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martes, 12 de mayo de 2009

lunes, 11 de mayo de 2009

Monólogo del poder

Lunes 11 de mayo de 2009


Me atrevo a sostener que la única manera de romper con el círculo de violencia política y social en el que estamos atrapados es a base de diálogo. Una democracia sólo puede sobrevivir y fortalecerse en la medida en que logra construir canales institucionales para garantizar que todas las visiones en el interior de un Estado puedan tener representatividad y voz.

El diálogo es fundamental, porque implica el reconocimiento de la igualdad entendida en dos vías: desde el punto de vista jurídico, que da a los individuos la capacidad formal de interlocución y, la otra, con la que se garantiza reconocer una igualdad en dignidad de las personas.

La política en ese sentido debería fijarse como meta la erradicación de la violencia, entendida, según Hanna Arendt, como la capacidad de hacer o de provocar un daño físico y quizás hasta simbólico a los demás; desde esta perspectiva, el riesgo que se corre con respecto a las autoridades del Estado consiste en que éstas pueden generar daños a escala; es decir, la autoridad política puede, y en sentido estricto lo ha hecho, magnificar las dimensiones del daño y el terror en contra de la población.

La noción de la violencia es básica para comprender entonces por qué la consolidación de un régimen democrático resulta fundamental para erradicar la violencia que causa aquí el crimen organizado. En primer lugar y, sobre todo, porque la existencia de redes criminales implica la corrupción de las autoridades.

Visto así, el Estado democrático está severamente amenazado, porque son sus instituciones, como ha sido evidente con la llamada “operación limpieza”, las que, aun cuando sólo parcialmente, están “autorizando” y ejecutando la violencia en contra de la población civil.

Por ello, alarma la dimensión que tiene la delincuencia. No sólo debido a los miles de muertos generados por ella en los últimos años, sino porque la autoridad, con el argumento de que estamos en medio de “una guerra”, ha cerrado los pocos espacios de interlocución entre la sociedad civil, los académicos, los estudiosos de varios temas y las instituciones del Estado.

No se trata, pues, de organizar foros y más foros para la presentación infinita de monólogos. En todo caso, lo que se requiere es propiciar nuevos mecanismos para el establecimiento de un diálogo social en los términos arriba descritos.

Es innegable que en los últimos dos años ha habido algunos esfuerzos importantes en la materia: los debates organizados por el Senado para la reforma energética y debido a la crisis económica y las necesidades de crecimiento, son un ejemplo de cómo podríamos iniciar la institucionalización de mecanismos de intercambio honesto de ideas y puntos de vista. Y, ante la epidemia de influenza, la reunión del Ejecutivo Federal con tres ex secretarios de Salud es emblemática.

Pero en ambos casos destaca una cuestión: han sido espacios abiertos ante coyunturas de gran magnitud, lo que nos debe llevar a la reflexión sobre por qué no hay una actitud política permanente de apertura ante todo frente a quienes de antemano sabemos que piensan distinto. Sí, en escenario de electoral puede sonar difícil, pero es justamente cuando más se requiere capacidad de interlocución y de construcción de una patria compartida.

Si esto es así, entonces no sólo resulta deseable, sino urgente, construir un proceso mediante el cual el poder político se abra a la ciudadanía; en el que prevalezca la capacidad de escuchar y se logre asumir que, enviar mensajes a la nación desde tribunas diseñadas para el soliloquio, es definitivamente una apuesta por el absurdo.

Preocupa que, en cada mensaje que envían el Ejecutivo o los representantes del Congreso, queda siempre la sensación de que se trata de discursos cuyo destinatario exclusivo son los grupos de intereses que representan; empero, a la ciudadanía poco o nada se le dice, y mucho menos se le escucha.

Nuestra democracia exige romper con el monólogo del poder. Nuestras salidas a la violencia, a la desigualdad y a la pobreza podrán construirse en la medida en que podamos originar renovadas plataformas y capacidades de diálogo y, si en ello no están las respuestas definitivas, intentarlo nos llevará al menos a conocernos mejor como país o, cuando menos, nos permitirá, en el reconocimiento de nuestras diferencias, apostar por la cohesión y la identidad nacionales.

El Estado democrático se encuentra severamente amenazado, porque son sus instituciones las que, aun cuando sólo parcialmente, están “autorizando” y ejecutando la violencia.

Enfermedades Respiratorias: la afectación al país


Una nueva agenda social

Lunes 4 de mayo de 2009


El Banco Mundial presentó en marzo un documento que actualiza las proyecciones del desempeño esperado de la economía en 2009. Panorama desalentador, pues se contraerá en al menos 1.7% del PIB planetario.

Para México, el escenario es más grave: se espera que retroceda aproximadamente 6% del PIB, la inflación se mantenga por arriba de 5% y el proceso devaluatorio se conserve en los niveles mostrados hasta ahora.

Por otro lado, el BM estima que el precio del petróleo fluctuará en 50% por debajo del promediado en 2008; y se espera que, debido al desempleo en Estados Unidos, las remesas disminuyan significativamente. A lo anterior deberá sumársele el tremendo impacto económico que va a significar la epidemia de influenza que estamos enfrentando y que en materia de ingresos en el sector turismo puede llegar a una reducción de hasta 40% con respecto al año pasado.

Sobre estos datos se pueden hacer muchas conjeturas, pero en términos llanos se van a traducir en más pobres y en un número mucho mayor de personas vulnerables ante la miseria y la enfermedad.

Al respecto vale la pena destacar que, si algo han revelado las crisis que estamos viviendo es la fragilidad del entramado institucional para el desarrollo social, incluido desde luego el Sector Salud. Seguimos con reducido número de médicos, enfermeras y profesionales de la salud per cápita; infraestructura y equipamiento deficientes, y desigualdades abismales en el acceso a los servicios.

Con base en lo anterior se puede sostener que nuestra política social está desbordada. No se han construido las capacidades de coordinación y orientación de las acciones de todo el gabinete en ése ámbito, no se ha terminado de armonizar el marco jurídico, y los programas sociales más importantes no bastan para enfrentar una pobreza de la magnitud alcanzada en los últimos meses y que seguirá aumentando a lo largo de 2009.

A lo anterior debemos comenzar a sumar los efectos que la presencia del crimen organizado tiene en las ciudades que más lo han padecido, así como en la fractura y distorsión de los mercados locales, por acción de los delincuentes.

Con todo esto y, basándose en los datos sobre la caída en la economía global y la nacional, no es exagerado pensar que este año podríamos llegar a casi 53 millones de pobres, con la tragedia social que ello conlleva.

Frente a esto, el Programa Oportunidades no ha crecido en cobertura desde 2006; la del Seguro Popular de Salud, aunque avanza, lo hace muy lentamente y, en todo el país, ya hay registros de niñas, niños y adolescentes que han dejado la escuela en los últimos meses porque sus familiares no tienen los recursos para que sigan estudiando.

En 1997, la estrategia del Programa Progresa se centró en los ejes de educación, salud y alimentación, con el objetivo mayor de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Fue un programa de contención, que hoy está rebasado, porque no se logró evitar la fractura mayor que significa la ruptura del mundo del trabajo. Hoy debemos reconocer que el objetivo del Programa Progresa hoy Oportunidades— no se ha logrado y se requiere replantear la política social en su conjunto.

Es claro que con esos programas no superaríamos la pobreza en los poco más de tres años que le restan a este gobierno, pero tampoco en diez años más.

Así, argumentar frente a la emergencia que sólo se va a garantizar el funcionamiento y la cobertura de los programas sociales, es algo fallido y un salto al vacío mediante el cual se renuncia a reconstruir un país incluyente.

El México social no puede esperar más, pues en la generación de la justicia y la garantía de dignidad para todos, nos estamos jugando nuestra viabilidad.

No puede haber más pretextos: nuestra agenda más urgente es la social y urge convocar a un amplio e intenso diálogo para poner al centro de todas las decisiones del país el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Todo lo demás será retórica.

