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lunes, 22 de diciembre de 2014

Convocar a la crítica

Excélsior, 22 de diciembre de 2014

Ninguna democracia puede asumirse como tal si la crítica frente al poder se encuentra ausente o limitada. Lo que es más, sólo puede asumirse como plenamente democrático un régimen desde el cual las propias autoridades del Estado son las principales promotoras de la crítica pública.

El debate público es fundamental en el juego democrático por dos razones: la primera es porque sin un diálogo abierto no podría hablarse en verdad de un régimen de libertades; la segunda, porque con base en el debate de las cuestiones públicas se reducen los márgenes de error en el sistema de decisiones institucionales.

Un gobierno que en el marco de un régimen democrático no escucha a la disidencia, que no alienta a los medios de comunicación para que promuevan un diálogo respetuoso y que funjan como espacios para mostrar las múltiples diferencias que existen en la sociedad, es un gobierno que multiplica las probabilidades de equivocarse.

Lo mismo ocurre cuando se decide, desde los espacios del poder, que sólo se escuchará a los “leales”, a quienes simpatizan con la visión de quien toma las decisiones, o a los grupos que comparten el discurso y las tesis de gobierno de quienes son responsables de la conducción de un país.

Octavio Paz lo expresaba de manera excepcional: “Hay una manera muy simple de verificar si es realmente democrático un país o no lo es: son democráticas aquellas naciones en donde todavía, cualesquiera que sean las injusticias y los abusos, los hombres pueden reunirse con libertad y expresar sin miedo su reprobación y su asco”.

En nuestros atribulados días, lo que urge es asumirnos como fervientes defensores de la democracia, en el sentido aquí dicho: como ciudadanos capaces de decir y de plantear ante las estructuras burocráticas y políticas, los errores percibidos y los que pueden provocarse de asumir rutas equivocadas.

De ahí la importancia de que, desde la Presidencia de la República, pasando por los gobiernos estatales, y hasta la última de las presidencias municipales, puedan reconstruirse los puentes y puntos de encuentro con quienes piensan distinto y hasta radicalmente distinto.

Se percibe en diferentes círculos que hay un desdén por lo que académicos, investigadores o intelectuales tienen que decir respecto del rumbo que tiene el país; esto no es sano para la democracia, porque si hay una práctica fructífera y útil para quienes gobiernan, es precisamente el acercamiento e intercambio de ideas con las mejores y más agudas inteligencias del país.

El ejercicio del poder en democracia no puede concebirse sino como un ejercicio dialogante; lo que es más, es posible decir que un sistema de instituciones democráticas debería ser imaginado como una cadena de palabras que se mueven, fluyen y se recrean en espiral, en un ir y venir de la ciudadanía al conjunto de estructuras desde las cuales se ejerce el poder.

Decía el propio Octavio Paz que “la historia es el lugar de prueba”; por la historia las personas podemos comunicarnos con las otras personas y ser entonces el hermano de sus semejantes desemejantes. De eso es de lo que se trata la democracia, la libertad y el juego del lenguaje que estamos obligados a construir entre todos; porque de otro modo, lo que se impone es la intolerancia, que siempre es la puerta de entrada de las vocaciones autoritarias.

Twitter: @ML_fuentes

lunes, 15 de diciembre de 2014

Recomenzar con lo que tenemos

Excélsior, 15 de diciembre de 2015

¿Qué significa la idea, compartida en todos los círculos políticos y académicos, relativa a que vivimos en una crisis de institucionalidad? Clarificar la cuestión es mayor, porque a pesar de que pareciera que todos hablamos de lo mismo, en el fondo hay profundas diferencias.

La cuestión inicial es la elemental clarificación de qué se entiende precisamente por el concepto de “instituciones”. Hay quienes las definen como el conjunto de dependencias públicas que forman parte de cualquiera de los tres Poderes del Estado, incluidos los órganos constitucionales.

Desde esta perspectiva, las soluciones que se ofrecen tienen que ver con procesos de gerencia pública; de reingeniería de las estructuras de las administraciones públicas, así como de los mecanismos de control y rendición de cuentas en todos los espacios incluidos en la concepción citada.

