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lunes, 28 de julio de 2008

El reto del Presupuesto

Mario Luis Fuentes
Lunes 28 de julio de 2008

A partir de julio ha empezado el proceso para el Presupuesto de Egresos 2009, cuya discusión y análisis seguramente será el mayor reto que habrá de enfrentar la presente Legislatura en todo su ejercicio.

Esto, porque el análisis y la aprobación se sitúan en el eje de distintas coordenadas de la mayor trascendencia para el desarrollo. Por un lado, el arranque del año electoral está a sólo semanas de comenzar, lo cual llevará a todos los partidos a una fuerte disputa por los recursos para las regiones en donde tienen prioridades político-electorales, así como a un debate simultáneo sobre cómo evitar que a los destinados al desarrollo se les utilice con fines político-electorales por las instituciones públicas de todos los niveles y órdenes de gobierno.

Por otro lado, mucho de la composición del PEF dependerá de si se logra o no aprobar la reforma a distintas leyes en materia energética, lo cual podría modificar el régimen fiscal de Pemex y, con ello, el flujo de ingresos a las arcas públicas y la disponibilidad de dinero para ampliar o mantener al menos el nivel de inversión pública con miras al desarrollo del país.

Habrá que incorporar en la construcción del presupuesto consideraciones en torno a la crisis global del precio de los alimentos, elementos fundamentales, no sólo en la distribución del gasto de los hogares, sino también en la composición de los programas públicos para el combate a la pobreza, tales como Oportunidades, los Desayunos Escolares, Liconsa y Diconsa, y todo el catálogo de programas dirigidos a la producción agrícola o a la adquisición de insumos para la producción.

De otra parte, el proceso inflacionario y de recesión económica global está impactando a la economía nacional, la cual ha comenzado a presentar también signos de “calentamiento” inflacionario, el cual ha llegado a la tasa más alta registrada desde hace cinco años. Este proceso, aunado a una apreciación constante del peso frente al dólar, ha impactado también al sector exportador, lo que originará presiones para diversos sectores económicos.

En medio de estos y otros factores, el reto de esta Legislatura consiste en lograr un Presupuesto de Egresos y una Ley de Ingresos que, por un lado, puedan enfrentar los dilemas señalados y, por otro, tengan una doble capacidad: generar un efecto redistributivo, con equidad, de la riqueza, y reactivar la economía, a fin de generar mucho más empleos con salarios dignos y acceso a servicios de seguridad social.

Esta doble función del PEF y de la Ley de Ingresos debe estar dirigida a la activación de sectores económicos cuyas potencialidades siguen desperdiciadas y asumir además un sentido histórico en la lógica de la proximidad de la celebración tanto del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional como del Centenario de nuestra Revolución de 1910.

La celebración del Bicentenario debe aprovecharse, hay que insistir en ello una y otra vez, para realizar una convocatoria a la unidad, al fortalecimiento de la identidad nacional y a la generación de una propuesta de inclusión y justicia para el largo plazo. Pensar, por citar sólo un ejemplo, en el sureste mexicano, debería llevar al impulso de un poderoso programa de inversión pública que, más allá de generar mayores capacidades para la captación del turismo y sus divisas, pueda garantizarle a las y los mexicanos entrar en contacto con nuestra historia y raíces.

La promoción de nuestros sitios históricos más importantes debería considerarse un asunto prioritario, porque con ello podría lograrse una mayor valoración de lo que somos y propiciar o fortalecer ideales de comunidad, de sentido de pertenencia y, nuevamente, de inclusión social, mediante el encuentro con lo mejor de nuestro pasado.

Todos estos retos son sin duda mayúsculos, pues requieren la inclusión de criterios transversales de no discriminación; criterios para la garantía de la equidad de género y el cumplimiento de los derechos de los niños, así como elementos dirigidos a la reactivación económica y la generación de empleo digno. La tarea no es sencilla y construirla requerirá una amplia convocatoria, a fin de que, en el proceso de construcción del PEF 2009, sean las prioridades nacionales las que logren anteponerse a los intereses de grupo que, hasta hoy, mayoritariamente han logrado prevalecer.

