El desorden se encuentra en todas partes, el cual
transporta y es reflejo de irresponsabilidades cometidas en los tres
niveles de gobierno, y en el cual la profundidad de la corrupción es uno
de los elementos determinantes de su extendida presencia y
persistencia...
El desastre por las torrenciales lluvias del mes
de septiembre evidenció, una vez más, que la pobreza, la marginación y
la desigualdad están en todas partes; y que, efectivamente, no hay un
solo estado del país en el que no se encuentren municipios con altos
grados de vulnerabilidad, en el más amplio sentido del término.
Esta realidad permite asumir también que el desorden se encuentra en
todas partes, el cual transporta y es reflejo de irresponsabilidades
cometidas en los tres niveles de gobierno, y en el cual la profundidad
de la corrupción es uno de los elementos determinantes de su extendida
presencia y persistencia.
Por ello es encomiable la decisión presidencial de ordenar una
investigación para determinar si hay responsabilidades que fincar —y a
quién o a quiénes— frente al desastre en Guerrero; pero lo sería aún
más, si esta instrucción transitara hacia la construcción de un nuevo
sistema de vigilancia y control del gobierno, para combatir eficazmente
la corrupción y abonar a la tan anhelada transparencia gubernamental.
Una decisión de este tipo permitiría no sólo sancionar a funcionarias
y funcionarios que por comisión u omisión generaron buena parte de la
tragedia que estamos viendo, sino evitar que en el futuro, frente a
huracanes o frente a cualquier otro desastre, los daños no tengan como
origen primario la ineficiencia e ineficacia gubernamental.
Los diagnósticos son, además de abundantes, reiterados: desde el
informe presentado por el ministro Zaldívar, respecto del caso de la
guardería ABC, hasta las evaluaciones que periódicamente llevan a cabo
el Coneval y la Auditoría Superior de la Federación, constituyen
documentos que muestran una y otra vez la urgencia de restablecer un
orden y sentido mínimo a las acciones que se llevan a cabo en la
República.
En este contexto, son varios los funcionarios del gobierno federal
quienes sostienen en privado que las dependencias se encuentran
desarticuladas, que la burocracia, en general, carece de compromiso
público y mística de servicio, y que la reglamentación y normatividad
que se ha acumulado durante décadas, ha abonado y es causa de parálisis,
ineficiencia y también de espacios de corrupción.
La incertidumbre global y local debería dar pie a un proceso
sistemático y planteado con miras de largo plazo, para reconstruir y
para reintegrar socialmente a la República; pero ello requiere asumir,
desde el gobierno federal, la conducción de un proceso democratizador
que, simultáneamente, reconstituya el tejido social, abatiendo
aceleradamente la pobreza y las desigualdades.
Las investigaciones que habrán de llevarse a cabo respecto del
desastre, bien podrían constituir un elemento fundamental de diagnóstico
que nos dé certidumbre, al menos, de dónde debemos comenzar; y a partir
de ahí, llevando a cabo sanciones y acciones ejemplares en torno a la
reconstrucción, que lleven a procesos ampliados de desarrollo y
recuperación de territorios abandonados o perdidos.
Hoy la Presidencia de la República se encuentra ante la posibilidad
real de replantear sus objetivos, en aras de acelerar el crecimiento,
reactivar la economía, y voltear la mirada, una vez más, hacia las
entrañas del país, y asumir que sólo en la medida en que se construya un
proyecto social para generar identidad y cohesión social, podremos ser
un incluyente y plenamente democrático.
Lo deseable es que, en las semanas por venir, no dejemos ir una vez más, esta dolorosa, pero invaluable oportunidad.
*Director del CEIDAS, A. C.
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