Excélsior, 27/01/2014 

El próximo 22 de octubre se cumplirán 200 años de la promulgación de la que puede considerarse nuestra primera Constitución. Convocado por el generalísimo, José María Morelos y Pavón, el Constituyente de 1814, realizado en Apatzingán, Michoacán, representaba la maduración del ideal de contar con una patria propia y de un país en el que las y los mexicanos pudiésemos trazar nuestro propio destino.

Resulta paradójico pensar que, 200 años después, en ese mismo territorio —escenario de muchas de las mejores cualidades militares de Morelos— hoy estemos presenciando un conflicto social en el que parte de lo que podría llamarse “pueblo armado”, está desafiando al poder acumulado por el crimen organizado en la región.

Lo paradójico deviene del hecho de que una Constitución busca no sólo sujetar a los gobernantes a un marco legal, sino también construir un sistema institucional que le da operatividad al mandato de la Carta Magna; por ello, lo que estamos presenciando hoy en Apatzingán, y en otras regiones del país, representa la ruptura del orden institucional y legal.

Ante este desorden, el gobierno de la República ha dado un paso que debe llamar la atención de todos los ámbitos de responsabilidad del Estado, pues lo que se hace evidente es que la estructura institucional con que contamos está desbordada; y que para enfrentar, en este caso el drama michoacano, se ha recurrido al nombramiento de un “comisionado del Gobierno de la República; una figura inédita en la historia de la administración pública nacional.

El fenómeno de las autodefensas y la aguda crisis de Michoacán deberían llevarnos a recuperar el debate que se ha presentado en distintos foros, a fin de discutir cuál es el entramado institucional que requerimos para enfrentar los dilemas sociales, económicos y ambientales del siglo XXI.
El asunto no es menor; hoy se nos revela en la debilitada coordinación entre la Federación, los estados y los municipios; en la corrupción que se ha enquistado en todos los mecanismos para la asignación y acceso a recursos; y en el desbordamiento de las problemáticas sociales frente a la lógica con que fueron creadas la mayoría de las instituciones en el siglo XX.

Es tiempo de recuperar las nociones elementales del desarrollo regional, pero desde el reconocimiento de que somos una sociedad multicultural y diversa; de reconstruir la participación social, pero asumiendo que existen amplias bases sociales vinculadas a diversas formas de ilegalidad; y de fortalecer al federalismo, comprendiendo que en un país fragmentado no puede renunciarse al acompañamiento y auxilio de la Federación.

La cuestión social del siglo XXI nos impone retos gigantescos, que estamos obligados a solucionar desde una perspectiva que garantice viabilidad hacia el futuro; pero siempre cimentados en nuestra historia y en el aprendizaje de lo que significan las luchas y sacrificios que se hicieron en el pasado para darnos el país que hoy tenemos.

Frente a todo esto, recuperar el espíritu de los Sentimientos de la nación debe ser mucho más que un asunto de discursos para eventos conmemorativos. Ante la oportunidad desperdiciada por la pasada administración frente a los llamados “Centenario” y “Bicentenario”, el gobierno del presidente Peña tiene la oportunidad de ser audaz y asumir, de una vez por todas, el reto de recimentar a un Estado de bienestar capaz de ser incluyente y justo para todos.