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jueves, 4 de diciembre de 2014

Intervención del Mtro. Mario Luis Fuentes en la Promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Licenciado Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Sra. Angélica Rivera de Peña
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF

Distinguidas y distinguidos integrantes del presídium

Señoras y señores legisladores

En México, la pobreza, la discriminación, la vulnerabilidad, pero sobre todo la desigualdad, tienen rostro de niñez. A pesar de los avances documentados, las estadísticas oficiales nos muestran que las brechas, en todos los ámbitos relativos a la infancia, lejos de reducirse, se han profundizado.

Por ejemplo: una niña o niño que nace en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tiene hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años, que aquellos que nacen en Nuevo León o el Distrito Federal. Y de acuerdo con las estadísticas del INEGI, cada año se registran alrededor de 7 mil defunciones evitables de niñas y niños, durante su primer año de vida; es decir, muertes que nunca debieron ocurrir.

Las condiciones en que viven las niñas, niños y adolescentes, en su gran mayoría, tienen una dimensión dramática: de acuerdo con el CONEVAL, mientras que entre la población mayor de 18 años el porcentaje de personas en pobreza es del 41%, entre las niñas y los niños, el porcentaje es de 54%.

Por ello, debe reconocerse, que la primera Iniciativa con carácter de Iniciativa Preferente, enviada por el Ejecutivo al Congreso, haya sido dirigida a la ampliación del marco que protege los derechos de la niñez. Iniciativa que permitió mostrar, recoger e incluir, demandas históricas de las organizaciones de la sociedad civil, tales como Ririki, la Alianza por la Niñez, la Red por los derechos de la infancia; organismos internacionales como UNICEF, así como expertas y expertos de distintas instituciones de educación superior.

Hay que subrayar por otra parte, que la nueva Ley General de los derechos de las niñas y los niños, obliga a recuperar, la centralidad de la agenda de los derechos de las niñas y los niños; así como a dimensionar los retos que tenemos todos, sociedad y gobierno, en su adecuada y urgente implementación.

Por otro lado, es de hacerse notar el hecho de que esta Ley se promulga justo en el momento en que las proyecciones económicas, nos anuncian que el crecimiento del país está aún lejos de todo su potencial. Desde esta perspectiva, su promulgación es sustantiva, porque es precisamente cuando los recursos son limitados, y cuando la incertidumbre crece, que el Estado debe volcarse a favor de los más vulnerables, que no son otros sino las niñas, niños y adolescentes.

No debemos olvidar, que este año se cumple el 25 Aniversario de la vigencia de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños; sobre todo, porque el Estado mexicano fue uno de sus promotores ante la Organización de las Naciones Unidas.

Hoy el Estado mexicano actúa en congruencia al emitir esta Ley; la cual, muestra que sólo a través del diálogo amplio, plural y mesurado, que da tiempo para que todas y todos se expresen, pueden construirse los acuerdos que el país requiere. Debemos subrayar el hecho, de que el Congreso de la Unión haya desarrollado un método adecuado, para procesar las múltiples y diversas visiones que existen en la materia, y que se haya logrado cumplir con el objetivo de tener un nuevo ordenamiento, para la garantía de los derechos de la infancia, antes de concluir el año.

Una vez promulgada esta Ley, continúa un reto múltiple: en primer lugar, construir el nuevo diseño institucional que se necesita para su concreción en políticas públicas. Hay que construir los sistemas y subsistemas que están considerados; hay que dotar de recursos a las instancias responsables de su aplicación; y sobre todo, debe generarse un gran impulso político, a fin de que en todos los niveles y órdenes del gobierno, se asuma como un instrumento jurídico central, para el diseño de las políticas públicas y los programas sociales.

En segundo lugar, hay que fortalecer los mecanismos de diálogo a fin de articular a la República, en torno al objetivo común de lograr que ninguna niña o niño se quede atrás; y en esa lógica, el trabajo de articulación, coordinación y cooperación con los Estados y los Municipios, es central. En ese tenor, es esencial potenciar las capacidades de fomento y promoción del trabajo, que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, no sólo en la atención directa de niñas y niños vulnerados en sus derechos, sino también en el diseño, acompañamiento y evaluación de las políticas públicas, que deben generarse en todo el país.

En tercer lugar, deberán fortalecerse todos los mecanismos de protección de la infancia, a fin de garantizar el oportuno y expedito acceso a la justicia a todas las niñas, niños y adolescentes, a fin de salvaguardar y proteger integralmente todos sus derechos.

Desde esta perspectiva, la plena y universal garantía de los derechos de las niñas y los niños, representa uno de nuestros mayores imperativos categóricos; un mandato ineludible que tenemos como mexicanos, porque el no hacerlo profundiza el dolor y la angustia, que todos los días enfrentan millones de familias. Y también, porque postergar las acciones en éste ámbito, compromete nuestro futuro, y perpetúa las injustas condiciones en que hoy se debaten, las familias mexicanas en la sobrevivencia del día a día.

Por todo esto, este acto debería ser leído, por todas y todos, como un momento relevante para reflexionar, para hacer un alto y preguntarnos otra vez, con honestidad y prudencia, qué clase de país queremos para nuestras hijas e hijos; para nuestros nietos y para las generaciones futuras.

Lo anterior, nos exige potenciar y encauzar el malestar, -el cual debe aprovecharse para transformarnos en un país apropiado para la infancia. Hacerlo así, requiere de audacia en el pensar y decisión en el actuar; para destinar, como lo manda nuestra Constitución, hasta el máximo de los recursos de que disponemos para lograr ser el México indeclinablemente comprometido con la niñez, que podemos, pero que sobre todo, debemos ser.

Señor Presidente: en medio del complejo y difícil momento por el que atraviesa nuestro país, la creación de una Ley como ésta abre rutas para recuperar la esperanza, en que México puede plantearse grandes objetivos, que pueden acercarnos y reconciliarnos.

Debemos considerar, todas y todos, que si hay una agenda que puede cohesionarnos y darnos un motivo compartido de vocación común, ésta gira en torno a los derechos humanos de todas nuestras niñas, niños y adolescentes.

Su liderazgo en esta materia resulta fundamental, para enviar a la Nación un mensaje renovado, de que con base en el esfuerzo colectivo, pueden lograrse los consensos para transformar a México, en torno a lo más sensible y relevante que tenemos, y que no se encuentra en otra parte, sino en la plena garantía de los derechos de la niñez.

Que así sea.

Muchas gracias.