El más reciente, ocurrido el jueves, culminó precisamente con varias patrullas destruidas e incluso se le prendió fuego a una.
El 6 de diciembre de 2008 se registró la muerte, a manos de la policía, de un joven griego que participaba en una manifestación estudiantil en su país. Esta acción detonó una movilización violenta de estudiantes que duró varias semanas de disturbios y enfrentamientos entre jóvenes y la policía.
Este escenario, en el que el uso excesivo de la fuerza policial detona una crisis social, no es ajeno a la realidad de nuestro país, y su posibilidad latente debería alertarnos, no para incrementar la capacidad de reacción de las fuerzas públicas, sino con el fin de revertir las condiciones que pueden dar pie a una acción como la que se ha visto en países europeos en los últimos dos años.
En la última semana ha habido tres intentos de linchamiento de presuntos delincuentes, que terminan con fuertes agresiones en contra de las policías. El más reciente, ocurrido el jueves, culminó con varias patrullas destruidas e incluso se le prendió fuego a una de ellas.
Lo sintomático de los intentos de linchamiento es que muestran el nivel de malestar social. No se puede justificar que la población se haga justicia por su propia mano, pero también es cierto que los fenómenos de violencia social responden a todo, menos a la lógica jurídica y del orden público.
Así, lo que me parece que no se ha acabado de comprender a cabalidad es que detrás del intento de linchamiento en contra de los presuntos delincuentes, se trata de un tremendo rechazo a la autoridad. Habla de una profunda desconfianza de la población pero, sobre todo, de un agravio mayor que implica asumir que es la autoridad la que ha provocado los niveles de delincuencia, ya sea por omisión o, peor todavía, por complicidad.
No es menor que una turba intente asesinar a golpes a un integrante de la policía. Se supone que, en una sociedad democrática, formar parte de cualquier corporación policiaca es sinónimo de confianza ciudadana.
En México ocurre al revés. Roy Campos presentó en 2008 una encuesta en la que muestra que, entre 14 instituciones evaluadas, la policía se sitúa en el peor lugar, el 12, con una calificación de 5.9 en una escala de 10, en el índice de la confianza ciudadana.
Se ha dicho que en México es posible un estallido social y que una revuelta es probable en la medida en que se agudicen los indicadores de rezago de la sociedad y de fractura de la cohesión social.
Ante ello, es preciso destacar que los datos sobre la pobreza en México, que fueron dados a conocer por el Coneval el jueves 10 de diciembre, deberían constituir un signo de alerta porque, aun sin recoger el severo impacto que la crisis económica tuvo en el bienestar de los mexicanos en 2009, son una evidencia mayor de que las cosas no están funcionando bien.
No es con discursos como se van a solucionar nuestros problemas. Se requiere reconocer que la calidad de los servicios sociales es muy mala; que hay rezagos inaceptables en cobertura; que la economía no es capaz de generar empleos, y que la política económica no está diseñada para la redistribución justa del ingreso.
Ante esta realidad, el desgaste de las autoridades resulta evidente. Por ello se puede afirmar que, en los intentos de linchamiento que hemos visto, la revuelta ya comenzó. Lo urgente es evitar que se desborde y la mejor manera de hacerlo consiste en generar justicia e inclusión social.
No es con discursos como se van a solucionar nuestros problemas. El desgaste de la autoridad es evidente.
http://www.exonline.com.mx/
El 6 de diciembre de 2008 se registró la muerte, a manos de la policía, de un joven griego que participaba en una manifestación estudiantil en su país. Esta acción detonó una movilización violenta de estudiantes que duró varias semanas de disturbios y enfrentamientos entre jóvenes y la policía.
Este escenario, en el que el uso excesivo de la fuerza policial detona una crisis social, no es ajeno a la realidad de nuestro país, y su posibilidad latente debería alertarnos, no para incrementar la capacidad de reacción de las fuerzas públicas, sino con el fin de revertir las condiciones que pueden dar pie a una acción como la que se ha visto en países europeos en los últimos dos años.
En la última semana ha habido tres intentos de linchamiento de presuntos delincuentes, que terminan con fuertes agresiones en contra de las policías. El más reciente, ocurrido el jueves, culminó con varias patrullas destruidas e incluso se le prendió fuego a una de ellas.
Lo sintomático de los intentos de linchamiento es que muestran el nivel de malestar social. No se puede justificar que la población se haga justicia por su propia mano, pero también es cierto que los fenómenos de violencia social responden a todo, menos a la lógica jurídica y del orden público.
Así, lo que me parece que no se ha acabado de comprender a cabalidad es que detrás del intento de linchamiento en contra de los presuntos delincuentes, se trata de un tremendo rechazo a la autoridad. Habla de una profunda desconfianza de la población pero, sobre todo, de un agravio mayor que implica asumir que es la autoridad la que ha provocado los niveles de delincuencia, ya sea por omisión o, peor todavía, por complicidad.
No es menor que una turba intente asesinar a golpes a un integrante de la policía. Se supone que, en una sociedad democrática, formar parte de cualquier corporación policiaca es sinónimo de confianza ciudadana.
En México ocurre al revés. Roy Campos presentó en 2008 una encuesta en la que muestra que, entre 14 instituciones evaluadas, la policía se sitúa en el peor lugar, el 12, con una calificación de 5.9 en una escala de 10, en el índice de la confianza ciudadana.
Se ha dicho que en México es posible un estallido social y que una revuelta es probable en la medida en que se agudicen los indicadores de rezago de la sociedad y de fractura de la cohesión social.
Ante ello, es preciso destacar que los datos sobre la pobreza en México, que fueron dados a conocer por el Coneval el jueves 10 de diciembre, deberían constituir un signo de alerta porque, aun sin recoger el severo impacto que la crisis económica tuvo en el bienestar de los mexicanos en 2009, son una evidencia mayor de que las cosas no están funcionando bien.
No es con discursos como se van a solucionar nuestros problemas. Se requiere reconocer que la calidad de los servicios sociales es muy mala; que hay rezagos inaceptables en cobertura; que la economía no es capaz de generar empleos, y que la política económica no está diseñada para la redistribución justa del ingreso.
Ante esta realidad, el desgaste de las autoridades resulta evidente. Por ello se puede afirmar que, en los intentos de linchamiento que hemos visto, la revuelta ya comenzó. Lo urgente es evitar que se desborde y la mejor manera de hacerlo consiste en generar justicia e inclusión social.
No es con discursos como se van a solucionar nuestros problemas. El desgaste de la autoridad es evidente.
http://www.exonline.com.mx/
No hay comentarios:
Publicar un comentario