El día de ayer se instaló el Seminario sobre trata de personas, migración y violencias en México, que forma parte de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM, cuya sede será la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En la inauguración con la Sen. Angélica de la Peña, el Dr. Fernando Castañeda y la Mtra. Nelly Montealegre.

Boletín de prensa- 29 de agosto de 2013

ONCE TV México Social - La calidad de la educación en México (27/08/2013)

Mario Luis Fuentes analiza la situación de la educación en México junto con sus invitados, el Mtro. Olac Fuentes Molinar, Catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional y el Dr. Rodolfo Ramírez, Investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Enseñar y aprender civilidad

Excelsior

 26/08/2013

 

Las reformas aprobadas la semana pasada en materia educativa deben dar pie a una profunda reflexión en torno a cómo es que están aprendiendo nuestras niñas, niños y jóvenes.

En el peor momento de la crisis económica internacional, a mediados de 2009, el presidente Barack Obama emitió un mensaje a su país argumentando que a pesar de la profunda fractura de los sistemas de confianza en todo el ámbito financiero, Estados Unidos continuaría teniendo lo que calificó de “liderazgo global”, no sólo por el tamaño de su economía, sino sobre todo porque su sistema de generación de conocimientos seguía, a pesar de todo, relativamente intacto.

El diagnóstico del presidente Obama tenía como referente el hecho cada vez más afianzado de que la mayoría de las capacidades de generación de la riqueza en todo el mundo tiene como principal fuente al desarrollo científico y tecnológico, y las capacidades de innovación que se derivan de ello.

No es de sorprender que en este mes la nueva “gran iniciativa” del gobierno de Estados Unidos de América se encuentra en un proyecto masivo de impulso y fortalecimiento del sector educativo; el plan de la administración de Obama busca renovar, desde los esquemas de enseñanza en el nivel básico, hasta una profunda renovación en el nivel de la educación superior.

La búsqueda de una reforma a la educación en nuestro país no puede ser ajena a lo que pasa con nuestro principal socio comercial, por lo que las reformas aprobadas la semana pasada en materia educativa deben dar pie a una profunda reflexión en torno a cómo es que están aprendiendo nuestras niñas, niños y jóvenes, pues de ello depende que tengamos la oportunidad de despegar de una vez por todas, como la potencia mundial que deberíamos ser.

En este contexto, el debate que se está dando en nuestro país en torno a la reforma a la educación puede verse desde dos perspectivas: una, la relacionada con la transformación de las relaciones laborales, la cual deberá resolverse con base en el diálogo y la buena política; y la otra, vinculada al tema fundamental de qué y cómo están aprendiendo las niñas y los niños en las escuelas.

Este tema es mayor, pues implica la definición del modelo de desarrollo y del rumbo que habremos de tomar como país; por ello no debe haber duda respecto de la rectoría que debe mantener el Estado en la definición de cuáles son los contenidos y métodos de enseñanza, garantizando que no sólo se impartirá educación de calidad, sino pertinente para el adecuado crecimiento profesional y espiritual de la niñez y la juventud mexicanas.

En un país en el que la corrupción y la violación constante de la ley y la norma son una constante, el nuevo sistema educativo debe orientarse hacia la generación de capacidades para comprender que vivir en civilidad implica tener claridad de los derechos y responsabilidades que tenemos como parte de una nación.

Dicho en términos llanos, es tan importante aprender modelos creativos de aprendizaje, como lo es comprender que la vida en sociedad implica asumir prácticas cívicas y normas de conducta basadas en hábitos responsables de consumo y acción comunitaria.

El acceso al desarrollo social como mandato esencial de un Estado de bienestar no puede darse sin una revolución cultural en la que el cumplimiento integral de los derechos humanos se asuma como plan rector del gobierno, y en el cual la ciudadanía se asuma como el principal factor de cohesión y sentido de comunidad y de futuro.

                *Director del CEIDAS, A.C.

