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martes, 22 de diciembre de 2009

Violencia y cohesión social

Mario Luis Fuentes
Lunes 21 de diciembre de 2009

Hay en todo el país una violencia creciente. Lo que debemos tener en claro es que se trata, no sólo de la generada por el crimen organizado, sino de la que se ha instalado en prácticamente todos los espacios de la vida social.

No hay una ciudad o localidad del país en la que los episodios de violencia no sean recurrentes; así lo evidencian los registros administrativos y estadísticos disponibles: robo a transeúnte, homicidios, suicidios, muertes por accidente; delitos sexuales, etcétera.

Al lado de ello habría que pensar, parafraseando a Michael Foucault, en la existencia de una microfísica de la violencia: esto es, de actos violentos que, por su aparente “normalidad”, pasan desapercibidos y se han instalado como parte del paisaje social cotidiano de nuestras sociedades.
Las agresiones verbales hacia las mujeres, de algún modo “normalizadas” en la figura del piropo, son una muestra de la prevalencia del estereotipo del cuerpo de las mujeres, como simple objeto de deseo y de posesión, con lo que se reproduce diariamente una serie de ejercicios de microviolencia, que no por ello dejan de constituir un acto de maltrato.

La violencia ejercida contra las niñas y los niños, en muchos casos cometida por omisión de cuidados o sanciones crueles, son otras de las facetas de la violencia cotidiana. Como ejemplo baste citar los casos de niñas y niños que son encadenados o encerrados mientras los padres salen a trabajar o bien de niñas y niños que son víctimas del castigo corporal como una de las formas extendidas de supuesta educación.

La exclusión social de los millones de jóvenes de entre los 15 y los 29 años y no han tenido la oportunidad de trabajar o de recibir educación de calidad, es otra de las formas cotidianas de violencia que forman parte de una extraña “normalidad social”, en la que pareciera que no queda otra salida sino la resignación o la incorporación a nuevas formas de identidad y agrupación que pasan, en algunos casos, a las filas de la ilegalidad.

Así, el caso de los jóvenes que incendiaron automóviles en la Ciudad de México es una clara muestra del desbordamiento de la violencia que se ejerce en todos lados, todos los días, en un peligroso juego de “unos contra otros”.

Esta microfísica de la violencia cotidiana pareciera ir de la mano con la otra violencia, ésta, sádica, que se expresa en acciones como las fotografías tomadas a un capo de la droga muerto, en las que se cubre su cuerpo con billetes ensangrentados. Lo peor en este caso es que fue la autoridad la que construyó la escena, tomó las fotografías y las filtró a los medios de comunicación.
En un escenario así, la pregunta clave es cómo poder generar cohesión social. Porque, si a esta microfísica de la violencia se añaden los datos de la pobreza y el rezago social, lo que se tiene es un escenario desolador ante el cual el paisaje institucional se ve, no sólo árido, sino desbordado en sus capacidades de reacción e intervención.

Debemos comprender que el estallido social ya está aquí; dio inicio con la ruptura del orden constitucional. Con la constante violación e incumplimiento de las garantías individuales; la pertinaz corrupción y la presencia descontrolada de grupos del crimen organizado que atentan, cada vez de manera más abierta y desafiante, contra la sociedad y, sobre todo, contra las instituciones.

Debemos comprender que el estallido social ya está aquí; dio inicio con la ruptura del orden constitucional.

