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lunes, 30 de junio de 2014

El drama de la niñez migrante

Excélsior, 30/06/2014

“Una crisis humanitaria”: en esta magnitud dimensiona el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, lo que está ocurriendo con las niñas y niños detenidos en la frontera con nuestro país, y quienes han viajado solos en busca —en la mayoría de los casos— de sus familias.

Se trata de miles de niñas y niños no acompañados que literalmente viven en condiciones de detención similares a quien está privado de su libertad por la comisión de un delito y, peor aún, viviendo la incertidumbre de no saber si lograrán reunirse o no con sus familiares.

Es difícil imaginar el nivel de miedo y angustia que viven las niñas y niños que viajan solos a lo largo del trayecto desde Centroamérica hasta la frontera norte de México, y más difícil saber qué es lo que sienten y temen cuando, después de tantas vicisitudes, son detenidos por las autoridades migratorias y encerrados en lo que literalmente funciona como prisiones.

El tema de la niñez migrante ha sido una de las agendas de los derechos humanos más descuidadas desde al menos hace 20 años, cuando se consolidó lo que se ha denominado como “la nueva era de la migración” entre nuestro país y el vecino del norte.

De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre 2011 y 2013, el número anual de niñas y niños que viajan desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos de América se ha duplicado y se espera que en 2014 se llegue al récord de 60 mil niñas y niños no acompañados cruzando la frontera.

Según el ACNUR, del total mencionado, en 2011 México “contribuyó” con 13 mil niñas y niños, mientras que para 2013, la cifra alcanzó más de 18 mil. Es decir, uno de cada cuatro niñas y niños que cruzan solos la frontera norte provienen de nuestro país. Cabe destacar que del total de niñas y niños mexicanos que han sido detenidos en la frontera, 30% declara que su intención de ir hacia Estados Unidos era escapar de un posible reclutamiento por parte de las bandas del narcotráfico.

A pesar de la urgencia que se tiene para garantizar los derechos de las niñas y niños que ya están en la frontera, no deben perderse de vista dos cuestiones estructurales: la primera es que el fenómeno migratorio es de alcances regionales y que sólo podrá tener salidas viables en la medida en que se actúe a ese nivel.

La segunda es que mientras no se reduzcan las condiciones de desigualdad, pobreza y violencia que privan de manera generalizada en nuestra región, será prácticamente imposible reducir la magnitud e intensidad de los flujos migratorios del sur hacia el norte.

Desde esta perspectiva, si algo evidencia este fenómeno dramático es la urgencia de construir un sistema integral de protección a la niñez, que ponga la atención en la garantía de derechos específicos, pero sobre todo en la generación de un sistema de bienestar social universalmente accesible a todas las niñas y los niños.  
Lo anterior, empero, pasa por un pacto político mayor que permita consolidar un modelo de desarrollo basado en la noción más amplia de protección y garantía de los derechos humanos; y ésa es la disputa que todavía tenemos que resolver.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 23 de junio de 2014

La calidad de nuestra democracia

Excélsior, 23/06/2014

El Instituto Nacional Electoral presentó recientemente el Informe sobre la Calidad de la Democracia en México. El estudio tiene como base una encuesta con representatividad nacional y desagrega la información para cinco regiones del país, para las cuales ofrece información en torno a cinco dimensiones: 1) Estado de derecho y acceso a la justicia; 2) Vida política; 3) Sociedad civil; 4) Vida comunitaria; 5) Valores y 6) Acceso a bienes demandados por los ciudadanos.

La perspectiva del informe permite dimensionar que la democracia debe concebirse mucho más allá de los procesos electorales, es decir, la vida democrática exige una cultura que se expresa en múltiples dimensiones relativas a las capacidades de la sociedad para convivir en orden, en paz y con base en la legalidad.

Resulta preocupante, en ese sentido, que la ciudadanía en nuestro país continúa desconfiando profundamente de las instituciones, fundamentalmente en el ámbito judicial; de acuerdo con la encuesta, 63% de las personas que fueron víctimas de algún delito no hicieron nada al respecto por considerar que, de hacerlo, no tendrían ningún resultado; la segunda razón es que desconfían de la autoridad, mientras que 40% sostiene como tercera razón que ha tenido malas experiencias con la autoridad en el pasado.

Otro de los grandes obstáculos que se presentan para la consolidación de nuestra democracia es la discriminación: 76% de las personas declaran que han sido testigos de algún acto de discriminación por pertenencia a una clase social; 75% lo ha sido ante discriminaciones por apariencia física; 70%, por discriminación por el color de la piel, y un porcentaje similar la ha presenciado en contra de personas indígenas.

Destaca el hecho de que, en nuestro país, la participación política no electoral sigue siendo muy baja: únicamente 39% de la ciudadanía declara que habla de temas políticos con otras personas y sólo 11% ha participado en actividades partidistas.

Adicionalmente, debe destacarse que 80% de la ciudadanía no ha participado nunca en asociaciones de padres de familia; 84%, en organizaciones deportivas; 90% nunca ha participado en organizaciones vecinales, mientras que 96% jamás ha participado en alguna organización de defensa de los derechos humanos.

Los datos en todas las dimensiones son alarmantes, pero quizás uno de los más delicados es el relativo a que únicamente 53% de la ciudadanía considera que la democracia es preferible a otras formas de gobierno; mientras que un porcentaje similar piensa que la democracia es un sistema en el que muchos participan, pero en el que pocos ganan.

La pobreza, la violencia y una cultura de rechazo y agresión en contra de quienes piensan, viven y se muestran diferentes están erosionando aceleradamente nuestro sistema democrático; esto exige nada menos que una renovación ética en todas las instituciones del Estado, pero también la puesta en marcha de un nuevo proyecto de pedagogía ciudadana.

Con estos datos, si algo puede concluirse es que estamos ante el reto de comprender que construir ciudadanía implica construir un país equitativo en el que el acceso al bienestar, a la justicia y, en general, a la garantía plena de los derechos humanos sea una realidad cotidiana; continuar por donde vamos, tarde o temprano, abrirá la puerta a tentaciones autoritarias, y eso es una realidad que nadie puede desear para nuestro país.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 16 de junio de 2014

Un semestre estratégico

Excélsior, 16/06/2014

La agenda política nacional es de una complejidad cada vez mayor, sobre todo como resultado del pragmatismo en el que han caído los partidos políticos. Para ellos, lo relevante es “la próxima elección”, sin importar realmente las agendas prioritarias para México; se impone siempre la lógica de lo inmediato y se priorizan los triunfos electorales sobre el debate de las ideas.

No hay mayor amenaza para nuestra democracia que convertir a la política en una mera disputa de intereses de grupos. De manera lamentable, desde hace mucho, el debate parlamentario dejó de ser un ejercicio de diálogo fecundo, convirtiendo a la llamada “máxima tribuna de la nación” en una pasarela donde algunos actúan como representantes de intereses cuya legitimidad es al menos cuestionable.

Tener esto en mente es crucial para la Presidencia de la República, pues en términos reales, el posicionamiento del proyecto de esta administración depende de los siguientes seis meses, pues a partir del mes de enero, vendrá la disputa por la Cámara de Diputados y por los cargos de elección popular en lo local, en prácticamente la mitad del país.

Debemos ser capaces de evitar que la confrontación política genere, como ha ocurrido en los últimos años, una parálisis en distintos sectores. Quizá el más delicado es el relativo a la operación de los programas sociales, pues siempre, ante su uso reiterado para la compra de voluntades, queda la sospecha en torno a si la entrega de bienes busca darle alguna ventaja a candidatas y candidatos de todos los signos y colores.

El escenario es difícil de predecir, pues no debe dejar de considerarse que estamos ante el reto de un nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá operar con nuevas reglas, con nuevos funcionarios y, sobre todo, con la capacidad de coordinar el esfuerzo nacional, ya no sólo para las elecciones federales, sino también las locales.

Estos elementos deben llevar al gobierno de la República a actuar con la mayor celeridad posible para implementar todas aquellas acciones que le darán rumbo a la administración. Visto así, quedan en realidad 23 semanas para terminar de conocer la estrategia global de gobierno de la administración del presidente Peña.

Esto es así porque, después del segundo año de gobierno, es muy difícil impulsar la creación de nuevas estrategias, programas o acciones emblemáticas. Pues si bien es cierto que siempre debe haber lugar pero sobre todo responsabilidad para corregir, no lo es menos el hecho de que cuatro años son apenas suficientes para tratar de consolidar y potenciar lo que se logró en el primer tercio de una administración.

Los próximos seis meses constituyen un reto para la acción del gobierno, pero más todavía para la reflexión; ¿quiénes y cómo saldrán del gabinete para buscar cargos en el Congreso de la Unión?; y más difícil aún, ¿quiénes y cómo dejarán sus cargos para abrir espacios a quienes saldrán del Congreso el próximo año y que han sido leales o funcionales al proyecto de la Presidencia?

Se trata de enroques mayores, porque no debe olvidarse que el diseño de un gabinete es reflejo de la idea del poder de quien es responsable del destino del país. De nada menos que de eso es de lo que se trata y no hay duda que, a partir de este semestre, deberá profundizarse en esta reflexión.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes

lunes, 9 de junio de 2014

El bullying no es causa, es efecto

Excélsior, 09/06/2014

Uno de los temas que mayor notoriedad ha tomado en las últimas semanas es el del llamado bullying, un término retomado de la lengua inglesa para designar la violencia que ejercen las niñas y niños en contra de otras niñas y niños, fundamentalmente, en los entornos escolares.

El tema es grave, sin duda alguna, y requiere de un diagnóstico preciso y urgente, pues no podemos esperar dos años o tres más, antes de que tengamos una radiografía sobre cuáles son las principales causas de la violencia escolar.

Desde esta perspectiva, el diagnóstico que se ha dado como primera respuesta en varios espacios de discusión institucional y académica debe ser tomado con suma cautela, pues en la mayoría de los casos, se trata de explicaciones que reducen la problemática a los entornos en los que se dan las interacciones entre las y los estudiantes.

Si algo debe regir al análisis que se lleve a cabo en las próximas semanas y meses, es el reconocimiento del hecho de que visibilizar de manera prioritaria, con base en los dramáticos casos que los medios de comunicación han expuesto, lleva a la incapacidad de sopesar y valorar las otras violencias que en muchos casos podrían ser determinantes de las agresiones que se dan en las escuelas.

¿Cuántas niñas, niños y adolescentes agresores han sido violentados o agredidos en sus hogares? No pueden, no deben dejarse de lado, los estudios donde se evidencia que las personas perpetradoras de violencia la han padecido en sus hogares; estudios sugieren, por ejemplo, que 60% de las personas que maltratan a sus hijos fueron también víctimas de la violencia durante la niñez.

¿Cuántas de las niñas, niños y adolescentes que ejercen violencia en contra de sus compañeras o compañeros lo realizan como reacción ante la frustración de ser víctimas de acoso y hasta de abuso sexual por parte del personal de sus escuelas?

¿Cuántas de las niñas, niños y adolescentes que agreden a sus compañeras y compañeros han sido ya cooptados por el crimen organizado, o bien, viven en entornos de criminalidad o situaciones graves de ilegalidad en sus entornos familiares o comunitarios? ¿Cuántas de las niñas, niños y adolescentes que ponen en práctica el maltrato en contra de sus compañeras y compañeros han sido víctimas del delito o viven en condiciones de agresión social permanente, tal y como ocurre en contra de las niñas y adolescentes en el transporte público, en los mercados, plazas y calles por las que transitan?

Si el bullying es un fenómeno generalizado, entonces debemos tener la capacidad de desentrañar la profunda complejidad que debe estar operando detrás de esta dura realidad, pues si la cifra de 60% de estudiantes agredidos por sus compañeras y compañeros es correcta, entonces deberíamos estar preguntándonos sobre las causas que han dado pie a tal nivel de fractura en las relaciones y capacidades de convivencia de las y los más jóvenes.

Si de algo podemos estar seguros es de que esta problemática va mucho más allá de la ausencia de clases de civismo en las escuelas; se trata de un contexto generalizado de violencia frente al cual estamos obligados a responder eficazmente, porque en ello nos va la posibilidad de una sociedad en paz y en la que todas y todos podamos realizar nuestros proyectos de vida.

*Investigador del PUED-UNAM
Twiiter: @ML_Fuentes

lunes, 2 de junio de 2014

Cuidar de los más pequeños

Excélsior, 2/09/14 

Todo en la vida es definitivo, nos advertía don Miguel de Unamuno. Aun con ello en consideración, puede decirse que hay, parafraseando a otro filósofo, “unas etapas más definitorias que otras”. Y entre ellas se encuentra, sin duda, lo que en literatura especializada se denomina como la primera infancia. En efecto, en los primeros tres años de la vida se constituyen las estructuras físicas y mentales más relevantes, mismas que se consolidan, o no, en el siguiente periodo que va de los tres a los cinco años.

En ese periodo se definirán el carácter, la mayoría de las capacidades de aprendizaje, así como la posibilidad, o no, de una vida saludable. A pesar de la insistencia y la exigencia de muchos en torno a poner al centro de todas las decisiones públicas aquellas que están relacionadas con el bienestar de la niñez, seguimos estando muy lejos de ser un país apropiado para la infancia: cada año mueren aproximadamente 800 niñas y niños por desnutrición, antes de cumplir el primer año de vida; y en términos generales, tenemos una tasa de mortalidad infantil demasiado elevada, si se consideran los recursos con que contamos para reducirla.

Por otro lado, si se considera a todas las niñas y niños menores de cinco años, las tasas de mortalidad por deficiencia nutricional, por enfermedades respiratorias agudas y por enfermedades diarreicas, resultan simplemente impresentables por lo que implican en términos de omisión de parte del Estado mexicano en el cumplimiento de los compromisos derivados de la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño.

No debe olvidarse tampoco que la violencia homicida en contra de la niñez no se ha reducido en las últimas dos décadas; a diez años de que el secretario general de la ONU nos advirtiera en torno a los elevados niveles de violencia que se ejercen en contra de la niñez, los indicadores se mantuvieron para los más pequeños, y para quienes tienen entre diez y 19 años se recrudecieron de manera inaceptable.

UNICEF y Coneval han mostrado en los últimos años que si hay un flagelo que lastima y compromete el bienestar de las niñas y los niños es el de la pobreza: entre ellos, seis de cada diez viven en condiciones de pobreza; mientras que millones viven en condiciones de carencia por acceso a la alimentación, situación que permite explicar, en buena medida, las altas tasas de prevalencia de enfermedades por desnutrición en las niñas y niños menores de cinco años.

Cuando se piensa en los mecanismos para mejorar las capacidades institucionales para la protección integral de sus derechos, el panorama no deja de ser preocupante: basta con decir que en el nivel preescolar la cobertura para las niñas y niños de tres años no llega a 50%; y entre las niñas y niños de cuatro años no rebasa 65 por ciento.

Es hora de comprender que la garantía de los derechos de la niñez no puede seguir siendo vista como una inversión a futuro; se trata antes bien de un mandato ético que no puede sujetarse a su posible impacto ulterior. Para decirlo con todas sus letras: las niñas y los niños son portadores plenos de derechos; y lo son aquí y ahora, independientemente de lo que para ellos, y para todos, habrá de acontecer en los años por venir.

*Investigador del PUED-UNAM
Twitter: ML_fuentes