes

lunes, 7 de julio de 2014

El ébola y las epidemias posibles

Excélsior, 07/07/2014

El ébola y las epidemias posibles El ébola es un virus que causa una fiebre hemorrágica severa que puede provocar la muerte, tanto de animales como de personas. Los primeros registros de su existencia provienen de la década de los 70, en el siglo pasado, y se tiene como punto de origen la República Democrática del Congo.

Al inicio de este mes de julio se han registrado ya casi 500 muertes en tres países africanos, en donde ha aparecido un nuevo brote de esta enfermedad, lo cual nos debe recordar que, a pesar de todo lo que se haga, la posibilidad de que seamos afectados por un brote epidémico está siempre latente.

La aparición del virus A H1N1, en el verano de 2009, nos enseñó lo lejos que estamos de tener la capacidad para hacer frente a una epidemia con capacidades letales a una escala masiva. De manera afortunada, este virus no resultó ser lo agresivo que parecía en un principio; sin embargo, su aparición nos reveló que no contamos con las vacunas ni medicamentos necesarios ni suficientes para hacer frente a una situación así.

A los nuevos virus, deben agregarse los que ya se encuentran entre nosotros y cuyo comportamiento y presencia se está modificando como resultado del cambio climático. El dengue, por ejemplo, es una enfermedad cuya presencia en el centro del país era impensable hace diez años; no obstante, ante el incremento de la temperatura promedio en el país, hoy están teniendo que tomarse medidas de prevención en los estados del Centro-Occidente; amén de los problemas que implica para las zonas calurosas y tropicales, más aún cuando son afectadas por fenómenos meteorológicos.

Las y los científicos de todo el mundo nos han alertado desde hace varios años acerca de que estamos en lo que consideran el umbral de posibilidad de una nueva epidemia global de proporciones mayores, muy probablemente por un nuevo virus de influenza o por la mutación de alguno de los ya existentes.

Frente a esta posibilidad, lo que debe considerarse es que son siempre las personas que viven en condiciones de pobreza quienes son afectadas con una severidad y profundidad mayores; de hecho, casi siempre los primeros enfermos y muertos aparecen entre ellos, no sólo por las condiciones que les rodean, sino porque carecen de acceso a servicios médicos y tratamiento adecuado.

Otra de las lecciones que nos dejó el brote de A H1N1 en 2009 es que en realidad no hay ningún virus lejano; es decir, debido a la interconexión planetaria, la velocidad de los transportes y los múltiples contactos que se dan entre personas que se mueven de un lado al otro del mundo, los virus y las bacterias han adquirido los medios de transporte más acelerados con que habían contado en la historia.

Los análisis de las y los expertos en salud pública y epidemiología nos dicen que la velocidad de propagación que tienen las enfermedades en nuestros días es inédita y, en ese sentido, los retos más importantes se encuentran en el desarrollo de capacidades de prevención y de hábitos saludables que permitan inhibir o al menos reducir la posibilidad de contagio.

Vivimos en una sociedad global, interconectada en todos los sentidos; y es en ese contexto en el que deben planearse y diseñarse todas nuestras políticas y acciones para el cuidado y atención de la salud.

*Investigador del PUED-UNAM

lunes, 30 de junio de 2014

El drama de la niñez migrante

Excélsior, 30/06/2014

“Una crisis humanitaria”: en esta magnitud dimensiona el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, lo que está ocurriendo con las niñas y niños detenidos en la frontera con nuestro país, y quienes han viajado solos en busca —en la mayoría de los casos— de sus familias.

Se trata de miles de niñas y niños no acompañados que literalmente viven en condiciones de detención similares a quien está privado de su libertad por la comisión de un delito y, peor aún, viviendo la incertidumbre de no saber si lograrán reunirse o no con sus familiares.

Es difícil imaginar el nivel de miedo y angustia que viven las niñas y niños que viajan solos a lo largo del trayecto desde Centroamérica hasta la frontera norte de México, y más difícil saber qué es lo que sienten y temen cuando, después de tantas vicisitudes, son detenidos por las autoridades migratorias y encerrados en lo que literalmente funciona como prisiones.

El tema de la niñez migrante ha sido una de las agendas de los derechos humanos más descuidadas desde al menos hace 20 años, cuando se consolidó lo que se ha denominado como “la nueva era de la migración” entre nuestro país y el vecino del norte.

De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre 2011 y 2013, el número anual de niñas y niños que viajan desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos de América se ha duplicado y se espera que en 2014 se llegue al récord de 60 mil niñas y niños no acompañados cruzando la frontera.

Según el ACNUR, del total mencionado, en 2011 México “contribuyó” con 13 mil niñas y niños, mientras que para 2013, la cifra alcanzó más de 18 mil. Es decir, uno de cada cuatro niñas y niños que cruzan solos la frontera norte provienen de nuestro país. Cabe destacar que del total de niñas y niños mexicanos que han sido detenidos en la frontera, 30% declara que su intención de ir hacia Estados Unidos era escapar de un posible reclutamiento por parte de las bandas del narcotráfico.

A pesar de la urgencia que se tiene para garantizar los derechos de las niñas y niños que ya están en la frontera, no deben perderse de vista dos cuestiones estructurales: la primera es que el fenómeno migratorio es de alcances regionales y que sólo podrá tener salidas viables en la medida en que se actúe a ese nivel.

La segunda es que mientras no se reduzcan las condiciones de desigualdad, pobreza y violencia que privan de manera generalizada en nuestra región, será prácticamente imposible reducir la magnitud e intensidad de los flujos migratorios del sur hacia el norte.

Desde esta perspectiva, si algo evidencia este fenómeno dramático es la urgencia de construir un sistema integral de protección a la niñez, que ponga la atención en la garantía de derechos específicos, pero sobre todo en la generación de un sistema de bienestar social universalmente accesible a todas las niñas y los niños.  
Lo anterior, empero, pasa por un pacto político mayor que permita consolidar un modelo de desarrollo basado en la noción más amplia de protección y garantía de los derechos humanos; y ésa es la disputa que todavía tenemos que resolver.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 23 de junio de 2014

La calidad de nuestra democracia

Excélsior, 23/06/2014

El Instituto Nacional Electoral presentó recientemente el Informe sobre la Calidad de la Democracia en México. El estudio tiene como base una encuesta con representatividad nacional y desagrega la información para cinco regiones del país, para las cuales ofrece información en torno a cinco dimensiones: 1) Estado de derecho y acceso a la justicia; 2) Vida política; 3) Sociedad civil; 4) Vida comunitaria; 5) Valores y 6) Acceso a bienes demandados por los ciudadanos.

La perspectiva del informe permite dimensionar que la democracia debe concebirse mucho más allá de los procesos electorales, es decir, la vida democrática exige una cultura que se expresa en múltiples dimensiones relativas a las capacidades de la sociedad para convivir en orden, en paz y con base en la legalidad.

Resulta preocupante, en ese sentido, que la ciudadanía en nuestro país continúa desconfiando profundamente de las instituciones, fundamentalmente en el ámbito judicial; de acuerdo con la encuesta, 63% de las personas que fueron víctimas de algún delito no hicieron nada al respecto por considerar que, de hacerlo, no tendrían ningún resultado; la segunda razón es que desconfían de la autoridad, mientras que 40% sostiene como tercera razón que ha tenido malas experiencias con la autoridad en el pasado.

Otro de los grandes obstáculos que se presentan para la consolidación de nuestra democracia es la discriminación: 76% de las personas declaran que han sido testigos de algún acto de discriminación por pertenencia a una clase social; 75% lo ha sido ante discriminaciones por apariencia física; 70%, por discriminación por el color de la piel, y un porcentaje similar la ha presenciado en contra de personas indígenas.

Destaca el hecho de que, en nuestro país, la participación política no electoral sigue siendo muy baja: únicamente 39% de la ciudadanía declara que habla de temas políticos con otras personas y sólo 11% ha participado en actividades partidistas.

Adicionalmente, debe destacarse que 80% de la ciudadanía no ha participado nunca en asociaciones de padres de familia; 84%, en organizaciones deportivas; 90% nunca ha participado en organizaciones vecinales, mientras que 96% jamás ha participado en alguna organización de defensa de los derechos humanos.

Los datos en todas las dimensiones son alarmantes, pero quizás uno de los más delicados es el relativo a que únicamente 53% de la ciudadanía considera que la democracia es preferible a otras formas de gobierno; mientras que un porcentaje similar piensa que la democracia es un sistema en el que muchos participan, pero en el que pocos ganan.

La pobreza, la violencia y una cultura de rechazo y agresión en contra de quienes piensan, viven y se muestran diferentes están erosionando aceleradamente nuestro sistema democrático; esto exige nada menos que una renovación ética en todas las instituciones del Estado, pero también la puesta en marcha de un nuevo proyecto de pedagogía ciudadana.

Con estos datos, si algo puede concluirse es que estamos ante el reto de comprender que construir ciudadanía implica construir un país equitativo en el que el acceso al bienestar, a la justicia y, en general, a la garantía plena de los derechos humanos sea una realidad cotidiana; continuar por donde vamos, tarde o temprano, abrirá la puerta a tentaciones autoritarias, y eso es una realidad que nadie puede desear para nuestro país.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 16 de junio de 2014

Un semestre estratégico

Excélsior, 16/06/2014

La agenda política nacional es de una complejidad cada vez mayor, sobre todo como resultado del pragmatismo en el que han caído los partidos políticos. Para ellos, lo relevante es “la próxima elección”, sin importar realmente las agendas prioritarias para México; se impone siempre la lógica de lo inmediato y se priorizan los triunfos electorales sobre el debate de las ideas.

No hay mayor amenaza para nuestra democracia que convertir a la política en una mera disputa de intereses de grupos. De manera lamentable, desde hace mucho, el debate parlamentario dejó de ser un ejercicio de diálogo fecundo, convirtiendo a la llamada “máxima tribuna de la nación” en una pasarela donde algunos actúan como representantes de intereses cuya legitimidad es al menos cuestionable.

Tener esto en mente es crucial para la Presidencia de la República, pues en términos reales, el posicionamiento del proyecto de esta administración depende de los siguientes seis meses, pues a partir del mes de enero, vendrá la disputa por la Cámara de Diputados y por los cargos de elección popular en lo local, en prácticamente la mitad del país.

Debemos ser capaces de evitar que la confrontación política genere, como ha ocurrido en los últimos años, una parálisis en distintos sectores. Quizá el más delicado es el relativo a la operación de los programas sociales, pues siempre, ante su uso reiterado para la compra de voluntades, queda la sospecha en torno a si la entrega de bienes busca darle alguna ventaja a candidatas y candidatos de todos los signos y colores.

El escenario es difícil de predecir, pues no debe dejar de considerarse que estamos ante el reto de un nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá operar con nuevas reglas, con nuevos funcionarios y, sobre todo, con la capacidad de coordinar el esfuerzo nacional, ya no sólo para las elecciones federales, sino también las locales.

Estos elementos deben llevar al gobierno de la República a actuar con la mayor celeridad posible para implementar todas aquellas acciones que le darán rumbo a la administración. Visto así, quedan en realidad 23 semanas para terminar de conocer la estrategia global de gobierno de la administración del presidente Peña.

Esto es así porque, después del segundo año de gobierno, es muy difícil impulsar la creación de nuevas estrategias, programas o acciones emblemáticas. Pues si bien es cierto que siempre debe haber lugar pero sobre todo responsabilidad para corregir, no lo es menos el hecho de que cuatro años son apenas suficientes para tratar de consolidar y potenciar lo que se logró en el primer tercio de una administración.

