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martes, 1 de octubre de 2013

Editorial México Social- Octubre 2013

Los devastadores efectos que están teniendo los fenómenos hidrometeorológicos en todo el territorio nacional revelan, entre muchas otras cosas, que siempre son los más pobres quienes padecen con mayor severidad y profundidad, pues son quienes habitan en las zonas y regiones con mayores carencias y rezagos sociales.
Desde esta perspectiva, ser pobre implica siempre vivir en una permanente vulnerabilidad, ya sea ante fenómenos económicos o sociales, tales como la crisis económica que inició en el 2008 y que sigue asolando al planeta entero, o bien por fenómenos de la naturaleza, los cuales, a pesar de su inmenso poder destructivo, no tendrían por qué ser, en todo caso, siempre mortíferos.
Cada 17 de octubre, el Sistema de las Naciones Unidas hace un llamado a reflexionar en torno a lo que se ha denominado como el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, poniendo en el centro la necesidad de reconocer que la primera prioridad para todos los Estados no puede ser otra sino la de generar bienestar y desarrollo incluyente para todas las personas.
En este año, la ONU hace un énfasis en particular entre el vínculo que existe entre la pobreza y la discriminación, asunto que debe tener una relevancia mayor en nuestro país, sobre todo si se considera que los grupos de población en mayores condiciones de pobreza son al mismo tiempo los grupos que mayores actos y prácticas de discriminación padecen.
En efecto, los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social muestran que las personas hablantes de lenguas indígenas, quienes habitan en zonas rurales, las personas con alguna discapacidad, así como en general las niñas, los niños y las y los adolescentes, enfrentan porcentajes mucho mayores de pobreza que el resto de los grupos poblacionales.
Establecer el vínculo entre pobreza y discriminación debe llevarnos también al reconocimiento de que existen agendas que atañen a grupos socialmente invisibilizados; por ejemplo, carecemos aún en el país datos sobre las condiciones socioeconómicas de las personas afrodescendientes, y no contamos con un análisis pormenorizado en torno a los procesos de empobrecimiento generados por la negación de servicios de salud o la garantía de otros derechos para las personas de la comunidad LGBTTTI.
De manera lamentable, vivimos en un país en el que tanto la pobreza como la discriminación se han “normalizado”, y se asumen de hecho como “parte natural” de la organización y el funcionamiento de la sociedad, así como en la asignación de roles que derivan y a la vez alimentan los estereotipos que privan como criterios de actuación social.
Sin duda, hay coincidencias sobre la propuesta que existe en torno a vincular las transferencias de ingresos con diversas opciones productivas, sin embargo, debemos reconocer que también existen mercados imperfectos, y que es necesario impulsar una nueva gobernanza sobre ellos a fin de evitar su tendencia a la concentración y a profundizar las desigualdades.
Lo anterior va a requerir de la consolidación de una cultura democrática que nos lleve a nuevos estadios de exigibilidad y respeto a los derechos humanos de todos, porque si algo no hemos logrado consolidar en el país es precisamente una nueva ciudadanía capaz de vivir en un Estado social de pleno derecho.
Las imágenes que cada año vemos de miles de personas pobres perdiendo lo poco que tienen ante lluvias torrenciales u otros fenómenos naturales no pueden seguir siendo el escenario reiterado en el que se plasma la desigualdad ancestral, pero terriblemente actual, que padecen quienes tienen el infortunio de nacer en los territorios históricamente segregados.
México necesita de nuevas perspectivas y de nuevas respuestas que nos lleven, sí a la disminución de la pobreza, pero sobre todo a la reducción de la desigualdad que nos mantiene como un país dividido y que no logra reconstruir un relato compartido en torno a un futuro deseable para todas y todos.•

domingo, 1 de septiembre de 2013

Editorial México Social- Septiembre 2013

La gobernabilidad democrática y la prevalencia del Estado de derecho son condiciones indispensables para la generación del bienestar y para lograr que todas las personas tengan plena garantía de acceso a los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde esta perspectiva, si algo ha puesto en tensión la capacidad de las instituciones públicas en todos los niveles y órdenes de gobierno, es la presencia generalizada de condiciones de violencia generadas, no sólo por la delincuencia organizada, sino también por la violencia cotidiana de lo que en el lenguaje jurídico se denomina como el “orden común”.
La evidencia estadística con que cuenta el INEGI permite sostener que en los últimos siete años ha habido un crecimiento sostenido de la violencia asociada a la presencia nacional del crimen organizado, pero también se ha incrementado de manera sustantiva el número de suicidios, homicidios y muertes por accidentes, en particular aquellos en los que intervienen los vehículos de motor.
En lo relativo a los accidentes de tránsito, debe destacarse que si bien la mayoría de las víctimas mortales son las y los conductores, así como los copilotos y otros pasajeros, el segundo tipo de víctimas son los peatones; en efecto, del total de víctimas de accidentes de transporte (incluidas las personas fallecidas y heridas), el 16.5% son peatones arrollados por vehículos de motor.
Asimismo, debe considerarse que año con año ha crecido el número de suicidios, y que también anualmente se ha notado una ligera pero constante disminución en la edad en la que se cometen los actos suicidas; con el agregado de que, según las y los expertos, por cada suicidio consumado hay al menos 10 intentos en los que no se cumple el cometido.
Según las estadísticas judiciales en materia penal del INEGI, también año con año ha crecido el número de delitos sexuales, entre los cuales se incluye la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro y el abuso y corrupción de menores, lo cual ratifica que en nuestro país enfrentamos una severa pandemia de violencia, ejercida particularmente en contra de las niñas y los niños.
Este panorama se confirma con base en los datos relativos al acelerado incremento en el número anual de denuncias ante el Ministerio Público por delitos en el ámbito familiar, entre los que se destacan la violencia intrafamiliar, el abandono de familiares, la exposición de menores e incapaces, y el incumplimiento de obligaciones y responsabilidades de convivencia familiar.
Hay, además, otras formas de violencia estructural, que se expresan en decisiones que, o limitan los derechos de algunos grupos de población o incluso generan profundos procesos de exclusión, como ocurre con la mayoría de las poblaciones indígenas y, peor aún, con poblaciones urbanas que viven en situación de calle.
Hay quienes afirman con razón que el acceso a una vida en paz, como concepto social de una envergadura mayor, debe ser considerado como un derecho humano; en esa lógica, a nuestro país le urge construir un acelerado proceso de pacificación de la vida social, y esto no puede ocurrir si no se diseñan los cimientos para una sociedad en donde la cordialidad y la solidaridad sean principios de actuación cotidianos.
Tampoco puede haber paz en una sociedad en la que la injusticia y la impunidad son las notas predominantes en la actuación de las autoridades, y en donde la impartición y la procuración de la justicia están al alcance sólo de los privilegiados.
Estamos ante una crisis social mayor, en la que la violencia, contextualizada en un marco de desigualdad y pobreza, hace todavía menos llevadera una existencia dura en sus expresiones y dificultades, y sumamente adversa en términos de acceso a oportunidades y al bienestar.
México no puede continuar siendo un país fracturado por la desigualdad ni dividido y confrontado por las extendidas condiciones de violencia; por ello, requerimos acometer con urgencia, todas y todos, la tarea de revisar, con humildad, cuáles son los principios de actuación social que hemos privilegiado, y asumir, de una vez por todas, que es sólo a través del diálogo y la tolerancia como podremos avanzar hacia un país en el que sea mucho más fácil realizar nuestros proyectos de vida.•

jueves, 8 de agosto de 2013

Editorial México Social - Agosto 2013

La asistencia social en México tiene literalmente una historia de siglos. Desde la época prehispánica hasta nuestros días, la nación mexicana se ha caracterizado por su capacidad de promover y ejercer la solidaridad, la ayuda mutua, y la cooperación comunitaria para hacer frente a muchos de los dilemas y problemas sociales que se enfrentan de manera cotidiana. A lo largo de los últimos 500 años se han construido diferentes esquemas de atención e instituciones para la protección de las personas vulneradas, los cuales han evolucionado desde el paradigma de la caridad cristiana, hasta las modernas visiones y construcciones teóricas y de política pública, en torno a la asistencia social entendida como uno de los principales ejes de responsabilidad estatal en el marco de la Política Social. Como bien lo explicaba Gilberto Rincón Gallardo, la asistencia social se ha consolidado como parte del mundo de las instituciones, pero también como parte de los principios elementales de actuación de las personas, de tal forma que pareciera a veces que siempre está o va a estar ahí. En ese sentido, con un solo día que las instituciones "ya sean públicas o privadas" de asistencia social dejaran de funcionar, su ausencia y vacío sería de tal magnitud que, sin exagerar, podría ocasionarse un grave conflicto social. Desde esta óptica preocupa que, en la mayoría de los espacios públicos y privados vinculados a los temas sociales, se minimice y desprecie a la asistencia social, a la cual se le califica ahora como mero “asistencialismo”, confundiéndole con el “paternalismo” o el “clientelismo” que ha caracterizado a diversos programas sociales. Frente a lo anterior, debe comprenderse que la asistencia social es uno de los instrumentos privilegiados con que cuenta el Estado mexicano para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar para todas y todos el acceso al pleno cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales. En esa lógica es necesario asumir a la asistencia social como el conjunto de medidas y decisiones de política pública, que deben ser diseñadas con un doble propósito: 1) detener el proceso de vulneración de derechos de quienes se encuentran en condiciones de exclusión; y 2) restaurar sus capacidades para la exigencia y ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución. Dada la relevancia que tiene para el país la asistencia social, en esta edición presentamos las visiones de expertas y expertos que, desde diferentes perspectivas, coinciden en un punto central: es un elemento insustituible en el marco de las políticas sociales, y a la par, constituye uno de los sectores que requieren de mayor fortalecimiento, a fin de potenciar sus capacidades tanto en el ámbito nacional como en el estatal y municipal, para proteger los derechos de las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad social. En particular le agradezco profundamente, a nombre del Consejo Editorial, a Sara Sefchovich su generosidad y trabajo, con base en el cual se seleccionaron los temas, pero, sobre todo, se logró la extraordinaria convocatoria para la construcción de este número; nuestro reconocimiento también para: Clara Jusidman, Clara Scherer, Teresa Incháustegui y Sara Murúa por su compromiso de siempre con esta agenda. Adicionalmente, incluimos un fragmento del Prólogo escrito por Gilberto Rincón Gallardo, al libro “La Asistencia Social en México: historia y perspectivas”, en el entendido de que la visión ahí planteada por Gilberto constituye una guía clarificadora respecto de la complejidad implícita en la categoría de la “asistencia social”. Es importante destacar que a partir de esta edición México Social inicia una etapa de colaboración con el Museo Nacional de Arte (MUNAL) y con la Asociación Civil “Amigos del MUNAL”, a través de la cual estaremos ofreciendo a nuestras y nuestros lectores diversos textos e imágenes mediante los cuales buscaremos mostrar, desde la mirada del arte, la complejidad de la cuestión social y cómo ha sido creada y recreada por artistas nacionales. De ahí la portada que presentamos este mes de agosto: “La Caridad Romana”, del maestro Luis Monroy, obra en la cual se sintetiza la potencia y "por qué no decirlo también" la dimensión estética de fenómenos de alta complejidad tales como el hambre, la injusticia, la solidaridad y la capacidad de asumir una responsabilidad infinita con los demás.•

lunes, 1 de julio de 2013

Editorial- México Social, Julio 2013






"La planeación del desarrollo debe tener como principales ejes de construcción a la demografía y el territorio; y en sus tendencias tanto en el corto como en el mediano plazo."
Diseñar políticas públicas eficaces depende de tener diagnósticos adecuados sobre la dimensión poblacional que existe, tanto a nivel nacional como en cada una de las entidades de la República. Frente a ello debe destacarse que en fechas recientes ya tuvimos una dificultad mayor debido a los errores en las proyecciones de población del CONAPO.
En efecto al haber subestimado la magnitud de la migración internacional las proyecciones que se construyeron a partir del conteo de población y vivienda del año 2005 indicaban que en el 2010 seríamos aproximadamente 108 millones de mexicanas y mexicanos. Al contrario de esta cifra, el censo de población y vivienda diseñado y levantado por el INEGI arrojó como resultado una dimensión poblacional de 112 millones de habitantes en el país.
Hoy se discute nuevamente si con base en los resultados del censo del 2010 se han llevado a cabo proyecciones y estimaciones adecuadas para calcular cuántas personas habitamos en el país y en ese sentido, cuáles son las demandas las necesidades y las capacidades de respuesta tanto presupuestal como institucional de los gobiernos en todos sus órdenes y sus niveles.
En este mes de julio el Consejo Nacional de evaluación de la política social (CONEVAL) presentará los resultados de la nueva medición multidimensional de la pobreza con base en los resultados de la encuesta nacional e ingreso y gasto en los hogares (ENIGH), en los cuales de acuerdo con los expertos se mostrará muy probablemente un incremento en el número absoluto de personas que viven en condiciones de pobreza.
De confirmarse lo anterior será necesario, además de urgente, que haya una respuesta inmediata del gobierno Federal, y en particular de las entidades en las cuales la problemática de la pobreza se manifieste con mayor agudeza, con el propósito de potenciar y de fortalecer las estrategias que se han puesto en marcha para combatir el hambre, la pobreza y fundamentalmente la desigualdad.
De acuerdo con las estimaciones existentes, en México habría aproximadamente al cierre del primer semestre de este año, prácticamente 118 millones de habitantes en el país; de este modo, y de mantenerse constante la proporción de personas en condiciones pobreza multidimensional, el resultado sería una suma aproximada de 54. 5 millones en esa condición; mientras que los pobres extremos llegarían a un total aproximado de 12.27 millones de personas con ingresos por debajo de la línea del bienestar mínimo y padeciendo al menos tres carencias sociales.
Estos datos, sin duda alguna sólo preliminares, permiten pensar en la idea de Rolando Cordera respecto a que la demografía puede ser y de hecho lo es siempre subversiva; esto es así porque la dinámica de la población y las relaciones sociales que se construyen siempre están cambiando y modificándose yendo muy por delante del ritmo y capacidad de transformación y adaptación de las acciones y políticas gubernamentales.
En este inmenso océano demográfico en el que vivimos debe considerarse el conjunto de transformaciones en las estructuras de los hogares, en las tendencias y hábitos reproductivos de la población, en las prácticas y dinámicas del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en particular de las y los jóvenes; así como las tendencias de mortalidad y morbilidad asociadas a hábitos y a la carencia de prácticas deseables de la mayoría de los habitantes.
De qué nos enfermamos, de qué morimos, que tanta movilidad territorial hay entre las entidades de la República, y de México hacia el exterior, cuáles son nuestras características laborales; cuáles son las tendencias de nupcialidad; son todos fenómenos de alta complejidad exigen de su comprensión de manera integral, porque de otro modo será imposible diseñar las políticas y los programas adecuados para dar cumplimiento a lo que establece nuestra constitución y sus leyes.
Es un hecho que la construcción de un México social será imposible, si no se tiene una lectura de nuestra democracia, en clave de derechos humanos y ciudadanía lo cual como ya se ha visto exige una interpretación comprensiva de nuestra población y de su expresión territorial.•

sábado, 1 de junio de 2013

Editorial México Social Junio 2013


En pleno siglo XXI enfrentamos la paradoja de ser uno de los países que, a pesar del declive en su capacidad exportadora, sigue siendo uno de los principales participantes del mercado internacional de los hidrocarburos, y, simultáneamente, una nación en la que una importante proporción de los hogares siguen teniendo como único combustible la leña, el carbón o algunos desperdicios orgánicos como el papel y el cartón. México no ha logrado articular, como lo ha explicado Julia Carabias, una política pública basada en una nueva generación de servicios ambientales, dentro de los cuales se encuentran, naturalmente, las energías alternativas y renovables. Por ello, uno de los retos de la política pública en la presente administración se encuentra en la dinamización, más allá de los temas asociados tradicionalmente a la industria petrolera y eléctrica. Hoy más que nunca es imperioso asumir el sentido plasmado en nuestra Constitución, en materia de la rectoría del Estado en materia energética. Esto, porque la agenda es mayor y de una complejidad creciente. Desde esta perspectiva, cualquier reforma en este rubro debe tener como premisa inicial fortalecer a PEMEX y a la CFE desde una renovada noción de soberanía energética, la cual se vincula, por definición, con la investigación científica y la innovación tecnológica. Lo anterior, porque en todo lo relacionado con la generación de energía hay poderosos intereses involucrados, con los cuales el Estado mexicano deberá lidiar a fin de garantizar una regulación adecuada que, por una parte, permita la inversión y la innovación científica, y que, por otra parte, no se pierda el sentido estratégico y prioritario en torno a dónde, cómo y cuánto producir. Dejar al sector energético al libre juego del mercado ha traído consecuencias nefastas en todo el mundo. Así lo evidencian casos paradigmáticos como el del Estado de California en EUA, en donde la que es considerada la “quinta economía planetaria” puso en juego todo el sistema productivo debido a la voracidad de las empresas generadoras de energía. Desde esta perspectiva, puede sostenerse que en México es necesario un nuevo enfoque para el sector energético, vinculándolo a la noción de la justicia social, y más aún, al nuevo paradigma constitucional derivado de la reforma del 2011 al Artículo 1º constitucional. Lo anterior implica, en el ámbito de las políticas públicas, percibir al sector energético como un eje esencial en el cumplimiento de los derechos a la salud, al medio ambiente y al desarrollo social en general; y, en segundo término, asumir la necesaria reforma fiscal y hacendaria requeridas para las modificaciones estructurales que pueden impulsarse en el sector. Lo anterior es fundamental porque hay necesidades energéticas de la población que se vinculan directamente con el cumplimiento de los derechos sociales; por ejemplo, el acceso al agua potable; a la energía eléctrica; a la recolección y manejo adecuado de los residuos sólidos; e incluso, por citar sólo un ejemplo, a la implementación de soluciones energéticas con criterios ecológicos, como el manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos en el hogar, tales como la generación de gas metano y su uso controlado. A nombre de nuestro Consejo editorial, agradezco al Mtro. Ramón Carlos Torres su generosa ayuda, ya que, desde el Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM se abocó a diseñar los contenidos y a llevar a cabo la convocatoria a la mayoría de los expertos que colaboran en esta edición. Finalmente, debo agradecer profundamente la generosa autorización del Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Doctor José Narro Robles, Rector de la UNAM, para reproducir sus intervenciones en el Foro de Reflexión sobre la implementación de la Ley General en materia de delitos de trata de personas. Su reflexión profunda, y sobre todo, su mirada comprometida con la justicia y la protección de los derechos de las víctimas de ese cruel delito y en general con la libertad y la dignidad humanas le dan a esta edición de México Social una dimensión sui generis que resulta invaluable en la necesaria reflexión que debe seguir llevándose a cabo en nuestro país en esta materia.•

miércoles, 1 de mayo de 2013

Editorial México Social- Mayo 2013

 

En el siglo XX se construyó la idea de que pertenecer a una familia nuclear y terminar una carrera de formación profesional garantizaría casi de manera “natural” el acceso a empleos formales, con acceso a la seguridad social y a prestaciones económicas que abrían la puerta de entrada al paraíso de las clases medias.
Lejos de ocurrir lo anterior, en los últimos treinta años hemos tenido un promedio de crecimiento anual de 1.5% del P.I.B., además de un gradual y progresivo proceso de desestructuración de lo que puede denominarse como “el mundo del trabajo”.
De acuerdo con la cifras del INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México el 60% de la población ocupada lo está en “condiciones de informalidad”; casi 14 millones de personas trabajan en el sector informal, mientras que a lo largo de los últimos 5 años hemos tenido, prácticamente de manera constante, una tasa trimestral promedio de 5% de desocupación respecto de la Población Económicamente Activa.
Tomando en consideración tales condiciones, presentamos en esta edición varias numeralias y gráficos que resumen las críticas condiciones de desocupación y de informalidad laboral que persisten en el país.
De la mano de lo anterior, se hace una revisión al tema de la educación tecnológica, haciendo énfasis en el reto que tiene nuestro país de cumplir con el mandato constitucional de dar cobertura universal en el nivel bachillerato, el cual, derivado de la reciente reforma constitucional en materia educativa, es considerado como de impartición obligatoria del Estado.
Este tema es fundamental, pues la revolución tecnológica y de la innovación que está en marcha a nivel mundial nos obliga a intentar cerrar la brecha tecnológica que nos separa de las economías con mayores capacidades productivas; pero también a cumplir con la idea del General Lázaro Cárdenas, de poner a la “técnica al servicio de la patria”.
La inversión en ciencia y tecnología y el fomento a la educación y a la investigación en ese campo son vitales, pues hoy la OCDE estima que más del 40% de la riqueza planetaria se genera precisamente en el ámbito de la investigación y de la generación de conocimientos.
En otro tema de singular relevancia para nuestro país, retomamos el primer aniversario del inicio de la Década por la Seguridad Vial "uno de los mayores retos que tenemos en la agenda de lo público", pues los accidentes de tránsito se han ubicado desde hace al menos una década como la principal causa de morbilidad y mortalidad entre la población joven en nuestro país.
Cada hora fallece cuando menos una persona por accidentes en los que está involucrado un vehículo de motor, y cada año ocurren cientos de miles de accidentes de tránsito que generan pérdidas equivalentes a cuando menos dos puntos porcentuales del PIB, tanto en pérdidas materiales como en gastos de salud y ausentismo laboral.
En esta edición buscamos mostrar lo vasto de la complejidad social, e insistir en la necesidad de comprender que la cuestión social no puede reducirse al análisis y el estudio de los temas “tradicionales” vinculados a la pobreza y la desigualdad, pues hay procesos que revelan, además del mar de carencias en que vivimos, que existe un profundo malestar social que se nos revela, entre otras formas, en las actitudes y conductas de riesgo, prácticamente suicidas, de cientos de miles de jóvenes.
Finalmente, a nombre de nuestro Consejo Editorial, quiero agradecer profundamente a ONCETV, y a su Directora General, la Mtra. Enriqueta Cabrera, por la confianza depositada en nuestra revista para producir y transmitir todos los martes, a partir del 23 de abril, el programa de televisión México Social, en el cual habremos de ampliar y profundizar en los temas que a lo largo de los últimos tres años, hemos planteado en nuestras páginas.
Enhorabuena.•