Prácticamente todas las noches y en todas las ciudades, grandes o
pequeñas, de todo el país, se observa afuera de bares y los llamados
antros, a decenas de jóvenes tratando de ingresar. Es claro que muchos
de ellos son menores de edad, adolescentes que desde los 14 años se
aventuran a ingresar a establecimientos donde está prohibida su entrada.
Sin embargo, a pesar de existir restricciones expresas, ellos saben que
si dan la cantidad de dinero solicitada, van a entrar sin problema.
Es sabido que miles de jóvenes logran adquirir credenciales de
elector apócrifas y que, dependiendo de la calidad de las mismas, pueden
conseguirse desde 500 pesos hasta los mil 500 pesos. Es evidente que su
único propósito es tener acceso al mundo de la diversión y asumen que
el lograr ingresar a los antros, bien vale la inversión realizada.
Al respecto, entre las cuestiones más preocupantes en estas acciones,
se encuentra el hecho de que, al cuestionar a estos jóvenes tratando de
hacerles ver que están llevando a cabo acciones que son incluso
ilegales, la respuesta es simple: “¿Cuál es el problema, si estamos en
México y aquí todo se puede comprar?”. De manera lamentable, las y los
jóvenes están aprendiendo que cuando las autoridades hacen operativos a
la entrada de algunos de estos establecimientos, es cuestión de esperar
el tiempo justo para que se retiren y poder entrar. Saben también que
los supervisores del gobierno, en el nivel que sea, sólo aparentan la
verificación del cumplimiento de la norma; y a la vez saben que los
dueños de los negocios “ya están arreglados” con la autoridad para
venderles prácticamente de todo, independientemente de su edad.
Uno de los mayores dramas que estamos construyendo se encuentra en la
realidad de que la corrupción y el incumplimiento de las leyes son
prácticas “naturalizadas” entre las nuevas generaciones. Así, la
corrosiva convicción de que en México, “el que no transa no avanza”, se
reproduce generacionalmente ante nuestra incapacidad de establecer una
vida respetuosa de la Constitución y del orden jurídico que como país
nos hemos dado.
Al asumir que el dinero y el poder per se son las metas mejor
valoradas socialmente, la convicción de que las prácticas corruptas son
válidas, se alimenta adicionalmente con los relatos periodísticos de
todos los días, en los que se muestra a numerosos funcionarios y
empresarios, quienes representan a la transa y la compra de voluntades
como el mejor modelo de innovación empresarial.
Mientras todo esto ocurre, las estadísticas nos muestran que la edad
promedio de inicio de consumo de alcohol es cada vez menor y que el
número de defunciones por enfermedad alcohólica del hígado ha llegado a
un récord histórico de 13 mil 164 personas en el 2011, al tiempo de que
más de 55 mil personas —en su mayoría jóvenes— son atendidas por
intoxicación aguda por alcohol.
Lo lamentable es que la mayor parte de estas defunciones pudieron
evitarse. Por ello es urgente que todas las autoridades, principalmente
las presidencias municipales y las autoridades delegacionales en el DF,
actúen para detener tanto daño. Esto, porque estamos hablando no sólo de
la mortalidad por accidentes y la violencia asociada al alcohol, sino
de la destrucción de la ciudadanía que están promoviendo, al enseñar a
las y los jóvenes que la corrupción es un elemento inherente a vivir en
México.
*Director del CEIDAS, A.C.
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