Acoso

Excélsior, 05/05/2014

La violencia contra las mujeres se da en prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana: en el hogar, en las calles, en el trabajo, en los espacios de convivencia pública, en los mercados, en los centros comerciales, en el transporte público y en prácticamente cualquier lugar en el que se dé la oportunidad de ejercer el poder o formas de control y discriminación, asociadas a las asignaciones sexo-genéricas que predominan en nuestras sociedades.

La semana pasada se hizo público que una mujer que labora en el equipo de futbol Guadalajara acusó al señor Ricardo Antonio La Volpe por un posible acto de acoso sexual. Más allá del resultado que tenga este hecho en los tribunales, la notoriedad del caso debería dar pie a una discusión seria sobre el acoso sexual en nuestro país. Las cifras disponibles fortalecen esta hipótesis, pues según las estadísticas judiciales en materia penal del INEGI, entre los años 2009 y 2012, se han procesado en el fuero común únicamente 237 casos por acoso sexual; es decir, un caso cada seis días registrado ante la justicia.

En un país en el que ocho de cada diez mujeres que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, en el que al menos seis de cada diez perciben dos salarios mínimos o menos, y en el que predomina un contexto de violencia, machismo y discriminación, es difícil creer que el dato registrado por el INEGI refleje la realidad imperante. De acuerdo con el propio INEGI, en México se denuncian únicamente 12 de cada 100 delitos; de éstos, únicamente en 60% se inicia una averiguación previa.

Desde esta perspectiva, sólo con base en la magnitud de la cifra negra podría asumirse un muy alto subregistro de casos de acoso sexual. Es evidente que en nuestro país la práctica del acoso sexual, principalmente en los ámbitos laborales, se ha convertido en una realidad inaceptablemente normalizada; es decir, se ha llegado al exceso que en ciertos espacios se asume como parte de las “facultades” de quienes detentan alguna posición de poder —tanto en el sector público como en el privado— solicitar favores de tipo sexual a sus empleadas o subordinadas; y debe decirse así, porque si algo es un hecho es que el acoso sexual se ejerce predominantemente en contra de las mujeres.

Uno de los elementos que en mayor medida preocupan es el hecho de que, de acuerdo con las y los expertos en derecho penal, acreditar el delito del acoso sexual es sumamente difícil, pues su ejercicio es, en muchas ocasiones —dicho de manera cuidadosa—, “sutil”, ya que de acuerdo con la intensidad que se lleve a cabo, el acoso puede ir desde los chistes, piropos, comentarios de tipo sexual, charlas de contenido sexual o insinuaciones, es decir, acciones que aisladas de su contexto, o aun explicadas en ciertas situaciones, pueden pasar por “hechos normales”

Es un hecho que esta práctica debe ser erradicada, pues constituye una de las peores formas de discriminación que persisten en nuestra cultura laboral; para ello, hace falta mucho más compromiso por parte de las y los empresarios, de los sindicatos, de las y los funcionarios del sector público y, en general, de todas las partes involucradas en el sector productivo, pues sin equidad entre hombres y mujeres, jamás podremos hablar de una sociedad encaminada al bienestar.

*Director del CEIDAS, A.C.

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