Reconocimiento del INEGI a Mario Luis Fuentes

Entrega INEGI premio a periodistas y medios de comunicación

Entre los ganadores destaca Mario Luis Fuentes, titular del programa México Social de Once TV México.

Por segunda ocasión el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entregó reconocimientos a periodistas y medios de comunicación que difundieron información estadística y geográfica.

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Galardona CDHDF a Mario Luis Fuentes El director de CEIDAS recibirá el premio nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”

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ONCE TV México Social - Los derechos humanos en el D. F. (20/08/2013)

Mario Luis Fuentes analiza la situación de los derechos humanos en la capital del país, con el Dr. Luis González Placencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y con el Mtro. Alfonso Celestino Pérez, experto en INCIDE Social, A.C.

Radio Imagen- Derechos Humanos en el Distrito Federal (20-08-2013)

 En esta ocasión el Mtro. Mario Luis Fuentes dialoga con Pedro Ferriz en la primera emisión de Imagen Informa tiva sobre la situación actual de los Derechos Humanos en el Distrito Federal.

La justicia y la construcción del bienestar

 Mario Luis Fuentes 

Excelsior 19/08/2013

Resulta preocupante que pensar en la justicia en nuestro país se lleva a cabo casi siempre bajo tres conceptos: negligencia, corrupción e impunidad; así lo demuestran todas las encuestas de percepción públi-ca que se han levantado en los últimos diez años. La justicia y la construcción del bienestar En México la justicia se imparte de manera diferenciada: generalmente de manera expedita para quienes tienen más recursos; y de forma tortuosa y lenta para quienes carecen del dinero suficiente, en primer término para pagar un buen abogado y, en segundo, para cumplir con las “cuotas” que deben cubrirse a lo largo de toda la cadena de un proceso judicial. Resulta preocupante que pensar en la justicia en nuestro país se lleva a cabo casi siempre bajo tres conceptos: negligencia, corrupción e impunidad; así lo demuestran todas las encuestas de percepción pública que se han levantado en los últimos diez años, y en las cuales se recoge una sensación ciudadana de azoro e indefensión. La violencia que se vive en todo el territorio nacional, producto, sí, de la confrontación de las instituciones con el crimen organizado, pero también por la expansión y crecimiento de los delitos del orden común, se ve recrudecida por la falta de un sistema que dé plena garantía al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos (…) emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. Lo anterior se ve confrontado cotidianamente por la realidad que se vive en los juzgados de todo tipo y nivel; sobre todo cuando las y los acusados son personas hablantes de lenguas indígenas, adultas mayores o con algún tipo de discapacidad; resulta aun peor cuando siendo personas de las características señaladas, han sido víctimas de algún delito. Al respecto, lo que no debe perderse de vista es que esta realidad no es ajena a lo que se está viviendo en territorios como Michoacán y Guerrero, en donde la descomposición social e institucional parece ser sistémica, es decir: el orden constitucional se ha fracturado y, en sentido estricto, se están generando espacios de ingobernabilidad como no se había visto en la historia reciente del país. Considerando que seguimos siendo un país mayoritariamente pobre y profundamente desigual, es urgente que el Poder Judicial se posicione rápidamente en términos de lo planteado recientemente por el ministro presidente de la SCJN, como la columna vertebral para la adecuada interpretación y garantía de vigencia del nuevo paradigma constitucional en el que vivimos y desde el cual se reconoce y protege el más amplio catálogo de derechos humanos y sociales en nuestra historia como nación independiente. Esto significa que debemos ser capaces de exigir que la administración, procuración e impartición de justicia sean asumidas como parte esencial del desarrollo social y humano; esto implica que todo el entramado institucional del ámbito judicial debe fungir como un factor de unidad y reconciliación nacional, y no un factor más que profundiza las desigualdades. Combatir la pobreza y reducir las disparidades que nos caracterizan implica también una profunda transformación del Poder Judicial porque, sin duda alguna, la cimentación de un nuevo Estado de bienestar —profundamente democrático— requiere no sólo de un sistema judicial eficiente, sino de uno que tenga la capacidad de formar a sus magistrados, jueces y personal auxiliar, para que asuman, en todo momento y lugar, un pleno compromiso con la más amplia protección posible a las garantías ciudadanas y sociales. 

*Director del CEIDAS, A. C.

ONCE TV - La nueva medición de la pobreza (13/08/2013).

Mario Luis Fuentes dialoga con sus invitados, el Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL y con el Dr. Rodolfo de la Torre García, Coordinador del Desarrollo Humano del PNUD, sobre las causas estructurales que generan la pobreza y desigualdad en México.

Gobernabilidad y Estado de bienestar

Mtro. Mario Luis Fuentes

Excelsior, 12/08/2013

Se ha reconocido que enfrentamos un enorme reto en diversos territorios en los cuales está comprometido el control efectivo de las instancias gubernamentales.

Nuestro país ha vivido en los últimos años bajo la constante amenaza del crimen organizado y de otros poderes fácticos que, en aras de la defensa de intereses particulares, muchos de ellos ilegítimos, han logrado penetrar a distintas instituciones y han generado procesos de arraigo territorial que les proporcionan una enorme capacidad de acción y de confrontación en contra del Estado y el orden institucional.

En ese sentido, debe destacarse la honestidad en el diagnóstico de la Presidencia de la República, desde la cual se ha reconocido que enfrentamos un enorme reto en diversos territorios, en los cuales está comprometido el control efectivo de las instancias gubernamentales en lo que a la garantía del Estado de derecho se refiere.

La corrupción en todos los ámbitos y niveles del gobierno es un elemento clave en el análisis de lo que está ocurriendo, pues sin este factor de fractura del orden legal, no podría explicarse lo que puede ser considerado como el derrumbe de una buena parte de las estructuras de legitimidad de la actuación de las autoridades en distintas regiones del país.

Desde hace años, en territorios urbanos y rurales de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Durango, y más recientemente en Michoacán y Guerrero, el crimen organizado ha logrado penetrar en prácticamente todos los ámbitos territoriales, e incluso se han apoderado de estructuras paralelas de la economía desde actividades como la piratería hasta el abierto control del comercio informal.

Por ello, el Estado mexicano está obligado a reaccionar con mucho mayor eficacia, por lo que en la nueva administración no podrá repetirse el error de asumir que se trata exclusivamente de un problema de seguridad pública y aplicación de la justicia.

En efecto, si algo se ha hecho evidente en los últimos años es que la presencia de los grupos delincuenciales y otros grupos de influencia efectiva sobre la toma de las decisiones públicas están interfiriendo negativamente en la operación de los principales programas sociales, e incluso su poder es tal que en los casos en los que así lo deciden, los operadores de los programas no tienen acceso a las localidades donde la ausencia de la autoridad es mayor.

Si la pérdida del monopolio de la violencia legítima es grave, lo es en el mismo nivel la incapacidad de las instituciones para garantizar los derechos sociales de la población. Por ello es urgente que en la nueva estrategia de seguridad pública del gobierno federal se asuma que deberá recuperarse, uno a uno, el control de las localidades “perdidas”, y junto con el restablecimiento del orden institucional, deberá también reasumirse la presencia social del Estado.

Construir un verdadero Estado de bienestar requiere de una lógica doble: por un lado, garantizar la seguridad pública, pero por el otro, contar con los instrumentos necesarios para el pleno acceso a los derechos sociales de la población, y con ello intentar el blindaje de los territorios ante el embate y control de la “legitimidad” social de parte fundamentalmente de los grupos delincuenciales.

La presencia de 53 millones de pobres en el país constituye un inmenso cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades, por lo que si algo debe asumirse en esta administración, es que la cimentación de un nuevo Estado de bienestar requiere de la plena gobernabilidad del territorio, y ante eso estamos todavía bastante lejos.

*Director del CEIDAS, A.C.

Editorial México Social - Agosto 2013

La asistencia social en México tiene literalmente una historia de siglos. Desde la época prehispánica hasta nuestros días, la nación mexicana se ha caracterizado por su capacidad de promover y ejercer la solidaridad, la ayuda mutua, y la cooperación comunitaria para hacer frente a muchos de los dilemas y problemas sociales que se enfrentan de manera cotidiana. A lo largo de los últimos 500 años se han construido diferentes esquemas de atención e instituciones para la protección de las personas vulneradas, los cuales han evolucionado desde el paradigma de la caridad cristiana, hasta las modernas visiones y construcciones teóricas y de política pública, en torno a la asistencia social entendida como uno de los principales ejes de responsabilidad estatal en el marco de la Política Social. Como bien lo explicaba Gilberto Rincón Gallardo, la asistencia social se ha consolidado como parte del mundo de las instituciones, pero también como parte de los principios elementales de actuación de las personas, de tal forma que pareciera a veces que siempre está o va a estar ahí. En ese sentido, con un solo día que las instituciones "ya sean públicas o privadas" de asistencia social dejaran de funcionar, su ausencia y vacío sería de tal magnitud que, sin exagerar, podría ocasionarse un grave conflicto social. Desde esta óptica preocupa que, en la mayoría de los espacios públicos y privados vinculados a los temas sociales, se minimice y desprecie a la asistencia social, a la cual se le califica ahora como mero “asistencialismo”, confundiéndole con el “paternalismo” o el “clientelismo” que ha caracterizado a diversos programas sociales. Frente a lo anterior, debe comprenderse que la asistencia social es uno de los instrumentos privilegiados con que cuenta el Estado mexicano para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar para todas y todos el acceso al pleno cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales. En esa lógica es necesario asumir a la asistencia social como el conjunto de medidas y decisiones de política pública, que deben ser diseñadas con un doble propósito: 1) detener el proceso de vulneración de derechos de quienes se encuentran en condiciones de exclusión; y 2) restaurar sus capacidades para la exigencia y ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución. Dada la relevancia que tiene para el país la asistencia social, en esta edición presentamos las visiones de expertas y expertos que, desde diferentes perspectivas, coinciden en un punto central: es un elemento insustituible en el marco de las políticas sociales, y a la par, constituye uno de los sectores que requieren de mayor fortalecimiento, a fin de potenciar sus capacidades tanto en el ámbito nacional como en el estatal y municipal, para proteger los derechos de las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad social. En particular le agradezco profundamente, a nombre del Consejo Editorial, a Sara Sefchovich su generosidad y trabajo, con base en el cual se seleccionaron los temas, pero, sobre todo, se logró la extraordinaria convocatoria para la construcción de este número; nuestro reconocimiento también para: Clara Jusidman, Clara Scherer, Teresa Incháustegui y Sara Murúa por su compromiso de siempre con esta agenda. Adicionalmente, incluimos un fragmento del Prólogo escrito por Gilberto Rincón Gallardo, al libro “La Asistencia Social en México: historia y perspectivas”, en el entendido de que la visión ahí planteada por Gilberto constituye una guía clarificadora respecto de la complejidad implícita en la categoría de la “asistencia social”. Es importante destacar que a partir de esta edición México Social inicia una etapa de colaboración con el Museo Nacional de Arte (MUNAL) y con la Asociación Civil “Amigos del MUNAL”, a través de la cual estaremos ofreciendo a nuestras y nuestros lectores diversos textos e imágenes mediante los cuales buscaremos mostrar, desde la mirada del arte, la complejidad de la cuestión social y cómo ha sido creada y recreada por artistas nacionales. De ahí la portada que presentamos este mes de agosto: “La Caridad Romana”, del maestro Luis Monroy, obra en la cual se sintetiza la potencia y "por qué no decirlo también" la dimensión estética de fenómenos de alta complejidad tales como el hambre, la injusticia, la solidaridad y la capacidad de asumir una responsabilidad infinita con los demás.•

ONCE TV Mexico Social - Derechos de la niñez y discapacidad (06/08/2013)

Mario Luis Fuentes charla sobre la situación de los derechos de la niñez en México con la Dra. Nashieli Ramírez Hernández , Presidenta Fundadora de RIRIKI y con la Dra. Patricia Brogna , Dra. en Ciencias Políticas y Sociales.

Radio Imagen- Niñez, Pobreza y Democracia (06-08-2013)

El Mtro. Mario Luis Fuentes comenta con Pedro Ferriz las cifras de las niñas y los niños que viven en pobreza y pobreza extrema, así como de las niñas y los niños que padecen alguna discapacidad.

Una mirada alternativa a la pobreza

Mario Luis Fuentes

 Excelsior 05/08/2013 

Urge comprender que hoy la cuestión social es de tal complejidad, que no bastará con crear más empleos dignos, reducir urgentemente la violencia... Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza exigen una nueva ruta de reflexión, pues si algo nos revelan los datos dados a conocer por el Coneval es que nos encontramos no ante dos, sino ante tres décadas perdidas en lo que a la cuestión social se refiere, porque, en sentido estricto, el proceso de empobrecimiento masivo de la población viene al menos desde 1980. Los datos son contundentes: si se considera exclusivamente la pobreza por ingresos, el porcentaje de “pobres patrimoniales” que había en 1992 era equivalente a 53.1% de la población; 20 años después, en 2012, el porcentaje estimado fue de 52.3%; en 1992, los “pobres de capacidades” equivalían a 29.7% de la población nacional, mientras que en 2012 el dato fue de 28 por ciento. Finalmente, en 1992, los “pobres alimentarios” representaron 21.4%, mientras que en 2012 el porcentaje es de 19.7 por ciento. Frente a estos datos hay quien podría pensar que las cosas no han cambiado; hay quienes afirman incluso que la situación es menos grave porque ahora se tiene acceso a más bienes y servicios públicos; empero ambas visiones son, por decir lo menos, limitadas. Hoy la situación nacional ha empeorado gravemente, pues debe comprenderse que leer los datos de la pobreza, sin atender simultáneamente a los indicadores relativos a la morbilidad y la mortalidad, constituye un profundo error, sobre todo cuando se trata de pensar en función de las políticas públicas que requerimos en todo el marco de la cuestión social. Para dimensionar lo anterior debe considerarse que en el año de 1990, la tasa de mortalidad por diabetes mellitus era de 30.6 defunciones por cada 100 mil habitantes; la tasa estimada en 2012 es de 83 defunciones por cada 100 mil personas, es decir, casi el triple que hace 20 años. Por su parte la tasa de morbilidad por este padecimiento era, en 1990, de 155 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2012 ascendió a 420 casos por cada 100 mil personas. Este exorbitante crecimiento tiene múltiples factores de explicación: desde la desarticulación del sistema alimentario mexicano hasta el deterioro de prácticamente todas las condiciones de habitabilidad y bienestar en todo el territorio nacional, lo cual debería obligar a un profundo cambio en la concepción de lo que son y cómo deben integrarse las políticas económicas y sociales en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Si se considera además que los accidentes, suicidios y homicidios son ya la tercera causa de muerte en el país, el cuadro termina por complicarse aún más, pues nos revela como un país atrapado en la desigualdad, caracterizado por la pobreza y amenazado por la obesidad y el sobrepeso, y sus corolarios mortales a causa de la diabetes y la hipertensión, las cuales explican casi 35% de la carga total de la mortalidad nacional. Urge comprender que hoy la cuestión social es de tal complejidad, que no bastará con crear más empleos dignos, reducir urgentemente la violencia y mejorar la cobertura y calidad de la educación; de lo que ahora se trata es de construir una nueva ciudadanía capaz de exigir y de ejercer sus derechos, y para conseguirlo requerimos, debe insistirse, de cada vez más y mejores prácticas políticas para la civilidad y el diálogo democrático permanente.