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martes, 28 de octubre de 2008

Invertir en la gente

27 octubre de 2008

La magnitud de una crisis como por la que estamos atravesando lleva a pensar de inmediato en cómo podemos transitarla de mejor manera y cómo evitar que las familias pierdan no sólo su patrimonio o vean mermadas sus capacidades de ingreso, sino que, derivado de las consecuencias de la crisis, pierdan oportunidades y capacidades para la realización de sus proyectos de vida.

En estos momentos en los que se discute el Presupuesto de Egresos, se ha logrado que los recursos se orienten hacia una mayor inversión pública, dirigida sobre todo a la generación de infraestructura; sin embargo, estas medidas son las que siempre se han originado y era lo mínimo esperable en un escenario internacional de bajo crecimiento y en el que obviamente el sector exportador no es, ni de lejos, la opción para la reactivación económica nacional.

La magnitud de la transformación global que se avecina no puede vislumbrarse aún en todas sus consecuencias y aristas. Por ello debemos ser audaces y asumir posiciones innovadoras en la respuesta a la crisis, desde un país en el que hay mucho que hacer, sí en lo económico, pero sobre todo en lo social.

Tal como se está viviendo esta crisis en países europeos, por citar un caso, es cierto que hay incertidumbre, reducción de bienes y servicios estatales y recortes de presupuesto en los sistemas de protección social; pero también es un hecho que en estos países se mantendrá al menos un mínimo de bienestar garantizado para todas sus poblaciones, fundamentalmente en tres áreas: educación, salud y alimentación, en las que las proyecciones indican que continuarán con coberturas universales y estándares de calidad mínimos.

Aprender de la lección de Europa es importante porque lo que se garantiza a través de la inversión en esas tres áreas fundamentales no sólo es un cierto nivel de vida, sino sobre todo la posibilidad de mantener grados importantes de cohesión social. En efecto, no hay nada con mayor poder cohesionador y generador de solidaridad que sistemas universales de salud y educación, así como la disponibilidad de alimentos en un contexto de seguridad alimentaria.

Ante el diagnóstico que presentó esta semana la OCDE, en el que México aparece una vez más como el último lugar de los países que la integran, en materia de pobreza y desigualdad, lo claro es que tenemos que avanzar en la modificación de los factores que han permitido la ampliación constante de la brecha que separa a los más ricos de los más desfavorecidos.

En esa lógica, además del programa de infraestructura que se ha planteado desde el gobierno federal, debe generarse un intenso programa de becas escolares, para todos los niveles educativos y evitar con ello que más jóvenes, niñas y niños vean incumplido su derecho a la educación. Además, debemos impulsar un gran programa de construcción de universidades y bachilleratos, a fin de llegar lo más rápido posible a coberturas universales en todos los niveles de la enseñanza.

El hecho de que sólo tres de cada diez jóvenes entre los 18 y los 24 años cursen estudios superiores, que tengamos una cobertura de bachillerato por debajo de 60% y que la deserción en tercero de secundaria sea cercana a 30% son datos que ratifican la necesidad de modificar nuestras estrategias educativas y, desde luego, las sociales.

Además de este programa de becas debemos construir en los próximos dos años un seguro de cobertura universal para el acceso a servicios de salud y con ello evitar la presencia masiva de gastos catastróficos que, en medio de una espiral inflacionaria como la que parece avecinarse, con poco crecimiento económico y altos índices de desempleo, puede llevar a la ruina, no sólo a miles de familias, sino incluso poner en mayor crisis y tensión a toda la sociedad.

Pensar así significa modificar incluso los conceptos del PEF y cambiar la categorización de las partidas, de una noción de “gasto”, a una posición en la que la salud y la educación sean concebidas como mecanismos de inversión social pública, que seguramente derivarán en mayor competitividad social, mayor competitividad económica y, sobre todo, mucho mayores posibilidades para la convivencia y la cohesión social.

