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martes, 16 de diciembre de 2008

Migración: la frontera de la pobreza


El peor escenario


15 diciembre 2008
Corren los meses de abril y mayo de 2009. Como en la película de Spike Lee o en El extranjero, de Albert Camus, comienza el calor. Los efectos de la crisis económica se sienten con mayor agudeza en los bolsillos de los mexicanos, la pobreza y la desigualdad siguen en ascenso.

Por otro lado, la criminalidad y la violencia no ceden. Las campañas políticas están caracterizadas por la agresividad en el lenguaje, la polarización de los grupos antagónicos y los intentos del narcotráfico y el crimen organizado de incidir en la definición de quiénes serán los candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales de las distintas regiones del país.

Por si fuera poco, el clima político se enrarece por uno o varios atentados en contra de actores políticos en distintos niveles y, en medio de una de las crecientes movilizaciones sociales que se dan en el “día a día”, se comete un “error” por cualquiera de las partes y se enciende “la mecha” de la crispación social.

Estas ideas pueden parecer en un primer momento producto de una visión pesimista de la realidad, sin embargo, valdría la pena hacer la reflexión en torno a que, si la “revuelta” ya se presentó en París y ahora en Grecia, ¿qué nos garantiza que en México no puede ocurrir algo similar?

El linchamiento de dos policías federales en Tláhuac, el asesinato de trabajadores mineros en Michoacán y los recientes intentos de linchamiento en contra de presuntos delincuentes en distintos pueblos de México pueden ser vistos de manera aislada o bien podrían ser percibidos como los “síntomas” de un malestar social que en cualquier momento podría desbordarse.

Si algo tiene de característico “la revuelta” es que en muchos sentidos es imprevisible. Es decir, nadie puede saber cuándo ni en qué circunstancias puede ocurrir. Sin embargo, lo que sí puede saberse es que en ciertas condiciones económicas y sociales las posibilidades de que suceda son mayores y, sin duda alguna, México se está enfilando aceleradamente hacia ellas.

Frente a éste, que sería uno de los peores escenarios, lo peor que podría ocurrir es que los aparatos de inteligencia y las instituciones de seguridad pública no estuviesen en alerta ni conscientes de que un escenario de esta índole podría presentarse en nuestro país. Lo deseable es que no pase, pero ¿y si llegase a ocurrir?

Tener la capacidad de plantear el peor escenario desde las instituciones del Estado no es sinónimo de “catastrofistas”; por el contrario, implica tener capacidad de anticipación y respuesta para que, en caso de que algo tan crítico como una revuelta social ocurra, las instituciones estén preparadas para intervenir desde una lógica de contención, pero también desde una visión garantista de los derechos humanos de todos.

Más aún, la capacidad de anticipación debería llevar al diseño de políticas e intervenciones que tengan como objetivo modificar las condiciones estructurales que potencian las posibilidades de que una movilización social violenta ocurra; esto es: contención de la crisis económica, rediseño de la política social e implementación de nuevas políticas para la inclusión, a fin de iniciar un proceso realmente anticíclico que no sólo nos ponga “a flote” en medio de la crisis, sino permita revertir los procesos de desigualdad y pauperización de la gente.

Las cifras sobre el número de jóvenes que trabajan es alarmante; y hay entidades en las que han comenzado a fluir datos sobre los miles de ellos que están abandonando sus estudios debido a las carencias económicas de sus familiares. La privación del derecho de los jóvenes a tener una educación de calidad, su pronta incorporación al mercado laboral, así como el incremento en los niveles de actitudes de riesgo que están “disparando” las cifras sobre consumo de drogas, accidentes e incluso suicidios, son un caldo de cultivo bastante peligroso ante el cual más valdría tomar medidas mucho más asertivas para intentar bajar los niveles de presión social que se perciben en todos lados.

México no puede darse el lujo de simplemente “esperar a que no pase nada” y seguir con las mismas políticas y acciones, las cuales, a la luz de los resultados, requieren profundas revisiones y replanteamientos.

Lo deseable es que el peor escenario sea sólo eso: un planteamiento hipotético que gracias a las medidas que fuimos capaces de adoptar desde ahora, fue conjurado y pasó simplemente a una bodega con “archivos muertos”.

lunes, 8 de diciembre de 2008

La inteligencia ante la crisis


8 diciembre de 2008

Las estimaciones que ha hecho hasta ahora el Coneval indican que la crisis económica que está golpeando a todo el mundo tendrá severas consecuencias para la población nacional, en particular los más pobres y quienes viven la precariedad laboral.

De acuerdo con el Informe 2008 de ese organismo, en México los ingresos de las personas se han mantenido prácticamente sin cambios en los últimos 14 años; el documento señala, además, que entre 1998 y 2006 la inflación se mantuvo controlada, lo que se identifica como el principal factor de la lenta pero paulatina reducción de la pobreza.

Sin embargo, entre 2006 y 2008 el costo de la canasta básica alimentaria creció alrededor de 18%, lo que, contrastado con la baja tasa de creación de empleos y el estancamiento en los niveles de ingresos, según el Coneval, se traducirá en un incremento de pobres en todas sus dimensiones. Hay estimaciones independientes que calculan en hasta un millón de pobres alimentarios más que en 2006, es decir, la cifra llegaría a más de 15.5 millones de mexicanos en esa condición y, en hasta tres millones más, los pobres de patrimonio, con lo que se llegaría a casi 47 millones de mexicanos en pobreza.

Frente a un escenario de estas magnitudes, el reto, tanto del gobierno federal como de los estados, consiste en tener la capacidad suficiente para comprender que sus proyectos iniciales de gobierno ya no podrán realizarse o no al menos en los términos y plazos planteados al inicio de las distintas administraciones.

Lo sorprendente es que ni el gobierno federal ni los estatales han planteado públicamente que llevarán a cabo la revisión tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de los planes estatales de desarrollo, en función de la crisis.

¿Cómo van a reaccionar, por ejemplo, las entidades en donde la crisis de sectores específicos de la economía, tales como el automotriz, el textil o el de la construcción, van a cerrar puestos de trabajo y en donde las cadenas productivas que están ancladas a estos sectores entrarán a un periodo de ralentización, con la consecuente pérdida de empleos o reducciones salariales?

En este escenario, las decisiones que al respecto se están tomando en Estados Unidos deberían servir como referente en el sentido de un modelo de gobierno que apuesta, no por el reparto de cargos a los aliados políticos, sino por lo que se puede considerar un gabinete que integra a muchas de las mejores mentes de aquel país. El presidente electo Barack Obama no ha titubeado al nombrar en cargos estratégicos a personalidades como Hillary Clinton o el ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volker, de quienes ha recibido severas críticas en los últimos meses.

En nuestro país, por el contrario, la apuesta de las autoridades continúa siendo la de gobernar desde los grupos de poder y, atendiendo en primer término a los contenidos de las encuestas y a sus relaciones personales, lo cual no lleva ni a las mejores decisiones políticas ni de política pública.

Es deseable que, ante la crisis, el gobierno federal y los de los estados inicien un proceso de consulta con aquellos que han acreditado, a lo largo de los años, contar con experiencia y capacidad e incluso avanzar hacia la construcción de comités asesores ad hoc que, ante la crisis, puedan hacer recomendaciones específicas para las modificaciones que será necesario realizar a lo largo de todo el próximo año tanto al Presupuesto de Egresos de la Federación como a los de las entidades de la República y, con ello, al conjunto de políticas y programas públicos.

En las últimas semanas se han integrado de manera independiente distintos grupos de reflexión en donde han participado académicos y expertos de distintas áreas, cuyas propuestas bien podrían ayudar a los gobiernos a equivocarse menos. Al respecto, es procedente comentar que hay experiencias de grupos plurales que han dado resultados sumamente positivos en la reflexión y en la construcción de propuestas para un mejor desarrollo nacional; por lo que la convocatoria a filósofos, sociólogos, artistas y expertos en temas políticos y de gestión pública puede abonar a una mejor comprensión de lo que tenemos enfrente y, en función de ello, tomar las mejores decisiones posibles.

El Cofipe establece que la última semana de enero es cuando deben iniciarse las precampañas de candidatos a cargos federales de elección popular; una vez iniciado este proceso va a ser muy difícil poder convocar a mesas de diálogo que no estén permeadas por lo electoral. Debido a ello, los días que quedan de diciembre y los primeros de enero de 2009 serán cruciales para que, tanto en lo federal como en lo local, las administraciones consigan convocar y realmente escuchar lo que las y los especialistas tienen que decir.


martes, 2 de diciembre de 2008

Calderón olvida al Conapred: lleva tres meses acéfalo. Noticia de El Universal



El Universal, 1 de diciembre de 2008




Crisis de Desempleo: los riesgos para 2009


El gran tema de 2009

1 diciembre de 2008

El cierre de 2008 deja varios saldos negativos en materias clave para el desarrollo nacional. La más grave de todas parece ser la caída del empleo y la pérdida de la protección social que ello implica para quien deja de ser un trabajador del sector formal.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre del tercer trimestre de 2008 se registró la tasa de desempleo abierto más alta en los últimos ocho años, con lo que el número de desempleados llegó a 1.9 millones de personas fuera del mercado laboral.

El reto para el gobierno sigue siendo formidable. Si a estos desempleados se agrega el poco más de un millón de jóvenes que seguirán incorporándose a la población económicamente activa al menos de aquí a 2012, el requerimiento mínimo será de seis millones de puestos de trabajo, es decir, 1.5 millones de empleos anuales lo que, con un ritmo de crecimiento esperado para 2009 inferior a 2%, implica que la meta será difícil de alcanzar.

Los datos que arroja la evaluación del Coneval permiten sostener que el estancamiento en la generación de empleos es sobre todo resultado de un déficit estructural de las instituciones del Estado, primero para reformarse, y segundo, con el fin de impulsar un modelo de desarrollo económico que se dé de manera simultánea al social.

En efecto, desde 1992 a la fecha, el Coneval estima que se han incorporado poco más de 15 millones de personas al mercado laboral; de éstas, diez millones lo hicieron en el informal, y poco más de cinco millones en el formal. Esta cifra es de pavor y permite explicar en una buena medida por qué el hampa ha logrado penetrar en sectores sociales de bajos recursos y por qué las personas no han tenido, en la mayoría de los casos, más opción que participar de la economía subterránea que circula, desde la piratería, pasando por la venta de bienes robados y hasta el narcomenudeo.

A ello, Coneval añade el dato de que el ingreso promedio de las personas entre 1993 y 2008 prácticamente no ha crecido, números que contrastan con el acelerado crecimiento en los costos de la canasta básica alimentaria tanto en el sector rural, en donde se estima un crecimiento acumulado entre 2006 y 2008, cercano a 18%, como en los ámbitos urbanos, donde en ese mismo periodo se registró un alza cercana a 12 por ciento.

Recapitulando: un entorno con crecimiento económico casi nulo, con una acelerada precarización de las condiciones laborales y una inflación por arriba de 6%, la cual tiene efectos mucho más severos para los más pobres, debe llevar a un replanteamiento de las estrategias gubernamentales, en todos los niveles, para tratar de llevar la mayor cantidad de apoyos y servicios, de manera simultánea, a quienes más lo requieren.

No hay ningún argumento racional que permita sostener que las reformas y las políticas sociales que comenzaron a aplicarse desde la década de los 90 tendrán éxito ahora, y menos aún considerando los contextos ya descritos. Se requiere una nueva agenda pública a construir con dos propósitos mayores: 1) contener los efectos que la crisis tendrá para los más pobres, redefiniendo las políticas de asistencia social a través de la entrega de apoyos y servicios directos para los más pobres y, 2), relanzar una estrategia masiva de generación de empleos, partiendo de la inversión en infraestructura social básica; es decir, no grandes puentes, carreteras y obras de las llamadas “de relumbrón”, sino dirigidas al mejoramiento de escuelas, hospitales y espacios públicos para la convivencia.

No hay duda de que el gran tema de 2009 será el del empleo. Asumirlo con éxito va a implicar reformas económicas y sociales de gran envergadura, por lo que se requerirá mucho más que la sola actuación del gobierno. Ello implica, a su vez, acuerdos con otras fuerzas políticas y capacidad de entendimiento entre las partes, para asegurar, en esta ocasión, una verdadera transición hacia la equidad y la justicia social. Sólo entonces comenzará a completarse lo que hasta hoy muchos han llamado “la transición democrática”.

Los tiempos nublados que presagiaba Paz son ahora además tiempos borrascosos; por lo que requerimos, más que nunca, desarrollar y agudizar nuestras capacidades de diálogo y sobre todo de cordura, con el fin de poder transitar con ventajas la turbulencia global por la que atravesamos.