Lecciones de Michoacán

Excélsior, 28/04/2014

Hay fenómenos sociales que, aun siendo de carácter local, por su estructura y magnitud representan una poderosa síntesis de las condiciones generalizadas que determinan y, en buena medida, permiten explicar también lo que está ocurriendo como norma general en todo un país. Ese parece ser el caso del estado de Michoacán, y las condiciones de violencia criminal, sublevación y malestar social, pobreza, rezago educativo, insuficiencia de cobertura y baja calidad de los servicios públicos, exclusión, discriminación y segregación de los pueblos indígenas, crisis del sector agropecuario y un largo etcétera que nos obliga a aprender de las lecciones que nos está dejando esta entidad.

Quizás el primer elemento a destacar, por obvio, pero al mismo tiempo tan soterrado, es el pernicioso efecto de la corrupción, presente en todos los órdenes y niveles del gobierno. Desde esta lógica, los recientes videos que aparecieron en medios de comunicación, en los que se muestra una reunión entre el exgobernador interino y el señor Servando Gómez, presunto líder de la organización de Los Templarios, no es sino el corolario de la descomposición del orden institucional en esa entidad.

De acuerdo con el documento elaborado por el INEGI Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Estatal, 2012, en Michoacán había hasta el año pasado sólo 21 personas en funciones de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 144 por cada 100 mil. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública, 2013, en esa entidad, 82% de la ciudadanía percibe que nunca o casi nunca se sanciona a los delincuentes y únicamente 11% del total de los delitos que se cometen son denunciados ante la autoridad, aunque de esa cantidad, únicamente la mitad llegan a convertirse en averiguaciones previas.

Por otro lado, el Coneval señala que Michoacán es una de las 12 entidades con más de la mitad de su población en condiciones de pobreza (54.4%), por lo que puede sostenerse que este escenario no podría explicarse sin la existencia de profundos niveles de corrupción e ineficacia gubernamental. Es evidente que en Michoacán se expresa con una agresividad mayor la existencia de un amplio déficit de estatalidad, pues las instituciones han perdido su capacidad para dar cumplimiento a los mandatos que establecen tanto la Constitución federal, como el orden jurídico estatal.

Así las cosas, en Michoacán se llegó al extremo de la pérdida de legitimidad institucional, generándose una peligrosa situación de excepcionalidad, de la que forma parte la población armada, por un lado, en la búsqueda de seguridad, y por el otro, personas que han sido cooptadas o reclutadas por el crimen organizado, lo cual ha dado pie a un escenario que pone en tensión a todo el orden de la República.

Frente a esta realidad, lo que debemos comprender es que la respuesta a la violencia requiere la urgente transformación ética del país; que no basta con modificar las estructuras económicas ni con impulsar nuevos programas sociales, sino que en la base de éstos debe estar una nueva noción de responsabilidad, compromiso y vocación de servicio público, con el objetivo mayor de diseñar un nuevo curso de desarrollo para la equidad, el bienestar y la garantía de los derechos humanos para toda la población.

*Director del CEIDAS, A.C.

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