Un nuevo escenario
El Banco de México se ha mostrado “sorprendido” por la dimensión de la parálisis económica la cual, de continuar las cosas, podría tornarse rápidamente en un periodo de recesión.
En los últimos 15 días la realidad nacional, en el sentido de los parámetros y criterios de la planeación y definición de prioridades, se ha transformado aceleradamente. Las profundas afectaciones en 25 entidades de la República, provocadas por lo que Conagua califica el mes más lluvioso de la historia, han obligado al gobierno federal a replantear metas y expectativas fundamentales.
Por un lado, la pérdida de miles de hectáreas de producción en estados como Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, podrían provocar una nueva tendencia inflacionaria en los precios de los alimentos, con los consecuentes efectos que esto tendría en las condiciones de pobreza y pobreza extrema en todo el país.
Asimismo, el Banco de México se ha mostrado “sorprendido” por la dimensión de la parálisis económica la cual, de continuar las cosas, podría tornarse rápidamente en un periodo de recesión que, en un contexto de incertidumbre, no podemos saber que tan prolongado podría ser.
Debe reconocerse que la reacción del Presidente de la República ha sido oportuna. Ha estado presente en los escenarios del desastre, lo cual es un signo positivo en torno a la decisión que se ha tomado de acompañar y conducir, desde la federación, al proceso de reconstrucción de las zonas mayormente afectadas.
Lamentablemente, los pronósticos meteorológicos alertan sobre la llegada de los huracanes más intensos; en efecto, de acuerdo con la proyección original, faltarían aún al menos 12 fenómenos de magnitud relevante, los cuales podrían afectar a otras regiones del territorio nacional.
Lo que estamos viendo en general, es que la agenda presidencial tendrá que modificarse radicalmente; por la magnitud de lo que ya ocurrió, pero también de lo que podría venir en las próximas semanas, va a requerir de toda la atención de la Presidencia, y de todo el gabinete.
Ante todo esto, uno de los retos que enfrentará el gobierno se encuentra en dimensionar adecuadamente los daños y comprender que las pérdidas no pueden medirse sólo en términos monetarios y de infraestructura, sino sobre todo, en lo que a la cohesión social se refiere.
Nuestra historia reciente nos ha enseñado que, una vez pasada la emergencia, los procesos de reconstrucción y restablecimiento de la vida cotidiana son largos, pesados y que generan enormes frustraciones, enojo, malestar, que pueden dar pie a la aceleración de procesos de desintegración y fractura comunitaria.
Desde esta perspectiva, otro de los retos del gobierno se encuentra en cómo aprovechar la inmensa energía social que se ha movilizado ante la tragedia; y en ese sentido, cómo repensar la política social para darle un carácter efectivamente regional, que impulse desde las zonas de mayor afectación nuevas dinámicas de recuperación de los territorios sociales.
Sin duda vendrán inmensas cantidades de recursos para reconstruir viviendas, carreteras, puentes, etc, lo cual debería servir para impulsar una nueva lógica de ordenación urbana y territorial; una nueva forma de decidir y orientar las inversiones en los municipios; pero también para reconstruir mercados locales a fin de hacerlos más justos e incluyentes.
Hoy la Presidencia de la República enfrenta el reto de replantear sus prioridades, tiempos y esquemas de intervención y coordinación para evitar que el desastre, se convierta en una emergencia social de mayores proporciones; pero lograrlo implicará reconocer y asumir, en todo lo que implica, que definitivamente hoy, estamos ante un inédito e inesperado escenario.
*Director del CEIDAS A.C
Excelsior- 23/09/2013
Los tres niveles de gobierno tendrán que modificar sus
agendas y proyectos de trabajo para lo que les queda en 2013.
Nuevamente el país se cimbra por la tragedia.
Miles de mexicanos viven sus días, sabiendo que han perdido todo o casi
todo: desde lo más entrañable: familiares y amigos, hasta los bienes tan
esforzadamente reunidos: la cama, la silla, el televisor, la ropa o los
zapatos. Dicho de manera llana, pero al mismo tiempo sumamente dura, la
vida que tenían, ya no existe.
Ante la magnitud del desastre y la urgencia de la ayuda, los rumores y el enojo crecen, y en medio de todo, lo mejor que tenemos como sociedad surge nuevamente a través de innumerables actos de solidaridad de la población; y también esfuerzos admirables de algunos servidores públicos, entre quienes destaca, sin duda, el compromiso y disciplina de las Fuerzas Armadas.
Es de reconocerse que el equipo del gobierno federal ha respondido con oportunidad, buscando coordinar lo que queda de las capacidades locales; y sobre todo, no debe dejar de decirse que el Presidente de la República ha hecho bien al enviar el mensaje de que está y estará al frente de la acción del gobierno.
A pesar de lo anterior, si algo revelan las inundaciones es la terrible realidad cotidiana de una pobreza que está en todas partes; de la precariedad de la vida diaria; a grado tal que, pasada literalmente la tempestad, en algunas localidades es difícil distinguir entre quiénes son los damnificados por las lluvias, y quiénes lo son de la desigualdad y la marginación.
Ante la emergencia, surgen nuevamente preguntas: ¿a quién deben darse de manera prioritaria los apoyos?; ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles bienes y servicios deberán ampliarse o incorporarse a las regiones afectadas?; y ¿quién debe proveerlos?
Debe comprenderse que ante la devastación que se enfrenta en amplias zonas, la atención debe dirigirse a las familias de las localidades y colonias afectadas directamente, pero también a los vecinos y familiares lastimados por el desastre social, el desempleo, las enfermedades prevenibles, los bajos o nulos salarios, la violencia familiar, la falta de vivienda digna, y la carencia e insuficiencia de servicios públicos o de escuelas y clínicas dignas de esos nombres.
No debe perderse de vista además, que a partir de este desastre, los tres niveles de gobierno tendrán que modificar sus agendas y proyectos de trabajo para lo que les queda en 2013, y sobre todo en torno a lo que habían proyectado llevar a cabo en 2014.
En la medida en que avancen los días podrá dimensionarse la magnitud real y los alcances de la tragedia. Lamentablemente, como ya ha ocurrido en el pasado, tomará meses restaurar lo básico para que las localidades retomen una vez más su vida cotidiana.
Nuestra generación sabe con certeza que el cambio climático hace más virulentos todos los fenómenos naturales; y sabemos también que el modelo social y político que tenemos determina que quienes habitan las zonas de mayor marginación y riesgo sean los más de 50 millones de pobres que hay en el país.
Desde esta perspectiva, el jefe del Estado mexicano tiene una enorme oportunidad para asumir que es hora de trabajar, no sólo para restaurar o reconstruir los precarios bienes y servicios que perdió la población damnificada sino para construir un entorno social y económico digno, que permita mitigar y sobre todo evitar, que una vez más, tengamos que presenciar las trágicas escenas que hoy estamos viendo.
¡Ojalá!
Ante la magnitud del desastre y la urgencia de la ayuda, los rumores y el enojo crecen, y en medio de todo, lo mejor que tenemos como sociedad surge nuevamente a través de innumerables actos de solidaridad de la población; y también esfuerzos admirables de algunos servidores públicos, entre quienes destaca, sin duda, el compromiso y disciplina de las Fuerzas Armadas.
Es de reconocerse que el equipo del gobierno federal ha respondido con oportunidad, buscando coordinar lo que queda de las capacidades locales; y sobre todo, no debe dejar de decirse que el Presidente de la República ha hecho bien al enviar el mensaje de que está y estará al frente de la acción del gobierno.
A pesar de lo anterior, si algo revelan las inundaciones es la terrible realidad cotidiana de una pobreza que está en todas partes; de la precariedad de la vida diaria; a grado tal que, pasada literalmente la tempestad, en algunas localidades es difícil distinguir entre quiénes son los damnificados por las lluvias, y quiénes lo son de la desigualdad y la marginación.
Ante la emergencia, surgen nuevamente preguntas: ¿a quién deben darse de manera prioritaria los apoyos?; ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles bienes y servicios deberán ampliarse o incorporarse a las regiones afectadas?; y ¿quién debe proveerlos?
Debe comprenderse que ante la devastación que se enfrenta en amplias zonas, la atención debe dirigirse a las familias de las localidades y colonias afectadas directamente, pero también a los vecinos y familiares lastimados por el desastre social, el desempleo, las enfermedades prevenibles, los bajos o nulos salarios, la violencia familiar, la falta de vivienda digna, y la carencia e insuficiencia de servicios públicos o de escuelas y clínicas dignas de esos nombres.
No debe perderse de vista además, que a partir de este desastre, los tres niveles de gobierno tendrán que modificar sus agendas y proyectos de trabajo para lo que les queda en 2013, y sobre todo en torno a lo que habían proyectado llevar a cabo en 2014.
En la medida en que avancen los días podrá dimensionarse la magnitud real y los alcances de la tragedia. Lamentablemente, como ya ha ocurrido en el pasado, tomará meses restaurar lo básico para que las localidades retomen una vez más su vida cotidiana.
Nuestra generación sabe con certeza que el cambio climático hace más virulentos todos los fenómenos naturales; y sabemos también que el modelo social y político que tenemos determina que quienes habitan las zonas de mayor marginación y riesgo sean los más de 50 millones de pobres que hay en el país.
Desde esta perspectiva, el jefe del Estado mexicano tiene una enorme oportunidad para asumir que es hora de trabajar, no sólo para restaurar o reconstruir los precarios bienes y servicios que perdió la población damnificada sino para construir un entorno social y económico digno, que permita mitigar y sobre todo evitar, que una vez más, tengamos que presenciar las trágicas escenas que hoy estamos viendo.
¡Ojalá!