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Migración y Remesas


lunes, 14 de diciembre de 2009

Linchamiento y revuelta

14-Dic-2009

El más reciente, ocurrido el jueves, culminó precisamente con varias patrullas destruidas e incluso se le prendió fuego a una.
El 6 de diciembre de 2008 se registró la muerte, a manos de la policía, de un joven griego que participaba en una manifestación estudiantil en su país. Esta acción detonó una movilización violenta de estudiantes que duró varias semanas de disturbios y enfrentamientos entre jóvenes y la policía.
Este escenario, en el que el uso excesivo de la fuerza policial detona una crisis social, no es ajeno a la realidad de nuestro país, y su posibilidad latente debería alertarnos, no para incrementar la capacidad de reacción de las fuerzas públicas, sino con el fin de revertir las condiciones que pueden dar pie a una acción como la que se ha visto en países europeos en los últimos dos años.
En la última semana ha habido tres intentos de linchamiento de presuntos delincuentes, que terminan con fuertes agresiones en contra de las policías. El más reciente, ocurrido el jueves, culminó con varias patrullas destruidas e incluso se le prendió fuego a una de ellas.
Lo sintomático de los intentos de linchamiento es que muestran el nivel de malestar social. No se puede justificar que la población se haga justicia por su propia mano, pero también es cierto que los fenómenos de violencia social responden a todo, menos a la lógica jurídica y del orden público.
Así, lo que me parece que no se ha acabado de comprender a cabalidad es que detrás del intento de linchamiento en contra de los presuntos delincuentes, se trata de un tremendo rechazo a la autoridad. Habla de una profunda desconfianza de la población pero, sobre todo, de un agravio mayor que implica asumir que es la autoridad la que ha provocado los niveles de delincuencia, ya sea por omisión o, peor todavía, por complicidad.
No es menor que una turba intente asesinar a golpes a un integrante de la policía. Se supone que, en una sociedad democrática, formar parte de cualquier corporación policiaca es sinónimo de confianza ciudadana.
En México ocurre al revés. Roy Campos presentó en 2008 una encuesta en la que muestra que, entre 14 instituciones evaluadas, la policía se sitúa en el peor lugar, el 12, con una calificación de 5.9 en una escala de 10, en el índice de la confianza ciudadana.
Se ha dicho que en México es posible un estallido social y que una revuelta es probable en la medida en que se agudicen los indicadores de rezago de la sociedad y de fractura de la cohesión social.
Ante ello, es preciso destacar que los datos sobre la pobreza en México, que fueron dados a conocer por el Coneval el jueves 10 de diciembre, deberían constituir un signo de alerta porque, aun sin recoger el severo impacto que la crisis económica tuvo en el bienestar de los mexicanos en 2009, son una evidencia mayor de que las cosas no están funcionando bien.
No es con discursos como se van a solucionar nuestros problemas. Se requiere reconocer que la calidad de los servicios sociales es muy mala; que hay rezagos inaceptables en cobertura; que la economía no es capaz de generar empleos, y que la política económica no está diseñada para la redistribución justa del ingreso.
Ante esta realidad, el desgaste de las autoridades resulta evidente. Por ello se puede afirmar que, en los intentos de linchamiento que hemos visto, la revuelta ya comenzó. Lo urgente es evitar que se desborde y la mejor manera de hacerlo consiste en generar justicia e inclusión social.
No es con discursos como se van a solucionar nuestros problemas. El desgaste de la autoridad es evidente.
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martes, 8 de diciembre de 2009

La pobreza y los drechos humanos

Lunes, 07 de diciembre 2009

Tan importante es la garantía de la libertad de expresión como el cumplimiento del derecho a la educación.
Vivir en la pobreza implica ser víctima de la violación de diferentes derechos humanos. En efecto, carecer de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, vestido y transporte, por citar sólo algunas dimensiones, implica el incumplimiento de los derechos humanos.
Por esta razón, resulta cuestionable la actual tendencia a medir y, con base en cálculos matemáticos, sostener que hay tres tipos de pobreza, a saber, de acuerdo con las mediciones del Coneval, pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio.
Desde mi punto de vista, la segmentación de la pobreza con base en criterios basados en niveles carenciales es contraria a una noción comprensiva de los derechos humanos porque, en sentido estricto, ninguno de los derechos podría superponerse o ser considerado con un mayor rango de importancia que los demás.
Lo anterior implica reconocer una relación de interdependencia de los derechos humanos: es decir, tan importante resulta la garantía de la libertad de expresión como el cumplimiento del derecho a la educación, a la salud o a la vivienda digna, porque el incumplimiento de uno de ellos alteraría el cumplimiento o la afectación al cumplimiento de los demás.
Tengo la impresión de que la medición de la pobreza, basada estrictamente en la estimación de ingresos insuficientes para adquirir cierto nivel de satisfactores, responde a una visión, del poder y de la política, desde la cual las personas somos percibidas como fragmentadas o, peor aún, hemos sido reducidas a la tan temida unidimensionalidad advertida por Marcuse en la década de los 60.
Considerar que se es “relativamente menos pobre” cuando se sitúa a una persona en pobreza patrimonial, frente a una en pobreza de capacidades, constituye un grave error conceptual, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues implica de inmediato asumir que la garantía de la educación, la salud y la alimentación es más relevante que la garantía de una vivienda decorosa, de un trabajo digno o de un medio ambiente sano.
Un debate que parta de estas consideraciones y profundice en el mandato que la ley le da al Coneval en materia de evaluación de la política social y en medición de la pobreza, es indispensable porque el impacto que esto tendría en el diseño de las políticas y programas para el desarrollo social sería mayor.
No es lo mismo construir un programa que impacte sobre todo en los indicadores considerados como estratégicos en la medición de la pobreza cuando ésta se considera como insuficiencia de
ingresos, que diseñar uno que exigiría una política pública anclada en la noción del cumplimiento universal, transversal y simultáneo de los derechos humanos.
Asumir una definición de la pobreza, orientada en función del grado de incumplimiento de los derechos humanos, permitiría incluso transitar hacia lo que muchos hemos exigido desde hace años: de un modelo de gobierno reducido a la gerencia de programas y a la mínima regulación de los sectores estratégicos para el Estado, a un modelo de gobierno que busca garantizar los derechos humanos y para lo cual diseña instituciones fuertes capaces de orientar y establecer la rectoría estatal en sectores clave para el desarrollo.
El Día Internacional de los Derechos Humanos, cada 10 de diciembre, debería ser un motivo de convocatoria para reabrir el debate académico y político sobre cómo entender la pobreza, porque de ello depende, en buena medida, la capacidad de transformar a las instituciones con la finalidad de garantizar inclusión, equidad y justicia social.
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lunes, 30 de noviembre de 2009

Una convocatoria limitada

Lunes, 30 de noviembre 2009

El discurso oficial sobre la pobreza parece asumir que, una vez nombrándola, ésta va a ser exorcizada.
La propuesta de combate a la pobreza presentada esta semana por el gobierno federal sorprendió a todos, por una visión en que redujo lo social y porque está sustentada en un diagnóstico cuestionable, antes que en un acuerdo político previo de largo alcance.
El discurso oficial sobre la pobreza parece asumir que, una vez nombrándola, ésta va a ser exorcizada; es decir, por reconocer que hoy tenemos casi cinco millones más de pobres alimentarios que en 2006, el problema está ya resuelto y se trata únicamente de seguir por donde vamos.
Una convocatoria a superar la pobreza que no incluye una reforma al sistema educativo nacional, a fin de garantizar, no sólo la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes, sino que garantice su calidad y oportunidad, constituye un despropósito que, sobre todo, ofende a un país agraviado por las desigualdades. En esa lógica, una propuesta social que no tenga como meta, con fechas precisas, elevar nuestro promedio educativo nacional a 15 años de escolaridad, no es viable.
Llamar a superar la pobreza sin reconocer que los bienes y servicios públicos no son de la calidad necesaria, sobre todo en materia de infraestructura y equipamiento de las unidades básicas de salud, constituye un llamado vacío.
Convocar a una propuesta social, sin reconocer la existencia de lo que Rolando Cordera llama un “federalismo salvaje”, caracterizado por la falta de coordinación y de complementariedad entre ordenes de gobierno, es errático.
Una política social que no incorpora nuevas estrategias y políticas para enfrentar los dilemas de la subjetividad, de la salud mental, de la acelerada transformación de las estructuras familiares y de los hogares, constituye una visión incompleta.
Una visión de lo social incapaz de generar integralidad entre la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria, es una visión incapaz de construir una nueva generación de instituciones sociales para enfrentar los problemas de nuestro tiempo.
Decirnos, en resumen, que la pobreza y la desigualdad serán superadas únicamente con los programas que opera y coordina la Sedesol, parece más un evento estrictamente mediático que una propuesta para articular el esfuerzo de toda la nación con el objetivo de abatir los dos rezagos que mayor vergüenza deberían causarnos a 100 años de la Revolución y 200 de la Independencia.
Urge construir un nuevo diálogo nacional público, pero esto es imposible cuando desde la Presidencia se pronuncian soliloquios disfrazados de convocatorias públicas. Ante un anuncio de esta magnitud, vale preguntarse: ¿por qué si el Coneval ha anunciado que entre el 8 y el 15 de diciembre se darán a conocer las nuevas mediciones multidimensionales de la pobreza, no se decidió convocar, con esas nuevas evidencias, a un diálogo franco sobre cómo construir nuevas alternativas para la justicia social?
Pensar que solamente con programas de asistencia social, bajo el esquema de las transferencias condicionadas, bastará para superar los rezagos estructurales, es sinónimo de un salto al vacío.
Antes de asumir que hay verdades incuestionables en lo social y paradigmas inamovibles deberíamos transitar hacia una reflexión compartida en la que se parta de la realidad de que hay distintas posturas en lo social y ninguna puede ser relegada si se quiere construir de verdad un país incluyente.
Una política económica así necesita, sin embargo, nuevas reglas de diálogo; nuevas estructuras y métodos para generar acuerdos; nuevas capacidades con miras al acuerdo político a favor de las mayorías y, sobre todo, una actitud ética que hoy parece ausente en los principales espacios de decisión del país.
Es urgente construir un nuevo diálogo nacional público.
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lunes, 9 de noviembre de 2009

Difíciles días para la República

Lunes, 09 de noviembre, 2009


Podemos seguir construyendo “megaproyectos” tales como autopistas, grandes presas, puentes, edificios, pero con ello la pobreza y la desigualdad apenas si se verán reducidas marginalmente.

La discusión que se ha dado en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 ha puesto en evidencia una vez más la polarización existente, no sólo entre los distintos partidos políticos, sino en su interior.

Se ha hecho evidente también la fractura que divide al gabinete presidencial en cuanto a visión económica y social, y un extravío en torno a qué país queremos hoy y qué país habremos de tener en el futuro.

En este contexto, la discusión sobre el PEF ha sido reducida, en la mayoría de los casos, a una cuestión de disputa de intereses de grupo, antes que una reflexión mesurada sobre cuáles han de ser las prioridades nacionales.

No se ha comprendido que esta crisis es de tal magnitud, al tratar de la suma de otras (la ecológica, la del empleo, la de las migraciones y, con ella, la de las identidades), que no se podrá simplemente asumir que regresamos al lugar previo a que estallara la “turbulencia financiera.

Reconocer esta cuestión implica saber que se necesita otro modo de concebir al desarrollo; por lo que no puede pretenderse simplemente que se trata de hacer más con lo que tenemos, como tampoco puede creerse que mejorando lo que se venía haciendo será suficiente.

Lo social no es “una cosa” que se ajusta de acuerdo con variables económicas. Esto es, cuando una familia pierde su patrimonio; cuando alguno de sus miembros sufre una enfermedad crónica o una discapacidad o cuando conoce el mundo de la carencia absoluta, no es dándoles más ingreso como se puede resarcir el daño o se van a “equilibrar” las agendas de la subjetividad que se han visto afectadas o recrudecidas en estos momentos.

Hace falta mucha inteligencia social para comprender que la inversión en infraestructura no bastará para lograr que nuestro país crezca con el objetivo de reducir sostenida y significativamente la pobreza. Es más, debería comprenderse que la inversión no puede seguir con las tendencias y los ritmos con los que se venía haciendo para detonar la infraestructura social.

Empero, comprender estas cuestiones implica asumir que de lo que se trata es de reinventar al gobierno para que sea capaz de promover crecimiento económico con el fin central de garantizar equidad y, con ello, modificar las prioridades de la inversión pública.

Podemos seguir construyendo “megaproyectos” tales como autopistas, grandes presas, puentes, edificios, pero con ello la pobreza y la desigualdad apenas si se verán reducidas marginalmente.

En cambio, podemos apostar por un desarrollo a la inversa: invertir primero en la gente y garantizarle los derechos que la Constitución nos otorga a todos. Es decir, se trata de garantizar primero los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

La disyuntiva es simple: podemos invertir para intentar abatir el analfabetismo; reducir a cero los pisos de tierra en las viviendas; dotar a todos los mexicanos de agua y drenaje y lograr que al menos 90% de la población de 15 años termine la secundaria en el próximo lustro y con ello dar un salto enorme hacia una sociedad del conocimiento y el bienestar, o seguir invirtiendo para beneficiar a los grupos económicos y políticos que acaparan la mayor parte de la riqueza nacional. Es cuestión, no de perspectivas, sino de posiciones éticas.

Se trata de garantizar primero los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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jueves, 5 de noviembre de 2009

Mortalidad En El País: Cifras Que Pueden Evitarse


La cultura y la cohesión social

Lunes, 02 de noviembre de 2009

El año 2010 es uno simbólico, no sólo por la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, sino porque llegamos a estas fechas en medio de la destrucción del mundo del empleo, así como por una magnitud inimaginada de pobreza, exclusión y marginación social.
Los pueblos ejercen su vocación con base en su historia vivida y pensada; empero, no hay posibilidad de que esta vocación pueda realizarse cuando el proyecto compartido está fracturado.
Resulta preocupante que las celebraciones de la Independencia y la Revolución se estén reduciendo a festejos de traspatio y a la construcción de obras que constituyen verdaderos homenajes a la desigualdad, todos, por lo demás, “bautizados” ligeramente como “obras bicentenario”.
Era difícil prever que una celebración tan importante estaría marcada por una crisis sin precedentes. Pero lo sorprendente no es esto, sino la incapacidad de estar preparados ante un escenario tal, en el que la crispación se encuentra a flor de piel; en donde no hay posibilidad de diálogo y en donde hay una evidente ruptura entre quienes más tienen y los desposeídos.
Hemos dejado de hacernos preguntas fundamentales; una de ellas consiste en cuestionarnos ¿cómo ha sido posible que, en pleno siglo XXI, en nuestro país haya 20 millones de personas con hambre? ¿Cómo es posible que, en medio de la civilización, la injusticia persista?
En donde hay hambre hay siempre descontento. En un contexto polarizado es difícil promover la riqueza espiritual de los pueblos. Como antítesis, se busca que la poesía sea silenciada; se pretende el sometimiento de la filosofía.
Cuando los recursos son escasos, no hay nada peor que vivir el hambre biológica, agudizada por la anemia espiritual. Y nada habla más fuerte sobre la miseria de la política que su renuncia a la educación y a la cultura.
Invertir en ciencia y tecnología es fundamental para transitar hacia lo que se ha denominado las sociedades del conocimiento. Sin embargo, una ciencia sin asideros en las creaciones del espíritu, es una ciencia mutilada y carente de significado social verdadero.
Se ha dado por medir el bienestar social en términos de carencia de recursos; empero, vale la pena preguntar en nuestro contexto, ¿por qué no medirla por el número de bibliotecas públicas, teatros y museos; de poesía y de libros publicados?
Una cultura para la cohesión social es posible; sin embargo, para construirla se requiere transformar la visión y el sentido aspiracional desde el que se toman decisiones.
Esta crisis, que no es sólo económica, debería obligarnos a repensar cómo hacer que lo humano tenga un sentido más profundo; cómo lograr construir gobiernos que tengan como objetivo edificar estructuras de cohesión, cimentadas en una profunda educación para la diferencia, la complejidad y el diálogo honesto.

Por esto es importante que, en estos tiempos aciagos, la clase dirigente se dé cuenta de que destinar la mayor cantidad de recursos posible a la educación y a la cultura es urgente; que no se trata ni de un lujo ni de una inversión; que es una cuestión relacionada con la construcción del presente y la posibilidad de un futuro digno para todos.
Cuando los recursos son escasos, no hay nada peor que vivir el hambre biológica, agudizada por la anemia espiritual.
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martes, 27 de octubre de 2009

lunes, 26 de octubre de 2009

Una agenda nacional secuestrada

Lunes, 26 de octubre 2009


México pierde tiempo valioso en mezquinas discusiones; lo peor es que nada pasa por el Congreso que no lo influencie el Presupuesto.

Cien Años de Soledad es una novela maravillosa en todos sentidos, pero hay uno que vale la pena destacar en estos tiempos aciagos para nuestra República.

En esta novela, un pueblo entero pierde la memoria y, con ella, la capacidad de significar a las cosas. El extraño mal que azota a Macondo no es otro sino el olvido generalizado. Pareciera que México está afectado por ello. No sólo extraviamos nuestra memoria, sino que hemos perdido la capacidad de nombrar a las cosas en su plenitud de significados.

Al hambre le llamamos “pobreza alimentaria”; al desistimiento a la vida lo encasillamos en “estadísticas sobre el suicidio”; a la vida en medio de la mugre, la falta de agua y drenaje le llamamos “marginación”. Hemos convertido a la tragedia en meros datos, y con ello hemos pretendido exorcizar la profunda fractura humana que todo ello significa.

Un país con la mitad de su población en pobreza es inviable. Si se le quiere llamar “Estado fallido” o utilizar otro concepto es lo de menos. Lo que está en juego es la capacidad de reconstruir espiritualmente a la nación y reconstituir valores en la aspiración de ser un pueblo solidario y justo.