Hemos privilegiado en las últimas décadas la inversión en infraestructura, pero olvidamos invertir en lo más importante: la generación de capacidades y el cumplimiento de los derechos sociales que la Constitución nos otorga y reconoce. Es tiempo de modificar el rumbo y sin duda tiempo de privilegiar la inversión para que la actual generación de mexicanos pueda desarrollar mayores capacidades con el fin de ejercer la ciudadanía, asumir mayores responsabilidades sociales y participar activamente en el desarrollo social y humano de nuestro país.

miércoles, 22 de octubre de 2008

lunes, 20 de octubre de 2008

Rescatar las instituciones

20 de octubre de 2008
Douglas North explica con claridad que las instituciones en una sociedad democrática son el equivalente a las “reglas del juego”. En esa lógica, las instituciones determinan los criterios fundamentales sobre los cuales se construyen consensos y se toman decisiones en el marco de lo que establecen las leyes.

Una sociedad plenamente democrática es, desde esta perspectiva, aquella en la que las instituciones están diseñadas no sólo con criterios de racionalidad, funcionalidad y eficacia, sino sobre todo con base en capacidades para el establecimiento de equilibrios y contrapesos con el fin de evitar que unos cuantos se beneficien en detrimento de todos.

La discusión sobre lo que es justo en las sociedades contemporáneas pasa entonces necesariamente por la definición de los arreglos constitucionales fundamentales y de ello deriva la clarificación de cuáles son los ámbitos de intervención de las autoridades públicas y cuáles los márgenes y espacios para la libre acción de los individuos.

Estas consideraciones son relevantes de cara a la crisis global que enfrentamos y, desde luego, en función del impacto que tendrá para nuestro país, pues abre una coyuntura en la que tenemos la responsabilidad de reflexionar y de discutir sobre nuestro marco institucional.

Una cuestión que debe plantearse en este contexto es si las instituciones con que contamos permiten enfrentar con relativo éxito la modificación estructural del sistema financiero y económico global que se avecina. Al respecto hay que decir que, a pesar de las fortalezas que aún tenemos, el entramado institucional vigente es producto de un modelo del poder y de la administración del poder propios del siglo XX, así como producto de un sistema político vertical.

Con base en esta consideración, es válido sostener que se requiere un nuevo entramado institucional, que en esta ocasión sea construido con base en las dos reglas de oro de la democracia: la lógica del consenso y la primacía del mejor argumento, lo cual, a su vez, exige una tercera dimensión que tiene como referente una posición ética de pleno compromiso social.

Con base en lo anterior, vale decir que el desatino de la respuesta gubernamental ante la emergencia de la crisis no se encuentra sólo en la medición tardía de los tiempos, sino sobre todo en no haber logrado generar un proceso, en tres momentos, que aún pueden desarrollarse para enfrentar lo que viene:

Primero: generar acciones pertinentes con el fin de contener la crisis, evitar que el hambre y la enfermedad se recrudezcan por la falta de ingresos y, simultáneamente, evitar que más niñas, niños y jóvenes dejen la escuela por el probable incremento de la pobreza en sus hogares.

Segundo: desarrollar una nueva estrategia de reactivación económica a través de la creación de empleo; esto puede lograrse empezando con la reorientación del Presupuesto y de la inversión pública.

Tercero: asumir que el gobierno deberá redefinir su estrategia de cara a los cuatro años restantes de la presente administración, en el entendido de que las condiciones que hoy vivimos son radicalmente distintas de las que existían al inicio del sexenio.

Estas acciones debieran servir como base para preparar la convocatoria a lo que muchos hemos llamado “un nuevo pacto social”, planteamiento que conduce nuevamente a lo escrito al inicio del artículo: las acciones de este gobierno deberían comenzar a considerarse como el fundamento de una nueva transición política y económica, desde la cual podamos construir nuevas instituciones, es decir, reglas de juego que nos permitan actuar asertivamente en el marco de una nueva globalidad pero que, sobre todo, ayuden a transformarnos en un país con desarrollo y socialmente incluyente.

