27 octubre de 2008
La magnitud de una crisis como por la que estamos atravesando lleva a pensar de inmediato en cómo podemos transitarla de mejor manera y cómo evitar que las familias pierdan no sólo su patrimonio o vean mermadas sus capacidades de ingreso, sino que, derivado de las consecuencias de la crisis, pierdan oportunidades y capacidades para la realización de sus proyectos de vida.
En estos momentos en los que se discute el Presupuesto de Egresos, se ha logrado que los recursos se orienten hacia una mayor inversión pública, dirigida sobre todo a la generación de infraestructura; sin embargo, estas medidas son las que siempre se han originado y era lo mínimo esperable en un escenario internacional de bajo crecimiento y en el que obviamente el sector exportador no es, ni de lejos, la opción para la reactivación económica nacional.
La magnitud de la transformación global que se avecina no puede vislumbrarse aún en todas sus consecuencias y aristas. Por ello debemos ser audaces y asumir posiciones innovadoras en la respuesta a la crisis, desde un país en el que hay mucho que hacer, sí en lo económico, pero sobre todo en lo social.
Tal como se está viviendo esta crisis en países europeos, por citar un caso, es cierto que hay incertidumbre, reducción de bienes y servicios estatales y recortes de presupuesto en los sistemas de protección social; pero también es un hecho que en estos países se mantendrá al menos un mínimo de bienestar garantizado para todas sus poblaciones, fundamentalmente en tres áreas: educación, salud y alimentación, en las que las proyecciones indican que continuarán con coberturas universales y estándares de calidad mínimos.
Aprender de la lección de Europa es importante porque lo que se garantiza a través de la inversión en esas tres áreas fundamentales no sólo es un cierto nivel de vida, sino sobre todo la posibilidad de mantener grados importantes de cohesión social. En efecto, no hay nada con mayor poder cohesionador y generador de solidaridad que sistemas universales de salud y educación, así como la disponibilidad de alimentos en un contexto de seguridad alimentaria.
Ante el diagnóstico que presentó esta semana la OCDE, en el que México aparece una vez más como el último lugar de los países que la integran, en materia de pobreza y desigualdad, lo claro es que tenemos que avanzar en la modificación de los factores que han permitido la ampliación constante de la brecha que separa a los más ricos de los más desfavorecidos.
En esa lógica, además del programa de infraestructura que se ha planteado desde el gobierno federal, debe generarse un intenso programa de becas escolares, para todos los niveles educativos y evitar con ello que más jóvenes, niñas y niños vean incumplido su derecho a la educación. Además, debemos impulsar un gran programa de construcción de universidades y bachilleratos, a fin de llegar lo más rápido posible a coberturas universales en todos los niveles de la enseñanza.
El hecho de que sólo tres de cada diez jóvenes entre los 18 y los 24 años cursen estudios superiores, que tengamos una cobertura de bachillerato por debajo de 60% y que la deserción en tercero de secundaria sea cercana a 30% son datos que ratifican la necesidad de modificar nuestras estrategias educativas y, desde luego, las sociales.
Además de este programa de becas debemos construir en los próximos dos años un seguro de cobertura universal para el acceso a servicios de salud y con ello evitar la presencia masiva de gastos catastróficos que, en medio de una espiral inflacionaria como la que parece avecinarse, con poco crecimiento económico y altos índices de desempleo, puede llevar a la ruina, no sólo a miles de familias, sino incluso poner en mayor crisis y tensión a toda la sociedad.
Pensar así significa modificar incluso los conceptos del PEF y cambiar la categorización de las partidas, de una noción de “gasto”, a una posición en la que la salud y la educación sean concebidas como mecanismos de inversión social pública, que seguramente derivarán en mayor competitividad social, mayor competitividad económica y, sobre todo, mucho mayores posibilidades para la convivencia y la cohesión social.
Hemos privilegiado en las últimas décadas la inversión en infraestructura, pero olvidamos invertir en lo más importante: la generación de capacidades y el cumplimiento de los derechos sociales que la Constitución nos otorga y reconoce. Es tiempo de modificar el rumbo y sin duda tiempo de privilegiar la inversión para que la actual generación de mexicanos pueda desarrollar mayores capacidades con el fin de ejercer la ciudadanía, asumir mayores responsabilidades sociales y participar activamente en el desarrollo social y humano de nuestro país.
