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miércoles, 19 de agosto de 2009

Proteger la infraestructura social

Lunes, 17 de Agosto 2009

El secretario de Hacienda anunció ayer que una buena partede los ingresos nacionales están “destruidos de manera permanente”. Estanoticia es de lo más preocupante porque se da en medio de la mayor crisis delempleo en la historia de nuestro país: 2.4 millones de desempleados, una caídade 10.5% del PIB y un escandaloso incremento en el número de pobresalimentarios cuya cifra, al cierre de 2008, llegó a 19.2 millones.
Ante esta situación, se ha propuesto un recorte de más de300 mil millones de pesos, lo que impactará a la inversión que se teníaproyectada, no sólo para ampliar coberturas en servicios básicos, sino con elfin de mantener en operación, con estándares de calidad aceptables, la hoyexistente.
Para 2010, el panorama es mucho peor: una caída adicionalde 500 mil millones de pesos en los ingresos del Estado, lo que limitará aúnmás la posibilidad de proteger la inversión en esferas básicas de la justicia:acceso al agua potable, a servicios adecuados de saneamiento, así como aservicios de cultura, educación, deporte y recreación, igualmente importantescuando se habla de cumplimiento de los derechos sociales.
El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) hademostrado que uno de los factores determinantes de la desigualdad educativa ysocial es la variable del bajo capital cultural familiar de los estudiantes enel país. Ello porque los indicadores de menor rendimiento, mayor reprobación ydeserción escolar se presentan en el grupo de alumnos cuyos jefes de familiatienen más bajos promedios de escolaridad, menor acceso a bienes y serviciosculturales y menos desarrollo de actividades de recreación de calidad.
A su vez, el PNUD muestra cómo limitar los derechos que hoyafectan radicalmente las posibilidades de un adecuado desarrollo futuro de lasgeneraciones más jóvenes, pues cada año adicional de escolaridad, que se gana ose pierde, puede representar la diferencia entre vivir permanentemente en lapobreza o acceder a mejores niveles de bienestar.
Por ello es alarmante la caída en los ingresos de losmunicipios y su inminente colapso financiero. Porque esto traerá comoconsecuencia que más unidades deportivas, casas de la cultura, bibliotecaspúblicas, teatros y centros de convivencia comunitaria se deteriorenrápidamente si no hay un adecuado proceso de acompañamiento y reorientación delgasto público con miras a la protección de los derechos sociales.
Privilegiar la inversión en obras suntuarias y seguirbeneficiando a constructores codiciosos que, al amparo de la corrupción y elamiguismo en los gobiernos locales, se han hecho prácticamente de pequeñosmonopolios para construir obra pública, constituirá un retroceso en nuestrascapacidades con miras a reconstruir una nación justa.
Hoy es el momento de avanzar hacia una verdadera reformadel Estado, que incluya una reforma fiscal diseñada con criterios de justiciapara los pobres, antes que con base en sólo las frívolas fórmulas queúnicamente ven variables macroeconómicas pero, por los resultados de losúltimos 30 años, han mostrado su rotunda inviabilidad.
La urgente reforma del Estado debe plantear nuevos esquemasde recaudación y privilegiar mecanismos de distribución justa de los recursos afin de proteger la infraestructura de esferas de justicia irrenunciables parala autoridad estatal: salud, educación y alimentación. Debemos asumir lourgente de universalizar la cobertura en salud, construir más hospitales,formar a más personal y mejorar el equipamiento; que necesitamos ampliar lacobertura gratuita de la educación hasta al menos el bachillerato, y lo urgentede que estamos obligados a garantizar la seguridad alimentaria y el derecho ala alimentación.
Estas esferas de justicia exigen proteger lainfraestructura social instalada, mejorarla sustantivamente para proteger a losmás vulnerables y detonar su ampliación como un mecanismo adicional degeneración de empleo en las localidades más pobres. Esto permitiría detonarmercados locales desde un enfoque en el que la participación social desplace alclientelismo o a las lógicas perversas que se han generado mediante lamonetarización de las relaciones sociales, así como de los vínculos entre lasociedad y el gobierno.
Proteger la infraestructura social, en medio del colapso delas finanzas públicas, constituye no sólo un acto moral, sino una de las rutasno exploradas aún por el régimen, para generar procesos de reactivacióneconómica, a base de privilegiar la inversión en las personas.
El reto del Estado consiste en mantener el control de laeconomía, de las variables más importantes, como la inflación, ysimultáneamente garantizar la justicia social para con ello evitar que máspobres y marginados sigan enfrentándose día con día al dilema de lasupervivencia.
Es alarmante la caída en los ingresos de los municipios ysu inminente colapso financiero.

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