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lunes, 28 de abril de 2014

Lecciones de Michoacán

Excélsior, 28/04/2014

Hay fenómenos sociales que, aun siendo de carácter local, por su estructura y magnitud representan una poderosa síntesis de las condiciones generalizadas que determinan y, en buena medida, permiten explicar también lo que está ocurriendo como norma general en todo un país. Ese parece ser el caso del estado de Michoacán, y las condiciones de violencia criminal, sublevación y malestar social, pobreza, rezago educativo, insuficiencia de cobertura y baja calidad de los servicios públicos, exclusión, discriminación y segregación de los pueblos indígenas, crisis del sector agropecuario y un largo etcétera que nos obliga a aprender de las lecciones que nos está dejando esta entidad.

Quizás el primer elemento a destacar, por obvio, pero al mismo tiempo tan soterrado, es el pernicioso efecto de la corrupción, presente en todos los órdenes y niveles del gobierno. Desde esta lógica, los recientes videos que aparecieron en medios de comunicación, en los que se muestra una reunión entre el exgobernador interino y el señor Servando Gómez, presunto líder de la organización de Los Templarios, no es sino el corolario de la descomposición del orden institucional en esa entidad.

De acuerdo con el documento elaborado por el INEGI Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Estatal, 2012, en Michoacán había hasta el año pasado sólo 21 personas en funciones de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 144 por cada 100 mil. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública, 2013, en esa entidad, 82% de la ciudadanía percibe que nunca o casi nunca se sanciona a los delincuentes y únicamente 11% del total de los delitos que se cometen son denunciados ante la autoridad, aunque de esa cantidad, únicamente la mitad llegan a convertirse en averiguaciones previas.

Por otro lado, el Coneval señala que Michoacán es una de las 12 entidades con más de la mitad de su población en condiciones de pobreza (54.4%), por lo que puede sostenerse que este escenario no podría explicarse sin la existencia de profundos niveles de corrupción e ineficacia gubernamental. Es evidente que en Michoacán se expresa con una agresividad mayor la existencia de un amplio déficit de estatalidad, pues las instituciones han perdido su capacidad para dar cumplimiento a los mandatos que establecen tanto la Constitución federal, como el orden jurídico estatal.

Así las cosas, en Michoacán se llegó al extremo de la pérdida de legitimidad institucional, generándose una peligrosa situación de excepcionalidad, de la que forma parte la población armada, por un lado, en la búsqueda de seguridad, y por el otro, personas que han sido cooptadas o reclutadas por el crimen organizado, lo cual ha dado pie a un escenario que pone en tensión a todo el orden de la República.

Frente a esta realidad, lo que debemos comprender es que la respuesta a la violencia requiere la urgente transformación ética del país; que no basta con modificar las estructuras económicas ni con impulsar nuevos programas sociales, sino que en la base de éstos debe estar una nueva noción de responsabilidad, compromiso y vocación de servicio público, con el objetivo mayor de diseñar un nuevo curso de desarrollo para la equidad, el bienestar y la garantía de los derechos humanos para toda la población.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

viernes, 25 de abril de 2014

Gigantes que se van

Excélsior, 21/04/2014

La muerte de un gran pensador nos deja ante una ausencia muy grande, por la falta radical de su potencia creadora en el presente en que continuamos; empero, sería injusto decir que nos deja solos, porque en sentido estricto, nos acompaña su obra, la cual —pensando en Octavio Paz—, como un chopo, nos cobija con su clara sombra. Aun con ello, no puede dejarse de lado la reflexión que hacía Rolando Cordera respecto de la muerte de José María Pérez Gay y José Emilio Pacheco: la muerte de un gran escritor significa una pérdida irreparable, pero la de dos quizá sea demasiado.

Esta semana perdimos al otro gigante de las letras latinoamericanas: Gabriel García Márquez, quien llevó al lenguaje y la imaginación a niveles colosales, al grado tal que, incluso estudios científicos relativos a la memoria, toman como referencia obligada a su obra. Es cierto que Colombia es el país de origen de García Márquez, pero su permanente presencia en México y su inmensa influencia en generaciones de escritores es innegable en nuestro país. De ahí que, particularmente nosotros, sentimos la muerte de uno de los más grandes de la literatura del siglo XX y lo que va del XXI.

Otro aspecto que debe tenerse presente es que, en América Latina, en particular, la mayoría de las y los escritores han tenido una “doble actividad”; por un lado, han dedicado sus vidas a la creación y recreación de nuevos mundos y, con ello, a la constante renovación y vivificación del lenguaje. Por otra parte, han dedicado también buena parte de sus vidas a la crítica del poder y a la defensa de las causas sociales de mayor urgencia; así, la mayoría de nuestras y nuestros escritores relevantes han sido severos observadores de la realidad y, desde su lucidez, han sido siempre faros orientadores en la lucha por construir sociedades cada vez más justas.

