La urgencia de transformar al
país no debe llevarnos a tomar decisiones apresuradas, y por ello
debemos ser capaces de construir un diálogo nacional.
Se encuentran en análisis en el Congreso de la
Unión un conjunto de propuestas de reformas de gran calado en temas
políticos y energéticos. En el primer rubro se plantea, en términos
generales, crear un instituto electoral que organice y supervise todos
los procesos electorales que se lleven a cabo en el país.
En materia energética se plantea un cambio en el régimen fiscal de
Pemex, la cual sigue siendo una de las empresas petroleras más
relevantes del mundo, así como en el contenido de los artículos 27 y 28
Constitucionales, con el propósito de permitir la participación del
capital privado en la exploración y extracción de petróleo y gas.
El diagnóstico sobre ambos temas muestra, sin duda alguna, que las
cosas no andan bien. La corrupción, el dinero ilícito en las campañas
políticas, el uso de programas sociales para obtención de beneficios
electorales, así como la “cooptación” de los órganos electorales
estatales y municipales, han llevado a las y los expertos en la materia a
plantear la necesidad de “centralizar” una vez más la conducción de las
elecciones.
Por otro lado, la tendencia al agotamiento del petróleo en
yacimientos como Cantarell, así como la insuficiente tecnología para la
exploración en aguas profundas, ha llevado a numerosos analistas a
sugerir que la solución se encuentra en la apertura del sector
energético, y en consecuencia, a la necesidad de eliminar la rectoría
estatal contemplada en la Constitución en esta materia.
El grupo de reflexión Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, integrado
por el rector José Narro, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando
Cordera, David Ibarra, Carlos Tello, Norma Samaniego y muchos otros
destacados académicos, ha propuesto un documento en el cual se estipulan
consideraciones de fondo sobre la reforma energética, haciendo énfasis
en la necesidad de profundizar la reflexión sobre los alcances y las
implicaciones que tendría que aprobar la iniciativa de reforma
constitucional, tal como ha sido planteada.
Uno de los párrafos del documento mencionado sostiene: “La reforma
debe garantizar la seguridad nacional, vincular la política energética
al fortalecimiento del aparato productivo y a un desarrollo tecnológico,
regional e industrial que aproveche las capacidades nacionales”.
Como puede verse, la preocupación se encuentra en cómo darle
viabilidad a una reforma que nos lleve a la construcción de un país con
mucho más justicia social y niveles de bienestar dignos para todas las
personas; es decir, cómo hacer que la riqueza nacional sirva
efectivamente para atemperar las desigualdades y reducir aceleradamente
la pobreza.
Lo que debe quedar claro es que las reformas que se aprueben en el
Congreso deben ser congruentes con el nuevo paradigma constitucional en
materia de derechos humanos; es decir, toda modificación constitucional o
jurídica debería tener como objetivo dotar de nuevas capacidades al
Estado mexicano para cumplir con el mandato del artículo primero
constitucional, y en evidencia, con todo el catálogo de garantías
sociales contenidas en la Carta Magna.
En todo caso, lo que debemos asumir es que la urgencia de transformar
al país no debe llevarnos a tomar decisiones apresuradas, y por ello
debemos ser capaces de construir un diálogo nacional que, ante la
premura del tiempo, pueda llevar a cabo una reflexión basada en la
templanza, es decir, en el buen juicio y con la altura de miras
requerida para cimentar un nuevo Estado de bienestar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario