20 de octubre de 2008
Douglas North explica con claridad que las instituciones en una sociedad democrática son el equivalente a las “reglas del juego”. En esa lógica, las instituciones determinan los criterios fundamentales sobre los cuales se construyen consensos y se toman decisiones en el marco de lo que establecen las leyes.
Una sociedad plenamente democrática es, desde esta perspectiva, aquella en la que las instituciones están diseñadas no sólo con criterios de racionalidad, funcionalidad y eficacia, sino sobre todo con base en capacidades para el establecimiento de equilibrios y contrapesos con el fin de evitar que unos cuantos se beneficien en detrimento de todos.
La discusión sobre lo que es justo en las sociedades contemporáneas pasa entonces necesariamente por la definición de los arreglos constitucionales fundamentales y de ello deriva la clarificación de cuáles son los ámbitos de intervención de las autoridades públicas y cuáles los márgenes y espacios para la libre acción de los individuos.
Estas consideraciones son relevantes de cara a la crisis global que enfrentamos y, desde luego, en función del impacto que tendrá para nuestro país, pues abre una coyuntura en la que tenemos la responsabilidad de reflexionar y de discutir sobre nuestro marco institucional.
Una cuestión que debe plantearse en este contexto es si las instituciones con que contamos permiten enfrentar con relativo éxito la modificación estructural del sistema financiero y económico global que se avecina. Al respecto hay que decir que, a pesar de las fortalezas que aún tenemos, el entramado institucional vigente es producto de un modelo del poder y de la administración del poder propios del siglo XX, así como producto de un sistema político vertical.
Con base en esta consideración, es válido sostener que se requiere un nuevo entramado institucional, que en esta ocasión sea construido con base en las dos reglas de oro de la democracia: la lógica del consenso y la primacía del mejor argumento, lo cual, a su vez, exige una tercera dimensión que tiene como referente una posición ética de pleno compromiso social.
Con base en lo anterior, vale decir que el desatino de la respuesta gubernamental ante la emergencia de la crisis no se encuentra sólo en la medición tardía de los tiempos, sino sobre todo en no haber logrado generar un proceso, en tres momentos, que aún pueden desarrollarse para enfrentar lo que viene:
Primero: generar acciones pertinentes con el fin de contener la crisis, evitar que el hambre y la enfermedad se recrudezcan por la falta de ingresos y, simultáneamente, evitar que más niñas, niños y jóvenes dejen la escuela por el probable incremento de la pobreza en sus hogares.
Segundo: desarrollar una nueva estrategia de reactivación económica a través de la creación de empleo; esto puede lograrse empezando con la reorientación del Presupuesto y de la inversión pública.
Tercero: asumir que el gobierno deberá redefinir su estrategia de cara a los cuatro años restantes de la presente administración, en el entendido de que las condiciones que hoy vivimos son radicalmente distintas de las que existían al inicio del sexenio.
Estas acciones debieran servir como base para preparar la convocatoria a lo que muchos hemos llamado “un nuevo pacto social”, planteamiento que conduce nuevamente a lo escrito al inicio del artículo: las acciones de este gobierno deberían comenzar a considerarse como el fundamento de una nueva transición política y económica, desde la cual podamos construir nuevas instituciones, es decir, reglas de juego que nos permitan actuar asertivamente en el marco de una nueva globalidad pero que, sobre todo, ayuden a transformarnos en un país con desarrollo y socialmente incluyente.
Ahora que están de moda los “rescates” es deseable que podamos invertir energías, capacidades y recursos en el rescate de aquello que, sobre todas las cosas, puede darnos viabilidad y sentido como país: un nuevo entramado institucional que tenga como metas fundamentales e irrenunciables la justicia y la equidad.
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