Los próximos seis meses constituyen un reto para la acción del gobierno, pero más todavía para la reflexión; ¿quiénes y cómo saldrán del gabinete para buscar cargos en el Congreso de la Unión?; y más difícil aún, ¿quiénes y cómo dejarán sus cargos para abrir espacios a quienes saldrán del Congreso el próximo año y que han sido leales o funcionales al proyecto de la Presidencia?

Se trata de enroques mayores, porque no debe olvidarse que el diseño de un gabinete es reflejo de la idea del poder de quien es responsable del destino del país. De nada menos que de eso es de lo que se trata y no hay duda que, a partir de este semestre, deberá profundizarse en esta reflexión.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 9 de junio de 2014

El bullying no es causa, es efecto

Excélsior, 09/06/2014

Uno de los temas que mayor notoriedad ha tomado en las últimas semanas es el del llamado bullying, un término retomado de la lengua inglesa para designar la violencia que ejercen las niñas y niños en contra de otras niñas y niños, fundamentalmente, en los entornos escolares.

El tema es grave, sin duda alguna, y requiere de un diagnóstico preciso y urgente, pues no podemos esperar dos años o tres más, antes de que tengamos una radiografía sobre cuáles son las principales causas de la violencia escolar.

Desde esta perspectiva, el diagnóstico que se ha dado como primera respuesta en varios espacios de discusión institucional y académica debe ser tomado con suma cautela, pues en la mayoría de los casos, se trata de explicaciones que reducen la problemática a los entornos en los que se dan las interacciones entre las y los estudiantes.

Si algo debe regir al análisis que se lleve a cabo en las próximas semanas y meses, es el reconocimiento del hecho de que visibilizar de manera prioritaria, con base en los dramáticos casos que los medios de comunicación han expuesto, lleva a la incapacidad de sopesar y valorar las otras violencias que en muchos casos podrían ser determinantes de las agresiones que se dan en las escuelas.

¿Cuántas niñas, niños y adolescentes agresores han sido violentados o agredidos en sus hogares? No pueden, no deben dejarse de lado, los estudios donde se evidencia que las personas perpetradoras de violencia la han padecido en sus hogares; estudios sugieren, por ejemplo, que 60% de las personas que maltratan a sus hijos fueron también víctimas de la violencia durante la niñez.

¿Cuántas de las niñas, niños y adolescentes que ejercen violencia en contra de sus compañeras o compañeros lo realizan como reacción ante la frustración de ser víctimas de acoso y hasta de abuso sexual por parte del personal de sus escuelas?

¿Cuántas de las niñas, niños y adolescentes que agreden a sus compañeras y compañeros han sido ya cooptados por el crimen organizado, o bien, viven en entornos de criminalidad o situaciones graves de ilegalidad en sus entornos familiares o comunitarios? ¿Cuántas de las niñas, niños y adolescentes que ponen en práctica el maltrato en contra de sus compañeras y compañeros han sido víctimas del delito o viven en condiciones de agresión social permanente, tal y como ocurre en contra de las niñas y adolescentes en el transporte público, en los mercados, plazas y calles por las que transitan?

Si el bullying es un fenómeno generalizado, entonces debemos tener la capacidad de desentrañar la profunda complejidad que debe estar operando detrás de esta dura realidad, pues si la cifra de 60% de estudiantes agredidos por sus compañeras y compañeros es correcta, entonces deberíamos estar preguntándonos sobre las causas que han dado pie a tal nivel de fractura en las relaciones y capacidades de convivencia de las y los más jóvenes.

Si de algo podemos estar seguros es de que esta problemática va mucho más allá de la ausencia de clases de civismo en las escuelas; se trata de un contexto generalizado de violencia frente al cual estamos obligados a responder eficazmente, porque en ello nos va la posibilidad de una sociedad en paz y en la que todas y todos podamos realizar nuestros proyectos de vida.

*Investigador del PUED-UNAM
Twiiter: @ML_Fuentes

lunes, 2 de junio de 2014

Cuidar de los más pequeños

Excélsior, 2/09/14 

Todo en la vida es definitivo, nos advertía don Miguel de Unamuno. Aun con ello en consideración, puede decirse que hay, parafraseando a otro filósofo, “unas etapas más definitorias que otras”. Y entre ellas se encuentra, sin duda, lo que en literatura especializada se denomina como la primera infancia. En efecto, en los primeros tres años de la vida se constituyen las estructuras físicas y mentales más relevantes, mismas que se consolidan, o no, en el siguiente periodo que va de los tres a los cinco años.

En ese periodo se definirán el carácter, la mayoría de las capacidades de aprendizaje, así como la posibilidad, o no, de una vida saludable. A pesar de la insistencia y la exigencia de muchos en torno a poner al centro de todas las decisiones públicas aquellas que están relacionadas con el bienestar de la niñez, seguimos estando muy lejos de ser un país apropiado para la infancia: cada año mueren aproximadamente 800 niñas y niños por desnutrición, antes de cumplir el primer año de vida; y en términos generales, tenemos una tasa de mortalidad infantil demasiado elevada, si se consideran los recursos con que contamos para reducirla.

Por otro lado, si se considera a todas las niñas y niños menores de cinco años, las tasas de mortalidad por deficiencia nutricional, por enfermedades respiratorias agudas y por enfermedades diarreicas, resultan simplemente impresentables por lo que implican en términos de omisión de parte del Estado mexicano en el cumplimiento de los compromisos derivados de la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño.

No debe olvidarse tampoco que la violencia homicida en contra de la niñez no se ha reducido en las últimas dos décadas; a diez años de que el secretario general de la ONU nos advirtiera en torno a los elevados niveles de violencia que se ejercen en contra de la niñez, los indicadores se mantuvieron para los más pequeños, y para quienes tienen entre diez y 19 años se recrudecieron de manera inaceptable.

UNICEF y Coneval han mostrado en los últimos años que si hay un flagelo que lastima y compromete el bienestar de las niñas y los niños es el de la pobreza: entre ellos, seis de cada diez viven en condiciones de pobreza; mientras que millones viven en condiciones de carencia por acceso a la alimentación, situación que permite explicar, en buena medida, las altas tasas de prevalencia de enfermedades por desnutrición en las niñas y niños menores de cinco años.

Cuando se piensa en los mecanismos para mejorar las capacidades institucionales para la protección integral de sus derechos, el panorama no deja de ser preocupante: basta con decir que en el nivel preescolar la cobertura para las niñas y niños de tres años no llega a 50%; y entre las niñas y niños de cuatro años no rebasa 65 por ciento.

Es hora de comprender que la garantía de los derechos de la niñez no puede seguir siendo vista como una inversión a futuro; se trata antes bien de un mandato ético que no puede sujetarse a su posible impacto ulterior. Para decirlo con todas sus letras: las niñas y los niños son portadores plenos de derechos; y lo son aquí y ahora, independientemente de lo que para ellos, y para todos, habrá de acontecer en los años por venir.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: ML_fuentes

lunes, 26 de mayo de 2014

Los maestros de México

Excélsior, 26/05/2014

Los maestros de México Cuando un país se encuentra en crisis, es preciso fortalecer las identidades que permiten mantener grados mínimos de cohesión social y que, de hecho, constituyen los anclajes sobre los cuales es posible reconstruir procesos y relaciones sociales para revertir el malestar social.

Teniendo como referencia esta consideración, es necesario advertir que ante los excesos e inmensos rezagos revelados por el Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica (INEGI-SEP), se ha generado un proceso de linchamiento público en torno no sólo a quienes desde las asociaciones gremiales y del propio Estado mexicano prohijaron la corrupción, sino sobre todo y peligrosamente en torno al magisterio nacional.

Es evidente que nadie puede estar a favor del amiguismo en la asignación de plazas laborales; mucho menos del abuso que significaba el venderlas, traspasarlas o rentarlas. Empero, ello no justifica que a las y los profesores de todo el país se les estigmatice de manera generalizada como cuasidelincuentes, cuando entre ellas y ellos hay miles de ejemplos de profesionalismo y dedicación. Nadie en su sano juicio podría sostener que la base magisterial es la que provocó los inaceptables vicios y prácticas corruptas que han sido documentadas.

Todo lo contrario, la evidencia muestra que son las y los profesores con menos apoyos, los que menos ganan y quienes tienen menos recursos para trabajar, quienes más abusos y exclusión padecen. Por ello, ante la intensa campaña de desprestigio a la que ha sido sometido en conjunto el magisterio nacional, valdría la pena asumir la sospecha en torno a si detrás del linchamiento no hay visiones interesadas en desprestigiar y desacreditar a la educación pública.

Ante este panorama, lo que debe comprenderse es que hoy no existe ningún Estado con altos niveles de bienestar y equidad que no tenga como uno de sus principales pilares un sistema de educación pública robusto y con la capacidad de garantizar el acceso a una educación de calidad, desde los niveles básicos hasta la educación superior, para toda su población. En efecto, si se piensa en el ejemplo de los países nórdicos, lo que se encuentra es que la cohesión social y, en general, una cultura democrática basada en el rechazo a la discriminación, la violencia y la desigualdad ha sido posible gracias a una base educativa sólida, que no fue construida sino por sus plantas de profesoras y profesores.

Si algo es urgente, a contracorriente de lo que parece estar ocurriendo, es fortalecer al magisterio, dotarlos de nuevas capacidades para hacer frente a los ingentes retos que tenemos enfrente: pobreza, desigualdad, violencia, desempleo y discriminación, por citar sólo algunos de los más urgentes. No estará nunca de más insistir en la permanente necesidad de contar con un sistema de educación pública desde el cual se promueva la inclusión social, desde el que pueda construirse civilidad y conciencia democrática, y desde el que los mejores valores y tradiciones con que contamos puedan ser enseñados y transmitidos como el mejor legado que podemos dejarle a las generaciones en formación.

Hay cientos de miles de maestras y maestros que todos los días dejan lo mejor de sí en las aulas; y es a ellos a quienes debemos proteger y apoyar, porque de su bienestar depende la calidad y la oportunidad de la enseñanza que reciben nuestras hijas e hijos.

*Investigador del PUED-UNAM

lunes, 19 de mayo de 2014

Mejor política para la democracia

Excélsior, 22/05/2014 

El ejercicio de la política no siempre tiene un perfil democrático; en América Latina lo sabemos. De hecho, podría afirmarse que la calidad de la democracia depende siempre de la calidad del ejercicio de la política. Si ésta se ejerce para el mantenimiento de privilegios para unos cuantos, ocurrirá que aún en regímenes con procesos electorales competitivos, la democracia tendrá lo que puede calificarse como una “baja calidad”.

El Informe Latinobarómetro ofrece información que ilustra lo anterior: México es el segundo país de la región en donde la democracia ha perdido en mayor grado el respaldo ciudadano; y por paradójico que parezca, el sistema electoral mexicano es visto todavía como un referente internacional de institucionalización en la organización de los procesos electorales.

De acuerdo con el Latinobarómetro, en 2013, sólo 37% de la ciudadanía en México considera que la democracia es la mejor forma de gobierno; éste es el índice más bajo en los últimos 25 años. Dato que debería preocuparnos pues los factores que mayormente han erosionado la confianza ciudadana en la democracia y sus instituciones son: a) la corrupción; b) la violencia y sobre todo; c) la pobreza y la desigualdad.

Se ha dicho en distintos espacios que tenemos un déficit de ciudadanía; otros expertos han hablado de una “ciudadanía blanda” es decir, mayorías que no cuentan con las capacidades de ejercer y exigir el cumplimiento de sus derechos.

Pese a que lo anterior es relativamente cierto, no lo es menos el hecho de que también hay un correlato de una “política profesional blanda”; es decir, de una práctica política que no asume como responsabilidad ética construir un marco jurídico y un entramado institucional para dar cumplimiento al mandato constitucional y sus leyes.

La política como diálogo fecundo no ha prosperado en México en los últimos 30 años; antes bien, la violencia política ha forzado por momentos de nuestra historia reciente, a determinaciones literalmente basadas en la “razón de Estado”; y en otras, a desbordar el marco institucional ante la violencia prevaleciente en amplias regiones del país.

En este escenario, si algo es evidente es la urgencia de una nueva política; es decir, no se trataría sólo de una renovación, sino de una refundación de una ética pública orientada a la construcción de una sociedad de bienestar, cimentada en el más amplio espectro de cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales.

Comprender, como se ha exigido en múltiples foros, que la democracia no se agota en los procesos electorales, implica una nueva conciencia democrática al interior de las estructuras de los partidos políticos, de las instituciones de la República, y por supuesto, en la mentalidad de la mayoría de la población.

Pero todo ello exige de una nueva educación para la paz, para la convivencia respetuosa en la diversidad y la multiculturalidad; necesita de una clase política que tenga la audacia de asumir una profunda tarea pedagógica que predique con base en la rectitud de su actuar cotidiano y en una ética pública orientada desde una vocación de servicio patriótico a prueba de todo.

Para vivir en democracia, lo que hoy nos hace falta es aprender a construir la democracia; ello exige de más y más política y diálogo de calidad; y eso, es lo que sigue pendiente de convertirse en práctica y celebración cotidiana.

*Director del CEIDAS, A.C
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 12 de mayo de 2014

La otra violencia

Excélsior, 12/05/2014
 
Un niño de 16 años le pide a su madre que le ayude para comprar en su cumpleaños un nuevo teléfono celular y unos tenis; la mamá le presta el dinero y, para pagarlo, el joven consigue un empleo de fin de semana. En una parada de autobús, el joven es asaltado, intenta resistirse y el criminal le da dos puñaladas en el pecho; ya en el piso, agonizante, es despojado de su celular y de sus tenis.

Una niña de 16 años compra un nuevo teléfono celular con los ahorros que logró acumular durante un año, es asaltada en una parada de autobús; intenta resistirse y el criminal le da dos disparos, una vez más, mientras agoniza, es despojada de sus pertenencias.

Un hombre camina por un puente peatonal en Iztapalapa, un delincuente lo intercepta, forcejean y el criminal le da un disparo en la frente, huye y, evidentemente, la persona agredida pierde la vida.

Dos profesores contratan a varias personas para que lleven a cabo diversas tareas en su casa, un día salen y, al regresar, escondidos en el interior de su vivienda, quienes eran sus empleados los agreden, los asesinan; sorprende que al profesor le haya sido arrojada una piedra a la cabeza, lo cual le quitó de inmediato la vida.

Estas son noticias de la vida cotidiana en la Ciudad de México y sus alrededores, pero que seguramente se reproducen en todo momento y en todos los espacios. Son noticias que además de sorprendernos, duelen, porque hay un exceso de maldad en la forma en cómo cientos de crímenes se están cometiendo.

¿Qué es lo que nos pasó? ¿En qué momento el sadismo y la indolencia se convirtieron en el rasero de la vida cotidiana? ¿En qué momento dejamos de conmovernos, de indignarnos de tal manera, que la sanción a quien delinque de esta forma sea no sólo judicial, sino social? Es decir, ¿cómo y cuándo pasó que dejamos de ser una sociedad pacífica que rechaza culturalmente la violencia?

En este contexto, si algo debemos ser capaces de reconocer es que a la par de la vorágine de homicidios perpetrados por las bandas criminales, ha ido creciendo aceleradamente la violencia en prácticamente todas las esferas de la vida social y, frente a esta realidad, lo que urge es revisar todas las políticas de prevención, no sólo del crimen, sino de la violencia, y sobre todo, de aquella que se perpetra en contra de quienes son más vulnerables.

Vivimos en un país en el que pareciera que nos enfrentamos, parafraseando al filósofo Bataille, a la más profunda e incomprensible de nuestras partes malditas: la agresividad está en todas partes: en las calles, en el transporte público, en los parques; y frente a tanta desolación, sorprende aún más que las propuestas institucionales no pasen de ser miradas impávidas, de pronto hasta esquizofrénicas, están muy lejos de generar respuestas de la magnitud y alcance que hoy requerimos.

Enfrentamos un drama mayor que se sintetiza en la pregunta de Job: ¿por qué son los pérfidos quienes perviven? Y es en la respuesta a esta cuestión en la que nos jugamos casi todo; no vaya a ser, como diría el propio personaje bíblico, que nos impongamos como destino recorrer, y no sin disgusto, la ruta antigua de los hombres perversos.
  
*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 5 de mayo de 2014

Acoso

Excélsior, 05/05/2014

La violencia contra las mujeres se da en prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana: en el hogar, en las calles, en el trabajo, en los espacios de convivencia pública, en los mercados, en los centros comerciales, en el transporte público y en prácticamente cualquier lugar en el que se dé la oportunidad de ejercer el poder o formas de control y discriminación, asociadas a las asignaciones sexo-genéricas que predominan en nuestras sociedades.

La semana pasada se hizo público que una mujer que labora en el equipo de futbol Guadalajara acusó al señor Ricardo Antonio La Volpe por un posible acto de acoso sexual. Más allá del resultado que tenga este hecho en los tribunales, la notoriedad del caso debería dar pie a una discusión seria sobre el acoso sexual en nuestro país. Las cifras disponibles fortalecen esta hipótesis, pues según las estadísticas judiciales en materia penal del INEGI, entre los años 2009 y 2012, se han procesado en el fuero común únicamente 237 casos por acoso sexual; es decir, un caso cada seis días registrado ante la justicia.