Ahora que están de moda los “rescates” es deseable que podamos invertir energías, capacidades y recursos en el rescate de aquello que, sobre todas las cosas, puede darnos viabilidad y sentido como país: un nuevo entramado institucional que tenga como metas fundamentales e irrenunciables la justicia y la equidad.

miércoles, 15 de octubre de 2008

Crisis y Pobreza: el reto de la política social


Crecimiento cero

13 de octubre de 2008
La proyección que se hizo para este año en el sentido de que veríamos por primera vez en mucho tiempo la generación de 800 mil empleos se ha esfumado y se ha reducido dramáticamente a una suma de sólo 300 mil. El peso se ha devaluado una vez más frente al dólar y las perspectivas de la crisis mundial no permiten asumir miradas optimistas.
En ese sentido, aun con las acciones emergentes que se han anunciado para enfrentar la crisis el crecimiento esperado en algunos sectores de la economía nacional en 2009 es de 0% y hacen pensar que en el año que viene se crearán, en el mejor escenario, otros 300 mil empleos permanentes.
Un ejercicio aritmético básico permite prever que en sólo dos años estaremos sumando cundo menos 1.4 millones de desempleados que se adicionarán a los ya millones que no cuentan con empleos formales y cada vez más engrosan las filas de la economía informal, y otros que incluso pueden verse tentados a sumarse a actividades delictivas.
Quizá lo más grave de estas cifras es que en esta nueva crisis global no contaremos con la “válvula de escape” de la migración y su correlato en el envío masivo de remesas, a través de la cual, en los últimos siete años, cerca de 500 mil mexicanos salían hacia Estados Unidos a emplearse en los sectores de la construcción y en la agricultura, que son precisamente dos de los más afectados por la crisis que se vive en aquel país.
Frente a ello, la economía real no cuenta con la infraestructura suficiente para crecer o reconvertirse de manera acelerada y enfrentar los difíciles años que están por venir, más aún cuando, en las condiciones en las que estamos, las áreas de mayor capacidad de crecimiento económico están en el sector del conocimiento, las cuales requieren de altas dosis de valor agregado, lo que exige de manera previa capacidades educativas, científicas y tecnológicas que hoy estamos muy lejos de tener.
Esta crisis económica, sin embargo, no viene sola, está acompañada de una severa crisis de las identidades, de la que las nuevas generaciones están siendo las principales víctimas: ¿con qué nación puede identificarse, por ejemplo, que 70% de los jóvenes de 18 a 24 años no van a la escuela? ¿Con qué país pueden ser solidarios los más de 50 mil jóvenes de 14 a 17 años que cada año han emigrado en la presente década hacia Estados Unidos?
Estas preguntas debemos plantearlas para tratar de generar alternativas de desarrollo que volteen la mirada hacia lo que nunca debimos dejar de mirar, que es la economía interna y que la que, en todos los casos, permite sortear de mejor manera cualquier crisis.
El Informe Mundial sobre la Situación de la Agricultura y la Alimentación 2008, presentado recientemente por la FAO, nos advierte que la crisis de los alimentos, agravada por la crisis financiera internacional, puede prolongarse, no a 2015, sino hasta 2020. Por su parte, la CEPAL estimaba, antes de la semana que concluyó y en la cual la crisis global se agudizó más allá de lo que todos podíamos prever, que los efectos de ésta ya nos han situado en los niveles de pobreza que teníamos en el año 2000, es decir, caímos a los indicadores que motivaron el establecimiento de las Metas del Milenio y que, al paso que vamos, podrían descender a niveles aún más graves.
Una perspectiva de crecimiento cero exige sin duda el establecimiento de las medidas anunciadas, y de mucho más. Debería situarnos en la perspectiva de un pacto nacional para un nuevo modelo de desarrollo que nos permita abatir la desigualdad y reducir aceleradamente la pobreza.
No se puede asumir que podremos enfrentar lo que ya se perfila como una nueva forma de globalidad con una política económica, y mucho menos con una política social, que fue diseñada, paradójicamente, para enfrentar otra crisis, la de 1995, pero cuya naturaleza y alcances eran otros.
Hasta ahora se ha estado reaccionando a destiempo en las decisiones para modificar las estrategias y acciones del gobierno con el fin de enfrentar la crisis global por la que atravesamos. Y es tiempo de comenzar a reconocer que tiene tal magnitud que tal vez el proyecto inicial de esta administración no pueda realizarse. Si esto sucede así, lo que se requerirá es un nuevo pacto político que incluya a todas las visiones y voces éticamente representativas, a fin de construir un nuevo proyecto de país, para un nuevo contexto internacional cada vez más incierto, inestable y complejo.

martes, 7 de octubre de 2008

lunes, 6 de octubre de 2008

La Otras Agendas

El gobierno federal está atrapado en una agenda monotemática desde hace ya casi ocho meses. Nada que no está relacionado con los asuntos de la seguridad pública cobra notoriedad y mucho menos adquiere dimensión en el marco de la publicidad gubernamental.

Un ejemplo claro se encuentra en el tema de la discriminación. A un mes del sensible fallecimiento del querido Gilberto Rincón Gallardo el gobierno federal no ha nombrado al nuevo titular del Conapred, lo cual no sólo es muestra de un descuido mayúsculo, sino sobre todo del desprecio que parece tener esta administración por agendas estructurales que, más allá de la guerra que se vive contra el narcotráfico, deben atenderse y mejorarse si de verdad se quiere una transformación de largo plazo para nuestro país.

El Conapred es resultado de la lucha de muchas organizaciones de la sociedad civil y de personalidades que, como Gilberto, vivieron en carne propia la discriminación y la intolerancia de una sociedad que, aún hoy, debemos reconocerlo no sin vergüenza, sigue siendo profundamente excluyente y agresiva con los diferentes.

Nuestro mayor problema, se ha dicho hasta el cansancio, está no sólo en la pobreza, sino en la terrible desigualdad que nos divide y polariza. En ese sentido, debe reconocerse que la desigualdad no sólo está determinada por los abismos que separan a quienes reciben más ingresos de los más pobres, sino por actitudes basadas en la intolerancia, el rechazo a quienes piensan distinto y, sobre todo, a quienes viven con alguna discapacidad o bien pertenecen a alguno de los pueblos o comunidades indígenas.

El Conapred, en ese sentido, no sólo debería tener ya a un nuevo presidente, sino que, además, en el Congreso debería haber voces y posiciones para garantizar que tendrá en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos suficientes para diseñar y operar una poderosa política nacional en contra de la discriminación, que dé continuidad a lo que ya se ha logrado, pero al mismo tiempo permita avanzar hacia una estructura institucional de nueva generación, que contribuya al cumplimiento del derecho constitucional que todos tenemos a no ser discriminados.

En México no tenemos estadísticas confiables en ninguna de las áreas de procuración de justicia. En ese sentido, es muy difícil saber cuántos crímenes disfrazados de “pasionales”, “violencia doméstica”, “conflictos interreligiosos”, constituyen en realidad crímenes de odio, los cuales debieran ser comprendidos y dimensionados en su magnitud, a fin de lograr la construcción de una sociedad incluyente y apropiada para todos.

Además de esta agenda, hay muchas otras que desde el sector salud simplemente se abandonaron: la salud mental, por ejemplo, es un tema ya muy lejano en las declaraciones públicas del gobierno y también del debate parlamentario, cuando se trata de una de las agendas más preocupantes ante la realidad que enfrentan los jóvenes del país; en efecto, para el grupo de edad de los 14 a los 29 años, las principales causas de muerte están en los homicidios, los suicidios, los accidentes de tráfico, los tumores malignos y, ya en quinto lugar, el VIH-sida.

Las encuestas impulsadas recientemente por la Subsecretaría de Educación Media Superior y el Conadic, en materia de violencia en las escuelas del nivel del bachillerato y en cuanto a adicciones nos muestran cómo esas dos agendas tienen una magnitud que bien puede calificarse como una “pandemia”, que requiere todo el esfuerzo público para atenderse y revertirse y, en esa lógica, no se perciben esfuerzos de comunicación de lo social desde el gobierno para generar capacidades con miras a una sociedad convivencial, una cultura de la paz y una vida plena libre de adicciones.

No hay ninguna eficacia en el combate al crimen organizado con una publicidad gubernamental que nos anuncia la captura de “lugartenientes y sicarios”. Sí podría haberla, al menos como intentos novedosos, en una nueva comunicación que le dé a la gente información adecuada para una toma de decisiones inteligente.

Éstas y otras agendas parecen estar guardadas, en el mejor de los casos, en el baúl de los recuerdos. Mientras tanto, la discriminación, la intolerancia y el clima de violencia social que vivimos sigue generando miles de muertes evitables al año, muertes que no deberían ser y ante las cuales no tenemos todavía respuestas institucionales adecuadas.
http://www.exonline.com.mx