No hay duda respecto a que las personas tenemos el reto de estar a la altura de los dilemas de nuestro tiempo; de hecho, hay quienes afirman que una generación puede ser valorada en la medida en que tuvo o no la capacidad de responder a la magnitud de los problemas que le tocó enfrentar. Vivimos en una sociedad profundamente desigual, con oprobiosos niveles de pobreza, en donde millones no cuentan con educación y en la cual la mayoría enfrenta severos rezagos educativos, desde los que pueden medirse en términos de años de escolaridad, hasta los relativos a la calidad de la enseñanza.

Somos un país con millones de desempleados y con muchos más en condiciones de informalidad, y en donde también millones carecen de servicios de salud y de acceso a bienes tan preciados como el agua limpia. Es frente a este desolador panorama en donde más se extraña a mentes brillantes como las de Reyes, Paz, Fuentes, Castellanos, Henestrosa, Arreola y toda la generación de enormes pensadores que se están yendo poco a poco, como resultado del inefable paso del tiempo. Necesitamos más, muchas más inteligencias dándonos claridad para fijar nuevos rumbos, para imaginar y construir nuevos mundos, nuevos ideales de país, nuevas fronteras qué cruzar, porque de eso se trata la vida: de vivirla con intensidad y esperanza, y de eso, vaya que saben quienes viven la fortuna de ser tocados por las Musas.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

Incertidumbre: empleos y salarios

Excélsior, 14/04/2014 

Incertidumbre: empleos y salarios El problema estructural de nuestra economía se encuentra en su incapacidad para generar empleos; frente a esta situación, hay dos visiones contrapuestas: una, alineada con la economía liberal ortodoxa, desde la que se asume que la falla se encuentra en el desempeño de ciertas instituciones o en el comportamiento errático de algunas variables. Por el contrario, desde la economía política, la crítica se centra en el modelo de desarrollo asumido, el cual está diseñado para que la desigualdad se mantenga a lo largo del tiempo y para que haya unos cuantos ganadores en el “juego económico”.

Desde la primera perspectiva, la solución se encuentra en impulsar un conjunto de reformas capaces de alinear los incentivos para dinamizar el ciclo económico y, con base en ello, concretar una economía de plena libertad de mercado, en la que, fundamentalmente, las leyes de la oferta y la demanda, y sus corolarios, se consoliden como las grandes reguladoras de la vida social. Desde la economía política, lo que se plantea es que hay un conjunto de arreglos del poder político que se han vinculado históricamente a los grupos de mayor poder económico, y que son precisamente los pactos y acuerdos que se diseñan desde el poder y las instituciones del Estado, los que determinan la posibilidad de distribuir equitativamente o no la riqueza.

Quienes pensamos en el marco de la segunda posición hemos hecho un reiterado señalamiento en el doble problema estructural de la economía: prácticamente nulo crecimiento en las últimas tres décadas y deterioro del empleo, es decir, salarios cada vez más bajos y prestaciones precarias. En este escenario, la justicia social es imposible, porque no hay política social que alcance sin un mercado interno robusto y capaz de permitir el acceso de las mayorías a bienes y servicios suficientes para garantizar el amplio catálogo de derechos humanos, hoy reconocidos por nuestra Carta Magna.

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social parecen darnos la razón: el salario de las mayorías se ha deteriorado aceleradamente y continúa a la baja en términos de su poder adquisitivo, en el primer trimestre del 2008, con precios deflactados al Índice de Precios de la Canasta Alimentaria, los salarios laborales per cápita ascendían a dos mil 32 pesos mensuales; para el cuarto trimestre del 2013, ese indicador se situó en mil 570.80, es decir, casi 25% menos que hace cinco años. Los pronósticos de crecimiento económico para este 2014 se ubican en alrededor de 3% del PIB y, en los mejores escenarios, para el 2015 se espera un crecimiento de 4.5%; esto implica, en términos aproximados, la posibilidad de generar una suma de alrededor de 1.5 millones de empleos en los dos años, cuando esa es la suma anual requerida para superar el déficit de empleos que arrastramos desde hace más de 20 años.

La violencia, corrupción y desorden institucional que caracterizan a nuestro entorno obligan a pensar en un contexto de incertidumbre permanente, y es en esa tesitura en la que debe operarse el sistema de toma de decisiones institucionales en todos los órdenes y niveles, porque lo que urge es avanzar hacia la consolidación de un Estado capaz de cumplir con el mandato constitucional de garantizar plenamente los derechos humanos, y sin crecimiento económico ni empleos dignos, esto simplemente es imposible de lograrse.

*Director del CEIDAS, A.C
Twitter: @ML_fuentes

Nuestro drama educativo

Excélsior, 07/04/2014

En los últimos 12 años, el discurso oficial en torno a la educación se centró en el tema de la calidad de la enseñanza; con base en las Pruebas Pisa y Enlace, se argumentó que el gran reto de la educación se encuentra en el mejoramiento del currículo y los métodos de enseñanza. De manera alarmante, el Censo de Maestros, Alumnos y Escuelas de Educación Básica nos muestra que la realidad es mucho peor de lo que imaginábamos, no sólo debido al enorme problema administrativo y de manejo de las plazas laborales, sino también por el desastroso estado en el que se encuentra la infraestructura escolar.

Lo anterior es sumamente grave, porque confirma la existencia de un modelo de federalismo salvaje, en el cual se abandonó, en aras de un supuesto fortalecimiento de las entidades y los municipios, la conducción del gobierno federal, para garantizar un mínimo de orden y de un sentido de país en la búsqueda de objetivos compartidos por todos. Por ejemplo, la evaluación del Coneval respecto de la distribución de los recursos distribuidos a través del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), dice textualmente: “La fórmula de distribución de los recursos del FAEB en las entidades federativas promueve poco el desarrollo equilibrado del sistema educativo...”.

Esta sola aseveración bastaría para plantear la urgencia de revisar el modelo de distribución del presupuesto federal en educación, pero más todavía, debería llevar a una amplia discusión en torno a cómo garantizar que la descentralización de capacidades, recursos y presupuestos obedezca a criterios de bienestar y justicia, en el acceso al cumplimiento de los derechos humanos en todo el país.

Todo esto, frente a la confirmación de que en materia educativa, no sólo tenemos enormes problemas en lo que se refiere a contenidos y calidad, sino también rezagos inexplicables en infraestructura: uno de cada cuatro planteles no tiene agua entubada, hay una enorme cantidad de planteles que no fueron diseñados para la enseñanza: 30% en el preescolar, 27% en la primaria y 28% en la secundaria. Por si fuera poco, más de 60% de las escuelas carece de los elementos esenciales de protección civil, mientras que cerca de 43% carece de drenaje, así como un 10% de escuelas primarias y 13% de preescolar, que carecen de energía eléctrica. En materia educativa, parafraseando el título de Tony Judt, algo anda muy mal; por ello es fundamental que logre operarse, en el corto plazo, en todo lo que implica, la recuperación de la rectoría del Estado en este ámbito fundamental del desarrollo nacional.

No podemos continuar siendo un país con 30 millones de personas en rezago educativo y con tres millones de niñas, niños y adolescentes que no pueden ver realizado su derecho a la educación, porque de no transformar esta realidad, la cifra de los ocho millones de jóvenes entre 14 y 29 años que no estudian ni trabajan puede incluso crecer, con las desastrosas implicaciones que esto tiene en sus vidas y las de sus familias. Hoy que contamos con el poderoso diagnóstico construido por el INEGI, no hay pretexto para que la Federación, las entidades y los municipios sigan incumpliendo con sus responsabilidades constitucionales, porque al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestro presente y la posibilidad de un futuro posible, fincado en el constante progreso educativo y espiritual de toda la población.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

Migración: el drama de la globalización

Excélsior, 31/03/2014

Desde que en la década de los 90, en el siglo pasado, se proclamó el triunfo de una nueva “era globalizada”, que dejaba atrás al mundo bipolar de la “Guerra Fría”, hubo expertos, en todas las ramas del conocimiento, que alertaron de inmediato también de la aparición de una nueva era de migraciones, originadas fundamentalmente por dos causas. La primera de ellas: el cambio climático y las consecuencias medioambientales que se están generando en amplias regiones del planeta; de hecho, el astrofísico Carl Sagan advertía de la aparición de lo que en su momento denominó como “los refugiados ambientales”, es decir, legiones de personas que se ven obligadas a dejar definitivamente sus lugares de origen porque, como resultado de las afectaciones climáticas, simplemente ya no pueden vivir ahí.

La segunda se encuentra en un fenómeno político-económico global: la concentración de la riqueza planetaria en unas cuantas manos y el empobrecimiento masivo de la población, lo cual se ubica en un contexto de desigualdad cuyas proporciones difícilmente se habían presenciado en otras etapas históricas. Bernardo Kliksberg nos dice que en el año 2013, podían contabilizarse alrededor de dos mil súper ricos, cuyas riquezas promedio se ubicarían en aproximadamente 150 millones de dólares para cada uno de ellos; en contraste, habría al menos cuatro mil millones de personas viviendo —sobreviviendo, habría que decir— con menos de dos dólares al día.

En este escenario, el Informe Mundial sobre las Migraciones 2013 muestra que no hay consenso en torno al número de personas que han migrado. El PNUD estima que son más de 85 millones de personas que han cambiado de país de residencia, moviéndose del sur hacia el norte; mientras que el Banco Mundial estima la cifra en 95 millones. El asunto tiene desde hace mucho un carácter dramático, y cada vez es más común ver en las imágenes de la televisión, pero también, cada vez más en las redes sociales, a personas literalmente perdiendo la vida, en sus desesperados intentos por llegar a países distintos al suyo, en la búsqueda de condiciones mínimas de bienestar.

No hay ninguna región en el mundo que escape a esta realidad; así como no hay tampoco una respuesta ética ante la desigualdad planetaria y la injusticia de la que son víctimas millones de seres humanos. Lo peor del tema es que, en la lógica perversa del modelo globalizador que nos ha sido impuesto, se ha dado pie al resurgimiento de los nacionalismos más peligrosos, al tiempo que los países que habían apostado en las últimas décadas por modelos de Estados bienestaristas están virando el timón y han generado una serie de políticas restrictivas que, en la mayoría de los casos, son alentadas por poderosos grupos de presión política y económica, cuya principal motivación se encuentra en el racismo y la xenofobia.

