Desafío 2014

 Excélsior, 23/12/2013

El resumen que se hace desde el Congreso sobre la magnitud de los cambios que se han generado en la presente Legislatura es relevante: 16 reformas constitucionales en 16 meses.

Sin entrar a la valoración respecto del contenido de tales reformas, el dato revela en sí mismo la magnitud de la tarea que tendrá que desarrollar la administración pública federal, así como los gobiernos estatales y municipales, a fin de materializar e implementar el contenido de estas reformas en el ejercicio del gobierno.

Frente a este panorama, no podemos —no debemos—, como país, cometer una vez más el error de asignar “capacidades míticas” a los cambios constitucionales y legales. La tarea recién comienza y es preciso avanzar hacia el abordaje de las otras urgencias, casi todas ubicadas en el terreno de lo social, y que se expresa fundamentalmente en una compleja matriz en la que interactúan conceptos como: desigualdad, pobreza, exclusión, segregación, violencia y marginación.

Debemos estar conscientes de que la “recuperación económica” prevista para el próximo año nos llevará, si acaso, a crecer a un ritmo de 3.5% del PIB; pero también debemos tener claro que aún no se han diseñado nuevos mecanismos redistributivos de la riqueza, con lo que podríamos enfrentar la paradoja de crecer más, pero profundizar la desigualdad y las disparidades regionales.

El inmenso desafío de quienes hoy tienen la responsabilidad de tomar las principales decisiones nacionales y estatales, se encuentra en darle contexto a las reformas; es decir, ubicar con claridad que tendrán que operarlas en ámbitos de violencia nunca antes vistos; en territorios con una institucionalidad débil; y frente a entornos familiares en constante transformación.

Todo esto implica, dicho de manera llana, reconocer que luego de las reformas, nuestros más graves dilemas siguen allí; que el primer paso —si es que efectivamente éstas constituyen la base de la solución— apenas está dado, y que ahora el más grande reto se encuentra en traducir lo que se encuentra en la Carta Magna y sus leyes, en efectivas condiciones de bienestar para la población.

Debemos tener claridad en torno a que el Estado todavía no se ha fortalecido para poner límites y reglas de funcionamiento equilibrado a los mercados; que no se ha construido una nueva institucionalidad para dar cauce a renovados procesos de crecimiento para generar oportunidades para todos; que el mundo del empleo sigue desestructurado; y que la existencia de un sistema integral de protección social sigue siendo una agenda pendiente de resolver.

Quizá uno de los mayores retos que tendremos como país para el próximo año se encuentra en leer las reformas conseguidas, en clave de bienestar; es decir, percibirlas como mecanismos del Estado para orientar nuestro curso de desarrollo hacia un nuevo modelo que permita crecer con y para la equidad, porque, de otro modo, lo que ocurrirá una vez más será que habremos perdido valioso tiempo, y ese sí que es un recurso escaso y nunca renovable.

Más aún, debería asumirse que las reformas construidas deberán orientar al gobierno, en todos sus órdenes y niveles, hacia el cumplimiento universal de los derechos humanos; porque si las modificaciones legislativas no tienen como objetivo contribuir al cumplimiento del artículo 1º constitucional, entonces vamos a repetir el error recurrente en las últimas tres décadas: promoveremos la generación de riqueza, pero prohijaremos mayor pobreza y desigualdad.

*Director del CEIDAS, A. C.

Twitter: @ML_fuentes

20 años después

Excélsior, 16/12/2013

Cada que concluye un año resulta valioso plantearnos miradas retrospectivas; más aún, cuando éstas pueden situarse en el mediano plazo, con el propósito de recuperar las lecciones aprendidas, pero también, para poner en una balanza qué se ha dejado de hacer y qué es lo que ha dado resultados negativos. Sin duda, este es un buen momento para pensar en dónde estábamos hace 20 años como país; y en ese repensarnos, pueden situarse dos grandes que nos confrontaron y que nos hicieron darnos cuenta de nuestras inmensas desigualdades y deudas históricas.

La primera de ellas puede denominarse hoy como “la cuestión indígena”; dos décadas atrás, pensar en un Estado pluriétnico era sinónimo de anatema; y era también muy difícil reconocernos como un país históricamente fracturado por las iniquidades; como una nación lacerada por la discriminación; y como una sociedad dividida y confrontada en valores y aspiraciones. El 1º de enero de 1994 nuestro país fue sacudido hasta sus cimientos con el levantamiento armado del EZLN. A la luz de los años, puede asumirse que el reclamo ético expresado por los zapatistas, estaba dirigido no sólo frente al Estado mexicano, sino frente a un modelo de desarrollo continental basado en el despojo y la negación de los diferentes.

En esa misma fecha entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), y como hoy, en ese entonces se asumía que estábamos ante la puerta de entrada a un proceso modernizador de largo plazo que por fin nos situaría entre las naciones más desarrolladas del mundo. Si hubiese que elegir dos conceptos para caracterizar en lo general aquel 1º de enero del 94, éstos serían los de la contradicción y la incertidumbre. Entonces como ahora, había enormes expectativas en torno al poder transformador de las reformas; pero también entonces como ahora había una fuerte crispación y malestar social.

Hace 20 años, como ahora, la mirada de los capitales internacionales, y con ellos las de los medios de comunicación de alcance global, estaban puestas sobre nuestro país; y por ello debemos tener cuidado de asumir, como entonces, un aire de triunfalismo que nos podría conducir a ninguna parte. A dos décadas de vigencia del TLC, nos encontramos con la realidad de que hemos crecido de manera mediocre, alcanzando apenas un promedio anual de 1.5% del PIB. Asimismo, la pobreza, medida a través de los ingresos de las personas, sigue al mismo nivel que había en 1992; y la desigualdad, medida por el Índice de Gini, sigue esencialmente intocada, y en algunas regiones incluso se ha profundizado.

Hoy, sin embargo, estamos agobiados por fenómenos que hace 20 años no tenían la dimensión dramática de ahora: el crimen organizado controla varios territorios y la violencia se ha expandido a todos los ámbitos sociales; las adicciones siguen aumentando; cada vez mueren más personas por causas en exceso evitables; tenemos a 2.7 millones de personas en el desempleo; mientras que la corrupción campea como práctica social normalizada. Estos y otros factores deben conducirnos a la prudencia, una virtud política que hemos dejado de lado y que, ante los riesgos que enfrentamos, puede permitirnos abrir nuevas rutas de crítica e imaginación, en aras de construir, de manera permanente el país justo que por responsabilidad ética, estamos obligados a ser.

*Director del CEIDAS, A. C.

Twitter: @ML_fuentes

Democracia y liderazgo

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2013/12/09/932719Excélsior, 9/12/2013

Uno de los mayores retos para una democracia se encuentra en el fortalecimiento de las instituciones. Para América Latina, transitar de regímenes sustentadas en el liderazgo carismático de caudillos hacia sistemas políticos basados en el Estado de derecho ha sido sumamente difícil, y sólo hasta hace apenas unos años se ha conseguido avanzar hacia la construcción de sistemas electorales relativamente estables y competitivos.

De manera preocupante, el Informe Latinobarómetro nos alerta sobre el debilitamiento de la confianza en las democracias; en efecto, recorre todo el continente una oleada de reclamo frente a la incapacidad de los gobiernos democráticamente elegidos de erradicar la violencia, la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Esta realidad debe llevarnos al reconocimiento de que las democracias dependen, sí de sistemas institucionales sólidos que eliminen la discrecionalidad y el populismo; pero que también están determinadas por liderazgos democráticos que le den certidumbre y credibilidad al régimen de gobierno.

Lo anterior significa simple y llanamente que una democracia sin figuras democráticas emblemáticas siempre será frágil; porque si algo deberíamos haber aprendido ya, es que hay personajes que engrandecen a las instituciones; que las consolidan y que las potencian al dotarlas de dispositivos éticos que legitiman sus decisiones ante la ciudadanía. El liderazgo ha sido definido de muchas maneras; para la democracia, conviene la idea de que una persona puede ser considerada como un “líder”, en la medida en que sus acciones resultan siempre y en todo lugar ejemplares y dignas de ser imitadas y seguidas por sus semejantes.

