El tema de los derechos humanos ha sido abordado y comprendido de una manera aún limitada en México. Sin duda, contar con un organismo del Estado responsable de velar por ello es un avance sin precedentes en el país.
Pero aún hay numerosos problemas para fortalecer la institucionalidad de la CNDH, así como ampliar la discusión sobre el papel que tiene en la vigilancia y la exigencia de cumplimiento de los derechos humanos.
México sigue siendo un país en el que nuestras libertades se encuentran relativamente restringidas, por la incapacidad material de satisfacer necesidades elementales de la población. En efecto, cuando hay hambre, enfermedad, marginación y desigualdad, exclusión y discriminación, es un hecho que las personas encuentran severas limitaciones para ejercer su libertad. Nadie puede decidir sobre su vida, plantear proyectos de mediano y largo plazos, si a su realidad y a su entorno los caracterizan la incertidumbre y la carencia de casi todo.
Sin el cumplimiento pleno de los derechos sociales (pensando, por ejemplo, en los que están contenidos en la Ley General de Desarrollo Social), no hay garantías suficientes para ejercer otro tipo de derechos, como el de expresión, el de creencia o al trabajo digno.
Ninguna democracia puede fortalecerse si no hay condiciones para el desarrollo humano al alcance de todos y es preciso revisar las agendas que han sido abandonadas y dejadas de lado por la mayoría de las dependencias públicas y nos han llevado a la pérdida de rumbo y a la ineficacia de políticas de Estado y de programas públicos.
Hoy carecemos de mecanismos efectivos para garantizar que sean cumplidos a cabalidad, por citar sólo algunos temas, los derechos de los niños, adultos mayores y personas con discapacidad; deben retomarse agendas como el cumplimiento de derechos de las mujeres relacionados con la violencia y la salud sexual y reproductiva; las acciones acerca de los derechos de los jóvenes son insuficientes; y los indígenas siguen siendo altamente discriminados y excluidos del bienestar, lo mismo que la gente de distintas preferencias sexuales. Hay atentados graves a la libertad de expresión y constantes denuncias de limitaciones a la de cultos y creencias.
Por otro lado, hay agendas de nueva generación para las cuales carecemos de mecanismos, ya no se diga de exigibilidad ante autoridades, sino para darles visibilidad y exigir su incorporación a las decisiones públicas. Derechos relacionados con el acceso a la cultura, la defensa de la lengua y la identidad, están aún lejos de ser asumidos plenamente tanto en nuestro marco jurídico como en el institucional.
Todo ello lo enmarca una realidad en la que no hemos logrado abatir pobreza y desigualdad. Y si éstas limitan el cumplimiento de otros derechos, deberían ser materia de una revisión al amparo de la defensa de los derechos humanos, porque éstos pueden violarlos también por omisión las autoridades responsables de garantizarlos.
Pensar en dotar de nuevas capacidades a la CNDH para que transite a un modelo avanzado de defensa de los derechos humanos, ampliando sus facultades para revisar, no sólo actos sino omisiones de la autoridad, es un reto mayor, porque implicaría asumir que se trata de un organismo que, si bien no emite recomendaciones de cumplimiento obligatorio, sí puede orientar a la acción pública hacia generar soluciones estructurales que impiden de facto el cumplimiento de las garantías y los derechos que nos otorgan nuestra Constitución y sus leyes.
La defensa de los derechos humanos no puede estar sólo circunscrita a la defensa de lo que se ha conocido tradicionalmente como “libertades civiles”. El reto consiste en avanzar hacia el fortalecimiento de una de las instituciones del Estado de mayor relevancia porque, dado su carácter autónomo, puede ofrecer, mediante la defensa de los derechos sociales, mecanismos innovadores de solidaridad social, reconciliación y unidad nacional.
No puede creerse que los derechos humanos se cumplen en un país que se ahoga en la desigualdad y la pobreza. La pervivencia de la democracia, del Estado de derecho y de un régimen de libertades depende en buena medida de nuestra capacidad de proteger y garantizar a todos el universal e integral cumplimiento de los derechos humanos.
México sigue siendo un país en el que nuestras libertades se encuentran relativamente restringidas, por la incapacidad de satisfacer necesidades de la población.
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