Lo evidente es que si hay una agenda que muestra el carácter excluyente de la globalización es precisamente la agenda de las migraciones, frente a la cual, tenemos el reto de construir un nuevo modelo de gobernanza de la globalidad, sustentado en un consenso ético global centrado en el abatimiento de la desigualdad y la reducción inmediata de la pobreza, porque de ello depende, sin duda, la posibilidad de que la migración se convierta en una decisión verdaderamente voluntaria.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

La República y la historia

Excélsior, 24/03/2014

El 21 de marzo, como casi todos en nuestro país lo saben, se conmemoró un aniversario más del natalicio del presidente Benito Juárez. Al respecto, es pertinente destacar que este año se cumplen 157 años de la gesta de los héroes de la República mediante la cual se logró, de acuerdo con Mario de la Cueva, la consolidación del Estado mexicano. Pensar la historia es ir más allá de la rememoración del evento, se trata, sobre todas las cosas, de tener presente cuáles fueron las motivaciones y anhelos que animaron la acción personal y social de quienes nos antecedieron y, en el caso de don Benito Juárez, se trata de uno de los personajes de mayor trascendencia para nuestro ser nacional. Juárez representa una vocación: la de la patria.

Y esto significó, en su tiempo, un infinito compromiso con el anhelo de tener un país independiente, una República cohesionada en torno a un proyecto nacional compartido por todos. De hecho, él mismo, en su ser indígena, comprendió que la mayor misión de las instituciones republicanas no podía ser otra sino la búsqueda de la igualdad y la inclusión. La defensa nacional que llevó a cabo Juárez se cimentó en la plena convicción de que no hay justificación alguna para someter a todo un pueblo a los designios de reducidos grupos de poder que buscan mantener privilegios y prebendas a costa del bienestar de los demás.

El doctor Bernardo Kliksberg señala, en un reciente artículo en la revista México Social, que más de 90% de la riqueza generada mediante la recuperación, luego de la crisis del 2008-2009, fue a parar a manos de los ultrarricos a nivel global. Nos dice también Kliksberg que las ganancias acumuladas por los 300 millonarios más acaudalados del planeta ascendieron, en el 2013, a más de 524 mil millones de dólares. Más aún, nos dice que hay dos mil superricos que acumulan alrededor de 150 millones de dólares, cada uno de ellos. Para cerrar el círculo, habría que decir que, en América Latina y, particularmente, en México, viven varios de esos dos mil superricos, lo cual no es sino reflejo de las profundas estructuras de desigualdad que siguen imperando por todas partes.

Esta grosera desigualdad es la que nos debe llevar a recuperar el impulso de la historia, a comprender que la República, como proyecto de vida democrática sustentada en el cumplimiento de los derechos humanos, es un proyecto que está muy lejos de verse realizado, y que si una responsabilidad histórica tenemos, ésta no es otra sino la de contribuir cabalmente, en lo que le toca a cada quien, a la consolidación de una República social.

La historia no es un “libro de recetas” para retomar las medidas que se impulsaron hace tiempo es, en contraste, un campo fértil de enseñanza ética y política; porque de lo que se trata, en todo caso, es de retomar las vidas ejemplares de quienes asumieron a cabalidad el liderazgo en la defensa del bienestar colectivo. Rememorar al presidente Juárez y a toda su generación es, pues, mucho más que un evento que marca el calendario de las efemérides nacionales. Es un ejercicio obligado con el ánimo de abrevar de la solvencia ética y política que, afortunadamente, nos alcanza todavía a través del tiempo.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

Otra vez la incertidumbre global

Excélsior, 17/03/2014 

Otra vez la incertidumbre global Hace mucho que las distancias geográficas dejaron de ser irrelevantes en lo que al impacto que tiene en un país lo que ocurre del otro lado del mundo. Más aun cuando se habla de las economías de mayor tamaño y de las naciones con mayor población y territorio. Para México, considerada la 13ª o 15ª economía del mundo —según el criterio de medición—, la geopolítica y la geoeconomía son asuntos de enorme trascendencia y por ello se hace cada vez más importante tener una estrategia que nos permita reaccionar con atingencia y anticipación ante lo que ocurre en otras latitudes. Así, el escenario actual de la Península de Crimea no puede ser visto sólo como una cuestión regional.

El simple hecho de que en esa zona se encuentren las instalaciones más importantes para el acceso a hidrocarburos en Europa, convierte a ese contexto en una cuestión fundamental para nuestro país. Un ejemplo: el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene como un elemento central la estimación del precio internacional del petróleo, por lo que cualquier “subida de tono” en el conflicto que se está prefigurando, puede generar importantes repercusiones en la estructura presupuestal nacional. Asimismo, los dilemas que enfrenta Crimea nos deben recordar que los nacionalismos, las ideologías y los procesos de identidad no son cosa del pasado; que en cualquier momento pueden resurgir movimientos basados en la idea de la “comunidad de sangre o racial”, y que pueden reaparecer fantasmas que nos han llevado a los peores crímenes en la historia de la humanidad.

En evidencia, este contexto de incertidumbre debe conducirnos a una posición mucho más activa en el orden internacional, con el propósito de convertir al país en uno de los principales promotores de una globalización mucho más justa y frente a la cual los estados logren diseñar nuevos y más eficaces procesos para su gobernanza. No debemos olvidar que estamos en una sociedad planetaria caracterizada por lo que Bernardo Kliksberg ha denominado como “la explosión de las desigualdades”; la cual ha sido posible precisamente como resultado de una “retirada del Estado”, gracias a la cual los 300 superricos acumularon en promedio, en el año pasado, una suma de alrededor de mil 700 millones de dólares para cada uno de ellos.

De esta forma, si enfrentar a la incertidumbre es un asunto complejo, lo es más cuando el Estado ha sido cercenado en sus capacidades de gobierno y de rectoría de sectores clave, lo cual lleva a un escenario que impone enormes dificultades. La crisis de 2008 no ha sido superada por completo en ninguna región del planeta; y a casi seis años del terremoto financiero de aquel año, antes que claridad, estamos ante un horizonte con nubarrones que no alcanzamos a percibir con claridad.

Así, ¿qué ocurriría si ante lo que pasa en Crimea, China decide que es buen momento de recuperar el control total del Tíbet? ¿Qué si en Canadá se agudizan los intentos de separación de la llamada? ¿Qué si en España se profundizan los movimientos de separación Vasca y Catalana? Frente a todo lo anterior, lo que es un hecho es que en nuestro país es necesario fortalecer los mecanismos de respuesta ante una cambiante e impredecible realidad global, la cual reclama en todo momento evitar caer en las simplificaciones.

*Director del CEIDAS, A. C.
Twitter: @ML_fuentes

Canal 11 y la televisión pública

Excélsior, 10/03/2014

Canal 11 y la televisión pública “La televisión es una mala maestra”, sentenciaba Karl Popper en uno de sus textos breves. Agregaba el filósofo: “Estoy seguro de que si la televisión fuese una persona, la mayoría de nosotros preferiríamos que se mantuviera lejos de nuestros hijos”. Al pensar en esto, Popper se refería a la televisión privada y su tendencia a frivolizar todo. Y por supuesto que no es el único que ha hecho una severa crítica a los mass media; Umberto Eco, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Julia Kristeva, Noam Chomsky, Octavio Paz y prácticamente todas y todos quienes han hecho crítica cultural, han destacado lo insulso de la mayoría de los contenidos de la televisión privada.

Frente a ello, todavía son contados los países que han logrado consolidar sistemas públicos de información basados fundamentalmente en la radio y la televisión, y en los cuales se ha logrado generar poderosas ofertas educativas. En el nuestro, a pesar de esfuerzos relevantes, hemos carecido históricamente de un sistema integral de medios públicos; en la radio contamos con el IMER; la Cineteca Nacional es ejemplo de proyección de cine de calidad; y en televisión contamos con el Canal 22 —el cual lamentablemente sólo se ve en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México—; y el Canal Once, el cual sigue siendo la televisora pública de mayor cobertura en el país.

El pasado 3 de marzo el Canal Once cumplió 55 años de vida, y sin duda alguna es una fecha que debe celebrarse, pero también estos aniversarios deben servir para que el país reflexione en torno a todo lo que nos falta por hacer en materia de una oferta pública que cumpla con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información. En efecto, se ha asumido que el artículo 6º se refiere a los datos que están en manos de las instituciones públicas; sin embargo, una interpretación amplia de su redacción debería considerar que el alcance del mismo incluye la emisión de informaciones útiles para la toma de decisiones ciudadanas; para el entretenimiento de calidad; y también para acercar a la población servicios culturales de alto nivel.

Todo esto lo hace el Canal Once; transmite series de alto contenido crítico y educativo; es el canal pionero en México en la producción de lo que hoy se conoce como “barra de opinión”; sus noticiarios han tenido un marcado sentido crítico de la realidad; ha estado a la vanguardia en la amplitud de criterios para evitar la censura de contenidos considerados como “peligrosos” por las llamadas “buenas conciencias”, y una larga lista de lo que hoy podríamos llamar “buenas prácticas”.

El reto que se tiene hoy, más aun cuando está a debate la licitación de dos nuevas televisoras, que podrían romper el duopolio televisivo que se ha consolidado en los últimos años, consiste en lograr la consolidación de un esquema de televisión pública que tenga la capacidad de fungir como un contrapeso real al gigantesco aparato privado. Por lo pronto es de celebrar que el Canal Once siga estando en el marco de las prioridades públicas, y que siga siendo una excepción a la idea de Popper; por lo que podríamos decir que, de ser una persona, estaríamos gustosos de tenerlo como invitado en nuestra sala, todos los días.

*Director del CEIDAS, A. C.
Twitter: @ML_fuentes

El riesgo de la desigualdad

Excélsior, 03/03/2014

El riesgo de la desigualdad La semana pasada se llevó a cabo, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, un seminario en el que participaron el rector José Narro, el filósofo Ángel Gabilondo, Rolando Cordera, el exjefe del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras personalidades del mundo de la academia.

