Mtro. Mario Luis Fuentes
Excelsior, 12/08/2013
Se ha reconocido que enfrentamos un enorme reto en diversos territorios en los cuales está comprometido el control efectivo de las instancias gubernamentales.
Nuestro
país ha vivido en los últimos años bajo la constante amenaza del crimen
organizado y de otros poderes fácticos que, en aras de la defensa de
intereses particulares, muchos de ellos ilegítimos, han logrado penetrar
a distintas instituciones y han generado procesos de arraigo
territorial que les proporcionan una enorme capacidad de acción y de
confrontación en contra del Estado y el orden institucional.
En
ese sentido, debe destacarse la honestidad en el diagnóstico de la
Presidencia de la República, desde la cual se ha reconocido que
enfrentamos un enorme reto en diversos territorios, en los cuales está
comprometido el control efectivo de las instancias gubernamentales en lo
que a la garantía del Estado de derecho se refiere.
La
corrupción en todos los ámbitos y niveles del gobierno es un elemento
clave en el análisis de lo que está ocurriendo, pues sin este factor de
fractura del orden legal, no podría explicarse lo que puede ser
considerado como el derrumbe de una buena parte de las estructuras de
legitimidad de la actuación de las autoridades en distintas regiones del
país.
Desde
hace años, en territorios urbanos y rurales de Chihuahua, Sinaloa,
Tamaulipas y Durango, y más recientemente en Michoacán y Guerrero, el
crimen organizado ha logrado penetrar en prácticamente todos los ámbitos
territoriales, e incluso se han apoderado de estructuras paralelas de
la economía desde actividades como la piratería hasta el abierto control
del comercio informal.
Por
ello, el Estado mexicano está obligado a reaccionar con mucho mayor
eficacia, por lo que en la nueva administración no podrá repetirse el
error de asumir que se trata exclusivamente de un problema de seguridad
pública y aplicación de la justicia.
En
efecto, si algo se ha hecho evidente en los últimos años es que la
presencia de los grupos delincuenciales y otros grupos de influencia
efectiva sobre la toma de las decisiones públicas están interfiriendo
negativamente en la operación de los principales programas sociales, e
incluso su poder es tal que en los casos en los que así lo deciden, los
operadores de los programas no tienen acceso a las localidades donde la
ausencia de la autoridad es mayor.
Si
la pérdida del monopolio de la violencia legítima es grave, lo es en el
mismo nivel la incapacidad de las instituciones para garantizar los
derechos sociales de la población. Por ello es urgente que en la nueva
estrategia de seguridad pública del gobierno federal se asuma que deberá
recuperarse, uno a uno, el control de las localidades “perdidas”, y
junto con el restablecimiento del orden institucional, deberá también
reasumirse la presencia social del Estado.
Construir
un verdadero Estado de bienestar requiere de una lógica doble: por un
lado, garantizar la seguridad pública, pero por el otro, contar con los
instrumentos necesarios para el pleno acceso a los derechos sociales de
la población, y con ello intentar el blindaje de los territorios ante el
embate y control de la “legitimidad” social de parte fundamentalmente
de los grupos delincuenciales.
La
presencia de 53 millones de pobres en el país constituye un inmenso
cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades, por lo que si algo
debe asumirse en esta administración, es que la cimentación de un nuevo
Estado de bienestar requiere de la plena gobernabilidad del territorio, y
ante eso estamos todavía bastante lejos.
*Director del CEIDAS, A.C.