Todo lo anterior implicará adicionalmente que los grupos parlamentarios desarrollen la capacidad para resistir a grupos privados y a otros, de poder local, que gestionan y cabildean la asignación de recursos que responden más a intereses particulares que al interés del país. En ese sentido sería un importante precedente que, aun sin estar legislado de manera apropiada, el Congreso documente y haga públicos los procesos de gestión que se realizan ante las comisiones legislativas y que, en un ejercicio de transparencia, esta información quede registrada y disponible para todos, porque es el interés nacional lo que está en juego.

http://www.exonline.com.mx

Estado de la población: el camino a la vejez.


lunes, 21 de julio de 2008

Políticas para la adolescencia

Mario Luis Fuentes
Lunes 21 de julio de 2008
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) advertía en el año 2000, en su documento Adolescencia y Juventud en América Latina y el Caribe: “Mientras el despliegue de los actuales estilos de desarrollo exige un aprovechamiento óptimo de los activos que se concentran en ellos (en los jóvenes y adolescentes), se da la paradoja de que aumenta la exclusión social que los afecta”.

Esta paradoja es en efecto la principal característica de los primeros años del siglo XXI en cuando a los jóvenes y a los adolescentes se refiere: nunca en la historia de la humanidad se había tenido tal cantidad de bienes, servicios y satisfactores disponibles en el mercado y, paradójicamente, en consecuencia, nunca la historia de la humanidad había registrado tal magnitud de privaciones.

De manera lamentable, nuestra sociedad no logró prepararse en las décadas de los 70 y los 80 a fin de recibir y acoger a las y los jóvenes de entonces y, en el marco de ese déficit, llegaron las severas crisis económicas de 1982 y de 1995, las cuales literalmente truncaron los proyectos de vida de millones de personas, la mayoría de ellos niñas, niños, adolescentes y mujeres.

En el citado documento de la Cepal, hace ocho años, ya se advertía el preocupante nexo ente juventud y violencia. Hoy sabemos, debido a una reciente encuesta realizada por la SEP, que 48% de los adolescentes saben de alguien que es “muy su amigo”, que se droga; y otro 25% reporta que sabe que en sus escuelas algunos de sus compañeros llevan armas.

Frente a estas dimensiones sociales, la oferta de programas y servicios se reduce a procesos de escolarización, con una cobertura que hoy apenas roza 60% en el bachillerato; y con algunos programas adicionales dirigidos a actividades deportivas, los cuales difícilmente llegan a 50% de la población juvenil y la adolescente.

La complejidad que implica diseñar programas y políticas públicas para este grupo de población resulta mayor. Se trata de comprender que es una fase de la vida no transicional, como tradicionalmente se le ha visto. Esto es, los adolescentes ni son “niños grandes” ni “adultos en potencia”. Se trata de personas que viven una etapa de maduración y como tal se necesita desarrollar todo el conjunto de intervenciones institucionales, sociales y familiares requeridas para lograr el pleno cumplimiento de sus derechos.

El reto mayor consiste en generar, desde la niñez y la adolescencia, a ciudadanos plenos que puedan asumir valores convivenciales, de tolerancia, cooperación y solidaridad, sobre todo porque nuestro país no logrará abatir ni la desigualdad ni la pobreza si antes no se construyen puentes con miras a la creación de una sociedad para todas las edades.

La salud sexual y la reproductiva, la inclusión laboral, la salud mental, la educción, las adicciones y la violencia son agendas para las cuales en nuestro país aún no hay respuestas adecuadas ni tampoco planteamientos sólidos sobre cómo lograr que no se rompan nuestros vínculos sociales básicos y podamos fortalecer puentes para la solidaridad intergeneracional.

Nuestros jóvenes de hoy conocen en carne propia, como nunca en la historia, la noción de ser extranjeros aun en su respectivo país: las minorías sin visibilidad pública son un claro ejemplo del aislamiento, generado socialmente o autoimpuesto, de cómo hemos roto el principio de hospitalidad, el cual, en palabras de Derrida, debe llevarnos, sí, a “calcular los riesgos, mas no a cerrar la puerta a lo incalculable, es decir, al porvenir y al extranjero.

No hay, entonces, en efecto, una apuesta más absurda para una sociedad que abonar a la cancelación de su porvenir y, si en México no actuamos en el sentido correcto, gran parte de nuestro futuro estará realmente cerrado y en muchos ámbitos corremos el riesgo de que estas cancelaciones se conviertan en irreversibles.

Una sociedad hospitalaria no es sólo la que da la bienvenida al extranjero, sino aquella que genera cordialidad y se dispone a hablar la misma lengua de los diferentes. Hoy estamos en la encrucijada de conseguir descifrar la lengua de nuestros adolescentes y jóvenes y, con ello, deconstruir nuestras nociones de progreso, desarrollo y crecimiento, para generar una nueva forma de comprender la inclusión, la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales.

mlfuentes@ceidas.org

martes, 15 de julio de 2008

lunes, 14 de julio de 2008

La observación ciudadana

Mario Luis Fuentes
Lunes 14 de julio de 2008

La semana pasada fue presentado el Observatorio Ciudadano de la Salud y será dirigido por la doctora Felicia Knaul y fondeado por el Instituto Carso de la Salud y Funsalud.

