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lunes, 31 de agosto de 2009

Gilberto Rincón Gallardo

31-Ago-2009

El pasado viernes se cumplió un año desde la desaparición de Gilberto Rincón Gallardo. No tengo la menor duda al afirmar que México es un mejor país gracias a su trabajo político, a sus ideas, pero sobre todo, a su actitud ejemplar de luchar incansablemente por que el respeto a los derechos humanos, la inclusión social, la discriminación y el rechazo a la diferencia, se convirtieran en los criterios y objetivos fundamentales en el diseño del gobierno. Gilberto asumía plenamente la complejidad social de nuestro país. Su personalidad siempre estuvo caracterizada por una convicción socialdemócrata desde la cual promovió intensos debates nacionales, mostrando que es a partir del acercamiento de las diferencias donde podemos construir una nación incluyente y generosa.
Promovió y mostró que la vía del diálogo es la opción democrática por excelencia, y que es a través del entendimiento y de la construcción de consensos como México puede avanzar, aún en las circunstancias más adversas. El actuar político de Gilberto estuvo orientado a la defensa de las minorías y a su derecho a manifestarse y a tener presencia en el escenario nacional. Un asunto de la mayor relevancia, pues dotar de voz a quienes hasta ahora en muchos ámbitos carecen de la posibilidad de expresar sus diferencias, constituye uno de los actos de mayor importancia para construir inclusión y cohesión social en México.
Debe decirse que Gilberto fue el principal motor que impulsó la reforma constitucional del artículo primero de la Carta Magna, a fin de incorporar explícitamente en ella el derecho universal a la no discriminación; de ello derivó la creación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación, así como la creación del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), organismo que presidió hasta su muerte.
Su aportación a la defensa de las personas con discapacidad es igualmente inmensa. La creación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2005, fue resultado de muchas de las aportaciones que él hiciera, en alianza y solidaridad con el movimiento nacional de personas con discapacidad.
Estas luchas no fueron casuales. Sabía que la más grande deuda de nuestro país se encuentra en el sufrimiento de los excluidos; en el silencio de los sin voz; en la exclusión de los diferentes y en el rezago histórico que aqueja a los indígenas, las personas con discapacidad y otros grupos que sufren el racismo, la discriminación y otras formas de intolerancia.
Gilberto es uno de los ejemplos más poderosos en la historia reciente de nuestro país en torno a lo que puede llamarse la imaginación política. En ese sentido, nos mostró cómo la derrota del pensamiento puede revertirse y cómo los mejores ideales de la modernidad pueden y deben rescatarse desde una profunda visión y sensibilidad social. La obra de este hombre no puede asumirse como completa, no por lo que no logró hacer debido a su muerte, sino por la inmensa responsabilidad que tenemos, quienes fuimos favorecidos con el privilegio de su cercanía y amistad, de seguir luchando por el fortalecimiento de las instituciones y la generación de capacidades para garantizar adecuadamente los derechos humanos en México.
No hay mejor homenaje a la tarea de un gran hombre, que la de asumirlo como un personaje ejemplar, es decir, un hombre digno de ser imitado en su integridad, en su coherencia y en su estatura moral, pues es lo que nos permitiría, a final de cuentas, honrar adecuadamente la memoria de Gilberto, quien jamás vaciló en entregar todo su tiempo, energía y capacidades al servicio de México. La coherencia, la integridad y la capacidad de ser consistente a lo largo de su vida, es lo que le dio a Gilberto la capacidad de hacer política al más alto nivel, así como transitar, en medio de inmensos ejercicios de tolerancia con los demás, y esas características son las que hoy están ausentes en el escenario político nacional.
Alguna vez Gilberto escribió que no hay tarea más importante para los mexicanos que la de velar por las libertades, la dignidad y los derechos humanos. En ese sentido, proteger a las instituciones es sin duda una actividad de la mayor magnitud. Por ello, ante su ausencia, permitir retrocesos en aquello por lo que Gilberto comprometió su bienestar, sus energías y hasta su salud, constituiría un despropósito, no sólo con el amigo que siempre fue, sino sobre todo, con el hombre de ideales que vivió una intensa pasión y vocación por México.
No hay mejor homenaje a la tarea de un gran hombre, que la de asumirlo como un personaje ejemplar.

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miércoles, 26 de agosto de 2009

lunes, 24 de agosto de 2009

El regreso a clases y la exclusión social

Lunes, 24 de Agosto 2009

Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), en 2007 había en México 29 millones 203 mil 394 personas entre los cinco y los 17 años. De éstos, 14 millones 763 mil 18 son hombres y 14 millones 467 mil 376 mujeres. El dato es relevante, porque es este segmento de la población el que constituye el grueso de la matrícula escolar. En efecto, el sistema educativo nacional tiene una cobertura de más de 32 millones, cuya inmensa mayoría se ubica en el grupo de edad señalado.

De acuerdo con lo que establece el texto constitucional, todas las niñas y los niños deberían estar en la escuela. Esto implicaría una cobertura universal hasta el bachillerato, lo cual se encuentra muy lejos de ser una realidad en nuestro país. Así, de los 29.2 millones de menores de 18 años que había en 2007, hay un registro alarmante de 3.07 millones que no asistían a la escuela, la inmensa mayoría, por razones económicas.

Desagregados por grupos de edad, es preocupante que, entre quienes tenían de cinco a nueve años, se registró un total de 236 mil 504 niñas y niños que no acudían a la escuela, cuando se supone que en México no sólo la gratuidad de la educación, sino la existencia de programas como Oportunidades, deberían garantizar que no hubiera una sola niña o niño excluido del sistema. En el grupo de edad de los 10 a los 13 años, la cifra es de más de 315 mil sin la oportunidad de ver cumplido su derecho a la educación.

Debe destacarse, además, que para la población de 14 a 17 años aún hay rezagos abismales: 110 mil 584 adolescentes en este segmento no cuentan con ningún grado de instrucción; 520 mil 258 no habían concluido la primaria; mientras que más de 3.5 millones tenía secundaria incompleta, lo cual evidencia no sólo una enorme tasa de no absorción de la secundaria a la preparatoria, sino también altos niveles de reprobación, repetición de grados y extraedad escolar grave en las secundarias. Lo anterior implica que, en 2007, teníamos a más de 630 mil personas entre 14 y 17 años sin concluir la primaria; dato aterrador, porque implica que estas niñas y estos niños seguramente estarán condenados, en su mayoría, a tener severos problemas de inclusión laboral, aprendizaje profesional y, desde luego, altas probabilidades de reproducir los círculos intergeneracionales de la pobreza.

Estos datos deben, sin embargo, tomarse con mucha cautela, pues si los registros de incremento en los niveles de pobreza y en la agudización del hambre en todo el país comenzaron a darse desde 2007, entonces la deserción escolar, la reprobación y la no absorción de egresados de primaria y secundaria pudo haberse incrementado también de manera significativa. Debe dejarse en claro que la pobreza de capacidades creció al pasar de 4.2 a 5.3 millones de hogares, lo cual implica no contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud y educación, aun destinando todo el ingreso del hogar a esos ámbitos. Si esto es así, entre comer y curar una enfermedad o asistir a la escuela, la decisión en los hogares generalmente apunta a las primeras dos opciones, por lo que no es descabellado pensar que, al no haber un crecimiento en las coberturas de los programas de combate a la pobreza, combinada con una reducción al presupuesto educativo, más niñas y niños abandonarán las escuelas y, peor todavía, hasta podrían engrosar las filas de la monstruosa figura del trabajo infantil. La ENOE del segundo trimestre de 2009 nos dice que hay más de 2.36 millones de personas desocupadas, así como 9.96 millones de autoempleados, es decir, viviendo en la precariedad laboral, pero sobre todo salarial, sin prestaciones económicas, en la informalidad y hasta en la ilegalidad.

En este contexto, la educación sigue siendo un espacio que puede permitirnos recuperar el sentido de nación, de garantizar en primer lugar la inclusión de todos al sistema educativo, en un esquema de gratuidad, desde el preescolar hasta el bachillerato.

No podemos permitir que las generaciones de jóvenes que podrían tener un promisorio futuro, se estén convirtiendo en hordas de desempleados pues, según los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud, cada vez son más los adolescentes que ni estudian ni trabajan, lo cual puede generar poderosos “caldos de cultivo” para la violencia, la frustración y la desesperanza.

Octavio Paz decía que tenemos derecho a todo, excepto a renunciar a construir una sociedad para la felicidad. Empero, lograrlo requiere que al menos tengamos acceso a un piso básico de derechos, entre los que se encuentra sin duda una educación de calidad.

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jueves, 20 de agosto de 2009

Auguran aumento en nivel de pobreza

(Entrevista realizada por el periódico Excélsior, 19 de agosto de 2009)

Una reducción del gasto público para hacer frente a la crisis económica generará en los próximos meses cuatro millones de nuevos pobres, lo que acarreará problemas sociales, advirtió Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
En conversación con Martín Espinosa para Grupo Imagen, Fuentes destacó que los actuales programas de asistencia son insuficientes, y no dan cobertura a todos los necesitados, pero sería un error eliminarlos, toda vez que aquellos que subsisten con esta ayuda quedarían desprotegidos: “La medida no es recortar los programas que ya se tienen, sino ampliar el apoyo”. En diciembre de 2008, 19 millones de mexicanos padecían hambre. A esta cifra hay que sumarle los nuevos cuatro millones de ciudadanos que ingresaron a la pobreza extrema en los primeros meses de 2009. Las amas de casa y los jóvenes son los más afectados, puntualizó el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Asimismo destacó que la falta de inversión en infraestructura educativa y hospitalaria deja fuera a miles de familias de las zonas de mayor marginación en el país.
“De 20 mil hospitales que existen en el país muchos tienen más de 20 años de operación y requieren grandes montos para su mantenimiento. En el sector educativo, sólo seis de cada diez jóvenes accede a la prepa”, enfatizó, al tiempo que agregó que el lento crecimiento económico del país coloca a las poblaciones indígenas en situación de emergencia, lo que se convierte en caldo de cultivo para conflictos sociales.
“En Chiapas sólo tres de cada diez niños nace en un hospital, lo que revela las afectaciones por la falta de inversión federal.”
Agregó que en el país hay siete millones de jóvenes entre 12 y 21 años que ni estudian ni trabajan: “Están fuera del espacio público, y si se recorta el gasto a educación y programas sociales tendremos un país cada vez más injusto”.
El también ex director del DIF afirmó que si el aumento que han registrado los servicios públicos no se acompaña con medidas de equidad, la población colapsará.
Mario Luis Fuentes aseguró que el recorte de plazas en el sector burocrático se sumará al desmoronamiento de la clase media, por lo que es urgente un nuevo pacto “sin sacrificar el precario gasto social y articular los programas que ya están”.Con datos de Roberto José Pacheco
El gobierno debe fortalecer los programas sociales, de acuerdo con el CEIDAS
Mario Luis Fuentes aseguró que el recorte de plazas en el sector burocrático se sumará al desmoronamiento de la clase media, por lo que es urgente un nuevo pacto “sin sacrificar el precario gasto social y articular los programas que ya están”.

Con datos de Roberto José Pacheco.

miércoles, 19 de agosto de 2009

Crisis Económica: Los daños en materia social


Proteger la infraestructura social

Lunes, 17 de Agosto 2009

El secretario de Hacienda anunció ayer que una buena partede los ingresos nacionales están “destruidos de manera permanente”. Estanoticia es de lo más preocupante porque se da en medio de la mayor crisis delempleo en la historia de nuestro país: 2.4 millones de desempleados, una caídade 10.5% del PIB y un escandaloso incremento en el número de pobresalimentarios cuya cifra, al cierre de 2008, llegó a 19.2 millones.
Ante esta situación, se ha propuesto un recorte de más de300 mil millones de pesos, lo que impactará a la inversión que se teníaproyectada, no sólo para ampliar coberturas en servicios básicos, sino con elfin de mantener en operación, con estándares de calidad aceptables, la hoyexistente.
Para 2010, el panorama es mucho peor: una caída adicionalde 500 mil millones de pesos en los ingresos del Estado, lo que limitará aúnmás la posibilidad de proteger la inversión en esferas básicas de la justicia:acceso al agua potable, a servicios adecuados de saneamiento, así como aservicios de cultura, educación, deporte y recreación, igualmente importantescuando se habla de cumplimiento de los derechos sociales.
El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) hademostrado que uno de los factores determinantes de la desigualdad educativa ysocial es la variable del bajo capital cultural familiar de los estudiantes enel país. Ello porque los indicadores de menor rendimiento, mayor reprobación ydeserción escolar se presentan en el grupo de alumnos cuyos jefes de familiatienen más bajos promedios de escolaridad, menor acceso a bienes y serviciosculturales y menos desarrollo de actividades de recreación de calidad.
A su vez, el PNUD muestra cómo limitar los derechos que hoyafectan radicalmente las posibilidades de un adecuado desarrollo futuro de lasgeneraciones más jóvenes, pues cada año adicional de escolaridad, que se gana ose pierde, puede representar la diferencia entre vivir permanentemente en lapobreza o acceder a mejores niveles de bienestar.
Por ello es alarmante la caída en los ingresos de losmunicipios y su inminente colapso financiero. Porque esto traerá comoconsecuencia que más unidades deportivas, casas de la cultura, bibliotecaspúblicas, teatros y centros de convivencia comunitaria se deteriorenrápidamente si no hay un adecuado proceso de acompañamiento y reorientación delgasto público con miras a la protección de los derechos sociales.
Privilegiar la inversión en obras suntuarias y seguirbeneficiando a constructores codiciosos que, al amparo de la corrupción y elamiguismo en los gobiernos locales, se han hecho prácticamente de pequeñosmonopolios para construir obra pública, constituirá un retroceso en nuestrascapacidades con miras a reconstruir una nación justa.
Hoy es el momento de avanzar hacia una verdadera reformadel Estado, que incluya una reforma fiscal diseñada con criterios de justiciapara los pobres, antes que con base en sólo las frívolas fórmulas queúnicamente ven variables macroeconómicas pero, por los resultados de losúltimos 30 años, han mostrado su rotunda inviabilidad.
La urgente reforma del Estado debe plantear nuevos esquemasde recaudación y privilegiar mecanismos de distribución justa de los recursos afin de proteger la infraestructura de esferas de justicia irrenunciables parala autoridad estatal: salud, educación y alimentación. Debemos asumir lourgente de universalizar la cobertura en salud, construir más hospitales,formar a más personal y mejorar el equipamiento; que necesitamos ampliar lacobertura gratuita de la educación hasta al menos el bachillerato, y lo urgentede que estamos obligados a garantizar la seguridad alimentaria y el derecho ala alimentación.
Estas esferas de justicia exigen proteger lainfraestructura social instalada, mejorarla sustantivamente para proteger a losmás vulnerables y detonar su ampliación como un mecanismo adicional degeneración de empleo en las localidades más pobres. Esto permitiría detonarmercados locales desde un enfoque en el que la participación social desplace alclientelismo o a las lógicas perversas que se han generado mediante lamonetarización de las relaciones sociales, así como de los vínculos entre lasociedad y el gobierno.
Proteger la infraestructura social, en medio del colapso delas finanzas públicas, constituye no sólo un acto moral, sino una de las rutasno exploradas aún por el régimen, para generar procesos de reactivacióneconómica, a base de privilegiar la inversión en las personas.
El reto del Estado consiste en mantener el control de laeconomía, de las variables más importantes, como la inflación, ysimultáneamente garantizar la justicia social para con ello evitar que máspobres y marginados sigan enfrentándose día con día al dilema de lasupervivencia.
Es alarmante la caída en los ingresos de los municipios ysu inminente colapso financiero.

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martes, 11 de agosto de 2009

lunes, 10 de agosto de 2009

La miseria no ha sido abatida.

Lunes. 10 de Agosto 2009

El tema de los derechos humanos ha sido abordado y comprendido de una manera aún limitada en México. Sin duda, contar con un organismo del Estado responsable de velar por ello es un avance sin precedentes en el país.

Pero aún hay numerosos problemas para fortalecer la institucionalidad de la CNDH, así como ampliar la discusión sobre el papel que tiene en la vigilancia y la exigencia de cumplimiento de los derechos humanos.

México sigue siendo un país en el que nuestras libertades se encuentran relativamente restringidas, por la incapacidad material de satisfacer necesidades elementales de la población. En efecto, cuando hay hambre, enfermedad, marginación y desigualdad, exclusión y discriminación, es un hecho que las personas encuentran severas limitaciones para ejercer su libertad. Nadie puede decidir sobre su vida, plantear proyectos de mediano y largo plazos, si a su realidad y a su entorno los caracterizan la incertidumbre y la carencia de casi todo.

Sin el cumplimiento pleno de los derechos sociales (pensando, por ejemplo, en los que están contenidos en la Ley General de Desarrollo Social), no hay garantías suficientes para ejercer otro tipo de derechos, como el de expresión, el de creencia o al trabajo digno.

Ninguna democracia puede fortalecerse si no hay condiciones para el desarrollo humano al alcance de todos y es preciso revisar las agendas que han sido abandonadas y dejadas de lado por la mayoría de las dependencias públicas y nos han llevado a la pérdida de rumbo y a la ineficacia de políticas de Estado y de programas públicos.

Hoy carecemos de mecanismos efectivos para garantizar que sean cumplidos a cabalidad, por citar sólo algunos temas, los derechos de los niños, adultos mayores y personas con discapacidad; deben retomarse agendas como el cumplimiento de derechos de las mujeres relacionados con la violencia y la salud sexual y reproductiva; las acciones acerca de los derechos de los jóvenes son insuficientes; y los indígenas siguen siendo altamente discriminados y excluidos del bienestar, lo mismo que la gente de distintas preferencias sexuales. Hay atentados graves a la libertad de expresión y constantes denuncias de limitaciones a la de cultos y creencias.

Por otro lado, hay agendas de nueva generación para las cuales carecemos de mecanismos, ya no se diga de exigibilidad ante autoridades, sino para darles visibilidad y exigir su incorporación a las decisiones públicas. Derechos relacionados con el acceso a la cultura, la defensa de la lengua y la identidad, están aún lejos de ser asumidos plenamente tanto en nuestro marco jurídico como en el institucional.

Todo ello lo enmarca una realidad en la que no hemos logrado abatir pobreza y desigualdad. Y si éstas limitan el cumplimiento de otros derechos, deberían ser materia de una revisión al amparo de la defensa de los derechos humanos, porque éstos pueden violarlos también por omisión las autoridades responsables de garantizarlos.

Pensar en dotar de nuevas capacidades a la CNDH para que transite a un modelo avanzado de defensa de los derechos humanos, ampliando sus facultades para revisar, no sólo actos sino omisiones de la autoridad, es un reto mayor, porque implicaría asumir que se trata de un organismo que, si bien no emite recomendaciones de cumplimiento obligatorio, sí puede orientar a la acción pública hacia generar soluciones estructurales que impiden de facto el cumplimiento de las garantías y los derechos que nos otorgan nuestra Constitución y sus leyes.

La defensa de los derechos humanos no puede estar sólo circunscrita a la defensa de lo que se ha conocido tradicionalmente como “libertades civiles”. El reto consiste en avanzar hacia el fortalecimiento de una de las instituciones del Estado de mayor relevancia porque, dado su carácter autónomo, puede ofrecer, mediante la defensa de los derechos sociales, mecanismos innovadores de solidaridad social, reconciliación y unidad nacional.

No puede creerse que los derechos humanos se cumplen en un país que se ahoga en la desigualdad y la pobreza. La pervivencia de la democracia, del Estado de derecho y de un régimen de libertades depende en buena medida de nuestra capacidad de proteger y garantizar a todos el universal e integral cumplimiento de los derechos humanos.

México sigue siendo un país en el que nuestras libertades se encuentran relativamente restringidas, por la incapacidad de satisfacer necesidades de la población.

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viernes, 7 de agosto de 2009

"Advierten mayor riesgo en familias con violencia"

Entrevista realizada por el diario Excélsior al Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá:

Verónica Mondragón

El entorno violento en las escuelas y en la familia orillan a los menores a enrolarse en el crimen organizado, mientras crece la cultura de la admiración a la violencia, advirtió Mario Luis Fuentes, director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).

“Las razones por las que un niño se ve atrapado en conflicto con la ley tienen que ver con su situación escolar. El abandono escolar es el elemento primordial que vuelve vulnerable a un niño.”

Está el entorno familiar y muchos espacios son de violencia, de abusos. Esto puede generar que ellos sean atrapados en ese tipo de acciones ilícitas. También tiene que ver con las condiciones reales de ingreso y vulnerabilidad en los hogares”, dijo el especialista en temas sociales.

Fuentes señaló que el tejido social está impregnado de vulnerabilidad y de desigualdad. Esto se conjuga con un sistema de justicia que trata a los menores como si fueran adultos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Seguridad Pública (SSP), actualmente hay 14 mil 213 menores de 18 años en los centros de tratamiento para menores.

“Esos jóvenes pueden ser sujetos a un sistema especial de justicia y no ser juzgados como adultos”, aseguró.

Fuentes rechazó que se apliquen sanciones penales para los menores, quienes recibirán al menos una sentencia de diez años de cárcel cuando cometan delitos graves como homicidio, robo o secuestro, que son los más comunes.

“En la construcción de acciones reales para la integración, el encarcelamiento debe ser la última alternativa, deben proponerse acciones que permitan reconstruir la red social”, reiteró el experto, quien además preside el Observatorio Ciudadano de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familias y miembro del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Primero, recalcó, hay que reconocer que los entornos familiares y escolares están sujetos a la erosión por sus capacidades de pobreza y desigualdad.

Esto surge en un contexto de incremento de la pobreza extrema. En los últimos tres años, más de cinco millones de mexicanos no tuvieron los ingresos para adquirir los productos de la canasta básica.

Lo cual se conjuga con un sistema escolar deficiente “Muchos no tienen un sistema pedagógico que pueda reconocer que estos niños al ser expulsados caerán a acciones delictivas”, recalcó.

En el aspecto sicológico, la adolescencia es una edad compleja durante la formación del ser humano, aseguró el sicólogo César Flores.

“A esa edad no hay mucho control de impulsos o medida de las consecuencias. El joven no ha desarrollado la conciencia de que sus actos tienen repercusiones, por la etapa de su vida no están cristalizadas sus creencias”, señaló.

Además, coincidió en que la ruptura en el tejido social provoca que los menores no encuentren en sus familias la protección que “les permita enfrentar lo que ven”.

Incluso actualmente hay una sobrevaloración de los contextos de violencia, que son vistos como atractivos círculos de poder.

“Hay conductas de que el crimen organizado se pondera como algo positivo para los jóvenes que ven en la conducta ilícita símbolos de poder, vía la música, vía juegos digitales. Es una generación en que la violencia como elemento de ruptura que genera situaciones de jerarquía”, dijo Mario Luis Fuentes.

Notas relacionadas:

- El crimen se nutre de más minisicarios
- Avistan narcocultura que carcome infancia

miércoles, 5 de agosto de 2009

México ante la crisis

CONFIGURACIONES
(No. 30, Enero-abril, 2009)
Revista de la Fundación Pereyra y del Instituto de Estudios para Transición Democrática (IETD)

Con la participación de Mario Luis Fuentes






martes, 4 de agosto de 2009

lunes, 3 de agosto de 2009

La epidemia que no se ha ido

Lunes, 3 de agosto 2009

México está en túnel de desgracias que se han sucedido desde septiembre de 2008. Primero, el estallido de la crisis económica ante la cual, las autoridades hacendarias, un mes sí y el otro también, nos han dicho que ya tocó fondo y se ven “alentadores signos de recuperación”.

Ese mismo mes, las dos granadas en plena celebración de la Independencia Nacional, en Morelia, marcaron el inicio de una ola de violencia mucho más sanguinaria de los grupos del crimen organizado.

La epidemia de influenza paralizó a medio país y, con ello, a la de ya por sí maltrecha economía, lo cual agudizó la estrepitosa caída del Producto Interno Bruto, al golper severamente a los principales sectores productivos, los que mayores empleos generan.

Para colmo de males, las nuevas cifras sobre la pobreza nos regresan a la terrible realidad de la otra pandemia: la desigualdad crónica que persiste y cifras que nos revelan, al mismo tiempo, que de golpe volvimos a los perniciosos niveles de la década pasada.

Este crudo escenario nos debe llevar a la consideración urgente de que, el rebrote de la pandemia de influenza, esperado para el otoño, es decir, dentro de dos meses, puede dar un nuevo revés a los más que precarios “signos de recuperación económica” y afectar de una manera mucho más grave a quienes menos tienen.

Lo que está ocurriendo en Chiapas y en general en el sursureste mexicano es sintomático de que, cuando la pandemia llega a las regiones menos favorecidas, la respuesta de las autoridades de los diversos niveles se reduce y pone al margen de la existencia a cientos de miles que poco o nada tienen.

En contraste, en España, por ejemplo, la aparición de la pandemia llevó a un debate sobre si las 15 millones de dosis disponibles de los antivirales que han mostrado eficacia en este padecimiento bastarían para atender a su población, lo que llevó al gobierno de ese país a adquirir un nuevo stock y llegar a 25 millones de dosis.

En otros países, la tendencia es la misma; empero, en el nuestro, las reacciones no van en el mismo sentido. Al menos por la información disponible, el número de dosis disponibles para atender a pacientes infectados por el virus A H1N1 no se ha incrementado de los dos millones inicialmente anunciados por la Secretaría de Salud, aun cuando nuestra población es casi tres veces mayor que la española.

En su Comunicado de Prensa del 16 de julio, la Organización Mundial de la Salud declara: “La pandemia de gripe de 2009 se ha propagado por todo el mundo a una velocidad sin precedentes. En las pandemias anteriores los virus gripales necesitaron más de seis meses para extenderse tanto como lo ha hecho el nuevo virus H1N1 en menos de seis semanas”.

Con esa velocidad de propagación, no es descabellado pensar que su capacidad de mutación sea similar, por lo que en los próximos meses podríamos estar enfrentando, no sólo una pandemia de mayores proporciones, sino una causada por un virus más agresivo. Esto se confirma con el Boletín del 8 de julio de la OMS: “Las autoridades sanitarias de Dinamarca, Japón y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China, han informado a la OMS de la detección de virus H1N1 que, según las pruebas de laboratorio, son resistentes al antivírico oseltamivir (conocido como Tamiflu)”.

Así, el conteo de casos confirmados por la OMS llegó ya el 6 de julio a 94 mil 512, con 429 muertes totales. De esos casos confirmados, diez mil 262 son pacientes mexicanos, es decir, poco más de diez por ciento.

No obstante ello, las medidas preventivas diseñadas se han relajado. Ya no hay, por ejemplo, los despachadores de gel para el aseo de manos en espacios de reunión masiva de personas; pero, sobre todo, se abandonaron las intensas campañas para generar hábitos deseables entre la población, lo cual implica un riesgo mayor ante la evidencia de que el virus de la influenza, como se dice popularmente, llegó para quedarse.

La desigualdad crónica persiste y los números revelan que de golpe volvimos a los perniciosos niveles de la década pasada.


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