Editorial México Social Junio 2013

En pleno siglo XXI enfrentamos la paradoja de ser uno de los países que, a pesar del declive en su capacidad exportadora, sigue siendo uno de los principales participantes del mercado internacional de los hidrocarburos, y, simultáneamente, una nación en la que una importante proporción de los hogares siguen teniendo como único combustible la leña, el carbón o algunos desperdicios orgánicos como el papel y el cartón. México no ha logrado articular, como lo ha explicado Julia Carabias, una política pública basada en una nueva generación de servicios ambientales, dentro de los cuales se encuentran, naturalmente, las energías alternativas y renovables. Por ello, uno de los retos de la política pública en la presente administración se encuentra en la dinamización, más allá de los temas asociados tradicionalmente a la industria petrolera y eléctrica. Hoy más que nunca es imperioso asumir el sentido plasmado en nuestra Constitución, en materia de la rectoría del Estado en materia energética. Esto, porque la agenda es mayor y de una complejidad creciente. Desde esta perspectiva, cualquier reforma en este rubro debe tener como premisa inicial fortalecer a PEMEX y a la CFE desde una renovada noción de soberanía energética, la cual se vincula, por definición, con la investigación científica y la innovación tecnológica. Lo anterior, porque en todo lo relacionado con la generación de energía hay poderosos intereses involucrados, con los cuales el Estado mexicano deberá lidiar a fin de garantizar una regulación adecuada que, por una parte, permita la inversión y la innovación científica, y que, por otra parte, no se pierda el sentido estratégico y prioritario en torno a dónde, cómo y cuánto producir. Dejar al sector energético al libre juego del mercado ha traído consecuencias nefastas en todo el mundo. Así lo evidencian casos paradigmáticos como el del Estado de California en EUA, en donde la que es considerada la “quinta economía planetaria” puso en juego todo el sistema productivo debido a la voracidad de las empresas generadoras de energía. Desde esta perspectiva, puede sostenerse que en México es necesario un nuevo enfoque para el sector energético, vinculándolo a la noción de la justicia social, y más aún, al nuevo paradigma constitucional derivado de la reforma del 2011 al Artículo 1º constitucional. Lo anterior implica, en el ámbito de las políticas públicas, percibir al sector energético como un eje esencial en el cumplimiento de los derechos a la salud, al medio ambiente y al desarrollo social en general; y, en segundo término, asumir la necesaria reforma fiscal y hacendaria requeridas para las modificaciones estructurales que pueden impulsarse en el sector. Lo anterior es fundamental porque hay necesidades energéticas de la población que se vinculan directamente con el cumplimiento de los derechos sociales; por ejemplo, el acceso al agua potable; a la energía eléctrica; a la recolección y manejo adecuado de los residuos sólidos; e incluso, por citar sólo un ejemplo, a la implementación de soluciones energéticas con criterios ecológicos, como el manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos en el hogar, tales como la generación de gas metano y su uso controlado. A nombre de nuestro Consejo editorial, agradezco al Mtro. Ramón Carlos Torres su generosa ayuda, ya que, desde el Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM se abocó a diseñar los contenidos y a llevar a cabo la convocatoria a la mayoría de los expertos que colaboran en esta edición. Finalmente, debo agradecer profundamente la generosa autorización del Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Doctor José Narro Robles, Rector de la UNAM, para reproducir sus intervenciones en el Foro de Reflexión sobre la implementación de la Ley General en materia de delitos de trata de personas. Su reflexión profunda, y sobre todo, su mirada comprometida con la justicia y la protección de los derechos de las víctimas de ese cruel delito y en general con la libertad y la dignidad humanas le dan a esta edición de México Social una dimensión sui generis que resulta invaluable en la necesaria reflexión que debe seguir llevándose a cabo en nuestro país en esta materia.•