Por el contrario, hay otra posición desde la cual se piensa a las instituciones, dicho en términos coloquiales, como sinónimo de “las reglas del juego”; de tal forma que serían tan relevantes las dependencias del sector público, como el marco jurídico e incluso las estructuras de carácter eminentemente social como las familias.

Desde esta visión, las soluciones planteadas son de mucha mayor complejidad, pues implican alterar la lógica y los objetivos desde los cuales se plantean cuestiones fundamentales como qué le corresponde hacer al Estado, qué al mercado, qué a la sociedad civil, etc. En esta visión, la cuestión de fondo se encuentra en subvertir las relaciones de poder, en las tres esferas más relevantes de las que se puede hablar.

En lo económico, se trataría de romper con los circuitos que reproducen intergeneracionalmente la desigualdad; en el ámbito político se necesita romper con el monopolio de los cargos de representación que ejercen los partidos políticos; y en el ámbito de lo social se requiere reconstruir relaciones para la paz y la solidaridad.

Desde ambas perspectivas puede sostenerse que las instituciones están en crisis; empero, hacerlo desde la segunda posibilita abrir rutas para un nuevo curso de desarrollo que posibilite crecer para la equidad y asumir a plenitud para todas las instituciones del Estado y garantizar las distintas esferas de justicia que hoy están fracturadas.

Es un hecho que algo anda muy mal en el país, pero también debe reconocerse que, a pesar de todo, hay una cierta “normalidad funcional” del aparato público: se recoge la basura en las ciudades, los sistemas de agua potable funcionan en niveles elementales, hay energía eléctrica en casi todo el país, tenemos carreteras y puertos en funcionamiento, la mayoría de las escuelas abre, los hospitales, aún en sus limitadas capacidades, atienden a la mayoría de la población, es decir, sí hay una sólida e importante base desde dónde recomenzar.

En cualquier caso, la única manera de que el Estado mexicano recobre la credibilidad perdida, se encuentra en la construcción de un nuevo Estado de bienestar, en el que el empleo, la salud, la educación y la seguridad sean las divisas cotidianas en las que la población puede realizar sus proyectos personales y familiares de vida.

Las opciones están ahí, pero asumir cualquiera de ellas requiere el replanteamiento de los objetivos y prioridades, en primer lugar, del Gobierno de la República; asumir este liderazgo le permitiría al Ejecutivo sentar las bases para un nuevo México Social con justicia y dignidad para todos.

Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 8 de diciembre de 2014

Sobre las cuestiones fundamentales

Excélsior, 8 de diciembre de 2014

Al sistema institucional mexicano le urge, sobre todas las cosas, recuperar credibilidad y legitimidad: los escándalos de corrupción, la persistencia de la pobreza y la desigualdad, la violencia y la incompetencia de los gobiernos, en todos los órdenes y niveles, ha llevado a una severa crisis de confianza que mina la capacidad de las instituciones para convocar a la acción y contar con el respaldo para tomar las medidas que se necesitan para reencauzar al país.

Pensando en el gobierno de la República, la presente administración apostó por una compleja agenda de pactos para el impulso de diversas reformas: política, educativa, laboral y energética, entre las más relevantes. Sin duda todas ellas eran, con las respectivas reservas, necesarias para el país.

A pesar de ello, no resultaron agendas cohesionadoras de la sociedad: no provocaron que la población se volcara para dar respaldo al gobierno en su esquema de toma de decisiones; antes bien, por su contenido y alcance, el efecto fue polarizador en la opinión pública.

Desde esta perspectiva, y al no materializarse rápidamente en condiciones de bienestar y seguridad, las reformas han quedado muy atrás en el imaginario colectivo como sinónimo de avance o posibilidad de progreso.

Lo anterior puede dimensionarse de mejor manera, si consideramos que si algo nos reveló la barbarie de Ayotzinapa es la profunda crisis del Estado de derecho: ausencia de justicia por todas partes, en medio de una severa crisis de estatalidad expresada en gobiernos que, simplemente, no pueden cumplir con los mandatos de la Constitución y las leyes.

En una democracia es insustituible contar con el respaldo ciudadano para el ejercicio del gobierno; de ahí la imperiosa necesidad de contar con capacidades de adaptación, cambio de rumbo y corrección en el ejercicio del poder.

Se trata de tener la capacidad de comprender y aceptar cuando la realidad muestra que no se está “conectando” con la población en los temas fundamentales; y más todavía, cuando la ruta de un gobierno va en sentido opuesto a las aspiraciones y demandas más sentidas de la población.

La capacidad de reacción en un escenario así se enfrenta al reto de encontrar rápidamente las agendas capaces de abrir espacios para nuevos márgenes de gobernabilidad y legitimidad. ¿Cómo entrar en esas agendas?; ¿cómo lograr que la población crea una vez más en los gobiernos, tanto a nivel federal, como estatal y municipal? ¿Cómo responder a la urgencia del ejercicio de las coyunturas en el día a día, sobre todo ante la evidencia de que la población ya no está dispuesta a esperar más para acceder a la justicia y al bienestar?

La ruta no puede ser otra que identificar y asumir como agenda de gobierno las cuestiones fundamentales: empleo y vivienda digna, alimentación sana y suficiente, salud de calidad y posibilidades de convivencia solidaria con los demás.

Hacerlo así implica romper con la lógica y estilo que se han desarrollado hasta ahora en el gobierno; redefinir prioridades y modificar el andamiaje institucional, porque lo urgente es diseñar un nuevo curso de desarrollo para un nuevo Estado de bienestar.

Tomar esa ruta requiere de audacia, pero sobre todo de vocación de país y estatura de Estado, pues en sentido estricto implicaría modificar las estructuras vigentes de la desigualdad, corrupción e impunidad que nos laceran todos los días.

Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

jueves, 4 de diciembre de 2014

Intervención del Mtro. Mario Luis Fuentes en la Promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Licenciado Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Sra. Angélica Rivera de Peña
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF

Distinguidas y distinguidos integrantes del presídium

Señoras y señores legisladores

En México, la pobreza, la discriminación, la vulnerabilidad, pero sobre todo la desigualdad, tienen rostro de niñez. A pesar de los avances documentados, las estadísticas oficiales nos muestran que las brechas, en todos los ámbitos relativos a la infancia, lejos de reducirse, se han profundizado.

Por ejemplo: una niña o niño que nace en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tiene hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años, que aquellos que nacen en Nuevo León o el Distrito Federal. Y de acuerdo con las estadísticas del INEGI, cada año se registran alrededor de 7 mil defunciones evitables de niñas y niños, durante su primer año de vida; es decir, muertes que nunca debieron ocurrir.

Las condiciones en que viven las niñas, niños y adolescentes, en su gran mayoría, tienen una dimensión dramática: de acuerdo con el CONEVAL, mientras que entre la población mayor de 18 años el porcentaje de personas en pobreza es del 41%, entre las niñas y los niños, el porcentaje es de 54%.

Por ello, debe reconocerse, que la primera Iniciativa con carácter de Iniciativa Preferente, enviada por el Ejecutivo al Congreso, haya sido dirigida a la ampliación del marco que protege los derechos de la niñez. Iniciativa que permitió mostrar, recoger e incluir, demandas históricas de las organizaciones de la sociedad civil, tales como Ririki, la Alianza por la Niñez, la Red por los derechos de la infancia; organismos internacionales como UNICEF, así como expertas y expertos de distintas instituciones de educación superior.

Hay que subrayar por otra parte, que la nueva Ley General de los derechos de las niñas y los niños, obliga a recuperar, la centralidad de la agenda de los derechos de las niñas y los niños; así como a dimensionar los retos que tenemos todos, sociedad y gobierno, en su adecuada y urgente implementación.

Por otro lado, es de hacerse notar el hecho de que esta Ley se promulga justo en el momento en que las proyecciones económicas, nos anuncian que el crecimiento del país está aún lejos de todo su potencial. Desde esta perspectiva, su promulgación es sustantiva, porque es precisamente cuando los recursos son limitados, y cuando la incertidumbre crece, que el Estado debe volcarse a favor de los más vulnerables, que no son otros sino las niñas, niños y adolescentes.

No debemos olvidar, que este año se cumple el 25 Aniversario de la vigencia de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños; sobre todo, porque el Estado mexicano fue uno de sus promotores ante la Organización de las Naciones Unidas.

Hoy el Estado mexicano actúa en congruencia al emitir esta Ley; la cual, muestra que sólo a través del diálogo amplio, plural y mesurado, que da tiempo para que todas y todos se expresen, pueden construirse los acuerdos que el país requiere. Debemos subrayar el hecho, de que el Congreso de la Unión haya desarrollado un método adecuado, para procesar las múltiples y diversas visiones que existen en la materia, y que se haya logrado cumplir con el objetivo de tener un nuevo ordenamiento, para la garantía de los derechos de la infancia, antes de concluir el año.

Una vez promulgada esta Ley, continúa un reto múltiple: en primer lugar, construir el nuevo diseño institucional que se necesita para su concreción en políticas públicas. Hay que construir los sistemas y subsistemas que están considerados; hay que dotar de recursos a las instancias responsables de su aplicación; y sobre todo, debe generarse un gran impulso político, a fin de que en todos los niveles y órdenes del gobierno, se asuma como un instrumento jurídico central, para el diseño de las políticas públicas y los programas sociales.

En segundo lugar, hay que fortalecer los mecanismos de diálogo a fin de articular a la República, en torno al objetivo común de lograr que ninguna niña o niño se quede atrás; y en esa lógica, el trabajo de articulación, coordinación y cooperación con los Estados y los Municipios, es central. En ese tenor, es esencial potenciar las capacidades de fomento y promoción del trabajo, que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, no sólo en la atención directa de niñas y niños vulnerados en sus derechos, sino también en el diseño, acompañamiento y evaluación de las políticas públicas, que deben generarse en todo el país.

En tercer lugar, deberán fortalecerse todos los mecanismos de protección de la infancia, a fin de garantizar el oportuno y expedito acceso a la justicia a todas las niñas, niños y adolescentes, a fin de salvaguardar y proteger integralmente todos sus derechos.

Desde esta perspectiva, la plena y universal garantía de los derechos de las niñas y los niños, representa uno de nuestros mayores imperativos categóricos; un mandato ineludible que tenemos como mexicanos, porque el no hacerlo profundiza el dolor y la angustia, que todos los días enfrentan millones de familias. Y también, porque postergar las acciones en éste ámbito, compromete nuestro futuro, y perpetúa las injustas condiciones en que hoy se debaten, las familias mexicanas en la sobrevivencia del día a día.

Por todo esto, este acto debería ser leído, por todas y todos, como un momento relevante para reflexionar, para hacer un alto y preguntarnos otra vez, con honestidad y prudencia, qué clase de país queremos para nuestras hijas e hijos; para nuestros nietos y para las generaciones futuras.

Lo anterior, nos exige potenciar y encauzar el malestar, -el cual debe aprovecharse para transformarnos en un país apropiado para la infancia. Hacerlo así, requiere de audacia en el pensar y decisión en el actuar; para destinar, como lo manda nuestra Constitución, hasta el máximo de los recursos de que disponemos para lograr ser el México indeclinablemente comprometido con la niñez, que podemos, pero que sobre todo, debemos ser.

Señor Presidente: en medio del complejo y difícil momento por el que atraviesa nuestro país, la creación de una Ley como ésta abre rutas para recuperar la esperanza, en que México puede plantearse grandes objetivos, que pueden acercarnos y reconciliarnos.

Debemos considerar, todas y todos, que si hay una agenda que puede cohesionarnos y darnos un motivo compartido de vocación común, ésta gira en torno a los derechos humanos de todas nuestras niñas, niños y adolescentes.

Su liderazgo en esta materia resulta fundamental, para enviar a la Nación un mensaje renovado, de que con base en el esfuerzo colectivo, pueden lograrse los consensos para transformar a México, en torno a lo más sensible y relevante que tenemos, y que no se encuentra en otra parte, sino en la plena garantía de los derechos de la niñez.

Que así sea.

Muchas gracias.