En la presentación del Observatorio, el doctor Julio Frenk hizo énfasis en distintos puntos de esencial importancia para nuestro sistema institucional y de ellos pueden derivarse dos temas sustantivos: el primero, el reconocimiento de que la salud pública no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, por lo que la participación activa de la ciudadanía, en su discusión, análisis y generación de propuestas, es esencial. Este punto lleva al reconocimiento de que, en una democracia, las y los ciudadanos no sólo tenemos mucho qué decir, sino además, una responsabilidad ineludible en la protección y exigencia de los derechos de todos.

El otro punto para destacarlo es generar miradas alternativas en torno a los temas de interés público, a fin de que, en la pluralidad de visiones, puedan construirse propuestas viables de solución a los principales problemas que enfrentamos como sociedad, en este caso, los relativos a la salud de las y los mexicanos y las nuevas amenazas y los riesgos que enfrentamos, como la epidemia de VIH-sida.

Debe destacarse que uno de los mensajes más interesantes en esta presentación es el reconocimiento de que “el poder de las ideas puede influir en las ideas del poder”. Esta tesis es importante, no sólo por su consistencia, sino por llevarnos a la posibilidad de replantear las lógicas de construcción de legitimidad democrática en las sociedades contemporáneas.

En efecto, se trata hoy de que los estados regidos por sistemas democráticos, tengan la capacidad de fortalecer las estructuras y vías de diálogo para lograr que no sólo haya una adecuada protección de las minorías parlamentarias, dentro de las instituciones políticas, sino puedan crearse nuevos mecanismos de interlocución con grupos de ciudadanos que, desde la ciencia, la filosofía, las disciplinas sociales o la atención directa a grupos de población, se dedican al estudio, diagnóstico y generación de propuestas para enfrentar los problemas de todos.

En esa lógica, es de destacarse que en nuestro país existen ya varios Observatorios: el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias; el Ciudadano de la Educación; el Ciudadano de la Vivienda; la Red por los Derechos de los Niños y, hace poco, se creó el Ciudadano en temas de discapacidad.

Estos esfuerzos han sido vistos en ocasiones como “amenazas” a las instituciones públicas. Sin embargo, debe insistirse que, en sociedades abiertas, una mayor participación ciudadana permite la consolidación de los valores democráticos y, por lo tanto, de los sistemas de gobierno en democracia.

Sin duda alguna, uno de los temas de mayor relevancia en el mundo occidental de hoy es cómo lograr la generación de mecanismos de control del gobierno. En ese sentido, los primeros mecanismos fueron dirigidos al control de la corrupción y al fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas sobre el presupuesto y el ejercicio de los recursos públicos.

Hoy de lo que se trata es de ampliar estos mecanismos y transitar hacia unos de control, no sólo del dinero de todos, sino de la manera en que se diseñan las políticas y los programas públicos, los cuales, debe reconocerse, pueden generar efectos no deseados o no tomados en cuenta, como ha ocurrido en nuestro país, en donde la desigualdad está en parte arraigada y cimentada en el diseño de las instituciones.

Una de las propuestas más sólidas del Observatorio de la Salud consiste en crear nuevos sistemas de información y de construcción de datos, a fin de contar con mayores capacidades para tomar decisiones con mayor racionalidad y eficacia. Al respecto, vale la pena destacar que es una propuesta que puede extrapolarse al resto de los sectores que están vinculados a la cuestión social y en torno a la cual ya hay propuestas viables acerca de cómo avanzar sobre una reforma social gradual que nos dé la posibilidad de construir un país justo y menos desigual que el de hoy.

El surgimiento de un Observatorio de estas características es siempre una buena noticia, desde el punto de vista que se vea. Hace falta ahora que los gobiernos, en todos sus órdenes, asuman la urgencia de cambiar la lógica del diálogo social y dar paso a gobiernos que tengan la capacidad de tratar con mayor respeto las iniciativas de la sociedad civil.

A nuestra democracia le hacen falta muchos elementos para consolidarse y quizás el más importante de ellos consiste en la necesidad de que todos podamos asumir que, en efecto, la legitimidad pública está en relación directa con el reconocimiento de que ha llegado el tiempo para una nueva ciudadanía social.

mlfuentes@ceidas.org

http://www.exonline.com.mx

martes, 8 de julio de 2008

lunes, 7 de julio de 2008

El ejemplo de Ingrid Betancourt

Mario Luis Fuentes
Lunes 7 de julio de 2008

Hay personas que, por su valor, congruencia y consistencia ética se convierten en ejemplares, y dan muestras de que sí pueden construirse proyectos anclados en ideales y esperanzas. La libertad, la equidad, la justicia y la dignidad son, en ese sentido, espacios de conciencia que deben seguir defendiéndose a toda costa y ante los cuales resistir todas las adversidades vale la pena.

Esta es a mi juicio la mayor lección que nos deja el caso de Ingrid Betancourt y su liberación del secuestro en que vivía desde 2002. Lección que, a la luz de nuestra realidad, debería leerse en dos sentidos: uno, el de la consistencia personal de esta ejemplar mujer y, el otro, en el nivel de las instituciones y del gobierno.

En uno, sorprende el tono de las declaraciones de Betancourt. En sus entrevistas se percibe un mensaje aleccionador en el que el llamado a la cordura, la libertad y la defensa de la democracia tiene un peso singular porque quien pronuncia tales palabras ha vivido en carne propia la violación de sus derechos humanos y el cautiverio impuesto por el rapto y la violencia.

En otro, el institucional, llama la atención la efectividad de la inteligencia del gobierno colombiano y la capacidad de confrontar, dentro de la legalidad, a un grupo criminal que ha hecho del narcotráfico y en algunos casos hasta del terrorismo, instrumentos para boicotear y amenazar a las instituciones democráticas consolidadas en Colombia en los últimos años.

Este caso ha cobrado relevancia mundial, no sólo por la intervención de varios gobiernos (los de Francia y Venezuela, fundamentalmente), sino porque hay una señal muy clara en torno a que el Estado sí tiene la posibilidad de combatir con efectividad al crimen organizado y sí es posible orientar a las actividades de inteligencia a la protección de las libertades públicas.

Del otro lado, una vez más, se evidencia que es posible construir puentes entre las diferencias; un diálogo civilizado entre fuerzas políticas distintas y que las divergencias ideológicas no son justificantes del rencor y el odio y, por ende, de llamados a la división o el encono social.

Betancourt ha sido quizá la mayor crítica del presidente Uribe y, sin embargo, en la civilidad han sido capaces de tenderse la mano en una situación de crisis y amenaza real al Estado y hoy, en libertad, ha ofrecido trabajar y cooperar para liberar a más rehenes todavía secuestrados.

Para el caso mexicano, el asunto debe tomarse como aleccionador; vivimos igualmente una amenaza creciente de los grupos del crimen organizado y no se ha conseguido aún generar un pacto nacional de dimensiones mayores, a través del cual todas las fuerzas políticas puedan cerrar filas y combatir de manera coordinada las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad.

Sin duda alguna, hay temas que deben situarse más allá de las diferencias ideológicas y de las disputas políticas: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, son asuntos que debieran convocarnos a un diálogo cordial entre las distintas fuerzas y los grupos políticos, a fin de cerrar las brechas de división que hoy nos separan y han impedido la generación de acuerdos de gran envergadura para detonar todas las capacidades y recursos con que contamos en aras de ser el país justo y generoso que podemos anhelar y, desde luego, construir.

El mensaje de conciliación que envía Betancourt luego de seis años de cautiverio nos debe enseñar que, aun en la peor de las adversidades, hay espacio para la prudencia, la tenacidad y la dignidad; y este ejemplo debe recordarnos que la vida democrática y tolerante es posible y el diálogo respetuoso constituye siempre la mejor ruta para una sociedad convivencial.

México se enfrenta hoy a una circunstancia en la que los puentes del diálogo entre las distintas visiones y los proyectos de país están rotos; en el que la inteligencia del Estado se utiliza para vigilar a los adversarios; en el que el crimen organizado parece incontenible; en el que la impunidad, la corrupción y la ilegalidad se mantienen en niveles peligrosos y en el que la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes.
En ese sentido, tenemos hoy, no sólo el reto, sino la posibilidad, de construir una sociedad de consensos, los cuales, como nos explica Hanna Arendt, no significan el consentimiento callado, sino el apoyo activo a todos los asuntos de alcance público y la participación continuada en todos ellos.

El ejemplo de Ingrid Betancourt nos hace ver que efectivamente, cuando hay inteligencia y serenidad de ánimo, los consensos son posibles. Eso hay que celebrarlo y, desde luego, asumirlo en todos sus alcances y consecuencias. Enhorabuena.

martes, 1 de julio de 2008