El Congreso, que debiera ser una tribuna que hiciera honor a su vocación parlamentaria, se ha convertido en un teatro en donde las funciones cotidianas se desarrollan mediante monólogos que han impedido abrir la agenda de los problemas que es esencial resolver para evitar que la muerte, el hambre y la enfermedad sigan asolando a los más pobres.

Si el dilema ético que más puede confrontar a un país es el hambre masiva, no puede comprenderse que año con año la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación se desarrolle con base en un intenso cabildeo de los intereses representados en el Congreso, mediante la cual la magnitud de los retos nacionales se simplifica, de manera ramplona, en una cuestión de puntos porcentuales.

Este es un problema mayúsculo: no es posible que la ética y la proyección moral de una idea sólida de país se subsuma a un debate entre técnicos de la economía. Es más, una disputa de sumas y restas no puede ser calificada en sentido estricto como debate o diálogo.

El poeta Hölderlin dice bellamente: “Desde que somos un diálogo y podemos oír unos de otros”. Esto es lo que se extravió; renunciamos a ser un diálogo y extraviamos la posibilidad de enriquecer espiritualmente a nuestro pueblo y ahora lo hemos sometido al hambre y la frustración más ingente.

México pierde todos los años tiempo valioso en estas mezquinas discusiones, y lo peor es que nada pasa por el Congreso que no esté influido por el debate sobre el Presupuesto.

Lo que queda claro es que, en la renuncia a seguir siendo diálogo, se ha olvidado la necesidad de construir los espacios y los mecanismos para garantizar que todas las agendas, en particular las más relevantes, tendrán cabida en la justa dimensión que les corresponde, en el debate sobre las cuestiones fundamentales del país.

Nuestra agenda nacional está secuestrada. Nada de lo que se ha dicho del Presupuesto cobra sentido ante severas crisis que nos amenazan día con día: el desempleo, el cambio climático, el hambre, las muertes evitables. Ante todo ello, más nos valdría hacer un alto en el camino y recobrar el sendero que nos lleve a intentar, nuevamente, el ser un diálogo y podamos, en verdad, oír unos de otros.

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miércoles, 21 de octubre de 2009

Lucha Contra El Cáncer: Muertes Que Deben Evitarse


Sociedad polarizada

Lunes, 19 de Octubre 2009

Ninguna sociedad puede avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad si no cuenta con elementos mínimos que la cohesionen. Para ello es fundamental el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios básicos, pero son igual de relevantes los elementos sociales, culturales, lingüísticos y antropológicos que le permiten identificarse con valores y principios compartidos.
A ninguna cultura ni a ningún país le han bastado los motivos económicos para lanzarse a alguna empresa de gran magnitud. En ese sentido, la construcción de la idea de un “nosotros” es tan importante como la garantía del acceso a servicios básicos, el mejoramiento de los niveles salariales y el manejo adecuado de la macroeconomía.
El problema es que la cohesión social, entendida como el reconocimiento común de valores y principios, así como de visiones distintas que pueden coincidir para cimentar a un país que hace de sus diferencias su mayor riqueza, no es posible si hay violencia generalizada, miedo, encono y desigualdad.
Aun cuando no existen instrumentos para comprender a cabalidad procesos tan complicados como la envidia o el resentimiento social, puede percibirse en nuestro país un clima de encono; una tendencia al revanchismo en todos los sectores y niveles sociales y una clara división, desde la percepción que tienen las personas de sí mismas, entre ricos y pobres.
El reciente caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro es ejemplo de este clima de polarización social. Más allá de las razones técnicas que se han esgrimido desde el gobierno federal, lo evidente es que hay un clima mediático de linchamiento en contra de todo lo que puedan significar disenso y diferencia.
De otra parte, las consignas y los argumentos que se expresan desde la movilización social tienen que ver con posiciones muchas veces irracionales, que reducen a la realidad a una lucha entre despojados y explotadores, con niveles de violencia y agresividad que pueden llegar a salirse de control en cualquier momento.
El clima de violencia que se vivió en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, en el que se vio a jóvenes furiosos enfrentando a la policía y destruyendo lo que se les ocurría que representa al imperialismo, la burguesía, el poder infame y a todas las posibles formas de explotación social, es otra muestra del encono y del clima de confrontación en que vivimos.

