8 diciembre de 2008
Las estimaciones que ha hecho hasta ahora el Coneval indican que la crisis económica que está golpeando a todo el mundo tendrá severas consecuencias para la población nacional, en particular los más pobres y quienes viven la precariedad laboral.
De acuerdo con el Informe 2008 de ese organismo, en México los ingresos de las personas se han mantenido prácticamente sin cambios en los últimos 14 años; el documento señala, además, que entre 1998 y 2006 la inflación se mantuvo controlada, lo que se identifica como el principal factor de la lenta pero paulatina reducción de la pobreza.
Sin embargo, entre 2006 y 2008 el costo de la canasta básica alimentaria creció alrededor de 18%, lo que, contrastado con la baja tasa de creación de empleos y el estancamiento en los niveles de ingresos, según el Coneval, se traducirá en un incremento de pobres en todas sus dimensiones. Hay estimaciones independientes que calculan en hasta un millón de pobres alimentarios más que en 2006, es decir, la cifra llegaría a más de 15.5 millones de mexicanos en esa condición y, en hasta tres millones más, los pobres de patrimonio, con lo que se llegaría a casi 47 millones de mexicanos en pobreza.
Frente a un escenario de estas magnitudes, el reto, tanto del gobierno federal como de los estados, consiste en tener la capacidad suficiente para comprender que sus proyectos iniciales de gobierno ya no podrán realizarse o no al menos en los términos y plazos planteados al inicio de las distintas administraciones.
Lo sorprendente es que ni el gobierno federal ni los estatales han planteado públicamente que llevarán a cabo la revisión tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de los planes estatales de desarrollo, en función de la crisis.
¿Cómo van a reaccionar, por ejemplo, las entidades en donde la crisis de sectores específicos de la economía, tales como el automotriz, el textil o el de la construcción, van a cerrar puestos de trabajo y en donde las cadenas productivas que están ancladas a estos sectores entrarán a un periodo de ralentización, con la consecuente pérdida de empleos o reducciones salariales?
En este escenario, las decisiones que al respecto se están tomando en Estados Unidos deberían servir como referente en el sentido de un modelo de gobierno que apuesta, no por el reparto de cargos a los aliados políticos, sino por lo que se puede considerar un gabinete que integra a muchas de las mejores mentes de aquel país. El presidente electo Barack Obama no ha titubeado al nombrar en cargos estratégicos a personalidades como Hillary Clinton o el ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volker, de quienes ha recibido severas críticas en los últimos meses.
En nuestro país, por el contrario, la apuesta de las autoridades continúa siendo la de gobernar desde los grupos de poder y, atendiendo en primer término a los contenidos de las encuestas y a sus relaciones personales, lo cual no lleva ni a las mejores decisiones políticas ni de política pública.
Es deseable que, ante la crisis, el gobierno federal y los de los estados inicien un proceso de consulta con aquellos que han acreditado, a lo largo de los años, contar con experiencia y capacidad e incluso avanzar hacia la construcción de comités asesores ad hoc que, ante la crisis, puedan hacer recomendaciones específicas para las modificaciones que será necesario realizar a lo largo de todo el próximo año tanto al Presupuesto de Egresos de la Federación como a los de las entidades de la República y, con ello, al conjunto de políticas y programas públicos.
En las últimas semanas se han integrado de manera independiente distintos grupos de reflexión en donde han participado académicos y expertos de distintas áreas, cuyas propuestas bien podrían ayudar a los gobiernos a equivocarse menos. Al respecto, es procedente comentar que hay experiencias de grupos plurales que han dado resultados sumamente positivos en la reflexión y en la construcción de propuestas para un mejor desarrollo nacional; por lo que la convocatoria a filósofos, sociólogos, artistas y expertos en temas políticos y de gestión pública puede abonar a una mejor comprensión de lo que tenemos enfrente y, en función de ello, tomar las mejores decisiones posibles.
El Cofipe establece que la última semana de enero es cuando deben iniciarse las precampañas de candidatos a cargos federales de elección popular; una vez iniciado este proceso va a ser muy difícil poder convocar a mesas de diálogo que no estén permeadas por lo electoral. Debido a ello, los días que quedan de diciembre y los primeros de enero de 2009 serán cruciales para que, tanto en lo federal como en lo local, las administraciones consigan convocar y realmente escuchar lo que las y los especialistas tienen que decir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario