Lunes 21 de enero de 2008
Los cambios que se han llevado a cabo en la titularidad de dos de las secretarías de Estado más importantes del país han generado, no sólo reacciones políticas, sino preguntas en torno al rumbo y el sentido que tomará la presente administración a partir de este 2008.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de los argumentos presentados por el Presidente de la República fue la necesidad de construir una nueva política social e impulsar una nueva forma de combatir la desigualdad y la pobreza.
Que este sea un objetivo explícito de la Presidencia de la República es importante de suyo. Sin embargo, habría que comenzar a discutir seriamente cómo se piensa llevar a cabo la construcción de esta nueva política y si este proceso implicará la modificación estructural del entramado jurídico-institucional vigente en nuestro país para regular e impulsar lo social.
Debe considerarse que, de inicio, hay dos opciones probables ante la designación del nuevo secretario de Desarrollo Social. La primera, que se trate de un cambio a través del cual se busque de manera llana mejorar la eficiencia en la operación de los programas de combate a la pobreza y de asistencia social de los que es responsable la Sedesol, sobre todo con el fin de buscar solventar las observaciones hechas por el Coneval y la ASF en la evaluación externa que presentó de los programas sociales del gobierno federal. En ese sentido, no será de extrañar que en los próximos días veamos cambios en las direcciones de los organismos sectorizados a la Sedesol, cambios que tendrían la intención de mejorar los procesos administrativos y de gestión de esas dependencias.
La segunda opción consistiría en replantear en serio la política social en su conjunto, lo cual implica establecer, de inicio, un nuevo diálogo político nacional, para restablecer nuestros arreglos sociales fundamentales mediante los cuales evitemos, con base en capacidades e instrumentos precisos del Estado, que la desigualdad siga acrecentándose y sí logremos llegar a la generación de condiciones de equidad económica y social para todos.
Una segunda pregunta, derivada de asumir esta opción, sería la de cómo construir un proceso de acuerdos y consensos en el mediano plazo, a fin de garantizar la viabilidad de las reformas institucionales requeridas para atemperar la desigualdad generada por nuestra estructura institucional vigente. Esto es, un proceso de reformas jurídico-políticas con miras a modificar el entramado institucional que hoy contribuye, aun de manera involuntaria, a la persistencia de la desigualdad.
Una reforma cuyo propósito sea modificar el estado de cosas imperante requiere un serio debate sobre cómo conseguir que las instancias responsables de garantizar la justicia social puedan intervenir de manera decisoria sobre los presupuestos y los procedimientos de distribución, no sólo de recursos, sino de las tareas y responsabilidades de la Federación en lo relativo a generar bienestar social y en la garantía plena de los derechos de la población, lo cual exigiría una nueva forma de consenso y concertación con entidades y municipios.
Habría que asumir además un debate de fondo, consistente en definir de una vez por todas hasta dónde podrá intervenir el Estado en la generación de condiciones para realizar efectiva nuestros derechos humanos y sociales y cuáles serán los límites que se impondrán al mundo de lo privado, en aras de lograr definiciones precisas sobre qué le corresponde al Estado y qué al mercado en materia de provisión y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
Reconstruir una nueva política social implicaría avanzar en la incorporación del objetivo de fortalecer las capacidades ciudadanas para la participación, la organización, la cooperación social, la realización y la exigibilidad de los derechos sociales, lo cual implicaría reconocer las limitaciones de una política que se basa de manera exclusiva en generar programas dirigidos a la formación de capacidades individuales para el consumo y asumir, en consecuencia, que con ello se logra la superación de la pobreza y la desigualdad.
Los cambios que se han llevado a cabo en la titularidad de dos de las secretarías de Estado más importantes del país han generado, no sólo reacciones políticas, sino preguntas en torno al rumbo y el sentido que tomará la presente administración a partir de este 2008.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de los argumentos presentados por el Presidente de la República fue la necesidad de construir una nueva política social e impulsar una nueva forma de combatir la desigualdad y la pobreza.
Que este sea un objetivo explícito de la Presidencia de la República es importante de suyo. Sin embargo, habría que comenzar a discutir seriamente cómo se piensa llevar a cabo la construcción de esta nueva política y si este proceso implicará la modificación estructural del entramado jurídico-institucional vigente en nuestro país para regular e impulsar lo social.
Debe considerarse que, de inicio, hay dos opciones probables ante la designación del nuevo secretario de Desarrollo Social. La primera, que se trate de un cambio a través del cual se busque de manera llana mejorar la eficiencia en la operación de los programas de combate a la pobreza y de asistencia social de los que es responsable la Sedesol, sobre todo con el fin de buscar solventar las observaciones hechas por el Coneval y la ASF en la evaluación externa que presentó de los programas sociales del gobierno federal. En ese sentido, no será de extrañar que en los próximos días veamos cambios en las direcciones de los organismos sectorizados a la Sedesol, cambios que tendrían la intención de mejorar los procesos administrativos y de gestión de esas dependencias.
La segunda opción consistiría en replantear en serio la política social en su conjunto, lo cual implica establecer, de inicio, un nuevo diálogo político nacional, para restablecer nuestros arreglos sociales fundamentales mediante los cuales evitemos, con base en capacidades e instrumentos precisos del Estado, que la desigualdad siga acrecentándose y sí logremos llegar a la generación de condiciones de equidad económica y social para todos.
Una segunda pregunta, derivada de asumir esta opción, sería la de cómo construir un proceso de acuerdos y consensos en el mediano plazo, a fin de garantizar la viabilidad de las reformas institucionales requeridas para atemperar la desigualdad generada por nuestra estructura institucional vigente. Esto es, un proceso de reformas jurídico-políticas con miras a modificar el entramado institucional que hoy contribuye, aun de manera involuntaria, a la persistencia de la desigualdad.
Una reforma cuyo propósito sea modificar el estado de cosas imperante requiere un serio debate sobre cómo conseguir que las instancias responsables de garantizar la justicia social puedan intervenir de manera decisoria sobre los presupuestos y los procedimientos de distribución, no sólo de recursos, sino de las tareas y responsabilidades de la Federación en lo relativo a generar bienestar social y en la garantía plena de los derechos de la población, lo cual exigiría una nueva forma de consenso y concertación con entidades y municipios.
Habría que asumir además un debate de fondo, consistente en definir de una vez por todas hasta dónde podrá intervenir el Estado en la generación de condiciones para realizar efectiva nuestros derechos humanos y sociales y cuáles serán los límites que se impondrán al mundo de lo privado, en aras de lograr definiciones precisas sobre qué le corresponde al Estado y qué al mercado en materia de provisión y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
Reconstruir una nueva política social implicaría avanzar en la incorporación del objetivo de fortalecer las capacidades ciudadanas para la participación, la organización, la cooperación social, la realización y la exigibilidad de los derechos sociales, lo cual implicaría reconocer las limitaciones de una política que se basa de manera exclusiva en generar programas dirigidos a la formación de capacidades individuales para el consumo y asumir, en consecuencia, que con ello se logra la superación de la pobreza y la desigualdad.
Estas y otras preguntas se han planteado en distintos espacios y momentos desde hace varios años y, ante los cambios realizados, se presenta nuevamente la disyuntiva de asumir que la política social puede construirse de manera exclusiva desde las oficinas públicas, dirigidas solamente por el grupo en el poder o bien asumir que debe tenerse la audacia de convocar a un diálogo nacional en el que todas las voces y las posiciones podamos llegar a acuerdos básicos con el fin de avanzar, en una responsabilidad que es de todos, hacia una verdadera consolidación de un Estado social de derecho, incluyente y garante de los derechos humanos y sociales para las y los mexicanos.
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