Desde mi perspectiva, no se trata de tomar partido a favor de una u otra posición; en todo caso, lo importante sería reconocer que en el fondo está una abismal desigualdad que ha impedido tender puentes para el diálogo y la conciliación nacionales.
Es imposible generar proyectos sociales de gran envergadura en un país en el que, según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2008, en ese año, 11% de la población nacional fue víctima de algún delito; en el que hay 20 millones de personas con hambre; en el que la desigualdad en los ingresos se agudizó en los dos últimos años; y en el que siguen existiendo personas que no tienen acceso a la educación, a la salud y a las condiciones mínimas para insertarse a un puesto de trabajo digno.
México no puede seguir con el extravío de proyecto en el que se encuentra y no es posible que sigamos avanzando sin rumbo y sin la audacia de pensar, como una cuestión aspiracional, en dónde queremos estar en los próximos 50 años.
Los ideales de libertad y justicia social, que inspiraron a la Independencia y al movimiento revolucionario de 1910, no pueden ser tomados sólo como meros referentes del pasado; recuperarlos en un sentido profundo permitiría, quizá, empezar a generar acuerdos elementales que permitan reconciliarnos y construir un país incluyente, si comenzamos por saldar la deuda con los más necesitados.
Debemos reconocer que la celebración del Bicentenario y del Centenario se ha reducido a una feria de construcciones de monumentos a la desigualdad y que hemos perdido tiempo valioso, ante el cual podemos aún construir los acuerdos con miras a resolver los dilemas de la pobreza y la exclusión social, que incluso hace 100 años hubiese sido difícil imaginarlos.
México no puede seguir con el extravío de proyecto en el que se encuentra.
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lunes, 12 de octubre de 2009

El uso político de lo social

México ha retrocedido 15 lugares en la escala mundial en dos décadas, pues en la medición de 1990 aparecía en el sitio 38 y, en la de 2009, en el 53.
En medio de la profunda crisis que padecemos, el gobierno federal decidió festejar el hecho de que, según su interpretación, México avanzó un lugar en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2009.
Como en casi todos los temas, la Presidencia llegó una vez más tarde con su declaración, lo cual, sumado a la manipulación de los datos y las conclusiones que de ella extrae, convierten en un despropósito su intento de hacer ver que el país iba bien, pero lamentablemente la crisis se nos atravesó.
La percepción oficial es equivocada, por lo que el Presidente debería llamar a cuentas a quien le convenció de que lo hecho fue lo adecuado, porque lo hizo mentir y lo llevó a la utilización, incluso de la ONU, para fortalecer una estrategia mediática que busca a toda costa negar lo que, todos los días y por todos lados, millones de mexicanas y mexicanos padecen: hambre, desigualdad, exclusión, enfermedad y muertes evitables.
Los asesores del mandatario sabían perfectamente que los datos con que se construyó el Informe sobre el Desarrollo Humano 2009 corresponden a 2007, cuando aún la crisis económica no había estallado, y en evidencia, el país, aun cuando raquíticamente, tenía una cierta dinámica de crecimiento económico.
Saben perfectamente también que los índices del desarrollo humano, por los cambios en la metodología, los indicadores y la incorporación de más países a la lista de medición, hacen que sea incomparable año con año y, en consecuencia, se vuelve imposible metodológicamente establecer patrones de progreso entre cada uno de los índices.
De hecho, según el Informe sobre el Desarrollo Humano 2008, “es posible que no se puedan comparar las estadísticas presentadas en distintas ediciones del Informe. Por este motivo, la Oficina encargada del Informe sobre el Desarrollo Humano recomienda decididamente abstenerse de realizar análisis de tendencias basándose en datos procedentes de distintas ediciones del Informe. Tampoco se pueden comparar los valores y posiciones en distintas ediciones del IDH”.
De no ser así, lo que podría afirmarse es que México ha retrocedido 15 lugares en la escala mundial en dos décadas; pues en la medición de 1990 aparecía en el sitio 38 y, en la de 2009, en el 53. Y si se analiza con cuidado la serie de Informes sobre el Desarrollo Humano, debido a la incorporación de variables, habría no sólo retrocesos en la posición relativa del país, sino en el valor del índice, pues en 1995 el registrado era de .842, mientras que, en el año 2000, el indicador resultó de .793, mientras que en 2009 fue de .854. Esto implicaría que apenas llegamos una vez más al valor del índice de 1992, pues es la línea base de información que se usó para construir el Informe de 1995.
Es evidente que la Presidencia intentó usar a la ONU como autoridad irrebatible de su estrategia mediática y sostener que, a pesar de los 2.8 millones de desempleados que reporta el INEGI y los 19.2 millones de personas con hambre que contabilizó el Coneval en 2008, todo va bien, y que sólo es cuestión de esperar 30 años más para que, ahí sí, ceteris paribus, logremos abatir la pobreza extrema en México.
Lo éticamente inadmisible de este uso político de la información es que se desvirtúe un instrumento que permite valorar ciertos avances en la generación del bienestar y que, con base en ello, pretenda engañarse al país, apelando al uso efectista del anuncio presidencial en todos los medios de comunicación.

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jueves, 8 de octubre de 2009

lunes, 5 de octubre de 2009

Sin rumbo

Lunes, 5 de octubre 2009

La pobreza de hoy tiende al salvajismo. Se trata de la indolencia ante quien vive el hambre como realidad cotidiana; y frente a quienes mueren de enfermedades curables.

Por todos es sabido que la política social no alcanza para abatir por sí misma ni a la pobreza ni mucho menos a la desigualdad. Si no se comprende que la política económica es en el fondo política social, entonces los problemas y los rezagos estructurales que venimos arrastrando casi ancestralmente se mantendrán, en ocasiones atenuados, en ocasiones matizados, sin embargo nunca resueltos.

A menos de un año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución se ha olvidado el anhelo de quienes construyeron estas gestas libertarias: moderar la opulencia en los ideales de Morelos; construir justicia social y democracia, en los ideales de la Revolución Mexicana.

La pobreza de hoy tiende al salvajismo. Se trata de la indolencia ante quien vive el hambre como realidad cotidiana; y frente a quienes mueren de enfermedades curables. Hay en esa lógica una categoría olvidada: la de la exclusión social; que implica expulsar a las personas de los sistemas institucionales para la garantía de los derechos humanos.

Los programas sociales con que contamos constituyen en el mejor de los casos un sistema de emergencia que sigue atendiendo a los damnificados del desastre económico que vivimos, desde que extraviamos, hace más de 15 años, la capacidad de generar empleos.

De este modo, la tecnocracia gobernante, pública y privada, convirtió en permanente lo que debía tener un carácter estrictamente temporal: asistir a los pobres con recursos para la subsistencia. El corolario de este esquema nunca se realizó: construir un modelo económico con la capacidad suficiente de absorber e incluir al mundo del trabajo digno a los millones de jóvenes que año con año engrosan las filas de la población económicamente activa.

Por ello, pretender revertir la pobreza sin generar un modelo de crecimiento para la equidad constituye un despropósito mayor, porque implica evadir la discusión sobre cómo generar empleos dignos y centrarla exclusivamente en cómo paliar los efectos de un esquema de desarrollo económico diseñado para la desigualdad.

Mientras el desempleo siga siendo la constante de la economía, la informalidad crezca y persistan modalidades aberrantes del mundo laboral, tales como el trabajo infantil o la desigualdad estructural entre los ingresos que perciben hombres y mujeres, la pobreza seguirá siendo la única realidad cotidiana posible para millones de mexicanos.

Las cifras de la ENOE 2009 son contundentes. Al segundo trimestre de este año, el número de personas desocupadas fue de 2.3 millones, y al cierre de septiembre la cifra se estima en 2.8 millones. La precarización del empleo continúa: la cantidad de personas que perciben menos de un salario mínimo creció, del segundo trimestre de 2008 al segundo trimestre de 2009, de 5.28 a 5.62 millones. Por si fuera poco, también se redujo el número de personas ocupadas con acceso a servicios de salud, pues en el periodo señalado la cifra pasó de 15.8 a 15.4 millones.

El problema es la política económica de este país, que ha renunciado a construir equidad desde la economía política, es decir, desde criterios justos de distribución de la riqueza, por ejemplo, mediante la generación de empleos dignos y la universalización gratuita de la educación y la seguridad social, lo cual implicaría no sólo una reforma fiscal, sino alterar las lógicas de concentración del ingreso que mantienen la profunda desigualdad que hay en México.

Al segundo trimestre de este año, el número de personas desocupadas fue de 2.3 millones.

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