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miércoles, 30 de enero de 2008

lunes, 28 de enero de 2008

Las consecuencias de los crecimientos mínimos

Mario Luis Fuentes
Lunes 28 de enero de 2008

La reducción de las expectativas de crecimiento mundial y en nuestro país tiene repercusiones que se verán reflejadas necesariamente en los niveles de calidad de vida de las familias, particularmente en detrimento de los más pobres y de las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad social.

De acuerdo con la información del INEGI, en México hay al menos 1.5 millones de personas en edad de trabajar que no han logrado encontrar empleo en el último año. El dato es preocupante porque, por cada punto porcentual del PIB que se reduce en la expectativa de crecimiento, debe considerarse también que se pierde la capacidad de generar alrededor de 400 mil empleos.

En México, cerca de 60% de los habitantes son ya parte de la población económicamente activa, es decir, más de 60 millones de mexicanos que se encuentran en edad de trabajar. De esta población, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo informa que 4.43% se encontraba desocupada a diciembre de 2007.

Aun con las discusiones metodológicas y sobre la precisión y confiabilidad de las cifras acerca de empleo y ocupación en México, sí es una realidad que hoy los jóvenes se enfrentan a cada vez más dificultades para encontrar trabajo. Al respecto, es ilustradora la crítica que hacen algunos grupos empresariales al Programa de Primer Empleo y su inefectividad en cuanto a estimular la generación de trabajo digno en México.

Esta realidad implica la pérdida de capacidades para el ejercicio de la autonomía de los jóvenes, a la vez que una severa restricción a las libertades con miras a elegir sus formas y estilos de vida. Decisiones tales como cuándo contraer matrimonio; cuándo, cuánto y dónde estudiar; cuándo y cuántos hijos se van a tener, están relacionadas en la mayoría de las ocasiones con la posibilidad de contar con un empleo que permita acceder a niveles mínimos de bienestar para los integrantes de las familias.

Como correlato de esta situación, los jóvenes se encuentran atrapados en cada vez mayores relaciones de dependencia en todos los sentidos y, lamentablemente, no se ha logrado construir una plataforma institucional que les permita acceder al menos a espacios educativos de nivel medio y superior y, con ello, retrasar su ingreso al mercado laboral y generar al mismo tiempo mayores capacidades para la competitividad y el acceso a empleos bien remunerados y con seguridad social.

Por otro lado, la contracción de la economía estadunidense seguramente impactará en las posibilidades de acceso de nuestros paisanos que viven en aquel país, a empleos que, por precarios que parezcan, significan la diferencia entre poder enviar o no el dinero que permite la supervivencia a sus familiares aquí en México. La expectativa es, pues, que también baje el flujo de las remesas y con ello el consumo en las zonas rurales, las que en mayor medida se benefician de estos ingresos.

En esa lógica, las instituciones deberían estar considerando adecuaciones urgentes en el diseño y el planteamiento de objetivos de sus programas, y encontrarse realmente preparadas para enfrentar una coyuntura de bajo crecimiento económico que amenaza con convertirse en un periodo relativamente largo de estancamiento.

Es motivo de preocupación que, ante los nubarrones de la recesión, la cifra de los 14.4 millones de mexicanos que padecen día a día el hambre, pueda incrementarse debido a la falta de empleo y de oportunidades de acceso a ingresos, bienes y servicios que permitan mínimos de bienestar para quienes viven con las mayores carencias.

Una sociedad en constante dependencia; una en que sus jóvenes tienen canceladas sus expectativas de futuro; una que no ha logrado reducir sustancialmente la pobreza y la desigualdad en los últimos 15 años, es una sociedad en riesgo de vivir fracturas sociales mayores.
Reconocer que hay la incertidumbre social es real, es condición necesaria para construir un nuevo pacto fundacional de nuestros principales arreglos sociales; y esta refundación, debe decirse, es ya urgente. Necesitamos avanzar hacia un pacto político que, con base en criterios de una ética para la solidaridad, construya un nuevo entramado institucional que nos dé, de una vez por todas, la certeza de que, aun en medio de recesiones y turbulencias económicas, nuestras capacidades para la igualdad, la justicia y la dignidad nos mantendrán a flote como una sociedad igualitaria.

viernes, 25 de enero de 2008

Reconocen lucha antipobreza

Por Lucía Irabien
Viernes 25 de enero de 2008
Mario Luis Fuentes, director del Centro de de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS), criticó que los cambios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no contemplen estrategias para redistribuir la riqueza. "Parece que la nueva política de Sedesol es hacer más eficiente la política social, pero no enfrenta el tema de la desigualdad", dijo.
Durante una ponencia organizada por el Centro de Prospectiva y Debate Contorno, recordó que al nombrar a Ernesto Cordero como nuevo titular de Sedesol, el presidente Felipe Calderón prometió una nueva política social para la pobreza y la desigualdad, y sin embargo no anunció ningún cambio de estrategia.
Mario Luis Fuentes explicó que numerosos estudios señalan que el sustento de la pobreza es la desigualdad en el ingreso que perciben los mexicanos que trabajan. "La desigualdad tiene dimensiones brutales, obviamente sabe el Presidente que la Sedesol no tiene ningún instrumento para enfrentar la desigualdad", explicó.
El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social y el DIF Nacional dijo que lo que se necesita es una reestructuración del Estado para otorgarle atributos para enfrentar la desigualdad, porque el modelo de seguridad social del siglo pasado ya no funciona para compensar las disparidades. "Mientras no haya un diseño para redistribución del ingreso no será posible, la inequidad está deteniendo el crecimiento económico, no crecemos tanto porque hay un enorme concentración de riqueza", argumentó.
Fuentes señaló que desde el Poder Legislativo tampoco se vislumbran cambios importantes en la política social y lamentó que la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso no haya concretado ningún acuerdo al respecto, con excepción de la creación de una Comisión Económica y Social, de la que no quedaron claros ni sus objetivos, ni sus funciones.

lunes, 21 de enero de 2008

¿Una nueva política social?

Lunes 21 de enero de 2008

Los cambios que se han llevado a cabo en la titularidad de dos de las secretarías de Estado más importantes del país han generado, no sólo reacciones políticas, sino preguntas en torno al rumbo y el sentido que tomará la presente administración a partir de este 2008.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de los argumentos presentados por el Presidente de la República fue la necesidad de construir una nueva política social e impulsar una nueva forma de combatir la desigualdad y la pobreza.

Que este sea un objetivo explícito de la Presidencia de la República es importante de suyo. Sin embargo, habría que comenzar a discutir seriamente cómo se piensa llevar a cabo la construcción de esta nueva política y si este proceso implicará la modificación estructural del entramado jurídico-institucional vigente en nuestro país para regular e impulsar lo social.

Debe considerarse que, de inicio, hay dos opciones probables ante la designación del nuevo secretario de Desarrollo Social. La primera, que se trate de un cambio a través del cual se busque de manera llana mejorar la eficiencia en la operación de los programas de combate a la pobreza y de asistencia social de los que es responsable la Sedesol, sobre todo con el fin de buscar solventar las observaciones hechas por el Coneval y la ASF en la evaluación externa que presentó de los programas sociales del gobierno federal. En ese sentido, no será de extrañar que en los próximos días veamos cambios en las direcciones de los organismos sectorizados a la Sedesol, cambios que tendrían la intención de mejorar los procesos administrativos y de gestión de esas dependencias.

La segunda opción consistiría en replantear en serio la política social en su conjunto, lo cual implica establecer, de inicio, un nuevo diálogo político nacional, para restablecer nuestros arreglos sociales fundamentales mediante los cuales evitemos, con base en capacidades e instrumentos precisos del Estado, que la desigualdad siga acrecentándose y sí logremos llegar a la generación de condiciones de equidad económica y social para todos.

Una segunda pregunta, derivada de asumir esta opción, sería la de cómo construir un proceso de acuerdos y consensos en el mediano plazo, a fin de garantizar la viabilidad de las reformas institucionales requeridas para atemperar la desigualdad generada por nuestra estructura institucional vigente. Esto es, un proceso de reformas jurídico-políticas con miras a modificar el entramado institucional que hoy contribuye, aun de manera involuntaria, a la persistencia de la desigualdad.

Una reforma cuyo propósito sea modificar el estado de cosas imperante requiere un serio debate sobre cómo conseguir que las instancias responsables de garantizar la justicia social puedan intervenir de manera decisoria sobre los presupuestos y los procedimientos de distribución, no sólo de recursos, sino de las tareas y responsabilidades de la Federación en lo relativo a generar bienestar social y en la garantía plena de los derechos de la población, lo cual exigiría una nueva forma de consenso y concertación con entidades y municipios.

Habría que asumir además un debate de fondo, consistente en definir de una vez por todas hasta dónde podrá intervenir el Estado en la generación de condiciones para realizar efectiva nuestros derechos humanos y sociales y cuáles serán los límites que se impondrán al mundo de lo privado, en aras de lograr definiciones precisas sobre qué le corresponde al Estado y qué al mercado en materia de provisión y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

Reconstruir una nueva política social implicaría avanzar en la incorporación del objetivo de fortalecer las capacidades ciudadanas para la participación, la organización, la cooperación social, la realización y la exigibilidad de los derechos sociales, lo cual implicaría reconocer las limitaciones de una política que se basa de manera exclusiva en generar programas dirigidos a la formación de capacidades individuales para el consumo y asumir, en consecuencia, que con ello se logra la superación de la pobreza y la desigualdad.

Estas y otras preguntas se han planteado en distintos espacios y momentos desde hace varios años y, ante los cambios realizados, se presenta nuevamente la disyuntiva de asumir que la política social puede construirse de manera exclusiva desde las oficinas públicas, dirigidas solamente por el grupo en el poder o bien asumir que debe tenerse la audacia de convocar a un diálogo nacional en el que todas las voces y las posiciones podamos llegar a acuerdos básicos con el fin de avanzar, en una responsabilidad que es de todos, hacia una verdadera consolidación de un Estado social de derecho, incluyente y garante de los derechos humanos y sociales para las y los mexicanos.

lunes, 14 de enero de 2008

La cultura y la cohesión social

Lunes 14 de enero de 2008

A Andrés Henestrosa, in memoriam

La desaparición de un gran hombre como Andrés Henestrosa es siempre motivo de reflexión sobre su obra. La conciencia y visión del mundo que logró construir y que, por supuesto, nos obsequió generosamente, permite contar con mejores elementos para la comprensión de nuestro mundo y de nuestro México.

Sin duda alguna nuestro país requiere mayores esfuerzos con el fin de lograr que la obra de hombres universales como Henestrosa pueda ser conocida y valorada, sobre todo por la población joven, que hoy pareciera no tener mayores vínculos de identidad que los generados a través de la industria de los espectáculos y el deporte, en especial el futbol.

A dos años de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia y del Centenario de nuestra Revolución es preciso que el Estado y sus instituciones asuman la responsabilidad de lograr que todos aquellos hombres que han generado pensamiento crítico y pensamiento moral sobre nuestro ser nacional puedan estar en todos las escuelas, en todos los espacios públicos y construir, desde la cultura, elementos que permitan identificarnos.

Nuestra política social, hoy limitada a la administración de programas de asistencia, ha renunciado a un objetivo básico: la generación de cohesión e identidad en la población nacional.

Se ha propuesto en distintos espacios que el gobierno debe fijar meta sociales precisas para celebrar el Bicentenario, y a esta petición se han prestado oídos sordos, lo que muestra una visión en la que lo social no es sino sólo parte de los discursos y las presentaciones oficiales, pero en la realidad de los hechos está relegado a una posición residual en el esquema general del gobierno.

La superación de la pobreza requiere liderazgos incuestionables. Liderazgos que puedan concitar las voluntades necesarias para generar otra visión de lo público y conducir un proceso de “gradualismo acelerado” para reformar a las instituciones sociales y al esquema de organización de la administración pública federal.

Las conclusiones presentadas por el Coneval muestran que todo el sector social está desarticulado, no hay capacidades para la concertación entre los distintos órdenes de gobierno y las instancias gubernamentales cuentan con capacidades limitadas para el ejercicio presupuestal, además de existir la necesidad detectada de modificar y mejorar las reglas de operación de los programas sociales. Si esto es así, resulta imprescindible y también irrenunciable comenzar a reconocer las limitaciones del diseño social de hoy, en la operación en ese ámbito.

Se ha asumido que la cultura y la formación de identidad a través del conocimiento y las actividades del espíritu son cuestiones dirigidas y diseñadas para elites de altos niveles educativos; y esta posición implica una grave renuncia del gobierno y de las instituciones del Estado, para construir y fortalecer nuestra identidad con base en la generación de una clara conciencia sobre lo que es ser mexicano y, con ello, recuperar rutas para la actuación cívica y ética de nuestros jóvenes, hoy abandonados a una cultura televisiva de una pésima calidad o bien a la ausencia total de espacios para la convivencia y la formación de capacidades destinadas al diálogo, la tolerancia y la comprensión de la diferencia.

Hacen falta mucho más compromiso de los medios de comunicación para construir, a través de la radio, la televisión y los nuevos medios electrónicos de comunicación, programas de divulgación de la cultura nacional, con el objetivo de generar una identidad que nos haga sentir parte de un todo, a pesar de las diferencias.

