Nuestro país vive la mayor emergencia sanitaria de los últimos 50 años aquí. Supera incluso el brote de cólera de los inicios de la década de los 90, porque la situación está generada esta vez por un virus nuevo, no sólo en México, sino en todo el mundo, lo que obliga a redoblar los esfuerzos de prevención y atención.
El problema es de la mayor seriedad. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, emitió un comunicado el sábado anterior para advertir que la epidemia en nuestro país y en Estados Unidos puede adquirir el nivel de pandemia si no se actúa con eficacia y a tiempo. Por ello, dijo, se trata de una “emergencia sanitaria internacional”.
Así que la evolución del mal tendrá un seguimiento detallado, pues ayer domingo, en la escala internacional de riesgos sanitarios, se le situó en el nivel tres de seis posibles, es decir que, aun cuando el potencial de contagio masivo sigue siendo considerado relativamente bajo, en cualquier momento la situación puede modificarse.
Una emergencia así tiene que ser atendida de inmediato, pero también debe ser motivo para que, una vez superada la contingencia, se aborden las cuestiones de fondo que persisten en nuestro país en materia de salud.
Sin duda, una de las esferas de la vida social en que en mayor medida se hacen patentes nuestras desigualdades es en el acceso a los servicios de salud. Debe recordarse que son aún miles quienes cada año se enferman de padecimientos como el dengue (el clásico y el hemorrágico), el paludismo y la tuberculosis, todos 100% prevenibles, y que afectan especialmente a los más pobres.
Sería interesante, en ese sentido, verificar el perfil sociodemográfico de quienes han fallecido por la más reciente epidemia de influenza, así como de aquellas a quienes se les ha confirmado tener el virus de la influenza porcina, para determinar si la epidemia está asociada no sólo a cuestiones de índole viral, sino a la pobreza y la desigualdad.
A ello debe agregarse que en nuestro país no está muy claro cuáles son los procedimientos estandarizados para actuar en una situación de esta magnitud. Sin duda, de ello tenemos aún mucho que aprender y voltear la mirada al desarrollo institucional de EU, en donde hay incluso manuales de procedimientos para emergencias de este tipo, lo que podría ayudar.
El Estado, en esa lógica, no puede dejar al libre juego del mercado los temas de la salud. Hay que reiterar pues, que hay esferas relacionadas con la justicia social que simplemente deben seguir siendo una materia prioritaria en la que la rectoría del Estado y sus instituciones estén garantizadas plenamente.
Por lo demás, bien vale la pena anotar que esta es, quizá, la primera epidemia plenamente característica del siglo XXI. Los brotes en otros países parecen estar relacionados con los viajes hechos a México y, en sus orígenes, parece que el virus proviene de Asia, lo que debe llevar a la consideración de la capacidad de esparcimiento que, gracias a la expansión y velocidad de los nuevos sistemas de transporte globales, tienen enfermedades y brotes epidémicos como el que enfrentamos.
El Estado necesita tener más clínicas, laboratorios y, desde luego, el personal médico suficiente para garantizar el derecho constitucional de todos a la salud. Al respecto debe destacarse que seguimos siendo un país con un bajo número de médicos y enfermeras per cápita, pues nos superan los promedios de Chile, Cuba y Brasil, por ejemplo, y somos los últimos en el interior de la OCDE.
Es importante pensar en la complejidad social que vivimos y en el impacto que una epidemia así puede generar en la población, sobre todo en salud mental, si se considera que nos encontramos en medio de una crisis financiera sin precedentes, un escenario de decrecimiento económico cercano a -4% y una violencia y unos asesinatos asociados al crimen organizado que no ceden.
Lo anterior debe ser un punto de partida para repensar nuestro sistema de seguridad social y asumir la urgente necesidad de construir un sistema de cobertura universal que articule lo que hoy tenemos, pero pueda potenciarlo a fin de garantizar a todos, con calidad y oportunidad, el derecho constitucional a la salud.
El problema es de la mayor seriedad. La directora general de la OMS emitió un comunicado el sábado anterior para advertir que la epidemia puede adquirir el nivel de pandemia.
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