La magnitud de una crisis como por la que estamos atravesando lleva a pensar de inmediato en cómo podemos transitarla de mejor manera y cómo evitar que las familias pierdan no sólo su patrimonio o vean mermadas sus capacidades de ingreso, sino que, derivado de las consecuencias de la crisis, pierdan oportunidades y capacidades para la realización de sus proyectos de vida.
En estos momentos en los que se discute el Presupuesto de Egresos, se ha logrado que los recursos se orienten hacia una mayor inversión pública, dirigida sobre todo a la generación de infraestructura; sin embargo, estas medidas son las que siempre se han originado y era lo mínimo esperable en un escenario internacional de bajo crecimiento y en el que obviamente el sector exportador no es, ni de lejos, la opción para la reactivación económica nacional.
La magnitud de la transformación global que se avecina no puede vislumbrarse aún en todas sus consecuencias y aristas. Por ello debemos ser audaces y asumir posiciones innovadoras en la respuesta a la crisis, desde un país en el que hay mucho que hacer, sí en lo económico, pero sobre todo en lo social.
Tal como se está viviendo esta crisis en países europeos, por citar un caso, es cierto que hay incertidumbre, reducción de bienes y servicios estatales y recortes de presupuesto en los sistemas de protección social; pero también es un hecho que en estos países se mantendrá al menos un mínimo de bienestar garantizado para todas sus poblaciones, fundamentalmente en tres áreas: educación, salud y alimentación, en las que las proyecciones indican que continuarán con coberturas universales y estándares de calidad mínimos.
Aprender de la lección de Europa es importante porque lo que se garantiza a través de la inversión en esas tres áreas fundamentales no sólo es un cierto nivel de vida, sino sobre todo la posibilidad de mantener grados importantes de cohesión social. En efecto, no hay nada con mayor poder cohesionador y generador de solidaridad que sistemas universales de salud y educación, así como la disponibilidad de alimentos en un contexto de seguridad alimentaria.
Ante el diagnóstico que presentó esta semana la OCDE, en el que México aparece una vez más como el último lugar de los países que la integran, en materia de pobreza y desigualdad, lo claro es que tenemos que avanzar en la modificación de los factores que han permitido la ampliación constante de la brecha que separa a los más ricos de los más desfavorecidos.
En esa lógica, además del programa de infraestructura que se ha planteado desde el gobierno federal, debe generarse un intenso programa de becas escolares, para todos los niveles educativos y evitar con ello que más jóvenes, niñas y niños vean incumplido su derecho a la educación. Además, debemos impulsar un gran programa de construcción de universidades y bachilleratos, a fin de llegar lo más rápido posible a coberturas universales en todos los niveles de la enseñanza.
El hecho de que sólo tres de cada diez jóvenes entre los 18 y los 24 años cursen estudios superiores, que tengamos una cobertura de bachillerato por debajo de 60% y que la deserción en tercero de secundaria sea cercana a 30% son datos que ratifican la necesidad de modificar nuestras estrategias educativas y, desde luego, las sociales.
Además de este programa de becas debemos construir en los próximos dos años un seguro de cobertura universal para el acceso a servicios de salud y con ello evitar la presencia masiva de gastos catastróficos que, en medio de una espiral inflacionaria como la que parece avecinarse, con poco crecimiento económico y altos índices de desempleo, puede llevar a la ruina, no sólo a miles de familias, sino incluso poner en mayor crisis y tensión a toda la sociedad.
Pensar así significa modificar incluso los conceptos del PEF y cambiar la categorización de las partidas, de una noción de “gasto”, a una posición en la que la salud y la educación sean concebidas como mecanismos de inversión social pública, que seguramente derivarán en mayor competitividad social, mayor competitividad económica y, sobre todo, mucho mayores posibilidades para la convivencia y la cohesión social.
Hemos privilegiado en las últimas décadas la inversión en infraestructura, pero olvidamos invertir en lo más importante: la generación de capacidades y el cumplimiento de los derechos sociales que la Constitución nos otorga y reconoce. Es tiempo de modificar el rumbo y sin duda tiempo de privilegiar la inversión para que la actual generación de mexicanos pueda desarrollar mayores capacidades con el fin de ejercer la ciudadanía, asumir mayores responsabilidades sociales y participar activamente en el desarrollo social y humano de nuestro país.
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