En un país en el que ocho de cada diez mujeres que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, en el que al menos seis de cada diez perciben dos salarios mínimos o menos, y en el que predomina un contexto de violencia, machismo y discriminación, es difícil creer que el dato registrado por el INEGI refleje la realidad imperante. De acuerdo con el propio INEGI, en México se denuncian únicamente 12 de cada 100 delitos; de éstos, únicamente en 60% se inicia una averiguación previa.

Desde esta perspectiva, sólo con base en la magnitud de la cifra negra podría asumirse un muy alto subregistro de casos de acoso sexual. Es evidente que en nuestro país la práctica del acoso sexual, principalmente en los ámbitos laborales, se ha convertido en una realidad inaceptablemente normalizada; es decir, se ha llegado al exceso que en ciertos espacios se asume como parte de las “facultades” de quienes detentan alguna posición de poder —tanto en el sector público como en el privado— solicitar favores de tipo sexual a sus empleadas o subordinadas; y debe decirse así, porque si algo es un hecho es que el acoso sexual se ejerce predominantemente en contra de las mujeres.

Uno de los elementos que en mayor medida preocupan es el hecho de que, de acuerdo con las y los expertos en derecho penal, acreditar el delito del acoso sexual es sumamente difícil, pues su ejercicio es, en muchas ocasiones —dicho de manera cuidadosa—, “sutil”, ya que de acuerdo con la intensidad que se lleve a cabo, el acoso puede ir desde los chistes, piropos, comentarios de tipo sexual, charlas de contenido sexual o insinuaciones, es decir, acciones que aisladas de su contexto, o aun explicadas en ciertas situaciones, pueden pasar por “hechos normales”

Es un hecho que esta práctica debe ser erradicada, pues constituye una de las peores formas de discriminación que persisten en nuestra cultura laboral; para ello, hace falta mucho más compromiso por parte de las y los empresarios, de los sindicatos, de las y los funcionarios del sector público y, en general, de todas las partes involucradas en el sector productivo, pues sin equidad entre hombres y mujeres, jamás podremos hablar de una sociedad encaminada al bienestar.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 28 de abril de 2014

Lecciones de Michoacán

Excélsior, 28/04/2014

Hay fenómenos sociales que, aun siendo de carácter local, por su estructura y magnitud representan una poderosa síntesis de las condiciones generalizadas que determinan y, en buena medida, permiten explicar también lo que está ocurriendo como norma general en todo un país. Ese parece ser el caso del estado de Michoacán, y las condiciones de violencia criminal, sublevación y malestar social, pobreza, rezago educativo, insuficiencia de cobertura y baja calidad de los servicios públicos, exclusión, discriminación y segregación de los pueblos indígenas, crisis del sector agropecuario y un largo etcétera que nos obliga a aprender de las lecciones que nos está dejando esta entidad.

Quizás el primer elemento a destacar, por obvio, pero al mismo tiempo tan soterrado, es el pernicioso efecto de la corrupción, presente en todos los órdenes y niveles del gobierno. Desde esta lógica, los recientes videos que aparecieron en medios de comunicación, en los que se muestra una reunión entre el exgobernador interino y el señor Servando Gómez, presunto líder de la organización de Los Templarios, no es sino el corolario de la descomposición del orden institucional en esa entidad.

De acuerdo con el documento elaborado por el INEGI Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Estatal, 2012, en Michoacán había hasta el año pasado sólo 21 personas en funciones de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 144 por cada 100 mil. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública, 2013, en esa entidad, 82% de la ciudadanía percibe que nunca o casi nunca se sanciona a los delincuentes y únicamente 11% del total de los delitos que se cometen son denunciados ante la autoridad, aunque de esa cantidad, únicamente la mitad llegan a convertirse en averiguaciones previas.

Por otro lado, el Coneval señala que Michoacán es una de las 12 entidades con más de la mitad de su población en condiciones de pobreza (54.4%), por lo que puede sostenerse que este escenario no podría explicarse sin la existencia de profundos niveles de corrupción e ineficacia gubernamental. Es evidente que en Michoacán se expresa con una agresividad mayor la existencia de un amplio déficit de estatalidad, pues las instituciones han perdido su capacidad para dar cumplimiento a los mandatos que establecen tanto la Constitución federal, como el orden jurídico estatal.

Así las cosas, en Michoacán se llegó al extremo de la pérdida de legitimidad institucional, generándose una peligrosa situación de excepcionalidad, de la que forma parte la población armada, por un lado, en la búsqueda de seguridad, y por el otro, personas que han sido cooptadas o reclutadas por el crimen organizado, lo cual ha dado pie a un escenario que pone en tensión a todo el orden de la República.

Frente a esta realidad, lo que debemos comprender es que la respuesta a la violencia requiere la urgente transformación ética del país; que no basta con modificar las estructuras económicas ni con impulsar nuevos programas sociales, sino que en la base de éstos debe estar una nueva noción de responsabilidad, compromiso y vocación de servicio público, con el objetivo mayor de diseñar un nuevo curso de desarrollo para la equidad, el bienestar y la garantía de los derechos humanos para toda la población.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

viernes, 25 de abril de 2014

Gigantes que se van

Excélsior, 21/04/2014

La muerte de un gran pensador nos deja ante una ausencia muy grande, por la falta radical de su potencia creadora en el presente en que continuamos; empero, sería injusto decir que nos deja solos, porque en sentido estricto, nos acompaña su obra, la cual —pensando en Octavio Paz—, como un chopo, nos cobija con su clara sombra. Aun con ello, no puede dejarse de lado la reflexión que hacía Rolando Cordera respecto de la muerte de José María Pérez Gay y José Emilio Pacheco: la muerte de un gran escritor significa una pérdida irreparable, pero la de dos quizá sea demasiado.

Esta semana perdimos al otro gigante de las letras latinoamericanas: Gabriel García Márquez, quien llevó al lenguaje y la imaginación a niveles colosales, al grado tal que, incluso estudios científicos relativos a la memoria, toman como referencia obligada a su obra. Es cierto que Colombia es el país de origen de García Márquez, pero su permanente presencia en México y su inmensa influencia en generaciones de escritores es innegable en nuestro país. De ahí que, particularmente nosotros, sentimos la muerte de uno de los más grandes de la literatura del siglo XX y lo que va del XXI.

Otro aspecto que debe tenerse presente es que, en América Latina, en particular, la mayoría de las y los escritores han tenido una “doble actividad”; por un lado, han dedicado sus vidas a la creación y recreación de nuevos mundos y, con ello, a la constante renovación y vivificación del lenguaje. Por otra parte, han dedicado también buena parte de sus vidas a la crítica del poder y a la defensa de las causas sociales de mayor urgencia; así, la mayoría de nuestras y nuestros escritores relevantes han sido severos observadores de la realidad y, desde su lucidez, han sido siempre faros orientadores en la lucha por construir sociedades cada vez más justas.

No hay duda respecto a que las personas tenemos el reto de estar a la altura de los dilemas de nuestro tiempo; de hecho, hay quienes afirman que una generación puede ser valorada en la medida en que tuvo o no la capacidad de responder a la magnitud de los problemas que le tocó enfrentar. Vivimos en una sociedad profundamente desigual, con oprobiosos niveles de pobreza, en donde millones no cuentan con educación y en la cual la mayoría enfrenta severos rezagos educativos, desde los que pueden medirse en términos de años de escolaridad, hasta los relativos a la calidad de la enseñanza.

Somos un país con millones de desempleados y con muchos más en condiciones de informalidad, y en donde también millones carecen de servicios de salud y de acceso a bienes tan preciados como el agua limpia. Es frente a este desolador panorama en donde más se extraña a mentes brillantes como las de Reyes, Paz, Fuentes, Castellanos, Henestrosa, Arreola y toda la generación de enormes pensadores que se están yendo poco a poco, como resultado del inefable paso del tiempo. Necesitamos más, muchas más inteligencias dándonos claridad para fijar nuevos rumbos, para imaginar y construir nuevos mundos, nuevos ideales de país, nuevas fronteras qué cruzar, porque de eso se trata la vida: de vivirla con intensidad y esperanza, y de eso, vaya que saben quienes viven la fortuna de ser tocados por las Musas.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

Incertidumbre: empleos y salarios

Excélsior, 14/04/2014 

Incertidumbre: empleos y salarios El problema estructural de nuestra economía se encuentra en su incapacidad para generar empleos; frente a esta situación, hay dos visiones contrapuestas: una, alineada con la economía liberal ortodoxa, desde la que se asume que la falla se encuentra en el desempeño de ciertas instituciones o en el comportamiento errático de algunas variables. Por el contrario, desde la economía política, la crítica se centra en el modelo de desarrollo asumido, el cual está diseñado para que la desigualdad se mantenga a lo largo del tiempo y para que haya unos cuantos ganadores en el “juego económico”.

Desde la primera perspectiva, la solución se encuentra en impulsar un conjunto de reformas capaces de alinear los incentivos para dinamizar el ciclo económico y, con base en ello, concretar una economía de plena libertad de mercado, en la que, fundamentalmente, las leyes de la oferta y la demanda, y sus corolarios, se consoliden como las grandes reguladoras de la vida social. Desde la economía política, lo que se plantea es que hay un conjunto de arreglos del poder político que se han vinculado históricamente a los grupos de mayor poder económico, y que son precisamente los pactos y acuerdos que se diseñan desde el poder y las instituciones del Estado, los que determinan la posibilidad de distribuir equitativamente o no la riqueza.

Quienes pensamos en el marco de la segunda posición hemos hecho un reiterado señalamiento en el doble problema estructural de la economía: prácticamente nulo crecimiento en las últimas tres décadas y deterioro del empleo, es decir, salarios cada vez más bajos y prestaciones precarias. En este escenario, la justicia social es imposible, porque no hay política social que alcance sin un mercado interno robusto y capaz de permitir el acceso de las mayorías a bienes y servicios suficientes para garantizar el amplio catálogo de derechos humanos, hoy reconocidos por nuestra Carta Magna.

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social parecen darnos la razón: el salario de las mayorías se ha deteriorado aceleradamente y continúa a la baja en términos de su poder adquisitivo, en el primer trimestre del 2008, con precios deflactados al Índice de Precios de la Canasta Alimentaria, los salarios laborales per cápita ascendían a dos mil 32 pesos mensuales; para el cuarto trimestre del 2013, ese indicador se situó en mil 570.80, es decir, casi 25% menos que hace cinco años. Los pronósticos de crecimiento económico para este 2014 se ubican en alrededor de 3% del PIB y, en los mejores escenarios, para el 2015 se espera un crecimiento de 4.5%; esto implica, en términos aproximados, la posibilidad de generar una suma de alrededor de 1.5 millones de empleos en los dos años, cuando esa es la suma anual requerida para superar el déficit de empleos que arrastramos desde hace más de 20 años.

La violencia, corrupción y desorden institucional que caracterizan a nuestro entorno obligan a pensar en un contexto de incertidumbre permanente, y es en esa tesitura en la que debe operarse el sistema de toma de decisiones institucionales en todos los órdenes y niveles, porque lo que urge es avanzar hacia la consolidación de un Estado capaz de cumplir con el mandato constitucional de garantizar plenamente los derechos humanos, y sin crecimiento económico ni empleos dignos, esto simplemente es imposible de lograrse.

*Director del CEIDAS, A.C
Twitter: @ML_fuentes

Nuestro drama educativo

Excélsior, 07/04/2014

En los últimos 12 años, el discurso oficial en torno a la educación se centró en el tema de la calidad de la enseñanza; con base en las Pruebas Pisa y Enlace, se argumentó que el gran reto de la educación se encuentra en el mejoramiento del currículo y los métodos de enseñanza. De manera alarmante, el Censo de Maestros, Alumnos y Escuelas de Educación Básica nos muestra que la realidad es mucho peor de lo que imaginábamos, no sólo debido al enorme problema administrativo y de manejo de las plazas laborales, sino también por el desastroso estado en el que se encuentra la infraestructura escolar.

Lo anterior es sumamente grave, porque confirma la existencia de un modelo de federalismo salvaje, en el cual se abandonó, en aras de un supuesto fortalecimiento de las entidades y los municipios, la conducción del gobierno federal, para garantizar un mínimo de orden y de un sentido de país en la búsqueda de objetivos compartidos por todos. Por ejemplo, la evaluación del Coneval respecto de la distribución de los recursos distribuidos a través del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), dice textualmente: “La fórmula de distribución de los recursos del FAEB en las entidades federativas promueve poco el desarrollo equilibrado del sistema educativo...”.

Esta sola aseveración bastaría para plantear la urgencia de revisar el modelo de distribución del presupuesto federal en educación, pero más todavía, debería llevar a una amplia discusión en torno a cómo garantizar que la descentralización de capacidades, recursos y presupuestos obedezca a criterios de bienestar y justicia, en el acceso al cumplimiento de los derechos humanos en todo el país.

Todo esto, frente a la confirmación de que en materia educativa, no sólo tenemos enormes problemas en lo que se refiere a contenidos y calidad, sino también rezagos inexplicables en infraestructura: uno de cada cuatro planteles no tiene agua entubada, hay una enorme cantidad de planteles que no fueron diseñados para la enseñanza: 30% en el preescolar, 27% en la primaria y 28% en la secundaria. Por si fuera poco, más de 60% de las escuelas carece de los elementos esenciales de protección civil, mientras que cerca de 43% carece de drenaje, así como un 10% de escuelas primarias y 13% de preescolar, que carecen de energía eléctrica. En materia educativa, parafraseando el título de Tony Judt, algo anda muy mal; por ello es fundamental que logre operarse, en el corto plazo, en todo lo que implica, la recuperación de la rectoría del Estado en este ámbito fundamental del desarrollo nacional.

No podemos continuar siendo un país con 30 millones de personas en rezago educativo y con tres millones de niñas, niños y adolescentes que no pueden ver realizado su derecho a la educación, porque de no transformar esta realidad, la cifra de los ocho millones de jóvenes entre 14 y 29 años que no estudian ni trabajan puede incluso crecer, con las desastrosas implicaciones que esto tiene en sus vidas y las de sus familias. Hoy que contamos con el poderoso diagnóstico construido por el INEGI, no hay pretexto para que la Federación, las entidades y los municipios sigan incumpliendo con sus responsabilidades constitucionales, porque al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestro presente y la posibilidad de un futuro posible, fincado en el constante progreso educativo y espiritual de toda la población.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

Migración: el drama de la globalización

Excélsior, 31/03/2014

Desde que en la década de los 90, en el siglo pasado, se proclamó el triunfo de una nueva “era globalizada”, que dejaba atrás al mundo bipolar de la “Guerra Fría”, hubo expertos, en todas las ramas del conocimiento, que alertaron de inmediato también de la aparición de una nueva era de migraciones, originadas fundamentalmente por dos causas. La primera de ellas: el cambio climático y las consecuencias medioambientales que se están generando en amplias regiones del planeta; de hecho, el astrofísico Carl Sagan advertía de la aparición de lo que en su momento denominó como “los refugiados ambientales”, es decir, legiones de personas que se ven obligadas a dejar definitivamente sus lugares de origen porque, como resultado de las afectaciones climáticas, simplemente ya no pueden vivir ahí.

La segunda se encuentra en un fenómeno político-económico global: la concentración de la riqueza planetaria en unas cuantas manos y el empobrecimiento masivo de la población, lo cual se ubica en un contexto de desigualdad cuyas proporciones difícilmente se habían presenciado en otras etapas históricas. Bernardo Kliksberg nos dice que en el año 2013, podían contabilizarse alrededor de dos mil súper ricos, cuyas riquezas promedio se ubicarían en aproximadamente 150 millones de dólares para cada uno de ellos; en contraste, habría al menos cuatro mil millones de personas viviendo —sobreviviendo, habría que decir— con menos de dos dólares al día.

En este escenario, el Informe Mundial sobre las Migraciones 2013 muestra que no hay consenso en torno al número de personas que han migrado. El PNUD estima que son más de 85 millones de personas que han cambiado de país de residencia, moviéndose del sur hacia el norte; mientras que el Banco Mundial estima la cifra en 95 millones. El asunto tiene desde hace mucho un carácter dramático, y cada vez es más común ver en las imágenes de la televisión, pero también, cada vez más en las redes sociales, a personas literalmente perdiendo la vida, en sus desesperados intentos por llegar a países distintos al suyo, en la búsqueda de condiciones mínimas de bienestar.

No hay ninguna región en el mundo que escape a esta realidad; así como no hay tampoco una respuesta ética ante la desigualdad planetaria y la injusticia de la que son víctimas millones de seres humanos. Lo peor del tema es que, en la lógica perversa del modelo globalizador que nos ha sido impuesto, se ha dado pie al resurgimiento de los nacionalismos más peligrosos, al tiempo que los países que habían apostado en las últimas décadas por modelos de Estados bienestaristas están virando el timón y han generado una serie de políticas restrictivas que, en la mayoría de los casos, son alentadas por poderosos grupos de presión política y económica, cuya principal motivación se encuentra en el racismo y la xenofobia.

Lo evidente es que si hay una agenda que muestra el carácter excluyente de la globalización es precisamente la agenda de las migraciones, frente a la cual, tenemos el reto de construir un nuevo modelo de gobernanza de la globalidad, sustentado en un consenso ético global centrado en el abatimiento de la desigualdad y la reducción inmediata de la pobreza, porque de ello depende, sin duda, la posibilidad de que la migración se convierta en una decisión verdaderamente voluntaria.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes