El Banco Mundial presentó en marzo un documento que actualiza las proyecciones del desempeño esperado de la economía en 2009. Panorama desalentador, pues se contraerá en al menos 1.7% del PIB planetario.
Para México, el escenario es más grave: se espera que retroceda aproximadamente 6% del PIB, la inflación se mantenga por arriba de 5% y el proceso devaluatorio se conserve en los niveles mostrados hasta ahora.
Por otro lado, el BM estima que el precio del petróleo fluctuará en 50% por debajo del promediado en 2008; y se espera que, debido al desempleo en Estados Unidos, las remesas disminuyan significativamente. A lo anterior deberá sumársele el tremendo impacto económico que va a significar la epidemia de influenza que estamos enfrentando y que en materia de ingresos en el sector turismo puede llegar a una reducción de hasta 40% con respecto al año pasado.
Sobre estos datos se pueden hacer muchas conjeturas, pero en términos llanos se van a traducir en más pobres y en un número mucho mayor de personas vulnerables ante la miseria y la enfermedad.
Al respecto vale la pena destacar que, si algo han revelado las crisis que estamos viviendo es la fragilidad del entramado institucional para el desarrollo social, incluido desde luego el Sector Salud. Seguimos con reducido número de médicos, enfermeras y profesionales de la salud per cápita; infraestructura y equipamiento deficientes, y desigualdades abismales en el acceso a los servicios.
Con base en lo anterior se puede sostener que nuestra política social está desbordada. No se han construido las capacidades de coordinación y orientación de las acciones de todo el gabinete en ése ámbito, no se ha terminado de armonizar el marco jurídico, y los programas sociales más importantes no bastan para enfrentar una pobreza de la magnitud alcanzada en los últimos meses y que seguirá aumentando a lo largo de 2009.
A lo anterior debemos comenzar a sumar los efectos que la presencia del crimen organizado tiene en las ciudades que más lo han padecido, así como en la fractura y distorsión de los mercados locales, por acción de los delincuentes.
Con todo esto y, basándose en los datos sobre la caída en la economía global y la nacional, no es exagerado pensar que este año podríamos llegar a casi 53 millones de pobres, con la tragedia social que ello conlleva.
Frente a esto, el Programa Oportunidades no ha crecido en cobertura desde 2006; la del Seguro Popular de Salud, aunque avanza, lo hace muy lentamente y, en todo el país, ya hay registros de niñas, niños y adolescentes que han dejado la escuela en los últimos meses porque sus familiares no tienen los recursos para que sigan estudiando.
En 1997, la estrategia del Programa Progresa se centró en los ejes de educación, salud y alimentación, con el objetivo mayor de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Fue un programa de contención, que hoy está rebasado, porque no se logró evitar la fractura mayor que significa la ruptura del mundo del trabajo. Hoy debemos reconocer que el objetivo del Programa Progresa hoy Oportunidades— no se ha logrado y se requiere replantear la política social en su conjunto.
Es claro que con esos programas no superaríamos la pobreza en los poco más de tres años que le restan a este gobierno, pero tampoco en diez años más.
Así, argumentar frente a la emergencia que sólo se va a garantizar el funcionamiento y la cobertura de los programas sociales, es algo fallido y un salto al vacío mediante el cual se renuncia a reconstruir un país incluyente.
El México social no puede esperar más, pues en la generación de la justicia y la garantía de dignidad para todos, nos estamos jugando nuestra viabilidad.
No puede haber más pretextos: nuestra agenda más urgente es la social y urge convocar a un amplio e intenso diálogo para poner al centro de todas las decisiones del país el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Todo lo demás será retórica.
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