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miércoles, 7 de enero de 2009

Para crecer con equidad

22 de diciembre de 2008

México ha tenido un crecimiento económico muy bajo desde la década de los 80. En efecto, la crisis económica de 1982, así como las espirales inflacionarias de esa década, en la que hubo un mes en 1987 con inflación de 180%, provocaron una severa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, así como graves retrocesos estructurales en nuestras capacidades para el crecimiento.

A pesar de los avances en el control de la inflación al inicio de los 90, los procesos de deterioro estructural de la economía no se detuvieron y, en diciembre de 1994, vino la más severa crisis financiera en nuestra historia. Se perdieron las reservas internacionales y, en pocas palabras, nuestra economía quedó devastada.

1997 fue un año positivo para la economía, y marcó el inicio de un proceso de crecimiento muy breve. 2000 fue el último de crecimiento importante, con un indicador cercano a 7 por ciento. Esto, más la alternancia en la Presidencia, llevó a muchos a creer que por fin México se encaminaría hacia un círculo virtuoso de crecimiento sostenido.

No fue así: llevamos siete años dilapidando el bono demográfico y el democrático, pues se asumió, al igual que en los 70, que de lo que se trataba era de “administrar la abundancia”. Así, el Ejecutivo Federal declaró públicamente que México crecería al menos 5% anual entre 2001 y 2006 y se crearían al menos un millón de empleos anuales.

Los resultados fueron desastrosos: en ese periodo no se pasó de un crecimiento acumulado de 8%; se crearon en promedio menos de 400 mil empleos al año, y la economía entró en un periodo de peligrosa ralentización sin lograrse nuevas reformas de largo alcance.

Entre 2007 y 2008 las condiciones negativas se han agudizado. Se ha registrado la pérdida de los empleos formales registrados en el IMSS. Y, según los datos de Coneval, de los más de 15 millones de trabajadores que se han incorporado al mercado laboral entre 1993 y 1998, más de diez millones lo han hecho al mercado informal. Esto, en el contexto de la nueva crisis que se está viviendo y frente a la expectativa de crecimiento de prácticamente 0.0% anunciada por el Banco de México, debería ser motivo para plantear nuevas reformas.

Sin embargo, a diferencia de lo que los economistas “ortodoxos” están planteando, las reformas que se requieren no pueden estar orientadas simplemente hacia la “profundización” de la economía de mercado sino, por el contrario, deberían estar dirigidas a reducir significativamente la desigualdad que vivimos.

Si no lo asumimos de este modo, estamos ante el riesgo de condenar a una o dos generaciones más a oprobiosas condiciones de atraso y ruptura de expectativas. Esto es así porque de poco servirá impulsar el crecimiento económico si las estructuras institucionales y económicas permiten nuevamente la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos.

Las reformas que deben impulsarse deben llegar a un grado tal que se constituyan en una refundación del pacto social; lo cual tiene que ver con la redefinición del gobierno y con asumir que su objetivo es cumplir con el mandato constitucional de garantizar justicia social para toda la población, y no los malentendidos en que se ha caído en las últimas décadas, desde los que se asume que la tarea del gobierno es simplemente “gerenciar a las instituciones públicas”.

Gobernar no es comunicar, ni tampoco simplemente “crear empleos y brindar seguridad”, como se ha asumido en las últimas administraciones. Gobernar implica construir y darle viabilidad a una nación incluyente, para lo que se requieren al menos tres grandes reformas: la primera, una laboral y fiscal que permita al menos en los próximos seis años captar entre 20 y 25% del PIB mediante impuestos y crear por lo menos un millón de empleos anuales; otra, que permita cerrar la brecha educativa y digital que tenemos con respecto a los países más avanzados y, la tercera, dirigida a replantear los esquemas de cobertura y prestación de servicios de salud.

Sin estas reformas, aun cuando lográsemos crecer a un ritmo de 7% anual, la desigualdad, la pobreza y la exclusión seguirían siendo notas cotidianas. Hoy, en medio de la crisis, tenemos la oportunidad de revertir esta realidad; y no depende sino de nosotros avanzar en tales reformas o permitir que el país se nos siga yendo de las manos.