Epidemia de Influenza: un reto al sistema de salud


Pensar la emergencia

Lunes 27 de abril de 2009

Nuestro país vive la mayor emergencia sanitaria de los últimos 50 años aquí. Supera incluso el brote de cólera de los inicios de la década de los 90, porque la situación está generada esta vez por un virus nuevo, no sólo en México, sino en todo el mundo, lo que obliga a redoblar los esfuerzos de prevención y atención.

El problema es de la mayor seriedad. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, emitió un comunicado el sábado anterior para advertir que la epidemia en nuestro país y en Estados Unidos puede adquirir el nivel de pandemia si no se actúa con eficacia y a tiempo. Por ello, dijo, se trata de una “emergencia sanitaria internacional”.

Así que la evolución del mal tendrá un seguimiento detallado, pues ayer domingo, en la escala internacional de riesgos sanitarios, se le situó en el nivel tres de seis posibles, es decir que, aun cuando el potencial de contagio masivo sigue siendo considerado relativamente bajo, en cualquier momento la situación puede modificarse.

Una emergencia así tiene que ser atendida de inmediato, pero también debe ser motivo para que, una vez superada la contingencia, se aborden las cuestiones de fondo que persisten en nuestro país en materia de salud.

Sin duda, una de las esferas de la vida social en que en mayor medida se hacen patentes nuestras desigualdades es en el acceso a los servicios de salud. Debe recordarse que son aún miles quienes cada año se enferman de padecimientos como el dengue (el clásico y el hemorrágico), el paludismo y la tuberculosis, todos 100% prevenibles, y que afectan especialmente a los más pobres.

Sería interesante, en ese sentido, verificar el perfil sociodemográfico de quienes han fallecido por la más reciente epidemia de influenza, así como de aquellas a quienes se les ha confirmado tener el virus de la influenza porcina, para determinar si la epidemia está asociada no sólo a cuestiones de índole viral, sino a la pobreza y la desigualdad.

A ello debe agregarse que en nuestro país no está muy claro cuáles son los procedimientos estandarizados para actuar en una situación de esta magnitud. Sin duda, de ello tenemos aún mucho que aprender y voltear la mirada al desarrollo institucional de EU, en donde hay incluso manuales de procedimientos para emergencias de este tipo, lo que podría ayudar.

El Estado, en esa lógica, no puede dejar al libre juego del mercado los temas de la salud. Hay que reiterar pues, que hay esferas relacionadas con la justicia social que simplemente deben seguir siendo una materia prioritaria en la que la rectoría del Estado y sus instituciones estén garantizadas plenamente.

Por lo demás, bien vale la pena anotar que esta es, quizá, la primera epidemia plenamente característica del siglo XXI. Los brotes en otros países parecen estar relacionados con los viajes hechos a México y, en sus orígenes, parece que el virus proviene de Asia, lo que debe llevar a la consideración de la capacidad de esparcimiento que, gracias a la expansión y velocidad de los nuevos sistemas de transporte globales, tienen enfermedades y brotes epidémicos como el que enfrentamos.

El Estado necesita tener más clínicas, laboratorios y, desde luego, el personal médico suficiente para garantizar el derecho constitucional de todos a la salud. Al respecto debe destacarse que seguimos siendo un país con un bajo número de médicos y enfermeras per cápita, pues nos superan los promedios de Chile, Cuba y Brasil, por ejemplo, y somos los últimos en el interior de la OCDE.

Es importante pensar en la complejidad social que vivimos y en el impacto que una epidemia así puede generar en la población, sobre todo en salud mental, si se considera que nos encontramos en medio de una crisis financiera sin precedentes, un escenario de decrecimiento económico cercano a -4% y una violencia y unos asesinatos asociados al crimen organizado que no ceden.

Lo anterior debe ser un punto de partida para repensar nuestro sistema de seguridad social y asumir la urgente necesidad de construir un sistema de cobertura universal que articule lo que hoy tenemos, pero pueda potenciarlo a fin de garantizar a todos, con calidad y oportunidad, el derecho constitucional a la salud.

El problema es de la mayor seriedad. La directora general de la OMS emitió un comunicado el sábado anterior para advertir que la epidemia puede adquirir el nivel de pandemia.