Habría que preguntarnos, con honestidad, con cuántos liderazgos de este tipo contamos; y sobre todo, cuántos liderazgos más estamos construyendo a fin de que la democracia, la posibilidad de una vida en bienestar y en dignidad, así como una cultura para la paz y la convivencia solidaria para todos, sean la base de un porvenir posible en el corto plazo. La muerte de Nelson Mandela es un claro ejemplo de lo que un líder con vocación democrática y de paz puede hacer a favor de su país, pero también para el resto de la comunidad de las naciones.

Optar por el perdón y darle la espalda a cualquier ánimo de venganza es una lección que pocos son capaces de enseñarnos en nuestros días. Sin duda, habría que reconocer que detrás del avance democrático de Sudáfrica, lo que se encuentra es un sueño de libertad; y si retraemos esta idea a nuestra realidad, lo que encontramos detrás de las grandes decisiones de Juárez, Zapata, Madero o Lázaro Cárdenas, lo que encontramos también es el anhelo de justicia, libertad y dignidad para el país.

Desde esta perspectiva, el liderazgo sólo puede construirse desde una profunda noción de lo humano, desde la cual pueda convocarse constantemente a la reflexión compartida; al compromiso público con las mejores causas, y a la exigencia indeclinable de apego irrestricto al orden constitucional y su mandato de cumplir y exigir el cumplimiento integral de los derechos humanos. Todo esto lleva a una conclusión inevitable: una democracia requiere múltiples liderazgos, para que, en medio de la diversidad, puedan proponer y conducir diálogos perdurables para el acuerdo; y para alertarnos sobre los siempre posibles extravíos a que puede conducirnos una lógica de violencia, corrupción y malestar cultural, como la que hoy nos aqueja.

*Director del CEIDAS, A. C.

Twitter: ML_fuentes

La fractura sigue

Excelsior,  02/12/2013

Los costos de la corrupción en nuestro país son muy altos; se estiman en varios cientos de miles de millones de pesos anuales. Sin embargo, quizá no sea éste el mayor daño que se está generando, sino la fractura ética que significa tanto para las instituciones del Estado, como para la sociedad en general.

Estamos frente a una verdadera crisis porque no hay un solo ámbito de los poderes públicos que esté a salvo de la sospecha; lo que es más, en los últimos años, fue el propio titular del Ejecutivo quien en la pasada administración acusó a una parte del Poder Judicial de proteger a los grupos de la delincuencia organizada.

Por su parte, los gobiernos estatales y municipales han sido evidenciados reiteradamente en malos manejos de los recursos públicos; hay cientos de casos documentados en los que se ha acreditado que hubo desvío de recursos para fines ilícitos, por ejemplo, financiamiento de campañas; o bien el uso del dinero para el enriquecimiento personal.

El escándalo más reciente lo ha protagonizado el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, en donde el coordinador del grupo parlamentario del PAN ha sido acusado del cobro de una “comisión” a presidentes municipales del estado de Guanajuato, a cambio de gestionar recursos etiquetados para obra pública en sus demarcaciones.

En este contexto, resulta inaceptable que hasta ahora no haya habido todavía explicaciones convincentes en torno a las prácticas, al parecer generalizadas, de cobro de cuotas a cambio de asignaciones de partidas de recursos en el Congreso. Lo es doblemente, porque en una democracia se asume que si hay un elemento de control del gobierno, éste es precisamente la supervisión y auditoría del presupuesto, por parte del Congreso.

A un año de esta administración, la fractura sigue: infortunadamente la iniciativa del Presidente para crear una comisión anticorrupción no ha avanzado, pero tampoco los otros Poderes de la Unión se han planteado llevar a cabo reformas para que, en sus estructuras internas, se ponga definitivamente freno a la corrupción.

Permanece, pues es un juego perverso en el que los contratistas y prestadores de servicios de los gobiernos, en todos los niveles, saben que deben considerar al menos 10% al pago de la corrupción; las personas saben que agilizar un trámite les costará cierta cantidad, y en general todos sabemos que toda gestión puede implicar un costo adicional, lo cual sigue provocando una corrosión institucional sin precedentes.

Es evidente que nuestra democracia no tendrá viabilidad si no logramos extirpar la corrupción del sistema institucional. En ese sentido, no podemos seguir siendo un país atrapado en la lógica de la defensa de intereses privados desde las instituciones públicas, ni mucho menos podemos seguir tolerando la sangría de recursos que implica el constante desvío del dinero que está en manos de los gobernantes.

