Difíciles días para la República

Lunes, 09 de noviembre, 2009

Podemos seguir construyendo “megaproyectos” tales como autopistas, grandes presas, puentes, edificios, pero con ello la pobreza y la desigualdad apenas si se verán reducidas marginalmente.

La discusión que se ha dado en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 ha puesto en evidencia una vez más la polarización existente, no sólo entre los distintos partidos políticos, sino en su interior.

Se ha hecho evidente también la fractura que divide al gabinete presidencial en cuanto a visión económica y social, y un extravío en torno a qué país queremos hoy y qué país habremos de tener en el futuro.

En este contexto, la discusión sobre el PEF ha sido reducida, en la mayoría de los casos, a una cuestión de disputa de intereses de grupo, antes que una reflexión mesurada sobre cuáles han de ser las prioridades nacionales.

No se ha comprendido que esta crisis es de tal magnitud, al tratar de la suma de otras (la ecológica, la del empleo, la de las migraciones y, con ella, la de las identidades), que no se podrá simplemente asumir que regresamos al lugar previo a que estallara la “turbulencia financiera.

Reconocer esta cuestión implica saber que se necesita otro modo de concebir al desarrollo; por lo que no puede pretenderse simplemente que se trata de hacer más con lo que tenemos, como tampoco puede creerse que mejorando lo que se venía haciendo será suficiente.

Lo social no es “una cosa” que se ajusta de acuerdo con variables económicas. Esto es, cuando una familia pierde su patrimonio; cuando alguno de sus miembros sufre una enfermedad crónica o una discapacidad o cuando conoce el mundo de la carencia absoluta, no es dándoles más ingreso como se puede resarcir el daño o se van a “equilibrar” las agendas de la subjetividad que se han visto afectadas o recrudecidas en estos momentos.

Hace falta mucha inteligencia social para comprender que la inversión en infraestructura no bastará para lograr que nuestro país crezca con el objetivo de reducir sostenida y significativamente la pobreza. Es más, debería comprenderse que la inversión no puede seguir con las tendencias y los ritmos con los que se venía haciendo para detonar la infraestructura social.

Empero, comprender estas cuestiones implica asumir que de lo que se trata es de reinventar al gobierno para que sea capaz de promover crecimiento económico con el fin central de garantizar equidad y, con ello, modificar las prioridades de la inversión pública.

Podemos seguir construyendo “megaproyectos” tales como autopistas, grandes presas, puentes, edificios, pero con ello la pobreza y la desigualdad apenas si se verán reducidas marginalmente.

En cambio, podemos apostar por un desarrollo a la inversa: invertir primero en la gente y garantizarle los derechos que la Constitución nos otorga a todos. Es decir, se trata de garantizar primero los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

La disyuntiva es simple: podemos invertir para intentar abatir el analfabetismo; reducir a cero los pisos de tierra en las viviendas; dotar a todos los mexicanos de agua y drenaje y lograr que al menos 90% de la población de 15 años termine la secundaria en el próximo lustro y con ello dar un salto enorme hacia una sociedad del conocimiento y el bienestar, o seguir invirtiendo para beneficiar a los grupos económicos y políticos que acaparan la mayor parte de la riqueza nacional. Es cuestión, no de perspectivas, sino de posiciones éticas.

Se trata de garantizar primero los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/773887