El tema central en este encuentro es el relativo a los riesgos que implica la desigualdad, tanto para la estabilidad planetaria, como al interior de los países, pues si algo está minando la legitimidad de las democracias, es precisamente el conjunto de condiciones que llevan a la polarización social. Estamos frente a lo que Bernardo Kliksberg denomina “la explosión de las desigualdades” (edición de marzo de www.mexicosocial.org). Kliksberg señala que a pesar de que 2013 fue un año mediocre para la economía planetaria, los 300 más ricos del planeta incrementaron sus fortunas, en conjunto, en 524 mil millones de dólares; un promedio aproximado de mil 700 millones de dólares por cada uno de ellos.

En México las cosas no fueron distintas: según los datos económicos disponibles, el crecimiento anual del PIB fue de apenas 1%, y en contraste, bancos como BBVA reportaron que la mayor parte de sus ganancias globales provienen de México. Y en la misma lógica, los “súper ricos” del país reportaron, como regla general, amplios márgenes de ganancia y una prospectiva más que promisoria en el mediano plazo. Mientras tanto, el poder del salario de las y los trabajadores sigue cayendo.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y del Coneval, en los últimos cinco años, el poder adquisitivo del salario se ha contraído en alrededor de 30%, y frente a lo que teníamos hace 20 años hay una pérdida de más de 100 por ciento. La pregunta obligada es, entonces: ¿Qué es lo que permite que los más ricos continúen acumulando, mientras que los sectores de ingresos medios y bajos pierden año con año capacidades para acceder a la garantía de sus derechos, por un acelerado proceso de deterioro en la calidad de los servicios públicos, pero también debido a la constante precarización de los empleos.

Una mirada ortodoxa diría que se trata de “desajustes del mercado”, que pueden ser corregidos vía la generación de incentivos institucionales para una adecuada redistribución del ingreso; sin embargo, una mirada atenta a los procesos de concentración obliga a girar la mirada y a ponerla en las estructuras del poder político, lo que una vez más obliga a exigir un análisis que se debe construir desde la economía política.

Ahora que estamos en el centenario del natalicio de Octavio Paz, valdría la pena revisar sus ideas sobre el liberalismo mexicano, y sobre todo, en lo relativo al riesgo que advertía, desde hace más de 20 años, tanto para el país como a escala global, respecto de lo que él llamaba “la usurpación de los principales espacios del Estado”, los cuales han ido siendo ocupados por defensores de intereses económicos particulares. Sobre todo esto, lo que no podemos obviar es la alerta mundial que se ha emitido ya en diferentes foros, respecto de los riesgos políticos, económicos y sociales, que van aparejados a los vigentes sistemas de concentración y despojo, que en nuestro caso son, desde hace ya varios años, éticamente insostenibles.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ml_fuentes

Desigualdad y democracia


Desigualdad y democracia La democracia es un sistema de gobierno que enfrenta siempre múltiples amenazas: desde las tentaciones autoritarias que buscan reducir o restringir el marco de garantías mediante el cual puede accederse al conjunto de los derechos humanos, hasta los dilemas de la desigualdad y la pobreza que impiden la construcción de una ciudadanía social plena; la viabilidad de este modelo de organización política se encuentra constantemente comprometida.

En nuestro país, la desigualdad se ha mantenido constante, es decir, intocada a lo largo de las últimas tres décadas, lo que nos ha llevado a ser una sociedad polarizada, enfrentada y, en muchos sentidos, limitada en sus capacidades de conciliación y entendimiento, en aras de construir un proyecto compartido de país. El mayor problema en una sociedad como la nuestra no es estrictamente la concentración del ingreso, sino lo que permite tales niveles de acumulación en unas cuantas manos, amén de las cuestiones relativas a la segregación, rechazo y discriminación que van aparejadas en detrimento de millones de personas.

La desigualdad no es sólo de recursos o posesiones materiales, o bien de acceso a bienes y servicios sociales, se trata de una infinita disparidad en el sistema de aspiraciones, en el marco de posibilidades de vida que una persona se puede plantear y en el conjunto de objetivos a mediano y largo plazos que alguien puede establecer con base en lo que su entorno le permite imaginarse como posibilidad real. Las desigualdades, que en nuestro país son múltiples, se encuentran también en el ámbito del acceso a la justicia y la protección del Estado frente a la violencia y frente a los propios actos de la autoridad.

Todos los días se registran casos de mujeres, personas con discapacidad o personas hablantes de lenguas indígenas a quienes se les niega el acceso al amparo de la ley o, incluso, a quienes se les infringen tremendos actos de injusticia por su condición. De acuerdo con diversos estudios, los ingresos de los “súper ricos” superan en aproximadamente 14 mil veces los ingresos promedio de un mexicano y en más de 30 mil veces los ingresos de quienes se ubican en el decil de la población que obtiene menos dinero. Frente a ello, una vez más debemos preguntarnos ¿cómo puede sobrevivir una democracia en la que sus ciudadanos sólo pueden plantearse como panorama de vida la supervivencia cotidiana, el hambre, la enfermedad, el sufrimiento y, también, el resentimiento que todo esto genera en quien vive el drama cotidiano?

Debemos tener claro que las políticas públicas con que contamos están dirigidas, mayoritariamente, a la reducción de la pobreza; pero podríamos dejar de ser masivamente pobres y mantenernos como profundamente desiguales, y eso es lo que debe comenzar a corregirse desde el marco jurídico e institucional, pues, hasta ahora, no ha habido gobierno capaz de revertir la grosera desigualdad que nos confronta como sociedad y en la que estamos instalados como producto de los arreglos del poder. Hoy se conmemora el Día de la Bandera y cuando éramos niños se nos enseñaba que en sus colores se sintetizaban los anhelos de paz, unidad y prosperidad de la nación mexicana; hoy estamos imposibilitados para ver realizadas esas aspiraciones y, por ello, hoy también estamos obligados a reconstruir al Estado, desde la política, para convertir a nuestra democracia en un sistema perdurable.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ml_fuentes

El diseño institucional y la trata de personas

Excélsior, 17/02/2014

El diseño institucional y la trata de personas La semana pasada fue aprobado en el Senado de la República, después de un proceso de discusión de un año, el proyecto de reforma de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Este esfuerzo, alentado principalmente por las senadoras Angélica de la Peña y Adriana Dávila, ha permitido hacer evidente la necesidad de pensar y revisar de manera permanente qué estamos haciendo y, sobre todo, lo que falta todavía por hacer en materia de prevención, persecución del delito y protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas. Sin duda, el mejoramiento constante de nuestro marco jurídico es un hecho positivo, sin embargo, el reto mayor sigue estando en el ámbito del diseño y la ejecución de las políticas públicas, pues es un hecho que, desde la promulgación de la primera ley en la materia, en el año 2007, no se ha logrado avanzar sustantivamente en ese terreno.

En efecto, más allá del debate que continuará en la Cámara de Diputados en materia de definición de tipos penales y mecanismos jurídicos de protección a las víctimas, queda por definirse una cuestión mayor: ¿Cuál es el diseño institucional que se asumirá, en todos los órdenes del gobierno, a fin de implementar políticas y acciones eficaces para erradicar este crimen y para proteger a las víctimas, desde una perspectiva amplia de derechos humanos y apego a la legalidad y el Estado de derecho? La cuestión es de una trascendencia mayor porque en ésta, como en la mayoría de las agendas de la cuestión social, seguimos enfrentándonos a una crisis de estatalidad; es decir, a un proceso permanente de incumplimiento del mandato constitucional y legal en torno a los mínimos exigibles a las autoridades.

Se ha señalado reiteradamente la carencia de información adecuada para mejorar las acciones de prevención; se ha exigido constantemente la construcción de albergues, casas de “medio camino” y refugios especializados; se ha puntualizado la urgencia de contar con nuevos protocolos que definan criterios de actuación en todos los ámbitos involucrados, entre muchos otros pendientes.

Pese a lo relevante de lo anterior, no debe perderse de vista que sin un carácter de integralidad, derivado de una clara visión sobre lo que el Estado mexicano pretende lograr en esta materia, será muy difícil que se construya, en el corto plazo, una nueva batería de políticas públicas que deriven en la eficacia requerida para combatir a este delito. Enfrentamos como país el reto de imaginarnos un diseño institucional capaz de articular los recursos disponibles; establecer criterios homologados en todo el país para la actuación de los gobiernos estatales y municipales, en coordinación con la Federación; así como rediseñar o redimensionar las capacidades de las dependencias que tienen responsabilidades específicamente señaladas en la ley. Como puede verse, la tarea es titánica y cumplirla va a requerir no sólo de recursos y voluntad política, sino de una inmensa imaginación por parte de las y los responsables de la conducción institucional, en los tres Poderes del Estado, a fin de cumplir con el mandato ético de garantizar para todos el ser tratados siempre como fines y no como “objetos” sometidos a las peores formas de explotación.

*Director de CEIDAS, A.C
Twitter: @ML_fuentes

Más cultura para la cohesión social

Excélsior,10/02/2014

Más cultura para la cohesión social Somos una nación pluricultural, megadiversa en todos los sentidos, pero dividida y separada por océanos de desigualdad y pobreza, por la desconfianza en las instituciones y en la democracia, y en un ambiente de malestar generalizado que exige la reconstrucción de procesos de identidad y de solidaridad, y para ello, uno de los mecanismos que pueden tener mayor eficacia es inundar de cultura al país.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 80% de la población nacional vive en zonas urbanas, casi 40 millones lo hacen en las 10 principales zonas metropolitanas del país; lo interesante del dato es que la transición de lo rural a lo urbano es irreversible y se espera que en 20 años, casi 90% de la población viva en localidades urbanizadas. En este escenario, resulta paradójico que a mayor concentración poblacional, menor convivencia personal y comunitaria.

Es cierto que las condiciones de inseguridad han llevado a que menos personas quieran salir a la calle; y también es cierto que en las ciudades, los sistemas de transporte son deficientes; pero también nos enfrentamos a la realidad de que hacen falta motivos e incentivos para que las personas decidan salir y reunirse, sobre todo en espacios públicos. Generar cohesión social exige de condiciones de equidad y bienestar generalizado, pero también requiere de mecanismos para que las personas puedan verse cara a cara, dialogar y convivir en actividades lúdicas y, sobre todo, verse insertas en ambientes que permitan la reconciliación del día a día.

Como un “cliché popular”, es común escuchar que México es un país lleno de cultura y que otras naciones nos envidian por ello; sin embargo, tenemos cada vez menos actividades que permitan valorar el patrimonio cultural con que efectivamente cuentan miles de pueblos y barrios a lo largo del territorio nacional; más aún, carecemos de acciones efectivas para lograr que las personas se apropien y hagan suyo el enorme acervo de cultura que existe en todo el país. Una fórmula posible es conseguir que las personas se conviertan en ciudadanos plenos que, con base en el diálogo y la convivencia en la diversidad, contribuyan cotidianamente a la construcción de ciudad, en el sentido más amplio de la convivencia en civilidad.

Construir un sentido compartido de nación en todo el territorio implica promover la capacidad de re-conocernos en la diversidad; de que los habitantes de Chiapas puedan sentirse identificados con quienes viven en Sonora, Chihuahua o Sinaloa, y que, al mismo tiempo, podamos valorar y rescatar la intensa historia que nos hace parte del mismo proyecto de bienestar y derechos humanos que hoy está plasmado en la Constitución.

En este pensarnos como un todo que se une en la diversidad, debe comprenderse que apelar a la cultura implica desde las expresiones populares, hasta las más elevadas creaciones artísticas; necesitamos promover acciones para el diálogo entre las y los jóvenes; y para que las plazas se conviertan en espacios propicios para el encuentro intergeneracional. A través de la cultura puede reconstruirse buena parte del tejido social, y por ello lo deseable es que en todos los órdenes de gobierno se asuma que esta dimensión del quehacer público no es accesoria, sino uno de los instrumentos privilegiados para reencontrarnos y reconciliarnos como país.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

Una sociedad de antivalores


Una sociedad de antivalores “Es preferible vivir el exceso y los riesgos dos años, que la pobreza toda la vida”. En esa frase parecen resumirse las aspiraciones y decisiones de miles de jóvenes en nuestro país quienes, con acceso a oportunidades o no, enfrentan la desesperanza en una sociedad que no les ofrece sino el efímero y azaroso acceso al fantasmagórico hedonismo del dinero, las mercancías y, de algún modo también, de la sensación de poder asociada a ellos.

Vivimos en una sociedad que, paradójicamente, lo único que nos ofrece como curso de vida y de “realización personal” es la acumulación de cosas, es decir, la lógica de la compra-venta en la que hoy, de manera brutal, se incluye a los animales y, peor aún, a las personas. La industria cultural, como se le habría llamado en la década de los 60 por los autores herederos de la teoría crítica —paradigmáticamente Marcuse y Erich Fromm—, ha sido tan eficaz que ha conseguido neutralizar todo viso de crítica a los valores imperantes y aceptados colectivamente.

Efectivamente, los medios de comunicación —incluidas hoy las redes sociales— se han consolidado como los grandes difusores y reforzadores de una ideología hueca en la que se invita a la lógica de la irresponsabilidad; un análisis somero de los temas centrales de la publicidad de casi todos, las mercancías y los servicios nos dan la clave: una apología permanente de lo efímero, del disfrute inmediato, del egoísmo, de la codicia y de las acciones sin consecuencias. En las décadas de los 70 y los 80, los estudios sobre la capacidad de influencia, persuasión y determinación de las “conciencias” estuvieron permeados por la confrontación ideológica de la Guerra Fría; no obstante, en una sociedad en la que prácticamente 98% de la población tiene al menos un televisor y en la que el promedio per cápita al día frente a la pantalla es de tres horas, el tema no puede darse simplemente por concluido.

Sin duda alguna, las familias, la escuela y los medios de comunicación son hoy los grandes referentes para la formación ética de la población; y por ello, retomar y exigir una discusión pública sobre la materia debería ser motivo constante de preocupación, no sólo de los gobiernos, sino de otras instancias del Estado, tales como el Congreso de la Unión y los congresos de los estados. Una sociedad sustentada en antivalores carece de viabilidad y los resultados de la conjunción de una mentalidad generalizada centrada en el egoísmo, la codicia y la envidia, con las condiciones de marginación, pobreza y desigualdad que vivimos, están resultando en una explosiva mezcla que nos ayuda a explicar, al menos en parte, cómo es que hemos llegado a casi triplicar las tasas de homicidios y muertes accidentales y violentas en los últimos 15 años.

Pareciera que en ocasiones olvidamos que la consolidación de una democracia no depende sólo de la construcción de sistemas institucionales sólidos y marcos jurídicos ejemplares; sino también, y sobre todo, de una extendida cultura de la tolerancia, la solidaridad y los derechos humanos que lleve a la población a no permitir el mínimo desvío de sus autoridades respecto de los mejores valores democráticos. En este ámbito es quizá el terreno en el que la generación responsable de conducir al país enfrenta uno de sus mayores retos.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes