Una agenda nacional secuestrada

Lunes, 26 de octubre 2009

México pierde tiempo valioso en mezquinas discusiones; lo peor es que nada pasa por el Congreso que no lo influencie el Presupuesto.

Cien Años de Soledad es una novela maravillosa en todos sentidos, pero hay uno que vale la pena destacar en estos tiempos aciagos para nuestra República.

En esta novela, un pueblo entero pierde la memoria y, con ella, la capacidad de significar a las cosas. El extraño mal que azota a Macondo no es otro sino el olvido generalizado. Pareciera que México está afectado por ello. No sólo extraviamos nuestra memoria, sino que hemos perdido la capacidad de nombrar a las cosas en su plenitud de significados.

Al hambre le llamamos “pobreza alimentaria”; al desistimiento a la vida lo encasillamos en “estadísticas sobre el suicidio”; a la vida en medio de la mugre, la falta de agua y drenaje le llamamos “marginación”. Hemos convertido a la tragedia en meros datos, y con ello hemos pretendido exorcizar la profunda fractura humana que todo ello significa.

Un país con la mitad de su población en pobreza es inviable. Si se le quiere llamar “Estado fallido” o utilizar otro concepto es lo de menos. Lo que está en juego es la capacidad de reconstruir espiritualmente a la nación y reconstituir valores en la aspiración de ser un pueblo solidario y justo.

El Congreso, que debiera ser una tribuna que hiciera honor a su vocación parlamentaria, se ha convertido en un teatro en donde las funciones cotidianas se desarrollan mediante monólogos que han impedido abrir la agenda de los problemas que es esencial resolver para evitar que la muerte, el hambre y la enfermedad sigan asolando a los más pobres.

Si el dilema ético que más puede confrontar a un país es el hambre masiva, no puede comprenderse que año con año la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación se desarrolle con base en un intenso cabildeo de los intereses representados en el Congreso, mediante la cual la magnitud de los retos nacionales se simplifica, de manera ramplona, en una cuestión de puntos porcentuales.

Este es un problema mayúsculo: no es posible que la ética y la proyección moral de una idea sólida de país se subsuma a un debate entre técnicos de la economía. Es más, una disputa de sumas y restas no puede ser calificada en sentido estricto como debate o diálogo.

El poeta Hölderlin dice bellamente: “Desde que somos un diálogo y podemos oír unos de otros”. Esto es lo que se extravió; renunciamos a ser un diálogo y extraviamos la posibilidad de enriquecer espiritualmente a nuestro pueblo y ahora lo hemos sometido al hambre y la frustración más ingente.

México pierde todos los años tiempo valioso en estas mezquinas discusiones, y lo peor es que nada pasa por el Congreso que no esté influido por el debate sobre el Presupuesto.

Lo que queda claro es que, en la renuncia a seguir siendo diálogo, se ha olvidado la necesidad de construir los espacios y los mecanismos para garantizar que todas las agendas, en particular las más relevantes, tendrán cabida en la justa dimensión que les corresponde, en el debate sobre las cuestiones fundamentales del país.

Nuestra agenda nacional está secuestrada. Nada de lo que se ha dicho del Presupuesto cobra sentido ante severas crisis que nos amenazan día con día: el desempleo, el cambio climático, el hambre, las muertes evitables. Ante todo ello, más nos valdría hacer un alto en el camino y recobrar el sendero que nos lleve a intentar, nuevamente, el ser un diálogo y podamos, en verdad, oír unos de otros.

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Lucha Contra El Cáncer: Muertes Que Deben Evitarse

Sociedad polarizada

Lunes, 19 de Octubre 2009

Ninguna sociedad puede avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad si no cuenta con elementos mínimos que la cohesionen. Para ello es fundamental el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios básicos, pero son igual de relevantes los elementos sociales, culturales, lingüísticos y antropológicos que le permiten identificarse con valores y principios compartidos.

A ninguna cultura ni a ningún país le han bastado los motivos económicos para lanzarse a alguna empresa de gran magnitud. En ese sentido, la construcción de la idea de un “nosotros” es tan importante como la garantía del acceso a servicios básicos, el mejoramiento de los niveles salariales y el manejo adecuado de la macroeconomía.

El problema es que la cohesión social, entendida como el reconocimiento común de valores y principios, así como de visiones distintas que pueden coincidir para cimentar a un país que hace de sus diferencias su mayor riqueza, no es posible si hay violencia generalizada, miedo, encono y desigualdad.

Aun cuando no existen instrumentos para comprender a cabalidad procesos tan complicados como la envidia o el resentimiento social, puede percibirse en nuestro país un clima de encono; una tendencia al revanchismo en todos los sectores y niveles sociales y una clara división, desde la percepción que tienen las personas de sí mismas, entre ricos y pobres.

El reciente caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro es ejemplo de este clima de polarización social. Más allá de las razones técnicas que se han esgrimido desde el gobierno federal, lo evidente es que hay un clima mediático de linchamiento en contra de todo lo que puedan significar disenso y diferencia.

De otra parte, las consignas y los argumentos que se expresan desde la movilización social tienen que ver con posiciones muchas veces irracionales, que reducen a la realidad a una lucha entre despojados y explotadores, con niveles de violencia y agresividad que pueden llegar a salirse de control en cualquier momento.

El clima de violencia que se vivió en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, en el que se vio a jóvenes furiosos enfrentando a la policía y destruyendo lo que se les ocurría que representa al imperialismo, la burguesía, el poder infame y a todas las posibles formas de explotación social, es otra muestra del encono y del clima de confrontación en que vivimos.

Desde mi perspectiva, no se trata de tomar partido a favor de una u otra posición; en todo caso, lo importante sería reconocer que en el fondo está una abismal desigualdad que ha impedido tender puentes para el diálogo y la conciliación nacionales.

Es imposible generar proyectos sociales de gran envergadura en un país en el que, según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2008, en ese año, 11% de la población nacional fue víctima de algún delito; en el que hay 20 millones de personas con hambre; en el que la desigualdad en los ingresos se agudizó en los dos últimos años; y en el que siguen existiendo personas que no tienen acceso a la educación, a la salud y a las condiciones mínimas para insertarse a un puesto de trabajo digno.

México no puede seguir con el extravío de proyecto en el que se encuentra y no es posible que sigamos avanzando sin rumbo y sin la audacia de pensar, como una cuestión aspiracional, en dónde queremos estar en los próximos 50 años.

Los ideales de libertad y justicia social, que inspiraron a la Independencia y al movimiento revolucionario de 1910, no pueden ser tomados sólo como meros referentes del pasado; recuperarlos en un sentido profundo permitiría, quizá, empezar a generar acuerdos elementales que permitan reconciliarnos y construir un país incluyente, si comenzamos por saldar la deuda con los más necesitados.

Debemos reconocer que la celebración del Bicentenario y del Centenario se ha reducido a una feria de construcciones de monumentos a la desigualdad y que hemos perdido tiempo valioso, ante el cual podemos aún construir los acuerdos con miras a resolver los dilemas de la pobreza y la exclusión social, que incluso hace 100 años hubiese sido difícil imaginarlos.
México no puede seguir con el extravío de proyecto en el que se encuentra.

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Inseguridad Alimentaria: Cifras Del Hambre En El País

El uso político de lo social

México ha retrocedido 15 lugares en la escala mundial en dos décadas, pues en la medición de 1990 aparecía en el sitio 38 y, en la de 2009, en el 53.
En medio de la profunda crisis que padecemos, el gobierno federal decidió festejar el hecho de que, según su interpretación, México avanzó un lugar en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2009.
Como en casi todos los temas, la Presidencia llegó una vez más tarde con su declaración, lo cual, sumado a la manipulación de los datos y las conclusiones que de ella extrae, convierten en un despropósito su intento de hacer ver que el país iba bien, pero lamentablemente la crisis se nos atravesó.
La percepción oficial es equivocada, por lo que el Presidente debería llamar a cuentas a quien le convenció de que lo hecho fue lo adecuado, porque lo hizo mentir y lo llevó a la utilización, incluso de la ONU, para fortalecer una estrategia mediática que busca a toda costa negar lo que, todos los días y por todos lados, millones de mexicanas y mexicanos padecen: hambre, desigualdad, exclusión, enfermedad y muertes evitables.
Los asesores del mandatario sabían perfectamente que los datos con que se construyó el Informe sobre el Desarrollo Humano 2009 corresponden a 2007, cuando aún la crisis económica no había estallado, y en evidencia, el país, aun cuando raquíticamente, tenía una cierta dinámica de crecimiento económico.
Saben perfectamente también que los índices del desarrollo humano, por los cambios en la metodología, los indicadores y la incorporación de más países a la lista de medición, hacen que sea incomparable año con año y, en consecuencia, se vuelve imposible metodológicamente establecer patrones de progreso entre cada uno de los índices.
De hecho, según el Informe sobre el Desarrollo Humano 2008, “es posible que no se puedan comparar las estadísticas presentadas en distintas ediciones del Informe. Por este motivo, la Oficina encargada del Informe sobre el Desarrollo Humano recomienda decididamente abstenerse de realizar análisis de tendencias basándose en datos procedentes de distintas ediciones del Informe. Tampoco se pueden comparar los valores y posiciones en distintas ediciones del IDH”.
De no ser así, lo que podría afirmarse es que México ha retrocedido 15 lugares en la escala mundial en dos décadas; pues en la medición de 1990 aparecía en el sitio 38 y, en la de 2009, en el 53. Y si se analiza con cuidado la serie de Informes sobre el Desarrollo Humano, debido a la incorporación de variables, habría no sólo retrocesos en la posición relativa del país, sino en el valor del índice, pues en 1995 el registrado era de .842, mientras que, en el año 2000, el indicador resultó de .793, mientras que en 2009 fue de .854. Esto implicaría que apenas llegamos una vez más al valor del índice de 1992, pues es la línea base de información que se usó para construir el Informe de 1995.
Es evidente que la Presidencia intentó usar a la ONU como autoridad irrebatible de su estrategia mediática y sostener que, a pesar de los 2.8 millones de desempleados que reporta el INEGI y los 19.2 millones de personas con hambre que contabilizó el Coneval en 2008, todo va bien, y que sólo es cuestión de esperar 30 años más para que, ahí sí, ceteris paribus, logremos abatir la pobreza extrema en México.
Lo éticamente inadmisible de este uso político de la información es que se desvirtúe un instrumento que permite valorar ciertos avances en la generación del bienestar y que, con base en ello, pretenda engañarse al país, apelando al uso efectista del anuncio presidencial en todos los medios de comunicación.

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Desarrollo Humano: El Espejismo

Sin rumbo

Lunes, 5 de octubre 2009

La pobreza de hoy tiende al salvajismo. Se trata de la indolencia ante quien vive el hambre como realidad cotidiana; y frente a quienes mueren de enfermedades curables.

Por todos es sabido que la política social no alcanza para abatir por sí misma ni a la pobreza ni mucho menos a la desigualdad. Si no se comprende que la política económica es en el fondo política social, entonces los problemas y los rezagos estructurales que venimos arrastrando casi ancestralmente se mantendrán, en ocasiones atenuados, en ocasiones matizados, sin embargo nunca resueltos.

A menos de un año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución se ha olvidado el anhelo de quienes construyeron estas gestas libertarias: moderar la opulencia en los ideales de Morelos; construir justicia social y democracia, en los ideales de la Revolución Mexicana.

La pobreza de hoy tiende al salvajismo. Se trata de la indolencia ante quien vive el hambre como realidad cotidiana; y frente a quienes mueren de enfermedades curables. Hay en esa lógica una categoría olvidada: la de la exclusión social; que implica expulsar a las personas de los sistemas institucionales para la garantía de los derechos humanos.

Los programas sociales con que contamos constituyen en el mejor de los casos un sistema de emergencia que sigue atendiendo a los damnificados del desastre económico que vivimos, desde que extraviamos, hace más de 15 años, la capacidad de generar empleos.

De este modo, la tecnocracia gobernante, pública y privada, convirtió en permanente lo que debía tener un carácter estrictamente temporal: asistir a los pobres con recursos para la subsistencia. El corolario de este esquema nunca se realizó: construir un modelo económico con la capacidad suficiente de absorber e incluir al mundo del trabajo digno a los millones de jóvenes que año con año engrosan las filas de la población económicamente activa.

Por ello, pretender revertir la pobreza sin generar un modelo de crecimiento para la equidad constituye un despropósito mayor, porque implica evadir la discusión sobre cómo generar empleos dignos y centrarla exclusivamente en cómo paliar los efectos de un esquema de desarrollo económico diseñado para la desigualdad.

Mientras el desempleo siga siendo la constante de la economía, la informalidad crezca y persistan modalidades aberrantes del mundo laboral, tales como el trabajo infantil o la desigualdad estructural entre los ingresos que perciben hombres y mujeres, la pobreza seguirá siendo la única realidad cotidiana posible para millones de mexicanos.

Las cifras de la ENOE 2009 son contundentes. Al segundo trimestre de este año, el número de personas desocupadas fue de 2.3 millones, y al cierre de septiembre la cifra se estima en 2.8 millones. La precarización del empleo continúa: la cantidad de personas que perciben menos de un salario mínimo creció, del segundo trimestre de 2008 al segundo trimestre de 2009, de 5.28 a 5.62 millones. Por si fuera poco, también se redujo el número de personas ocupadas con acceso a servicios de salud, pues en el periodo señalado la cifra pasó de 15.8 a 15.4 millones.

El problema es la política económica de este país, que ha renunciado a construir equidad desde la economía política, es decir, desde criterios justos de distribución de la riqueza, por ejemplo, mediante la generación de empleos dignos y la universalización gratuita de la educación y la seguridad social, lo cual implicaría no sólo una reforma fiscal, sino alterar las lógicas de concentración del ingreso que mantienen la profunda desigualdad que hay en México.

Al segundo trimestre de este año, el número de personas desocupadas fue de 2.3 millones.

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Migración y pobreza: Las heridas en el campo

La pobreza y los impuestos

Lunes, 28 de septiembre 2009

Las diferencias que persisten en la calidad de los servicios que prestan los distintos sistemas se explican en buena medida por la carencia de empleos que brinden seguridad social.
Una marejada de propaganda gubernamental se nos ha venido encima, junto con toda una estrategia construida desde la Presidencia de la República, para promover la aprobación del nuevo impuesto con el que pretende gravarse con 2% a alimentos y medicinas.

Lo peor de esta estrategia no se encuentra solamente en el recurso simplista al chantaje, sino sobre todo en el maniqueísmo que implica sostener que quien no apoya el nuevo impuesto le está dando automáticamente la espalda a los más pobres.

Los argumentos son endebles y parten de supuestos profundamente controvertibles. El primero de ellos, por ser el más falso, consiste en asumir que la pobreza es nueva; que de pronto se le apareció a esta administración como producto de la crisis económica y que será mediante los instrumentos de siempre como podremos resolverla.

Nada más falaz. La pobreza ya estaba instalada y arraigada en todo el país; y si bien se habían logrado algunos avances en la recuperación de los tremendos efectos negativos que nos dejó la crisis de 1995, lo cierto es que las condiciones estructurales que generan la desigualdad, y la pobreza como su corolario, no se han modificado en sus fundamentos.

A mediados de 2008 teníamos niveles similares a los de 1993 y, en términos reales, de los 15 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral, diez millones lo hicieron al informal. Las cifras del INEGI dadas a conocer hace poco no hacen sino agravar el cuadro: 2.8 millones de desempleados al segundo trimestre de 2009, más el aderezo que implica el anuncio del sector empresarial, en el que se da cuenta que al final del año habrá al menos un millón de despidos.

La ingente pobreza que se vive tiene en su base la fractura del mundo del empleo. Por ello la falacia del gobierno es mayor: no importa en realidad cuántos impuestos se les ocurran, mientras no haya una ampliación de la base gravable de este país.

Empero, la ampliación no puede consistir únicamente en cobrarle más a quien ya contribuye; cobrarle “algo” a quienes no pagan impuestos, y dejar intacta a la estructura financiera especulativa, y como colmo, no reformar el modelo de desarrollo económico para lograr la generación de empleos dignos.

Las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y las diferencias en la calidad de los servicios que prestan los distintos sistemas, se explican por la carencia de empleos que brinden seguridad social.

Las desigualdades en la calidad de la educación tienen también poderosos vínculos con el desempleo: el INEE muestra que el rendimiento escolar y la permanencia en las escuelas están directamente vinculados al capital cultural familiar (grado de escolaridad de los padres, disponibilidad de libros, y asistencia a actividades recreativas de calidad). Esto implica que la ausencia de empleos dignos que brinden prestaciones sociales, como el acceso a teatros y bibliotecas, además de la precariedad del ingreso, generan resultados negativos en el ámbito de la educación, factor clave para el desarrollo social, democrático y económico del país.

Se equivoca la autoridad si de verdad asume que es cobrando ese 2% como va a resolver el problema de la pobreza. Lo requerido es construir nuevas estructuras de crecimiento basadas en la generación de empleos dignos y recuperar a la educación y la salud pública como sistemas de alta calidad para la integración social.

La ampliación no puede consistir únicamente en cobrarle más a quien ya contribuye.
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Violencia en pareja: problema que crece

¿Qué entendemos por pobreza?

Lunes, 21 de septiembre 2009

Las respuestas simples a este cuestionamiento pueden saltar de inmediato: se mide para determinar áreas de atención prioritaria.

La discusión sobre el paquete fiscal 2010, y en particular acerca del nuevo impuesto eufemísticamente llamado “contribución para el combate a la pobreza”, a través del cual pretende gravarse con 2% a los alimentos y las medicinas, está marcado por una trampa originaria que poco se ha hecho notar.

La trampa consiste en asumir que hay un consenso en torno a qué se entiende por pobreza y sobre los mecanismos más eficaces para combatirla y erradicarla. La visión dominante responde a una lógica de pensamiento lineal que concibe a la pobreza sólo como carencia de ingreso.

Y aquí se encuentra el primer problema. Una cosa es asumir que el indicador más importante con que se cuenta, debido a las insuficientes estadísticas sociales, es el del ingreso, y otra muy distinta asumir que la pobreza es sinónimo de recursos monetarios nulos o precarios. Así, desde esta perspectiva, resulta congruente plantear que es transfiriendo dinero a los pobres como se va a solucionar el problema.

Ocurrió, pues, que de pronto se dio por sentado que no era necesario llevar a cabo un debate a profundidad sobre qué es la pobreza y, con base en ello, determinar los instrumentos a través de los cuales puede estimársele o medírsele.

Esta cuestión lleva a la segunda trampa, y ésta consiste precisamente en que, si bien el Coneval ha avanzado aceleradamente en la construcción de indicadores, por otra parte no se ha generado un debate de fondo sobre una pregunta fundamental: ¿medir, para qué? Esto sin descontar que la Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la pobreza debe ser multidimensional. De llevarse a cabo un ejercicio así, se abriría la posibilidad de comenzar a romper el reduccionismo que implica el sólo ponderar el ingreso monetario.

Las respuestas simples a este cuestionamiento pueden saltar de inmediato se mide: para determinar áreas de atención prioritaria, conocer cuántas personas son susceptibles de convertirse en beneficiarios de los programas gubernamentales, así como determinar los montos presupuestales necesarios con el fin de atenderlos.

El problema aquí es que, como los criterios de medición se determinaron, una vez más, sobre el supuesto de que la pobreza es sinónimo de carencia de ingresos, se ha formado un círculo vicioso en el que, por no habernos hecho a tiempo las preguntas fundamentales, hemos estado en los últimos 20 años dando tumbos en el diseño de programas efectivos de combate a la pobreza.

La discusión que falta, entonces, sí tiene una vertiente conceptual y académica, pero es sobre todo un debate político de fondo que se ha rehuido, porque está claro que el sustrato de la pobreza que hoy vivimos porque la existencia de más de 50 millones de pobres resulta un problema de todos es la desigualdad y el incumplimiento de los derechos humanos, los cuales son producto de un régimen de privilegios y canonjías para quienes detentan el poder y, sobre todo, los poderes fácticos que operan en el país.

Debatir a fondo el tema de la pobreza implica afectar intereses. Y en buena medida es a ello que se puede atribuir la renuencia a generar un debate político que tenga como finalidad construir un país cimentado en la justicia.

La realidad inocultable de hoy es que hay 20 millones de personas con hambre, con quienes debemos ser solidarios urgentemente, por lo que imponerles un costo adicional de 2% a los alimentos y las medicinas, que ya de por sí hoy son caros, constituye un extravío que no se debe de permitir.

La realidad inocultable de hoy es que hay 20 millones de personas con hambre.

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Jóvenes en riesgo: muertes por violencia

El olvido de lo social

14-Sep-2009

La crisis económica ha abierto uno de los peores escenarios para el país. Se había advertido de la irracional dependencia de los ingresos petroleros, cuyo efímero auge en la primera mitad de la década generó recursos excedentes, dilapidados no sólo a través de un gasto orientado mayoritariamente a la obtención de dividendos políticos, sino con muy pocas capacidades para generar un crecimiento sostenido de la economía.
Hay un olvido de la economía política y, con ello, un tremendo olvido de lo social. México continúa debatiéndose, así, entre dilemas absurdos que se traducen en discursos y actitudes políticas que no atinan a encontrar, menos aún a construir, propuestas de largo plazo que logren romper la tendencia hacia una crisis perpetua en la que nos hemos insertado desde hace ya más de 15 años.
El boquete fiscal tardíamente reconocido por las autoridades hacendarias ha querido cerrarse a través de la apertura de otro, más grave quizá, debido a las consecuencias derivadas que podrá causar a las clases más desprotegidas, para las cuales el incremento de 2% en medicinas y alimentos será un duro golpe a las ya de por sí precarias condiciones en las que viven. El argumento hacendario tiene un doble filón que resulta en ambas aristas falso: en primer lugar, no es cierto que los pobres no resentirán el incremento en el costo de los productos básicos.Toda la evidencia disponible muestra que las personas de más bajos ingresos son quienes gastan mayores porcentajes de sus recursos en alimentos y medicinas. En segundo lugar, la idea de que el dinero que se obtenga mediante este impuesto se dirigirá al combate a la pobreza por la vía del Programa Oportunidades, es una falacia mayor, porque está documentado que no llega a casi un millón de familias en extrema pobreza.
Por otro lado, la apuesta de continuar con la misma estrategia de combate a la pobreza que hemos seguido en los últimos 20 años encierra igualmente un doble problema: el primero, el menor, consiste en seguir poniendo, como afirmaba Marx, a la carreta delante de los bueyes y pretender que ésta siga avanzando; no puede combatirse efectivamente la pobreza sin combatir de la mano la desigualdad, y cobrar impuestos a los pobres por las raquíticas cantidades de alimento y medicamentos que consumen es simplemente un despropósito, pues puede incluso contribuir a incrementar los océanos de desigualdad que los separan de quienes más tienen. El segundo problema consiste en continuar asumiendo literalmente como dogma la teología neoliberal y tecnocrática, a través de la que se asume que la pobreza puede superarse por medio de la generación de capacidades de consumo, sin comprender que la cuestión social es mucho más compleja que un asunto de pesos y centavos y hay dilemas como el suicidio, la violencia contra mujeres y niños, las adicciones, el embarazo adolescente y crímenes extremos, que no pueden simplemente combatirse repartiendo limosnas hoy secularizadas en la asistencia social a través de Oportunidades a los excluidos.
El Buró del Censo de los Estados Unidos de América publicó la semana pasada las cifras sobre la pobreza y la desigualdad en aquel país entre 2006 y 2008. Es cierto que el impacto de la crisis ya se reflejó en el número de pobres, de los cuales un importante porcentaje se registró entre la población hispana. Lo interesante del caso es que la desigualdad no aumentó, como sí lo hizo en México, lo que muestra, una vez más, que estamos abordando de manera equivocada el problema. De acuerdo con los datos de que disponemos, en México es altamente probable que la desigualdad siga incrementándose en los próximos meses, de la mano de los casi 55 millones de pobres que, se espera, tengamos al final de este año.
Estos datos deben servir para repensar el modelo económico desde una perspectiva de economía política, para que no sólo se piense en preservar los intereses de los enclaves económicos privilegiados, sino en la complejidad de lo social, incorporando un claro sentido ético en torno a cómo generamos y distribuimos la riqueza en México. Nuestro país necesita urgentemente recomponer el rumbo: otear nuevos horizontes desde una visión de la política y la economía apegada a la ética y a principios elementales de justicia.
El México de la injusticia económica debe entenderse en clave de injusticia social. Sólo así lograremos revertir la perniciosa desigualdad y la pobreza que día con día generan más oprobio y desesperanza.
No es cierto que los pobres no resentirán el incremento en el costo de los productos básicos.

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Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México

CEIDAS - CNDH

Presentación del Primer Diagnóstico Nacional sobre Trata de Personas

Mario Luis Fuentes
Lunes 7 de septiembre de 2009

El mal persiste en nuestras sociedades; no como categoría moral, sino como expresión de la perversidad humana. El mal radical se expresa en fenómenos extremos como el de la trata de personas.

El mal del que se habla aquí tiene una expresión dura en la realidad cotidiana que vivimos. Se trata de la capacidad de cientos de personas que actúan al amparo de la corrupción, la complicidad silenciosa de autoridades de todos los órdenes, la tolerancia social hacia nuevas y cada vez más cruentas formas de violencia.

La trata de personas es una de las expresiones más sofisticadas de estas nuevas formas del crimen. Sus mecanismos operativos van desde métodos como el enamoramiento o las falsas promesas, hasta la utilización de herramientas basadas en tecnologías como la del internet.

Puede sostenerse que la trata de personas es uno de los crímenes, no sólo más invisibles, sino de mayor infamia, porque implica la fractura de prácticamente todos los derechos humanos de quienes son sus víctimas.

Ante un crimen de esta magnitud, las Organizaciones de la Sociedad Civil, como CEIDAS, hemos asumido el liderazgo social y esta causa, para evitar que este crimen continúe.

Por ello, se ha construido el Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México que hoy presentamos la CNDH y CEIDAS, el cual pretende dar mayor visibilidad al tema y contribuir a situarlo como una agenda prioritaria en México.

Debe decirse que este Primer Diagnóstico Nacional es un instrumento que busca evidenciar los vacíos de información existentes y los rezagos estructurales que muestran la necesidad de hacer mucho más y más rápido en materia de prevención y erradicación de la trata de personas en México.

Lo que se busca es contribuir a detonar más acciones tanto de política pública, como en el ámbito jurídico, a fin de fortalecer el marco de protección de los derechos humanos en México.

En ese sentido, este Primer Diagnóstico Nacional pretende ser una plataforma de información que le permita a los Gobiernos estatales, organizaciones de la sociedad civil, al Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, los académicos y al público interesado, contar con mayores elementos sobre lo que se está haciendo en el país; y sobre todo, de lo que falta por hacer para proteger con mayor eficacia los derechos humanos, en especial de los grupos de población en mayores condiciones y circunstancias de vulnerabilidad.

El Diagnostico sostiene que las víctimas de la trata de personas provienen mayoritariamente de entornos de vulnerabilidad, lo que implica no sólo la fragilidad individual y familiar, sino también de la incapacidad de las instituciones para construir entornos protectores y de seguridad para proteger a quienes viven en mayor medida la posibilidad de sufrir daños, tanto en su persona, como en su salud mental.

El analfabetismo; la baja escolaridad; entornos de violencia, adicciones o abuso; la vida en las calles; el hambre; o hasta la inexistencia o deficiencia de los marcos jurídicos, son todos elementos que incrementan la posibilidad de que las personas se conviertan en víctimas de la trata de personas.

A fin de documentar las acciones en los gobiernos, CEIDAS, con el apoyo del Congreso, solicitó información relativa a la trata de personas, a los 32 gobiernos de las entidades federativas.

Con base en las respuestas que se obtuvieron, pudo documentarse que en el ámbito de las políticas públicas, el Gobierno federal y los Gobiernos estatales cuentan con programas con bajas capacidades para prevenir y combatir la trata de personas.

En materia de persecución del delito, al cierre de la edición del Informe no se había dictado ninguna sentencia condenatoria al amparo de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y sólo se habían iniciado 24 averiguaciones previas en el Ministerio Público Federal.

En el ámbito de la protección la mayoría de las acciones que se han llevado a cabo han sido iniciativa, mayoritariamente, de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en cuanto al refugio a las víctimas se refiere; asimismo, no se han presentado hasta el momento protocolos o procedimientos para la plena reintegración social de las víctimas, lo que limita la posibilidad de replicar modelos de atención a nivel nacional.

En este tema es importante destacar que aún con la reforma constitucional en materia judicial que se aprobó recientemente, no se ha construido un programa adecuado de protección a testigos en materia de persecución de la trata de personas.

Asimismo, se encuentran las paradojas de los gobiernos: que le asignan nuevas responsabilidades a las instituciones, sin dotarlas de los instrumentos y recursos para cumplirlas. Como caso paradigmático están los DIF estatales, a los que se les han asignado nuevas tareas para atender a víctimas del delito, sin dotarlos de personal, recursos y en ocasiones, incluso de las facultades jurídicas para intervenir adecuadamente.

En materia de prevención, se tiene registro sólo de campañas aisladas por parte del Gobierno Federal, y una vez más, organismos autónomos como la CNDH, o bien organizaciones de la sociedad civil, han sido quienes han propuesto en mayor medida, mecanismos de comunicación e información para alertar a la población sobre este pernicioso crimen.

El Diagnóstico muestra una enorme falta de coordinación interinstitucional; que no hay una política de concertación y coordinación entre la Federación, entidades y municipios, ni presupuestos asignados por ninguna autoridad para el cumplimiento de las responsabilidades que marca la Ley.

Los contenidos del Diagnóstico muestran por otra parte, que la trata de personas con fines de explotación laboral aún es muy poco visible en el país, y que poco se ha hecho para involucrar al sector privado en la prevención del delito, en la defensa de los derechos humanos y en desincentivar la explotación laboral.

A pesar del esfuerzo y de los avances jurídicos que se han impulsado desde el Congreso, la implementación de la Ley ha sido muy lenta. Por ello es importante destacar el liderazgo que el Senado de la República ha asumido en este tema, dando un seguimiento constante al tema; vigilando el grado de observancia de la Ley; así como promoviendo la difusión de la información disponible sobre la trata de personas, ya bien a través del Canal del Congreso, o incluso mediante la discusión y aprobación de relevantes Puntos de Acuerdo en la materia.

Con base en esta información, CEIDAS sostiene que el Gobierno mexicano ha fallado en la protección de los más vulnerables ante este crimen.

Los rezagos son evidentes, el reglamento de la Ley fue emitido sólo después de 4 Puntos de Acuerdo emitidos por ambas Cámaras del Congreso, y por la presión ejercida por numerosas organizaciones de la sociedad civil; la Comisión Intersecretarial que marca la Ley fue instalada apenas el pasado 20 de julio, más de 18 meses después de que fue promulgada la Ley; el Programa Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas, no se ha elaborado y la Fiscalía especializada para perseguir este delito no tiene titular.

Por su parte, en las entidades de la República se ha logrado avanzar muy poco en la creación de marcos jurídicos integrales para prevenir y sancionar este crimen, así como para proteger a sus víctimas. Sólo se tiene registro de 21 entidades que han modificado sus códigos penales para tipificar el delito de la trata de personas, de acuerdo al Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

México está atrapado en un doble problema con respecto a la trata de problemas: no se ha logrado combatir adecuadamente a las redes de delincuentes, debido a la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades para perseguir e investigar los grupos criminales que operan en nuestro país y que, de acuerdo con las estimaciones más conservadoras, victimizan a más de 20 mil personas cada año.

En segundo lugar, no se han construido acciones para frenar la demanda, a la vista de las autoridades, bares, loncherías, estéticas, spas, table dance se promueve la explotación sexual sumada a la que se realiza vía internet y las páginas de los periódicos.

La venta de niñas y niños es una realidad lacerante; su explotación sexual es un acto aberrante que no puede ser tolerado; hay evidencia de que muchas playas mexicanas son escenario de turismo sexual, donde niños y niñas son consumidos ; los matrimonios forzados siguen realizándose en muchas comunidades; el trabajo infantil y la servidumbre domestica sigue siendo un fenómeno que se tolera y que provoca graves condiciones de vulnerabilidad para quienes se ven obligados a realizarlo; todo ello a la vista de todos nosotros.

No podemos seguir siendo un país que ante los fenómenos más crueles esquiva la mirada; y que no termina por asumir la construcción de un país de justicia en donde los derechos humanos son protegidos con toda la fuerza de las instituciones.

México no puede ser un país en el que los abusos son aceptados socialmente como parte de la vida y de nuestros escenarios cotidianos; y mucho menos un país en el que la corrupción y la búsqueda ilegal de ganancias se convierten en prácticas delictivas toleradas, por complicidad y omisión autoridades de todos los órdenes y niveles.

En síntesis:

El diagnostico que hoy presentamos la CNDH y CEIDAS hace énfasis en responder a la necesidad de:

Reconocer que como producto de la crisis económica y social por la que atravesamos, los fenómenos que generan vulnerabilidad se están recrudeciendo. Así, el crecimiento en la deserción escolar y el ausentismo escolar, en los niveles de pobreza, en los índices delictivos y de violencia, y en otros ámbitos sociales, pueden llevar a más personas a convertirse en víctimas de la explotación sexual, laboral o incluso a que más personas estén dispuestas a la venta de órganos o tejidos, a fin de obtener ingresos para la satisfacción de sus necesidades básicas.

De la urgencia de impulsar un intenso proceso de mejora al marco jurídico para la prevención y sanción de la trata de personas, así como promover la armonización nacional de los Códigos penales y de los mecanismos de restitución del daño, rehabilitación psicológica y plena reintegración social de las víctimas;

La necesidad de construir un marco de políticas públicas nacionales, estatales y municipales, que en un proceso de coordinación y concertación, se conviertan en un eje fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México, así como en la prevención del delito.
Y, la urgencia de colocar a la agenda de los derechos humanos al centro de todas las políticas públicas. En ese sentido es preciso insistir en que los derechos humanos de millones de mexicanos se ve amenazada por la pobreza, la desigualdad, la destrucción del empleo, la discriminación, la violencia, y la debilidad de nuestras instituciones de protección social.

La Confusión

Lunes, 07 de septiembre 2009

Muchas voces hablando sobre el mismo tema no siempre clarifican las situaciones. Por el contrario, la saturación de mensajes puede llevarnos a la generación de distorsiones; cuando esto ocurre en política, antes que los acuerdos, lo que puede surgir es un mar de confusión que poco ayuda a la generación de las bases que urgen para reconstruir el pacto nacional.
Lo que el Informe de Gobierno originó fue un alud de declaraciones de los dirigentes y de los actores políticos más relevantes, la mayoría de ellas dirigidas a dar la bienvenida al mensaje presidencial y a las diez propuestas planteadas para impulsar las “reformas estructurales” que requiere el país.
Más allá de que el triunfalismo presidencial fue matizado en el discurso, lo cierto es que durante los días previos al Tercer Informe de Gobierno fuimos sorprendidos con una intensa campaña mediática que buscó a toda costa mostrar a un régimen preocupado por el ingreso y la seguridad de las familias.
Esta actitud del gobierno, de tratar de minimizar la magnitud de la crisis económica y social por la que atravesamos, es el primer elemento que genera un “ruido mayor” en la comunicación y en el diálogo público nacional. No se puede, por una parte, tratar de obtener rentabilidad política con la publicidad gubernamental y, por otra, ofrecer una nueva manera de construir negociaciones sobre puntos que no están en lo absoluto claros.
Lanzar una iniciativa con diez temas a través de los cuales se pretende iniciar la reconstrucción del país parece más un acto de campaña que un proceso acabado de operación política. En ese sentido, los gobiernos del PAN, en todos los niveles, llaman la atención por su reiterada actitud de creer que, con mencionar las cosas, éstas van a ocurrir o a desarrollarse de manera automática.
La voluntad política se traduce en esencia en intensos procesos de diálogo inteligente, en el que las partes generan acuerdos y consensos en torno a proyectos comunes, que nos pueden dar cohesión e identidad nacional.
El problema es que, a tres años de la actual administración, no queda claro cuál es el proyecto que se está impulsando. A este tipo de críticas se ha dado el argumento retórico de que “el proyecto es México”, sin detenerse a llenar de contenido a esta idea ni tampoco a darle nuevos significados a conceptos como la unidad y la conciliación nacional.
Es cierto, por otro lado, que el proyecto nacional está en nuestra Constitución Política. El asunto de fondo es que no hemos logrado que los gobiernos asuman que su responsabilidad fundamental es cumplir con las garantías que están ahí plasmadas, y que en todo caso la discusión que debe darse es cómo lograr que los gobiernos sean verdaderos garantes del orden constitucional y no sólo prestadores de servicios y administradores de los intereses creados por los poderes fácticos.
Octavio Paz, vale la pena repetirlo una y otra vez, nos advertía que México se encuentra en el riesgo de ver suplantadas sus instituciones por intereses ajenos al Estado. En ese sentido, el riesgo consiste en que haya una verdadera usurpación, no sólo de funciones y atribuciones, sino de la capacidad de orientar al Estado hacia la generación del bienestar colectivo.
Ahí es donde se encuentra la mayor confusión en estos momentos difíciles para la República. Ante la vaguedad de la propuesta gubernamental, los actores políticos responden con una retórica semejante, sin conocer siquiera los planteamientos específicos para llevar a cabo la instrumentación de los diez puntos presentados por el Presidente (y eso asumiendo que efectivamente son los diez temas que deberíamos asumir como prioritarios) y sin definir además un método específico para el debate sobre cómo construir un verdadero proyecto de integración nacional.
¿Por qué no transformar el primer punto de los diez planteados por el Presidente en una lucha contra la desigualdad, antes que contra la pobreza? ¿Por qué no plantear una reestructuración económica, diseñada para crecer con equidad y poniendo al centro la categoría del trabajo digno?
Debemos tener claridad de que, en la medida en que pase más tiempo sin definir el método de discusión nacional, sin clarificar los objetivos en el corto y el mediano plazos y sin reconocer que es urgente modificar el modelo de desarrollo del país, la confusión seguirá incrementándose y limitará con ello la posibilidad de construir los acuerdos que requerimos con urgencia para verdaderamente generar justicia social.
¿Por qué no plantear una reestructuración económica?

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