Estamos ante un reto mayor, pues acabar con la corrupción requiere, sí de un cambio de las instituciones y sus procedimientos, pero, sobre todo, de una renovación ética de todos los órganos y poderes del Estado.

Lo anterior exige, a su vez, de una profunda transformación cultural que nos lleve a la revaloración y recuperación de un verdadero sentido del servicio público, lo cual no significa otra cosa sino entregar toda la energía y capacidades, para generar bienestar y equidad para toda la población.

ONCE TV México Social - Violencia contra las mujeres (26/11/2013)

Mario Luis Fuentes dialoga con sus invitados sobre la violencia contra las mujeres y sus diferentes modalidades.

Democracia y bienestar

Excelsior, 25/11/2013

 

Los resultados de los estudios demoscópicos en torno a la confianza y nivel de satisfacción que tiene la población respecto de la democracia, muestran que hay un descontento generalizado con los resultados que han tenido en la última década los gobiernos legítimamente electos.

Uno de estos estudios es el reporte Latinobarómetro, en el cual se consigna que en nuestro país únicamente 37% de los ciudadanos prefiere a un gobierno democrático sobre uno autoritario; con el mismo porcentaje se encuentran quienes sostienen que les da lo mismo el tipo de gobierno, y en el orden de 25% están las personas que preferirían un gobierno autoritario.

Si se analizan estos datos a la luz de los resultados de la serie de la Encuesta Nacional de Cultura y Prácticas Democráticas (ENCUP), lo que se puede agregar es que las personas en general estarían dispuestas a ceder algunas de sus libertades a cambio de mayores niveles de bienestar.

Los datos son preocupantes porque revelan que en México la construcción de un sistema electoral sólido, con competencia política real entre los partidos y con una relativa equidad en las condiciones en que se desarrollan los comicios, no ha logrado traducirse en la generación de un nuevo orden institucional, capaz de fortalecer al Estado y a sus instituciones, con el objetivo de distribuir la riqueza y garantizar mayor bienestar para todos.

Si algo está haciendo falta en nuestro país es que los partidos políticos, independientemente de su orientación ideológica, desarrollen plataformas electorales, así como procesos de capacitación y formación de sus cuadros, con el propósito de que al momento en que llegan a cargos de representación popular, o a responsabilidades legislativas o de la administración pública, actúen siempre con irrestricto apego al orden constitucional.

La cuestión es mayor, pues no podemos hablar de un régimen consolidado en democracia si la disputa legal por el poder político no tiene como correlativa la construcción de un diálogo fecundo, capaz de poner como prioridad en la discusión nacional la construcción de un Estado que dé cumplimiento pleno al artículo 1º constitucional.

Lo anterior significa, entonces, que deben diseñarse nuevas reglas para el diálogo público que puedan conducir a una nueva generación de reglas de consenso, a fin de evitar que el debate y la construcción de acuerdos para el desarrollo y la justicia social dependa siempre de la existencia de “coyunturas favorables”.

Debemos estar conscientes de que en los últimos diez años ha habido un acelerado deterioro en los niveles de satisfacción con la democracia y con las instituciones responsables de darle viabilidad política, económica y social; por ello, si algo nos está haciendo falta es incorporar a la agenda de las reformas urgentes todos aquellos temas relativos a la cuestión social.

De algún modo, desde hace ya varios meses se ha dejado atrás el debate que se perfiló durante las campañas políticas de 2012, consistente en preguntarnos cuestiones de fondo, relativas a cómo gobernar mejor a la globalización; cómo construir más Estado y cómo regular adecuadamente a los mercados.

Estos son temas a los que no puede dárseles la espalda, porque si bien hasta ahora se han construido acuerdos para impulsar importantes reformas, éstas no serán suficientes si no logramos que se traduzcan en la base para la refundación de un nuevo estado democrático para la equidad.

ONCE TV México Social - Migración (19/11/2013)

Mario Luis Fuentes dialoga con el Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente del COLEF, A.C. acerca de las principales causas por las que los mexicanos deciden emigrar del país o estados de origen, en busca de mejores condiciones de vida.

“Estamos en México”

 Excelsior 18/11/2013

 

Prácticamente todas las noches y en todas las ciudades, grandes o pequeñas, de todo el país, se observa afuera de bares y los llamados antros, a decenas de jóvenes tratando de ingresar. Es claro que muchos de ellos son menores de edad, adolescentes que desde los 14 años se aventuran a ingresar a establecimientos donde está prohibida su entrada. Sin embargo, a pesar de existir restricciones expresas, ellos saben que si dan la cantidad de dinero solicitada, van a entrar sin problema.

Es sabido que miles de jóvenes logran adquirir credenciales de elector apócrifas y que, dependiendo de la calidad de las mismas, pueden conseguirse desde 500 pesos hasta los mil 500 pesos. Es evidente que su único propósito es tener acceso al mundo de la diversión y asumen que el lograr ingresar a los antros, bien vale la inversión realizada.

Al respecto, entre las cuestiones más preocupantes en estas acciones, se encuentra el hecho de que, al cuestionar a estos jóvenes tratando de hacerles ver que están llevando a cabo acciones que son incluso ilegales, la respuesta es simple: “¿Cuál es el problema, si estamos en México y aquí todo se puede comprar?”. De manera lamentable, las y los jóvenes están aprendiendo que cuando las autoridades hacen operativos a la entrada de algunos de estos establecimientos, es cuestión de esperar el tiempo justo para que se retiren y poder entrar. Saben también que los supervisores del gobierno, en el nivel que sea, sólo aparentan la verificación del cumplimiento de la norma; y a la vez saben que los dueños de los negocios “ya están arreglados” con la autoridad para venderles prácticamente de todo, independientemente de su edad.

Uno de los mayores dramas que estamos construyendo se encuentra en la realidad de que la corrupción y el incumplimiento de las leyes son prácticas “naturalizadas” entre las nuevas generaciones. Así, la corrosiva convicción de que en México, “el que no transa no avanza”, se reproduce generacionalmente ante nuestra incapacidad de establecer una vida respetuosa de la Constitución y del orden jurídico que como país nos hemos dado.

Al asumir que el dinero y el poder per se son las metas mejor valoradas socialmente, la convicción de que las prácticas corruptas son válidas, se alimenta adicionalmente con los relatos periodísticos de todos los días, en los que se muestra a numerosos funcionarios y empresarios, quienes representan a la transa y la compra de voluntades como el mejor modelo de innovación empresarial.

Mientras todo esto ocurre, las estadísticas nos muestran que la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es cada vez menor y que el número de defunciones por enfermedad alcohólica del hígado ha llegado a un récord histórico de 13 mil 164 personas en el 2011, al tiempo de que más de 55 mil personas —en su mayoría jóvenes— son atendidas por intoxicación aguda por alcohol.

Lo lamentable es que la mayor parte de estas defunciones pudieron evitarse. Por ello es urgente que todas las autoridades, principalmente las presidencias municipales y las autoridades delegacionales en el DF, actúen para detener tanto daño. Esto, porque estamos hablando no sólo de la mortalidad por accidentes y la violencia asociada al alcohol, sino de la destrucción de la ciudadanía que están promoviendo, al enseñar a las y los jóvenes que la corrupción es un elemento inherente a vivir en México.

                *Director del CEIDAS, A.C.

ONCE TV México Social - Determinantes sociales de la salud (12/11/2013)

El sector salud en México genera alrededor del 5.6% del PIB nacional; un indicador lejos del promedio de la OECD, el cual se sitúa en 9.3%; en números absolutos, se estima que se generan más de 808 mil millones de pesos anuales, de los cuales, alrededor de 200 mil millones son aportados por los hogares; ahí la distribución de tareas es injusta, pues de cada 100 pesos que se aportan para la atención y cuidado de la salud, 73 son generados por las mujeres.

Malestar

Excelsior 11/11/2013 

El malestar se extiende en el país. Poblaciones enfurecidas queman edificios públicos, y a su paso destruyen patrullas y comercios. En múltiples localidades, ante la criminalidad creciente, los vecinos enardecidos atrapan a presuntos delincuentes e intentan lincharlos. Cada vez es más común ver cómo las poblaciones estallan ante los más diversos motivos. No es sólo ya el abatimiento individual que provoca la desigualdad y su expresión en pobreza y agudos procesos de exclusión, sino complejos procesos colectivos de “violencia instantánea”. Su germen se encuentra muy probablemente en largas historias y procesos de descomposición institucional, en que las autoridades han sido omisas de sus responsabilidades, o en donde han mostrado la doble cara de corrupción y violencia injustificada. Ante ello, sólo se requiere un detonante, aun en apariencia insignificante, para que el malestar individual estalle y se transforme en furia pública. Ante la desesperanza social, las áreas de comunicación de lo social en los distintos órdenes de gobierno, batallan para dar certezas mínimas en torno a los avances conseguidos o en proceso. Sin embargo, día a día, la realidad les impone severos límites pues, apenas se anuncia la apertura de nuevos servicios o el inicio de una nueva obra, las notas sobre violencia, abusos o corrupción hacen palidecer a casi cualquier logro gubernamental. Frente a la magnitud de los problemas, de manera preocupante la República se mueve apenas inercialmente; cada entidad, cada municipio, avanzan y actúan en sus propios tiempos, sin asumir que el país requiere de la acción coordinada y concertada de todos los actores públicos. Por su parte, gobernadores y presidentes municipales tratan de mantenerse visibles, llegando al exceso de colmar sus oficinas con los personajes públicos de ocasión; gastando sumas injustificables en inserciones de todo tipo y pagando despliegues mediáticos injustificables al momento de presumir sus informes de gobierno. No obstante, el malestar sigue ahí. El enojo no cede. Y en medio de todo, grupos de presión encabezados por algunos grupos empresariales y sumando a grupos de la más diversa índole, toman como bandera el rechazo a la reforma fiscal, generando confusión pública y mostrando que la comunicación oficial no ha logrado todavía transmitir la legitimidad de las medidas ni lo que se busca afanosamente llevar a cabo para mejorar las condiciones en el país. A esto se suman las imágenes de Michoacán y Tamaulipas, que nos muestran la magnitud de la disputa por los territorios. Ciudades como Matamoros y Lázaro Cárdenas son tomadas por las Fuerzas Armadas para tratar de dar espacio a las poblaciones que se encuentran asoladas por la delincuencia; pero antes fueron Ciudad Juárez, Torreón, Tijuana… y la pregunta que ronda en el aire es: ¿cuáles van a seguir? Está a punto de cumplirse el primer año de la presente administración. Ante ello, el jefe del Estado, con la experiencia acumulada en estos primeros 12 meses de su gobierno, se encuentra ante la posibilidad de profundizar su análisis y diagnóstico, a fin de darle cauce y sentido a todo lo que se ha anunciado y puesto en marcha. Minimizar el malestar social que se percibe constituye un riesgo de dimensiones considerables; por el contrario, reconocerlo y actuar en consecuencia podrá darle sentido y cohesión al esfuerzo público, así como trazar una ruta compartida, por toda la República, a fin de reducir y atemperar las complejas causas que están impulsando este sentimiento.

TABLA SOBRE LA INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

Este documento fue elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS A.C.), con el objetivo de hacer visibles las posiciones que existen a favor y en contra de modificar la ley general vigente en materia de trata de personas y lo hemos elaborado con la finalidad de contribuir a promover un diálogo que permita fortalecer el marco jurídico pero también las acciones que se realizan contra la trata de personas.

Conforme a ello se reflexiona sobre la ley vigente y la iniciativa que propone reformarla, a partir de reconocer que su discusión no sólo debe ser en el ámbito jurídico y que debe recoger la experiencia que se ha alcanzado durante este tiempo, así como lo que se ha realizado en las entidades federativas.

Este documento de trabajo recoge las reflexiones que se han expresado hasta el lunes 4 de noviembre y seguirá actualizándose conforme al análisis y revisión que surjan en relación a la ley y podrán encontrarlo en la página de  CEIDAS http://ceidas.org/;  ARISTEGUI NOTICIAS, http://aristeguinoticias.com y en mi BLOG http://marioluisfuentes.blogspot.mx

Seguimos,

Mario Luis Fuentes

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