Nos urge construir una nueva política de fomento a la industria editorial y a la producción de libros de calidad y de fácil acceso para la población. Requerimos generar acciones afirmativas para que en todos los cafés, las terminales de autobuses, los aeropuertos y otros puntos de reunión masiva de personas haya libros, música de calidad, pintura, esculturas y, en general, todas las manifestaciones de la cultura y que sean accesibles para todos.

Generar una nueva política cultural, vinculada simbióticamente con la social, nos puede dar la posibilidad de construir instrumentos para enfrentar la exclusión social y la pérdida de identidad que hoy vivimos. Un país que encuentra, a través de una cultura nacional, elementos para la identidad, es un país que puede enfrentar la inequidad hoy vigente.

viernes, 11 de enero de 2008

Aristegui

Lunes 7 de enero de 2008

Toda democracia requiere, para su consolidación, la existencia de un conjunto de factores que le den viabilidad y garanticen equilibrios y límites a los poderes, tanto institucionales como fácticos y, con ello, evitar limitaciones que atenten a las libertades fundamentales de los ciudadanos.
En efecto, las democracias contemporáneas no pueden entenderse sólo como mecanismos eficaces de disputa equitativa por el poder político, sino como formas de gobierno cuyo objetivo fundamental es garantizar la equidad social en un marco de libertad y de posibilidades de realización plena de todas las personas.

Uno de esos factores depende de la posibilidad de realizar tres derechos consagrados en nuestra Carta Magna: la libertad de expresión, la libertad de creencias y el derecho a la información. Estos tres derechos requieren la existencia de medios de comunicación abiertos, así como estructuras institucionales, para permitir que todo lo comentado en el espacio público pueda decirse en un marco de respeto irrestricto a las posiciones, opiniones y creencias personales.

Una de las principales trabas que tuvieron que sortearse en el proceso de transición hacia nuestra democracia fue precisamente la del control que el Estado intentaba imponer a los medios de comunicación. Y en esa lógica, no puede dudarse que los medios jugaron un papel fundamental en la apertura de espacios políticos, la denuncia de los excesos del poder y la generación de pensamiento distinto.

Por ello, cada vez que se pierde un espacio de debate público, nuestra democracia pierde en calidad y representatividad. Esto es así porque, en sociedades masivas como la nuestra, los medios constituyen o deberían aspirar a constituir, la pluralidad de voces y posiciones existentes en nuestro entorno social.

El espacio radiofónico que conducía Carmen Aristegui cumplía precisamente esto: la posibilidad de que grupos, organizaciones de la sociedad civil e incluso personalidades políticas tuvieran cabida y pudieran expresar, opinar y denunciar temas de enorme relevancia para nuestro país: como el caso de Lydia Cacho, los abusos en contra de niñas y niños de Oaxaca, además de distintas propuestas y varios proyectos de ONG que tuvieron cabida ahí, con la oportunidad de llegar al público que seguía cotidianamente ese espacio.

Sin duda, Carmen Aristegui ha sido en los últimos años, junto con otros periodistas y comunicadores, emblemática en el esfuerzo de hacer un periodismo distinto y ofrecer al público posiciones para la diversidad, la opinión y la expresión de la diferencia en nuestro país.

Hoy es fundamental para nuestra democracia comprender que, los medios de comunicación, si bien constituyen empresas del sector privado, de acuerdo con nuestra Carta Magna y nuestras demás leyes son empresas de un carácter muy especial: permiten dinamizar la economía; ampliar el espectro del llamado “mercado político”; contribuyen al esparcimiento y la diversión de las personas y, sobre todo, son los espacios más importantes para garantizar la libertad de expresión; en síntesis, cumplen con una función social irreemplazable. Empero, en el momento en que los medios renuncian a estas tareas pueden convertirse en aliados de intereses contrarios al interés público, al que, de acuerdo con nuestro marco jurídico, se deben.

En un marco de polarización social como el que estamos viviendo, nada ayuda más que contar con más medios de comunicación; más espacios para la expresión de la diversidad y, así, al mismo tiempo, con mayores espacios para el encuentro y la resolución de controversias mediante el arma más poderosa de las democracias: el diálogo y el pensamiento crítico.

Debe esperarse que los medios de comunicación puedan asumir que su credibilidad está en función directa de la pluralidad y la diversidad a las que dan cabida. Y habrá que esperar también que Carmen Aristegui, junto con la enorme cantidad de periodistas que desempeñan su tarea con dignidad y probidad, sigan contando con espacios para la reflexión y con el fin de seguir dando voz a quienes padecen violaciones a sus derechos humanos más elementales.
Publicado en el Periódico Excélsior http://www.exonline.com.mx