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lunes, 30 de noviembre de 2009

Una convocatoria limitada

Lunes, 30 de noviembre 2009

El discurso oficial sobre la pobreza parece asumir que, una vez nombrándola, ésta va a ser exorcizada.
La propuesta de combate a la pobreza presentada esta semana por el gobierno federal sorprendió a todos, por una visión en que redujo lo social y porque está sustentada en un diagnóstico cuestionable, antes que en un acuerdo político previo de largo alcance.
El discurso oficial sobre la pobreza parece asumir que, una vez nombrándola, ésta va a ser exorcizada; es decir, por reconocer que hoy tenemos casi cinco millones más de pobres alimentarios que en 2006, el problema está ya resuelto y se trata únicamente de seguir por donde vamos.
Una convocatoria a superar la pobreza que no incluye una reforma al sistema educativo nacional, a fin de garantizar, no sólo la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes, sino que garantice su calidad y oportunidad, constituye un despropósito que, sobre todo, ofende a un país agraviado por las desigualdades. En esa lógica, una propuesta social que no tenga como meta, con fechas precisas, elevar nuestro promedio educativo nacional a 15 años de escolaridad, no es viable.
Llamar a superar la pobreza sin reconocer que los bienes y servicios públicos no son de la calidad necesaria, sobre todo en materia de infraestructura y equipamiento de las unidades básicas de salud, constituye un llamado vacío.
Convocar a una propuesta social, sin reconocer la existencia de lo que Rolando Cordera llama un “federalismo salvaje”, caracterizado por la falta de coordinación y de complementariedad entre ordenes de gobierno, es errático.
Una política social que no incorpora nuevas estrategias y políticas para enfrentar los dilemas de la subjetividad, de la salud mental, de la acelerada transformación de las estructuras familiares y de los hogares, constituye una visión incompleta.
Una visión de lo social incapaz de generar integralidad entre la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria, es una visión incapaz de construir una nueva generación de instituciones sociales para enfrentar los problemas de nuestro tiempo.
Decirnos, en resumen, que la pobreza y la desigualdad serán superadas únicamente con los programas que opera y coordina la Sedesol, parece más un evento estrictamente mediático que una propuesta para articular el esfuerzo de toda la nación con el objetivo de abatir los dos rezagos que mayor vergüenza deberían causarnos a 100 años de la Revolución y 200 de la Independencia.
Urge construir un nuevo diálogo nacional público, pero esto es imposible cuando desde la Presidencia se pronuncian soliloquios disfrazados de convocatorias públicas. Ante un anuncio de esta magnitud, vale preguntarse: ¿por qué si el Coneval ha anunciado que entre el 8 y el 15 de diciembre se darán a conocer las nuevas mediciones multidimensionales de la pobreza, no se decidió convocar, con esas nuevas evidencias, a un diálogo franco sobre cómo construir nuevas alternativas para la justicia social?
Pensar que solamente con programas de asistencia social, bajo el esquema de las transferencias condicionadas, bastará para superar los rezagos estructurales, es sinónimo de un salto al vacío.
Antes de asumir que hay verdades incuestionables en lo social y paradigmas inamovibles deberíamos transitar hacia una reflexión compartida en la que se parta de la realidad de que hay distintas posturas en lo social y ninguna puede ser relegada si se quiere construir de verdad un país incluyente.
Una política económica así necesita, sin embargo, nuevas reglas de diálogo; nuevas estructuras y métodos para generar acuerdos; nuevas capacidades con miras al acuerdo político a favor de las mayorías y, sobre todo, una actitud ética que hoy parece ausente en los principales espacios de decisión del país.
Es urgente construir un nuevo diálogo nacional público.
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