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miércoles, 28 de enero de 2009

Los efectos de la crisis: riesgos para la juventud


Es mucho más que discurso

Hacía muchos años que un político no captaba la atención mundial como lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El último liderazgo mundial que atrajo poderosamente las miradas de todo el planeta fue el de Mijaíl Gorbachov, debido a su capacidad transformadora de la ex Unión Soviética.

Hay algunos paralelismos entre las vidas de ambos políticos. Gorbachov provenía de una familia de campesinos y logró culminar estudios en Derecho en la Universidad de Moscú, la más importante en la ex URSS. Completó sus estudios con un posgrado en agronomía y regresó a su región de origen a fin de enfrentar, con mucho éxito, los problemas sociales derivados de una sequía devastadora en 1968. A partir de su trabajo en la comunidad, se afilió al Partido Comunista e inició una meteórica carrera política. Fue electo presidente del Comité del Soviet Supremo en 1970; del Comité Central del Partido en 1971 y del Politburó en 1980.

Una vez en ese cargo, se convirtió en un símbolo de transformación en su país, no sólo en términos de un relevo generacional, sino, sobre todo, de una renovación política y de visión sobre lo que debía ser el Estado soviético, su papel en las relaciones internacionales y la generación de un orden internacional distinto.

El planteamiento de las llamadas Glasnost (transparencia) y la Perestroika (reestructuración política y económica) significó un cambio no sólo en la ex URSS, sino el fin de la Guerra Fría, la transformación del orden global de un “régimen bipolar” a uno regido por la hegemonía de la superpotencia EU, con algunos polos de poder regional en Europa y Asia.

Es muy temprano para poder prever los efectos que tendrá tanto en Estados Unidos como para el orden global la presidencia de Barack Obama, pero lo que se ha visto hasta ahora es una férrea disciplina de acción en la que se está avanzando en el cumplimiento de las ofertas de campaña y aun de las que había hecho antes como senador en el Congreso federal de aquel país.

Los nombramientos en el gabinete presidencial, en los puestos de asesoría clave del gobierno, y la medida anunciada el jueves sobre la prohibición de las cárceles de la CIA y la revisión de Guantánamo, son ya no sólo pronunciamientos. Son decisiones de un poderío simbólico mayor que permiten prever medidas del mismo calado en otras áreas estratégicas para la administración estadunidense, tales como el sistema de salud pública, el sistema educativo y, por supuesto, los mecanismos de regulación de Wall Street y en general de los fundamentos de la dinámica económica de la Unión Americana, así como la global.

En México aún estamos a tiempo de reconstruir un proyecto que nos dé garantías de viabilidad para el desarrollo en los años por venir. Empero, eso requiere que la Presidencia de la República comprenda que debe salirse de la disputa electoral de 2009 y plantear un proyecto de gobierno para enfrentar la crisis social, en el cual estén incluidas todas las visiones que hay sobre México.

Se ha argumentado desde la Presidencia de la República que en México planteamos, al igual que en EU, un programa de recuperación del empleo, un plan de contingencia para enfrentar la recesión, así como un gran programa nacional de infraestructura.

El problema está una vez más en la cuestión en torno a desde dónde y cómo se dicen las cosas. El lenguaje, nos enseñaba Octavio Paz, es la síntesis entre el arco y la lira, pronunciado desde una historia de vida que lo respalda se convierte en la más poderosa de las vanguardias; pronunciado desde la arrogancia del poder puede convertirse en un dragón envenenado capaz de devorar a quien lo pronuncia.

Es cierto que Obama ha recurrido a simbolismos religiosos, pero su laicismo no ha sido puesto a prueba; también lo es que ha apelado al discurso de la esperanza, pero ha comenzado a actuar en el cumplimiento de sus promesas; es cierto que ha convocado a la unidad, y en función de ello no formó un “gabinete de leales”, sino de las mejores mujeres y los mejores hombres; es cierto que Obama ha llamado a la reconciliación, y ha operado políticamente para lograr el apoyo de los republicanos para impulsar las reformas planteadas.

En México, por el contrario, el gobierno no ha logrado aún cimentar liderazgos nacionales y regionales, capaces de convocar a las diferencias y de sumarlas en un proyecto compartido.

Se debe comprender que el hecho de “decir” no implica que las cosas ya estén hechas. Nunca es tarde para comenzar a ser ejemplar y hoy el gobierno mexicano tiene no sólo la oportunidad y el reto de hacerlo, sino la enorme responsabilidad que la historia y sobre todo nuestra Constitución le mandan.

lunes, 19 de enero de 2009

Crece la incertidumbre



19 de enero de 2009

El escenario del crecimiento cero para la economía en 2009 constituye un punto de inflexión para México. Es cierto que esta situación es resultado de la profunda crisis financiera internacional, pero lo es también el hecho de que aquí no hemos mejorado la calidad ni los niveles de educación; se abandonaron las nociones de un desarrollo regional equilibrado; no hemos mejorado ni el ingreso ni el poder adquisitivo de la población en 15 años, las desigualdades se han acrecentado, y hemos renunciado a toda posibilidad de que el Estado sea el conductor de los esfuerzos para el crecimiento y los desarrollos social y humano.

Como consecuencia, un mercado cada vez más voraz se apoderó de muchas de las instituciones públicas de regulación; nuestro escenario económico se vio cada vez más anclado a poderosos monopolios en sectores estratégicos y, sobre todo, la incertidumbre jurídica en todos los ámbitos públicos se incrementó de la mano de la corrupción y de los malos manejos de recursos e instituciones gubernamentales.

Paradójicamente ni la alternancia en el poder ni las jóvenes estructuras e instituciones democráticas con las que contamos se han convertido en palancas del desarrollo. Y los partidos políticos, lejos de recurrir a la reforma interna y a la renovación ideológica y de sus cuadros políticos, asumieron lógicas sectarias y renunciaron a la innovación en sus propuestas y en sus plataformas ideológicas.

La delincuencia, no está demás subrayarlo, campea en todo el país, y la violencia se ha instalado como una dramática forma de vida que lastima y vulnera a las relaciones personales, de pareja y de familia, generando escenarios inéditos de maltrato, abuso y tratos infamantes en contra de los más vulnerables.

En este contexto la incertidumbre de la población crece. Las encuestas más recientes sobre la confianza y el estado de ánimo de los mexicanos muestran retrocesos importantes en materia de sensación de bienestar, proyectos de futuro y confianza en sus entornos e instituciones. Todos ellos son activos imprescindibles para incrementar la competitividad, la productividad y la posibilidad de rendimientos crecientes en el desempeño económico y la convivencia social.

La complejidad de estos elementos es mayúscula y cada vez es más evidente que el diseño de las instituciones de nuestro país se encuentra rebasado para enfrentar con oportunidad los retos que un escenario de esta naturaleza nos impone.

Al contrario de generar un proceso de reflexión y diálogo mayor sobre cómo y con base en qué prioridades habría que emprender un largo proceso de reforma social del Estado, el gobierno y los partidos políticos siguen atrapados en discusiones ajenas a la realidad y a los problemas urgentes que tenemos que resolver.

Así, mientras se discuten con criterios electorales montos y presupuestos, la gente tiene que salir a la calle con la incertidumbre de si regresará a casa aún con empleo; aquellos que ya lo perdieron o que estaban desempleados, con la incertidumbre de si volverán con lo suficiente para comer y, no es exagerado decirlo, las cada vez más amplias filas de los indigentes, viven el drama de la sobrevivencia y la incertidumbre sobre la posibilidad siquiera del mañana.

El crecimiento cero de la economía implica pérdida de fuentes de trabajo y que quienes se incorporan al mercado laboral no encuentren puestos de trabajo. Además, implica que quienes viven la informalidad o la precariedad laboral verán recrudecerse las dificultades y las posibilidades de mantener sus ya de por sí mermados recursos.

Nos urge una revisión del entramado institucional. Si en 1995 se inició el diseño del hoy llamado Programa Oportunidades con el fin de contener los efectos de la crisis económica, hoy, ante el dilema no sólo de las dificultades internas sino de un modelo de globalidad fallido, bien valdría la pena reflexionar si lo que necesitamos no es una nueva estrategia para responder con mayor eficacia a los dilemas de una realidad que ya nos desbordó y cuyas aguas están subiendo aceleradamente.

La gran reforma hasta ahora pospuesta es la reforma social, la cual implica asumir con seriedad la redefinición de las dimensiones, las facultades y las responsabilidades del Estado y, con ello, poner al centro de discusión como categoría principalísima al trabajo digno. Ello implica, a su vez, redefinir el entramado institucional que favorece la desigualdad; romper los perversos círculos de reproducción de la pobreza, así como la construcción de nuevas estrategias para hacer frente a fenómenos tan complejos como el cambio climático, una nueva era de tráficos y migraciones, y toda una nueva agenda de problemas sociales asociados a la salud mental de las personas.

http://www.exonline.com.mx

martes, 13 de enero de 2009


Dos discursos

12 de enero de 2009

Generar acuerdos implica hablar de las mismas cosas, sí, pero también comprender y asumir las perspectivas desde las que el otro habla. El consenso implica asumir los antecedentes y las consecuencias de las palabras, porque éstas, aun siendo las mismas, pueden estar cargadas de significados radicalmente opuestos, dependiendo de los contextos y, sin duda, de los emisores.

Por ello es importante acercarse a los pronunciamientos que recientemente ha hecho la Presidencia de la República ante la crisis económica, y los que articulan la propuesta que está planteando el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama.

Poner en perspectiva ambos discursos implica, en primer término, destacar el “tono” en el que se han pronunciado. En esa lógica, el dramatismo planteado por el presidente electo Obama es digno de llamar la atención, pues plantea una disyuntiva mayúscula para su país y el resto del mundo: o se supera con éxito la crisis o el proyecto del “sueño americano” estará cancelado al menos en el mediano plazo, es decir, en los próximos 15 o 20 años.

En nuestro país destaca el optimismo con respecto a que el “crecimiento cero” es una buena noticia, si se considera que hace diez años hubiese significado algo mucho peor. Explicación a todas luces maniquea, pues desde el gobierno no es válido plantear los logros con respecto a lo obtenido en el pasado, sino en relación con nuestras capacidades actuales y la construcción de perspectivas de futuro.

En ese sentido, el discurso de Barack Obama avanza con una agresividad inusual: se reformará la manera de hacer política en Washington y el Estado asumirá una posición seria de regulación frente al mercado. Definiciones mayores, pues de llevarse a cabo van a generar verdaderas ondas de choque entre los grupos de poder económico y político que, aun diezmados ante la crisis, mantienen muchos de los hilos de la burocracia y el poder estadunidense.

Por el contrario, en México la propuesta del plan anticrisis, mediado por un acuerdo en el que sólo el gobierno asumió compromisos (lo cual pone en severa cuestión si se trata o no de un acuerdo real), se ha reducido a contener los precios de los bienes y servicios que otorga y presta la autoridad, pero no se ha planteado ninguna reforma a los instrumentos y mecanismos de regulación económica, aun con las lecciones ya aprendidas de los recientes ataques especulativos que han puesto a empresas irresponsables al borde de la quiebra y a la economía nacional en momentos de fragilidad preocupantes.

El discurso presentado el pasado jueves por el presidente electo Obama fue pronunciado en una Universidad. En ese sentido, el contexto cuenta, los lugares y los escenarios también y, hablar de una profunda reforma ética y política en Washington en una casa del pensamiento, es un asunto mayor.

Desde ahí, el planteamiento de Obama, en el sentido de reconsiderar los esquemas de “reclutamiento” de los mejores estudiantes de las universidades públicas hacia Wall Street o a la iniciativa privada, para transitar a un esquema en el que se apoye más su inserción en la educación, la investigación e incluso la administración pública, debería ser retomado en México y, con ello, buscar nuevas alternativas para el desarrollo y la equidad.

Por el contrario, en nuestro país, el anuncio del “gran acuerdo nacional” para contener la crisis se llevó a cabo ante “los mismos de siempre” y con base en los usos y costumbres de siempre. No hay planteamientos de renovación ni de transformaciones estructurales; se trata, pareciera, una vez más, de la agenda del día siguiente con un discurso desgastado y que ya no convence a nadie.

La capacidad de transformar a un país depende de tomar decisiones de gran calado; pero también de la de comunicar y convocar a la ciudadanía a la construcción de un proyecto común. Y aquí, una vez más, quién y cómo lo dice, importa.

La evidencia de que en nuestro país el discurso político es no sólo ineficaz sino vacuo, debe constituir un llamado de atención a toda la clase política. Lo que se dice requiere el respaldo de lo que se hace y se ha hecho a lo largo de la vida; lo que lleva a la reflexión de si lo que necesitamos no es una profunda renovación en todas las esferas de la vida pública nacional.

México requiere profundas transformaciones, pero éstas no pueden llevarse a cabo desde un pensamiento que es incapaz siquiera de reconstruir sus capacidades para la convocatoria y el discurso públicos. Como lo dijo Rolando Cordera, en una reciente conferencia, ante la carencia del recurso, al menos sería deseable la oferta de un buen discurso. Hoy carecemos de ello.

miércoles, 7 de enero de 2009

Competitividad: Indicadores a la baja



Construir esperanza

5 de enero de 2009

Ningún país puede aspirar a la prosperidad sin contar con una sociedad cohesionada por una noción compartida de futuro. En lo general, esta noción puede denominarse “esperanza”, porque es lo que la gente espera como el punto de llegada al que todos, independientemente de las creencias particulares, desearían como mínimo para todos.

Es tal el poder de este concepto que, a lo largo de la historia, numerosos movimientos políticos lo han utilizado de bandera y propuesta ante la ciudadanía. En México el candidato López Obrador lo usó como parte de su discurso político durante el proceso electoral de 2006 y, en Estados Unidos de Norteamérica, fue el principal contenido de la campaña del ahora presidente electo Barack Obama.

A diferencia de lo que ocurrió en México, en Estados Unidos el mensaje logró un posicionamiento público sin precedentes al grado de que, según un reciente artículo publicado por The New York Times, fue la palabra más utilizada en internet durante 2008. También, la más usada en los noticiarios estadunidenses, y al mismo tiempo la que más se utilizó en las conversaciones cotidianas.

Si algo queda claro es que, ante la incertidumbre, la política tiene la capacidad de generar cohesión social en torno a metas y proyectos comunes. Empero, esto se logra sólo cuando la acción política posee sólidos cimientos anclados en posiciones éticas. Cuando las acciones de los políticos tienen como respaldo una vida de acreditación de compromiso social y cuando la política posee la capacidad de innovar y renovarse.

Por lo que se conoce en medios de comunicación, la trayectoria del ahora presidente electo de Estados Unidos así lo acredita. Y es esa posición la que le permitió desplegar una estrategia de discurso que condenó una y otra vez el “cinismo de la clase política tradicional de aquel país”, así como las posiciones que llevaron a la polarización política y social de los estadunidenses.

Así, lo que se ha visto es una estrategia que busca generar cohesión política y social. Ante el panorama de división, Obama optó por las mentes más brillantes para integrar su gabinete, antes que por amigos o familiares. Debido a la crisis económica ha propuesto un plan con el fin de crear tres millones de empleos en 2009. Por la crisis del sistema financiero global ha propuesto nuevos mecanismos tendientes a regular la actividad económica, incluida la bolsa de valores y, en la política, ha hecho reiterados llamados al diálogo y la concertación, antes que al encono y la división. Su mensaje del sábado fue categórico: no se trata de cuestiones de partidos, sino de su país y del mundo entero.

En México tenemos este reto pendiente: lograr la concertación; cerrar las brechas de polarización que dividen y confrontan las posiciones políticas pero, sobre todo, iniciar un proceso de renovación ética de la acción política, a fin de lograr anteponer los intereses públicos a los de grupos de poder fáctico que mantienen atrapadas a las instituciones del país. El otro gran reto es lograr construir una enorme plataforma social para la cooperación, en donde las posiciones éticas sean exigibles también al sector privado.

A diferencia de lo que se está viviendo en Estados Unidos, donde las principales empresas han iniciado estrategias de protección del salario, reducción de precios de mercado, acciones destinadas a frenar el desempleo y propuestas con el fin de proteger el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, en México todo parece estar yendo en sentido contrario: más explotación laboral, precarización de la calidad del trabajo, pérdida del poder adquisitivo e incremento de los precios, sobre todo en los de consumo básico, lo cual afecta en mayor medida a la clase media y a los más pobres.

La construcción de esperanza en un escenario así, y en el que la escalada de violencia no cede, es prácticamente imposible. Hoy debe exigírsele a todas las instituciones capacidad para avanzar hacia una sociedad con más equidad y justicia, con mayor sentido social y solidez en las posiciones éticas que se defienden desde los espacios públicos y los privados.

Nos urge una nueva política fundada en una profunda eticidad. Construirla es tarea de todos los actores políticos, de aquellos que tienen alguna representación social y también de la iniciativa privada. En ello nos jugamos buena parte de nuestro futuro, así que sin duda vale la pena intentarlo.

Atentados contra el Estado

29 de diciembre de 2008


La violencia, tanto la social como la que genera el crimen organizado, está llegando a niveles intolerables, sobre todo si se considera que nuestra aspiración debe orientarse a vivir en un Estado social de derecho, en donde la democracia, la legalidad y la protección de los derechos humanos sean los ejes sobre los que se construya y desarrolle la vida cotidiana.

El poder de robar, de secuestrar o de asesinar, constituye una forma de poder ilegítima; es también una forma de poder cruel si se le ve desde una posición ética, y es atentatoria de la dignidad humana desde una perspectiva anclada en la tradición de los derechos humanos.

En esta lógica, las instituciones del Estado tienen, además de la responsabilidad de brindar seguridad a la población, la de garantizar que ésta pueda vivir en un entorno en el que el desarrollo social sea posible; en el que la prosperidad esté al alcance de todas las familias y en el que las oportunidades para la realización de los proyectos de vida sean equitativas.

Preocupantemente en México no se están cumpliendo ni la una ni la otra; por el contrario, la escalada de violencia parece no tener fin y en los últimos meses estamos siendo testigos de nuevas formas de actuación del crimen organizado, que constituyen verdaderos atentados terroristas y graves afrentas a las instituciones del Estado.

Las granadas que fueron arrojadas la noche del 15 de septiembre en contra de la población civil en Morelia y la reciente ejecución de ocho miembros del Ejército Mexicano en el estado de Guerrero, quienes fueron torturados y decapitados, son dos de los puntos de mayor envergadura en el reto que los narcotraficantes están planteando al Estado.

El primero porque, además de ser un acto de cobardía y sadismo, tuvo como propósito sembrar el terror entre la población civil; el segundo, porque el mensaje al Estado es de un completo desacato de la Ley, del Estado de derecho y de un virtual desconocimiento de la autoridad en su más alto nivel, que en el ámbito de seguridad se encarna en nuestras Fuerzas Armadas.

El ataque directo a los activos del Ejército debe ser asumido en toda la complejidad de lo que implica y se debe actuar en consecuencia. Nuestras Fuerzas Armadas han sido en los últimos años uno de los principales símbolos de lealtad al país, así como del apego a los más altos valores patrióticos que tenemos como mexicanos. Han sido también la institución al frente de la acción pública en situaciones de desastre, protegiendo a la población vulnerada, y cuentan con un amplio programa de intervención social en comunidades pobres.

Todo esto tiene que ser protegido, pues si bien los miembros de las Fuerzas Armadas han jurado defender con su vida la integridad de la República, su participación en la lucha contra el narcotráfico las está situando en circunstancias de nuevos riesgos en cuanto a su presencia y dimensión institucional, pues no es su tarea Constitucional, en sentido estricto, la de luchar en contra del crimen organizado.

La guerra contra el narco es una que definitivamente no se puede perder; pero parece que la estrategia no está funcionando del todo ni tan bien como sería deseable. En ese sentido, se requiere del replanteamiento de las tácticas y de las acciones en las que intervienen las Fuerzas Armadas y quizá construir nuevos cuerpos que puedan asumir la fuerza de tarea para mejorar las capacidades de patrullaje, persecución e investigación de las estructuras y capacidades de los grupos criminales.

Empero, lo anterior tendría poca efectividad si en el contexto de la crisis económica que vivimos no se construye de manera simultánea una nueva estrategia de intervención en lo social. Es cierto que el crecimiento de la criminalidad no es causa directa del incremento en los niveles de pobreza; pero también es cierto que en medio de la desigualdad y del hambre, las posibilidades de que más población se vea involucrada en la cultura de la ilegalidad, es mayor.

En medio de todo esto, lo evidente es que, frente a los ataques del narcotráfico en contra del Ejército, sólo caben dos posibilidades: o se trata de una actitud de abierto desafío o bien son actos de desesperación de los grupos criminales debido a las bajas y pérdidas que han tenido en esta cruenta lucha. Por el bien del país, lo deseable es que se trate de la segunda opción, porque de ser la primera, lo que habrá de venir en los próximos meses sería más violencia, sangre en las calles y mucha más incertidumbre social. Y no sabemos a ciencia cierta si en México estamos preparados y dispuestos a vivir más de esto.


http://www.exonline.com.mx

Para crecer con equidad

22 de diciembre de 2008

México ha tenido un crecimiento económico muy bajo desde la década de los 80. En efecto, la crisis económica de 1982, así como las espirales inflacionarias de esa década, en la que hubo un mes en 1987 con inflación de 180%, provocaron una severa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, así como graves retrocesos estructurales en nuestras capacidades para el crecimiento.

A pesar de los avances en el control de la inflación al inicio de los 90, los procesos de deterioro estructural de la economía no se detuvieron y, en diciembre de 1994, vino la más severa crisis financiera en nuestra historia. Se perdieron las reservas internacionales y, en pocas palabras, nuestra economía quedó devastada.

1997 fue un año positivo para la economía, y marcó el inicio de un proceso de crecimiento muy breve. 2000 fue el último de crecimiento importante, con un indicador cercano a 7 por ciento. Esto, más la alternancia en la Presidencia, llevó a muchos a creer que por fin México se encaminaría hacia un círculo virtuoso de crecimiento sostenido.

No fue así: llevamos siete años dilapidando el bono demográfico y el democrático, pues se asumió, al igual que en los 70, que de lo que se trataba era de “administrar la abundancia”. Así, el Ejecutivo Federal declaró públicamente que México crecería al menos 5% anual entre 2001 y 2006 y se crearían al menos un millón de empleos anuales.

Los resultados fueron desastrosos: en ese periodo no se pasó de un crecimiento acumulado de 8%; se crearon en promedio menos de 400 mil empleos al año, y la economía entró en un periodo de peligrosa ralentización sin lograrse nuevas reformas de largo alcance.

Entre 2007 y 2008 las condiciones negativas se han agudizado. Se ha registrado la pérdida de los empleos formales registrados en el IMSS. Y, según los datos de Coneval, de los más de 15 millones de trabajadores que se han incorporado al mercado laboral entre 1993 y 1998, más de diez millones lo han hecho al mercado informal. Esto, en el contexto de la nueva crisis que se está viviendo y frente a la expectativa de crecimiento de prácticamente 0.0% anunciada por el Banco de México, debería ser motivo para plantear nuevas reformas.

Sin embargo, a diferencia de lo que los economistas “ortodoxos” están planteando, las reformas que se requieren no pueden estar orientadas simplemente hacia la “profundización” de la economía de mercado sino, por el contrario, deberían estar dirigidas a reducir significativamente la desigualdad que vivimos.

Si no lo asumimos de este modo, estamos ante el riesgo de condenar a una o dos generaciones más a oprobiosas condiciones de atraso y ruptura de expectativas. Esto es así porque de poco servirá impulsar el crecimiento económico si las estructuras institucionales y económicas permiten nuevamente la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos.

Las reformas que deben impulsarse deben llegar a un grado tal que se constituyan en una refundación del pacto social; lo cual tiene que ver con la redefinición del gobierno y con asumir que su objetivo es cumplir con el mandato constitucional de garantizar justicia social para toda la población, y no los malentendidos en que se ha caído en las últimas décadas, desde los que se asume que la tarea del gobierno es simplemente “gerenciar a las instituciones públicas”.

Gobernar no es comunicar, ni tampoco simplemente “crear empleos y brindar seguridad”, como se ha asumido en las últimas administraciones. Gobernar implica construir y darle viabilidad a una nación incluyente, para lo que se requieren al menos tres grandes reformas: la primera, una laboral y fiscal que permita al menos en los próximos seis años captar entre 20 y 25% del PIB mediante impuestos y crear por lo menos un millón de empleos anuales; otra, que permita cerrar la brecha educativa y digital que tenemos con respecto a los países más avanzados y, la tercera, dirigida a replantear los esquemas de cobertura y prestación de servicios de salud.

Sin estas reformas, aun cuando lográsemos crecer a un ritmo de 7% anual, la desigualdad, la pobreza y la exclusión seguirían siendo notas cotidianas. Hoy, en medio de la crisis, tenemos la oportunidad de revertir esta realidad; y no depende sino de nosotros avanzar en tales reformas o permitir que el país se nos siga yendo de las manos.